viernes, 21 de agosto de 2009

El fin de la virtud

El episodio entre representantes de dos poderes del Estado sólo muestra que la virtud (el arete), aquello que tanto valoraban los griegos, está desaparecida.

Para Aristóteles, el político, según su apetito recto, relacionado con las virtudes humanas, desarrolla la virtud en el aspecto práctico, pues conoce para obrar bien. Ese es su fin último, el bien común de la polis, por tanto ejerce su poder en forma racional sobre la polis.

“Poder se dice también de la facultad de hacer bien alguna cosa o de hacerla en virtud de su voluntad” (Aristóteles, 2000: 149).

La política debe ser conocida por quienes practican apetitos rectos, deben tener ética, que es parte de la filosofía práctica, junto a la política y la economía.

Según Aristóteles quien legisla y gobierna debe volcar su virtud, su conocimiento hacía la praxis, para ser un buen ciudadano y generar el bien común. Por eso el ideal de gobierno de Aristóteles es la aristocracia o el gobierno de los virtuosos.

Por lo mismo, Aristóteles justifica el poder ejercido por los aristócratas políticos, quienes serían los más virtuosos de la polis y los únicos capaces de obrar según la virtud, el bien obrar, y las virtudes máximas, la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia.

Pero ¿Se cumplen hoy día esas premisas? Al parecer no. Los hechos lo demuestran claramente.

La guerra de papeles entre el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma y el diputado Arenas en plena sesión del Congreso donde se interpelaba al representante del Ejecutivo por la situación en la Araucanía, son sólo otro ejemplo de este claro debilitamiento y la degradación de la “aristocracia”.

Pero esta semana hemos tenido otras dos muestras de que el arete (la virtud) se perdió en gran medida con: las declaraciones de Evelyn Matthei en cuanto al mal uso de asignaciones parlamentarias; y el uso de vehículos fiscales para un acto de campaña de Eduardo Frei.

Así, y como diciendo, si todos lo hacen es normal y correcto, sin ningún tipo de vergüenza –y más bien como una justificación- Evelyn Matthei declaró que lo que se le acusa a la diputada Claudia Nogueira (UDI) –mal uso de recursos públicos y asignaciones parlamentarias- es una práctica generalizada, que es común a todos los diputados, y que es un "pecado colectivo" pues todos lo hacen.

Planteó que existían dos opciones: o un desfile de diputados en tribunales o un arreglo político (el uso de un resquicio para hacer que la falta no sea tal, tal como se hizo con el caso sobresueldos el 2003).

Claramente la primera medida es la más democrática, pues permite que funcionen los checks and balance (que el poder tenga contrapesos). La segunda, es claramente una medida elitista, donde la clase política protege sus intereses y no los de los ciudadanos.

Como es lógico y no por eso ético, la senadora prefiere la segunda solución.
Como la virtud no es de exclusividad de una clase, ideología, credo, raza o grupo social, la perdida del arete que valoraba Aristóteles, parece ser transversal en nuestro escenario político actual.

Por eso, la ministra de Cultura, Paulina Urrutia; de Trabajo, Claudia Serrano y a la subsecretaria de Minería, Verónica Barahona, no tuvieron problemas en utilizar vehículos oficiales para asistir a una actividad de campaña de Eduardo Frei, aún cuando una orden del propio Ejecutivo, o sea de la Presidenta, impedía tal uso.

Sin embargo, y en la misma lógica de Matthei, en cuanto a que si todos lo hacen es normal y correcto, el ministro Viera-Gallo –quién además usa balizas aunque es ilegal- en apoyo a las ministras, dijo que él también usa el vehículo para actividades no propias del cargo.

En ambos casos, el mal uso de los recursos públicos, obtenidos a través de los impuestos que los ciudadanos comunes y corrientes pagan, son utilizados por las elites en pro de sus propios intereses, y peor aún esos malos usos son justificados en nombre del bien común a través de subterfugios.

Por eso, la guerra de papeles entre representantes de dos poderes del Estado en pleno Congreso y a vista y paciencia de todos, sólo muestra que la virtud (el arete), al que apelaba el gran Filósofo griego, está desaparecida casi en su totalidad en la propia “aristocracia” chilena, que más parece degradada.

Y todos ya sabemos que cuando la Aristocracia se pervierte, se convierte en Oligarquía.

-Aristóteles. (2000) La Metafísica. Colección Austral, Madrid.

lunes, 17 de agosto de 2009

Los mapuches y la tierra, un análisis mutualista

Desde un punto de vista mutualista, el argumento en contra de la devolución de tierras a los mapuches, basado en la venta por parte de algunos, parece falaz, pues dichas tierras en el fondo fueron obtenidas por medio de la fuerza por parte del Estado chileno, y no a través de libre intercambio.
Los últimos acontecimientos en la Araucanía, no sólo demuestran que la estructura política e institucional chilena es incapaz de absorber las demandas e insertar a dichos sectores como actores políticos y sociales, aún cuando presentan un claro proceso de indigenización, sino que no son capaces de dilucidar que la raíz del problema tiene un origen histórico profundo: la pacificación de la Araucanía, que en realidad fue una invasión militar.
Desde un punto de vista mutualista, esto es una clara acción de agresión del Estado en contra de legítimos propietarios de la tierra, a través del traspaso a colonos.
Durante el gobierno de Domingo Santa María y luego de la Guerra del Pacífico, se inicia una segunda campaña de incorporación de la Araucanía, luego de un proceso de sublevación mapuche.
Bajo el triunfo del Estado chileno, se estructuró entonces una institucionalidad, que eliminó al sujeto indígena como potencial actor político, económico y social, excluyéndolo de la educación y el acceso a bienes y espacios que el gobierno y otras esferas generaban, atomizando sus comunidades y reduciéndolas a grupos familiares carentes de capacidad para generar una organización amplia bajo criterios etnográficos.
Uno de los argumentos en contra de las demandas mapuches consiste en decir que las tierras fueron vendidas por estos y que los actuales propietarios de las antiguas tierras mapuches son legítimos en cuanto las adquirieron mediante compras.
Desde un punto de vista mutualista, el argumento en contra de la devolución de tierras a los mapuches, basado en la venta por parte de algunos, parece falaz, pues dichas tierras en el fondo fueron obtenidas por medio de la fuerza por parte del Estado chileno, y no a través de libre intercambio.
Lo cierto es que aún cuando el actual dueño de la tierra la haya comprado “honestamente”, para que dicha propiedad sea legítima es necesario que el vendedor (El Estado) estuviera en posesión legítima para tener el derecho de venderla. Y el Estado chileno adquirió esas tierras por la fuerza y no por compra.
De lo contrario, como plantea Lysander Spooner “el título legítimo continuará perteneciendo a los desposeídos de su propiedad aun después de una, dos, tres y cien ventas con ahorro y trabajo de por medio”.
Las comunidades mapuches parecen haber tomados conciencia de este antecedente histórico, rompiendo con una lógica institucional y discursiva que se sedimento desde los inicios de la nueva república chilena, que no sólo borró cualquier vestigio de su propiedad sobre los nuevos territorios ocupados sino que fueron reduciendo la presencia de su cultura dentro del ideario nacional, bajo el discurso de lo criollo como constitutivo de lo chileno.
Debido al mayor acceso a información y bienes, generado por el mayor acceso a la educación e información de las generaciones más jóvenes de mapuches, se han visto con mayores incentivos para desarrollar sus organizaciones, revalorar sus aspectos culturales y articular sus demandas, que van desde la propiedad de la tierra hasta la no discriminación en general.
Porque contrario a lo que muchos plantean, las demandas no necesariamente provienen de mapuches excluidos, sino de jóvenes líderes mapuches que son universitarios.
Es claro que la creciente irrupción del mapuche como sujeto activo en cuanto a sus demandas, descoloca a los actores políticos institucionales, que no saben cómo cooptarlos y por tanto, no ven más opción que deslegitimar su incursión como actor social y político, penalizando y judicializando sus demandas sobre la propiedad de las tierras, asumiéndolas como totalmente ilegítimas, aunque la historia diga lo contrario.

viernes, 14 de agosto de 2009

El Gran engaño o quienes son los gatopardos…

Si el PC apoya en segunda vuelta a Frei, claramente los "gatopardistas", aquellos que engañaron y distrajeron al electorado, y “al pueblo”, ha sido la propia izquierda extraparlamentaria.

La idea de Arrate como candidato presidencial surgió como un proceso independiente desde dentro del PS, que se dilucidaba en principio, como un paso para conformar una nueva fuerza de izquierda amplia, democrática, moderna y competitiva.

Se interpretaba como un primer paso para dar respuesta a una creciente necesidad, la de construir una alternativa política a las coaliciones hegemónicas -la Concertación y la Alianza- nueva y viable que aunara a distintos sectores.

Por lo mismo, no era raro que de esos sectores provinieran duras críticas a la Concertación, declarando su estado mortuorio, su anquilosamiento, su elitismo excesivo, y donde tanto la Alianza como la Concertación, eran visualizadas como un solo cuerpo, que en el fondo representaban lo mismo, el continuismo, etc.

En ese contexto, Arrate comienza a surgir como el rostro visible para la construcción de un proyecto político nuevo, con el que diversas personas se identificaban sin importar su partido de procedencia o historial político, pero que querían cambios profundos, como un nuevo sistema electoral o una nueva constitucionalidad, y evitar las lógicas políticas nefastas que tanto se criticaban, fomentando la participación y la inclusión de distintos actores y sectores.

En el proceso, en ningún caso se pretendía refaccionar el Juntos Podemos o convertir a Arrate en el candidato de éste (aunque sí tratar de atraer su apoyo al igual que los de Navarro por ejemplo, para construir una nueva fuerza amplia).

Se tenía claro que Arrate debería representar algo completamente nuevo, porque no surgió como candidato exclusivo del Juntos Podemos -que tenía a otros posibles candidatos- sino de sectores socialistas descolgados, decepcionados (o fracasados según Escalona), pero sobre todo de ciudadanos diversos, incluidos independientes, gente decepcionada de la política en general, etc.

¿Qué ha ocurrido en la praxis desde la proclamación de Arrate como candidato del Juntos Podemos?

Primero, los Humanistas se fueron del JP, dando su apoyo a Marco Enríquez Ominami. Segundo, Arrate es el candidato del Juntos Podemos y no de un nuevo proyecto político, ni el nombre cambió.

Lo último. A meses de la elección presidencial, Teillier no descarta apoyar a Frei en segunda vuelta.

Al parecer Teillier está tomando en cuenta que Arrate no pasa del 1% según las encuestas, que los humanistas ya se fueron con Marco Enríquez y que el pacto contra la exclusión ya está hecho.

Así, a meses de la elección, al parecer le da lo mismo lo que ocurra con Arrate en primera vuelta pues ya proyecta la segunda, asegurando su apoyo a Frei aún cuando el propio candidato del JP ha dicho que existe colusión “entre Piñera, MEO y Frei”. E incluso que “son todos lo peor de lo mismos, lo menos de lo mismo y más de lo mismo”.

¿Alguien entiende esta especie de autoinstrumentalización y auto cooptación? ¿Qué dice Arrate de esta auto “torpedeada”?

¿Qué paso con el nuevo proyecto político en el que participaban independientes y personas de otros partidos? Si es que queda algo de éste ¿Se disolverá en pro del pacto contra la exclusión que favorece al PC?

Algunos dirán que el apoyo es válido pues ya está el pacto contra la exclusión y así se logra la mayoría parlamentaria para llevar a cabo los cambios. Eso dijo Frei.

La pregunta es ¿Por qué ahora se harían esos cambios si en veinte años no se han hecho?
¿Se podrán hacer tomando en cuenta que en el parlamento se rechazo la ley que limitaba la reelección? ¿Harán los cambios los mismos que no quieren dejar de ser reelectos? ¿Por qué el PC no apoya a Frei de inmediato si ya consideran que Arrate no pasa la primera vuelta?

Más aún ¿Qué pasó con la construcción de una nueva alternativa política a la Concertación y la Alianza?

Lo cierto es que si el PC apoya en segunda vuelta a Frei, claramente los "gatopardistas", aquellos que engañaron y distrajeron al electorado y “al pueblo”, no fueron Marco Enríquez y compañía como se ha dicho, sino la propia izquierda extraparlamentaria al legitimar a la misma coalición que critican.

Lo anterior tiene una probable explicación. Rigidez, pero sobre todo poca inteligencia política.

EL FACTOR MEO

Cuando MEO irrumpió y descalabro el escenario político con su candidatura, alterando la binominalidad porcentual, atrayendo a sectores descontentos con la Concertación y la Alianza, no atraídos ni por Frei, Piñera ni el Junto Podemos o el PC, estos últimos no hallaron nada mejor que atacarle.

No sólo actuaron antidemocráticamente al deslegitimar a priori sus pretensiones electorales, sino que le acusaron de ser una especie de distractor de la derecha, (un derechista claramente) para evitar la organización de las fuerzas de la izquierda dispersa y no articulada.

Hasta ahora, se ha dicho que Meo es servil a la derecha, que se colude con Piñera para atacar a Frei, para dividir a la Concertación y permitir el triunfo del empresario, que es ambiguo.

En esa lógica se ha dicho que Piñera, Frei y MEO son más de lo mismo, y que la alternativa es la candidatura de Arrate, respaldada por el ex Juntos Podemos, que en realidad es el PC, la Izquierda Cristiana, varios socialistas e independientes.

Pero lo cierto es que no vieron que Meo -aún cuando le despreciaban pues provenía de la misma Concertación al igual que Arrate- no sólo coincidía con ellos en el diagnóstico en cuanto a la Concertación, sino que además, les daba la posibilidad de ampliar el espectro electoral a nivel de independientes. Sólo tenían que negociar inteligentemente.

¿Qué hubiera pasado –o pasaría- si el PC y el alicaído Juntos Podemos apoyarán a MEO, tal como lo hicieron sus socios humanistas, estableciendo ciertas condiciones o acuerdos mutuos en caso de lograr la presidencia? ¿Es o era tan inviable hacer eso? ¿Es tan rígida la ideología como para no establecer acuerdos?

Probablemente vencerían a Frei, incluso quizás a Piñera.

Sin embargo, el problema no sólo es que la mayoría de los actores políticos chilenos manejan sus ideas como si fueran piedras, sin poder negociar, sino que reproducen las mismas prácticas que critican.

Cuestionan el elitismo y la partidocracia, y sin embargo, conforman rápidamente elites y grupos partidarios de decisión y de clientes políticos, que finalmente terminan por dejar a las bases e independientes relegados.

Y no manejan ni pretenden crear mecanismo alguno para evitar eso. Por lo mismo, las disputas intestinas terminan por debilitar aún más la posible unidad, sobre todo porque no hay ningún liderazgo.

Critican la falta de diálogo. Pues bien, y acorde a la lógica anterior, mal entienden el diálogo incluso con aquellos que pueden ser más cercanos a sus ideas. Todos son muy caudillistas y mesiánicos. Si no fuera así, Navarro y Arrate, hace rato habrían establecido un acuerdo de unidad basado en negociación y no ahora recién cuando quedan pocos meses. Pero no, ahora cada uno marca 1% por si solo.

Claramente, falta astucia política y en vez de generar un forado en la hegemonía dominante a la cual criticaban, se acercan a ella, hacen acuerdos parlamentarios y quizás le prometen los apoyos en segunda vuelta al candidato oficialista. De proyectos políticos nuevos nada.

¿De qué estamos hablando entonces?

martes, 11 de agosto de 2009

Estado e Iglesia, una separación que los conservadores olvidan

La secularización de la sociedad chilena -la separación entre iglesia y Estado- ocurrió hace años. Por lo menos en el papel. Sin embargo, algunos ciudadanos parecen haber olvidado tal premisa confundiendo política con religión.
En un artículo publicado en los blogs de la Tercera, Alberto Pedro López-Hermida Russo, plantea que no se puede ser socialista y creyente a la vez. Según él, eso es claramente una contradicción.
Pero peor aún, plantea que para no ser incoherentes, "O se sigue a una Presidenta... o se sigue al Pontífice".
Ambas premisas son profundamente erradas.
En primer lugar, y como el común de la gente, confunde socialismo con marxismo, olvidando la histórica relación del socialismo utópico con algunos movimientos religiosos como los socialistas religiosos que participaban de la II Internacional o el primer presidente del Partido Laborista, el minero y socialista cristiano, James Keir Hardie.
Aquí ya podemos establecer la diferencia entre cristianos y católicos, siendo los primeros mucho más cercanos a posiciones libertarias que los segundos. Eso, se debe en parte a la Reforma Protestante, su contraposición al poder del papado, el surgimiento del absolutismo, las guerras de religión y la necesidad que se generó, en cuanto a establecer una neutralidad estatal, en relación a los sistemas de fe de los individuos. Ningún rey o príncipe podía imponer su credo a sus súbditos.
De no entender lo anterior, surge la segunda premisa errada de López, al decir que "O se sigue a una Presidenta... o se sigue al Pontífice".
Olvida que el espacio político y la política, no están para definir el sistema de creencias de los individuos como ciudadanos, sino para permitir el diálogo y el acuerdo entre estos. Si se cree lo contrario, entonces se tiene una visión totalizante de la política, que podría dar paso al totalitarismo o el fundamentalismo.
Por ende, ni el Estado ni los representantes en cuanto tales, pueden tomar partido por una religión, confesión o ideología para imponerlas sobre el conjunto de ciudadanos. Es decir, no pueden darle más valor a una que a otra.
Es ese el principio de neutralidad de valores: donde Estado y religión son esferas separadas y por lo tanto la autoridad política no es la autoridad religiosa. De lo contrario, estaríamos en una teocracia.
Por lo mismo, cada político puede tener su confesión religiosa, puede practicarla libremente, pero en cuanto representante político, ésta no tiene la supremacía. Si fuera así, entonces cada religión debería tener un brazo político y un escaño garantizado.
Lo cierto es que el espacio político es una dimensión separada de la dimensión religiosa.
Esa regla corre tanto para gobernantes como gobernados. Esa es la clave para que sea además, un espacio democrático, donde el diálogo prime sobre las verdades de fe o cualquier otro sistema de creencias.

jueves, 6 de agosto de 2009

Cizarro: Institucionalidad formal del Estado versus la institucionalidad informal del Hampa

La mayor crudeza en los últimos hechos delictivos, los altos índices de reincidencia y la presencia de menores en tales actos, pueden tener relación con la ambigüedad del marco institucional formal -las leyes y políticas- que se debería encargar de las acciones punitivo-preventivas y de reinserción en torno al delito, y la poca atención a los aspectos informales que operan en su constitución como actividad en el medio libre.

Es claro que el marco institucional -formal e informal- determina las pautas de acción de todo sujeto en un campo de actividad específico.

En el caso de la delincuencia como campo de acción, se produce una dualidad -una pugna- entre un marco formal amplio y totalizante, la legalidad del Estado de Derecho, y un marco informal, "los códigos del hampa" al que los sujetos que delinquen se someten individual y contextualmente.

Frecuentemente, se aplica con fuerza el marco formal del derecho sobre el cuerpo de los sujetos -la prisión, la detención- pero muy poco se hace en torno al marco informal en el que la mayoría de éstos fueron educados, se criaron, desarrollaron y se desempeñan en el medio libre.

Dicho marco informal es el que prevalece por sobre el respeto al marco formal legal, y la aplicación por parte del Estado del mismo, lo que se ve reflejado en la poca reinserción social y los altos índices de reincidencia delictiva.

Ese predominio, se produce incluso en cuanto a las políticas educacionales del Estado, pues debido a los bajos índices de escolaridad, son las prácticas del entorno social delictivo, internalizadas desde la infancia por los niños en riesgo social, las que terminan por ser aceptadas y muchas veces naturalizadas por los sujetos en su vida adulta.

Es decir, el gobierno físico de los sujetos, su control mediante el marco institucional legal, se vuelve de corto alcance tanto en la reclusión y como en el medio libre, donde el campo delictual es hegemónico, debido a la existencia de un marco informal que gobierna psicológicamente sus prácticas, intereses, acciones y contextos.

No es extraño entonces, que delincuentes encarcelados, sigan delinquiendo a través de diversos medios que les permiten romper las barreras físicas de la prisión, como celulares, familiares, etc. Tampoco es infrecuente, que una vez cumplidas sus condenas, retomen sus actividades delictivas y se "reinserten a sus medios delictuales libres". Más frecuente aún, es que ciertas formas de delito sean vistas como formas legítimas de subsistencia o como un trabajo más.

Lo anterior incide, en que el marco informal que se desarrolla en torno a actividades delictivas -que en definitiva lo son por ser contrarias al marco legal imperante- se conviertan en el marco formal que sustenta la instauración de una verdadera moral delictual.

Se produce entonces una especie de dimensión paralela a los espacios simbólicos donde el Derecho impera.

En este sentido, la cárcel se vuelve un espacio material donde las instituciones informales de la delincuencia se vuelven formales, y se convierten en ley interna para los reclusos e incluso de los agentes del Estado insertos en ella. En las cárceles impera la ley del hampa, por sobre el Estado de Derecho.

La prisión se vuelve entonces, una especie de isla, donde la pugna entre la institucionalidad del Estado es vencida por la institucionalidad informal del hampa, que encuentra un espacio para expandirse, naturalizarse, fortalecerse y sobre todo reproducirse.
La cárcel deja de ser el lugar donde se pretenden transformar o eliminar las prácticas que son base del comportamiento delictual.

Con eso se rompen definitivamente los principios básicos de la cárcel, como lugar punitivo y de reinserción.

Artículo republicado. Anteriormente abordaba el problema de Miguelito, un niño delincuente de 13 años.

miércoles, 5 de agosto de 2009

El Chernobyl chileno

Una población viviendo en medio de la contaminación. 4 mil exámenes perdidos. Niños gravemente enfermos y un gobierno que sigue mintiendo y ocultando información. El escenario de esta tragedia no es Chernobyl, es Arica, en Chile.

Las poblaciones Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica fueron emplazadas sobre residuos de arsénico y plomo dejados a mediados de los 80’ por la empresa Sociedad Procesadora de Metales Promel Ltda., y que provenían de la empresa sueca, Boliden Metal A.B.

Aquí, ya el olor a corrupción es fuerte, pues no se sabe bajo qué modalidad Promel ingresó estos residuos a Chile, siendo que no tenía capacidad para tratar esos contaminantes.

A principios de los 90´ el hedor continúa pues el nuevo gobierno, sin realizar estudios ambientales previos, instaló a vivir a miles de familias de escasos recursos sobre el desecho mineral (plomo, cadmio, zinc, mercurio, cobre y arsénico).

Ya en 1995 alrededor de 15 mil personas ocupaban las poblaciones Los Industriales IV, Villa Los Laureles, Cerro Chuño, Villa El Solar y Villa El Amanecer, todas a escasos metros del lugar de acopio del material contaminante.

Al igual que en la tragedia de Chernobyl, los efectos de la contaminación comenzaron a mostrarse al poco tiempo en la población, con jaquecas, gastritis agudas, dolores de huesos, abortos, embarazos molares, trastornos de aprendizaje, problemas de crecimiento, y enfermedades respiratorias e invalidantes.

Y al igual que en Chernobyl, el gobierno ha mentido, ha ocultado y alterado información, ha pasado a llevar varios derechos, y ha actuado indolentemente por casi 20 años.

Así, en 1998 y luego que se estableciera emergencia sanitaria ambiental en el lugar debido a la presión de los vecinos, las altas autoridades de la época, como el Ministro de Salud Alex Figueroa, el jefe del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Juan Luis Castro y la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de diputados, se comprometieron a dar solución al problema, trasladando los desechos a 3 kilómetros de las poblaciones.

Lo cierto es que los desechos fueron traslados sólo 700 metros.

En esa época, el gobierno y sus agentes culparon al dueño de Promel de todo el asunto, obviando la grave negligencia de las autoridades sanitarias y que fue el Estado el que permitió de manera irresponsable la construcción de viviendas para miles de familias sobre arsénico.

El año 2000, siendo ministra de salud la actual Presidenta Bachelet, se tomaron cerca de 4 mil exámenes de sangre para corroborar si la contaminación estaba afectando la salud de los vecinos. Extrañamente los resultados nunca aparecieron o fueron alterados.

La encargada de gestionar dicho proceso fue la doctora Carolina Asela, hoy Jefa del Servicio de Salud de Arica. El gobierno actúa con dolo y mala intención.

Y claro, hoy se trata de silenciar a los vecinos gastando altas sumas de dinero construyéndoles un centro cívico ¿Será también sobre el arsénico?

En el 2007 se entregó una indemnización vergonzosa a algunos vecinos, ocho millones de pesos para 356 de 15 mil habitantes.

En esa ocasión la Corte Suprema, estimó que el Servicio de Salud de la entonces Región de Tarapacá conocía perfectamente la existencia de este acopio desde 1984 y que antes de 1997 nunca hizo nada por salvar la vida de los pobladores.

Hoy la doctora Asela, Jefa del Servicio de Salud de Arica, sigue insistiendo en que no hay contaminación. El Servicio de Salud del Ambiente ha dicho que no existe intoxicación con plomo, sólo exposición a éste.

Lo cierto es que tanto el DICTUC de la UC como la Universidad de Tarapacá, han corroborando la alta contaminación que sufren las personas de Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica, y que sobrepasan las normas internacionales.

El gobierno miente descaradamente. ¿Dónde están los grupos pro vida o los defensores de los derechos humanos? ¿Dónde están los presidenciales? ¿Dónde están aquellos que se preocupan de los problemas reales de la gente?
La gente debería demandar al Estado chileno ante las Cortes Internacionales y varias autoridades deberían pagar con cárcel este acto criminal.

Tomando en cuenta que las autoridades prácticamente siguen siendo las mismas, es claro que el gobierno ha mentido, ha ocultado información y ha pasado a llevar derechos como el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente limpio de miles de personas.
Pd:Para que hablar de los "honorables" que transgreden la ley excediendo la velocidad permitida o usando balizas.