miércoles, 6 de julio de 2011

LA ESTRUCTURA MERCANTILISTA DE LA EDUCACIÓN CHILENA

En la discusión el concepto de lucro se ha mal utilizado, y eso ha incidido en que el foco en torno a la crisis educacional no está bien planteado.

La discusión se ha centrado en demonizar el lucro como causa del problema. Efectivamente, en muchos casos ha derivado en clara usura, pero eso es más bien un síntoma, no la enfermedad. Y casi todos han caído en el error de creer que es la causa. Pero el problema no es la libertad de enseñanza, que es la crítica que se esconde detrás de la crítica al lucro (la respuesta no es suprimir la libertad de enseñanza). Hay algo más subterráneo.

El lucro -mal entendido como usura- se ha alimentado de una falencia más profunda que la falta de ética de algunos, que es la nula garantía de educación pública de calidad en el sistema primario y secundario. Repito, la base de todo el problema educacional es otro: la nula oferta de educación pública de calidad por parte del Estado a nivel primario y secundario.

Es ahí donde se estructura todo el resto de las trabas y se naturaliza un sistema de competencia (por puntajes y certificados) claramente desigual, que discursivamente se presume basado en el mérito y el esfuerzo, pero que en realidad no lo es.

Y en ello hay una clara paradoja (muy ad hoc a cualquier mercantilismo) porque el Estado exige a los padres -con sanciones incluidas- enviar a sus hijos a la escuela, porque la Educación “es un derecho constitucionalmente consagrado” (artículo 19, 10°), y simultáneamente no ofrece educación pública de calidad para todos. Eso aunque el papel lo indica y existan algunos colegios públicos (bastante elitistas por lo demás). Te obliga a enviar al colegio, pero no te ofrece escuelas.

Entonces, los padres tienen dos opciones para salvarse del castigo -ligadas a su capacidad de pago y endeudamiento-: o mandan a sus hijos al colegio municipal más cercano (que con el respeto a quienes laboran en ellos, en algunos casos parecen centros de reclusión); o se endeudan pagando algún colegio de la red particular subvencionada o particular, al que puedan acceder.

La lógica mercantilista (no confundir con libre mercado) se cumple a cabalidad: Una demanda (por certificados o entrenamiento) garantizada por ley para prestadores (que entregan tales certificados o tal entrenamiento). Tal como en cualquier otro mercantilismo (AFP e Isapres) el Estado por ley, garantiza a los prestadores privados una demanda constante y cautiva.

Es decir, eso que el papel consagra como derecho garantizado por el Estado, lo debes pagar tú. Es decir, el derecho se convierte en coacción. Negocio redondo para los diversos burócratas de la educación, que sin distinción política, han desarrollado desde hace años, sus emprendimientos usando la presión estatal sobre los padres (aunque algunos sufran amnesia tratando de sacar dividendos políticos aprovechando la contingencia). Porque lo cierto es que de esta lógica mercantil, han hecho usufructo no sólo la derecha, también la Concertación e incluso los que se presumen fuera de esos sectores o paladines de la igualdad.

Pero hay un detalle más “escalofriante”. Todo lo anterior, ha incidido en que la educación superior “tradicional” (que hegemoniza los saberes) se ha mantenido bajo control de prácticamente las mismas élites de siempre, por décadas, de manera invariable (y como decía Bourdieu, con algunos “casos” para decir que el sistema no es cerrado).

Y no sólo eso, todo lo anterior, ha alimentado crecientemente la compulsión extendida por años, de creer que el éxito y tu capacidad, se determinan en base a cómo te va en un examen de dos días (PAA, PSU o como quieran llamarlo), junto con la obtención de un título profesional “ojala en una carrera y universidad tradicional”. Con ello, se ha reducido el concepto de Educación, a la idea de recibir entrenamiento para tal examen, como quien entrena para obtener licencia de conducir. Con ello, han eliminado una serie de cuestiones –no sólo materias- ligadas con lo que es educación en sentido global, como la orientación, el desarrollo de intereses y talentos diversos, etc.

Y vaya que reducción, porque ese examen de dos días, al que a final de año todos ponen tanta atención y tanto le temen, no es más que una barrera de entrada a la educación superior controlada por las élites de siempre, no “meritocrática”, sino claramente elitista ¿Impuesta por quiénes? Por las mismas élites.

Barrera de entrada (y no puerta a la universidad como le llaman) porque en realidad legitima y naturaliza la exclusión previa instaurada en el sistema primario y secundario de educación. Es decir, quien gana la carrera ya está determinado antes de partir.

Y no sólo eso, con ello, justifica toda una estructura de dominio posterior en diversos ámbitos (Basta ver quiénes se llevan becas de doctorados, o controlan las propias Ues privadas, o quienes determina qué títulos son válidos, quiénes merecen tal cátedra, o quiénes acceden a cargos de poder, quienes acceden a ciertos trabajos según la universidad, etc).

Como vemos, el meollo del asunto es mejorar la calidad y oferta de educación pública de calidad a nivel primario y secundario para aumentar la competencia posterior a nivel social, para diversificar. Para hacerla de verdad, y no que siga siendo una carrera donde unos cuantos corredores compiten con varios que ya están cojos desde el punto de partida.

lunes, 4 de julio de 2011

Educación ¿Guerra De Élites?

Ya dijimos que el sistema educacional en su totalidad está en crisis. Es algo que se viene incubando desde las primeras transformaciones a mediados de los 80´. Varias generaciones, en mayor o menor medida, han planteado sus reparos y sus demandas. Hoy, se ha alcanzado un punto de ebullición.

El sistema educacional chileno está estructurado desde su base, para preservar el privilegio, determinado por el capital social y el nivel socioeconómico. No sólo en cuanto a la calidad de los colegios a los que se accede, sino también a métodos de entrenamiento anexo –como preuniversitarios- para enfrentar las barreras de entrada al sistema universitario, que el Estado y las universidades tradicionales –qué controlan las élites- establecen, avalan y sustentan, y que lo convierten en un sistema de privilegio, y para nada meritocrático.

El detalle, es que aquellos que colocan las barreras de entrada, evalúan el conocimiento de los individuos, sin establecer o sin fijarse, si ese conocimiento está siendo adquirido –o entregado- de manera previa realmente. Que mejor ejemplo que las escuelas públicas municipales. Es decir, el control férreo y exigente aplicado al alumno, evaluado para ingresar al sistema universitario, no se condice para nada con el débil control en las etapas en que el evaluado se prepara para tal evaluación en la educación básica y media. El privilegio está asegurado desde la cuna gracias a nuestro sistema educativo.

Así, el sistema educativo en conjunto –sin tomar en cuenta el problema de qué entendemos por educación- se ha convertido y reducido- en un sistema que prepara netamente para responder un examen de dos días, al cabo de 12 años de escolaridad, que “supuestamente” determina el futuro de las personas en base a su acceso a las Ues tradicionales, mediante un certificado de “capacidad” que luego se publica en el diario.

Este ámbito, que en realidad es el de las certificaciones y reconocimientos, cuyo monopolio lo tiene el Estado, y quienes controlan sus entidades de conocimiento, y que validan un saber, son aspectos que pocos abordan a la hora de analizar y proponer soluciones a la crisis del sistema educativo de manera global. Sobre todo, a la hora de enfrentar el claro carácter elitista de la educación universitaria tradicional.

¿Qué clase de educación es esa que se centra en otorgar “certificados de capacidad” según el acceso de entrenamiento previo según capacidad de pago? ¿Por qué se ha hecho compulsivo en entrar a la universidad, sin valorar otras formas de conocimiento –sin tomar en cuenta otra cualidades- tan necesarias para el desarrollo de una nación y de las personas?

La respuesta está en el elitismo, tanto de quienes controlan el conocimiento, las certificaciones, el Estado y la productividad, como de aquellos que son excluidos por ese mismo sistema.

Ambos, mediante el falso discurso de la meritocracia, establecen y aceptan distinciones entre miembros de UES tradicionales, privadas buenas, regulares y malas, institutos profesionales, iletrados, etc.

Así, se reproduce el discurso de los “mejores” que accedieron al sistema ¿Por mérito? y que se sienten con el derecho de imponerse, discriminar, exigir privilegios, y establecer una batería de certificaciones y barreras de entrada para becas y otras dispensas, en desmedro de aquellos que quedaron fuera del sistema tradicional, por “su falta de mérito” y que se educan de manera privada a punta de endeudamiento.

Se estructura un sistema de dominio perverso que se ha reproducido de manera invariable a lo largo del tiempo. Así, el “mérito”, camufla el hecho de que el privilegio está asegurado desde la cuna gracias a nuestro sistema educativo.

No es raro entonces, que la mayoría de las personas –sobre todo aquellos cuyo único capital para heredar es invertir en educar a sus hijos- crean que el título profesional les permitirá a sus hijos, romper con ese elitismo anquilosado por décadas, que se reproduce invariablemente en el ámbito laboral, universitario privado y público, artístico y un largo, etc.

Lamentablemente, tal elitismo está sedimentado en las mentes de todos, incluso de los excluidos y sus representantes. Y surge la duda ¿Hasta qué punto, esto no es más que una pugna entre élites y no una lucha por una educación de calidad para todos?

La alternativa es colocar como eje central corregir la falla desde su raíz, es decir, en la educación básica y media, derribando esas barreras de entrada ficticias al sistema universitario, que las propias élites han impuesto. 

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD RAZONABLE

Que la educación está en crisis es un hecho, aunque algunos lo nieguen apelando al alto nivel de cobertura del sistema. El modelo educacional en todo sentido, y desde sus bases, está quebrantado y genera fracturas posteriores. Esto no es nuevo en realidad, pero los efectos se hacen notar cada vez más. La olla esta hirviendo. Lo peor, está siendo un atentado con lo razonable de la sociedad.

Una sociedad razonable se define como “un sistema de cooperación justa” donde los individuos –racionales- establecen términos justos –previa discusión de tales términos- que todos aceptan de manera reciproca e imparcial –en base al altruismo y la ventaja mutua- a favor de beneficiarse en conjunto. Esta idea, que plantea Rawls, se hace relevante al analizar la crisis educacional chilena en todos sus niveles.

Primero, nuestro sistema educacional, ha tendido a crear individuos racionales pero no necesariamente razonables –aquellos que tienen en cuenta las consecuencias de sus actos para el bien de los demás-. Desde los primeros años de educación, ha tendido a desvalorizar lo razonable como eje esencial, para llevar a cabo lo racional de cada individuo. Y eso se refleja en diversos niveles, desde la violencia escolar, la prepotencia al volante, la intolerancia y la falta de diálogo.

En otras palabras, el modelo educacional ha ido sistemática e históricamente en contra de la idea de “cooperación social justa” (fair), y con ello ha pasado a llevar lo que se podría considerar como los cimientos básicos, que permiten lo razonable en una sociedad, entendido como reciprocidad (que no es necesariamente altruismo ni egoísmo, sino ambos).

A partir del sistema educacional, los fines propios de cada individuo –racionales- se encuentran en medio de una casi total ausencia de términos justos, que harían razonable el sistema en su conjunto. Nadie confía en nadie ni en la escuela ni fuera de ella.

Es decir, el sistema educacional –tanto público como privado- ha suspendido lo que Rawls llamaba el “universo público establecido” –donde se supone puedo identificar los términos justos que todos respetan, para así respetarlos individualmente-. Eso se refleja claramente en otros ámbitos sociales, con episodios cada vez más frecuentes de falta de ética pública y privada por parte de diversos individuos, sin depender de ningún tipo de distinción, tenga o no corbata.

Si la educación, mediante la cual se pretende instruir a los individuos (¿Qué es la educación?), parte por destruir tal idea de lo razonable desde los primeros años de aprendizaje, no es raro ver que tal noción de lo razonable no exista en otros ámbitos, como la política, el actuar corporativo, o las formas de expresar descontento.

Lo interesante de aplicar este análisis al plano educativo, es que lo anterior también se ve reflejado en los actores en pugna en torno al problema educativo, tanto en quienes parecen oponerse a corregir las fallas, como en aquellos que dicen querer hacerlo.

Los diversos actores o sectores, más bien parecen maximizar aspectos racionales –por su propio bien- y no necesariamente razonables –tomando en cuenta efectos en otros en base a términos justos-. Ninguno está siendo razonable en términos estrictos.

En otras palabras, parecen estar dispuestos a “participar en determinados esquemas cooperativos pero no están dispuestos a respetar, o siquiera a proponer —salvo como un pretexto necesario a nivel público—, ningún principio o criterio general para especificar los términos justos (fair) de cooperación. Y están prestos a violar dichos términos en función de sus intereses, cuando las circunstancias lo permitan” (Rawls). Este fue claramente el actuar de la clase política y otros representantes, en su conjunto, ante la primera “revolución pingüina”. En ningún caso fueron razonables.

Ante la crisis educacional, lo razonable sería apuntar directamente a corregir la Educación en su globalidad, es decir, desde los primeros años de escolaridad. Porque es ahí,  en el sistema educacional básico y medio donde se rompe lo que podríamos llamar el primer consenso sobrepuesto –traducido en igualdad de oportunidades sin depender de la cuna o el capital social- y que finalmente termina con un sistema de educación superior de claro carácter segregado y elitista, financiado por los menos favorecidos.

Eso sería lo razonable, sobre todo si tomamos en cuenta que según los propios dirigentes de universidades regionales, “los quintiles socioeconómicos más altos, terminan por recibir mayor cantidad de Aporte Fiscal Directo y altos ingresos por el Aporte Fiscal Indirecto (AFI)”.

Porque siguiendo la idea de Rawls, “ni lo racional ni lo razonable pueden subsistir el uno sin el otro”