Representantes de los ciudadanos o los partidos

El proyecto de modificación a la ley de Partidos Políticos, incluye un aspecto polémico, “la orden de partido”, que claramente coarta la democracia interna de los partidos, y pone en riesgo la soberanía de los electores en cuanto a sus representantes, dejando la actividad legislativa en manos de las directivas de los partidos y no de los ciudadanos.

Considerado como parte del plan de modernización propuesto por Pérez Yoma, el proyecto contempla diversas medidas, algunas convenientes para mejorar el funcionamiento de la política partidaria, como transparentar el gasto electoral y terminar con la exclusión del binominal.

Sin embargo, lo más probable es que la discusión política se centre en los la posibilidad que daría la modificación, de dictar órdenes de partido en asuntos en que se encuentren directamente comprometidos los principios, el programa o la línea política partidista, y de establecer regulaciones –castigos- para los parlamentarios con indisciplina partidaria.

Como si fueran escolares, los legisladores díscolos, podrían ser rehabilitados en su pensamiento, ser reencausados por “el buen camino” de la disciplina, para no disentir de sus directivas y del resto de sus compañeritos.

El problema, es que determinar cuándo, dónde y cómo se ven comprometidos los principios, programas y líneas políticas de un partido, es algo en extremo complicado. No sólo porque dichos límites son generalmente contextuales, es decir dependen de la directiva de turno, del momento político, electoral e histórico que vive la organización, sino también de la coyuntura externa.

Lo anterior, haría impracticable establecer criterios para determinar cuando es posible la orden de partido, y cuando es necesario respetar la libertad y capacidad de discreción de cada representante.

El problema central, es que la ley de partido, y la aplicación de disciplina más allá del propio partido y extrapolada a la acción legislativa, terminará por posicionar los intereses de los partidos, por sobre los intereses de los ciudadanos a través de sus representantes electos.

Lo que se podría producir es un poder legislativo de directivas partidarias, y no de representantes ciudadanos, donde en definitiva se legislaría a través de los partidos, por los partidos y para los partidos.

De hecho, se busca fortalecer la política partidaria, controlada y hecha por los partidos.

Coherente con esa idea, se disminuye de 8 a 5 el número de regiones que se deben acreditar para constituir un partido político, y también el requisito para mantenerlo se rebaja a 0,2% en la última elección.

La medida, aunque no explicita, busca fortalecer la cuestionada política partidaria, ampliando el aparataje institucional partidario y su capacidad de cooptar distintas fuentes, dándole más capacidad de discreción y presión a sus directivas al interior del poder legislativo desde un punto de vista formal, en desmedro de la capacidad y libertad de los sujetos individuales y la sociedad civil en general de participar en la política.