lunes, 26 de abril de 2010

UTEM NO PAGA A PROFESORES DESDE 2008

La Universidad Tecnológica Metropolitana aún no paga a algunos profesores a honorarios, incluso desde el año 2008, en diversas carreras.

Nadie hace eco de la precaria situación en materia de pagos, que viven algunos académicos a honorarios de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), que es parte del Consorcio de Universidades del Estado de Chile.

Dicha institución (UTEM), aún no cancela los honorarios de varios profesores de diversas carreras correspondientes al año 2009. En algunos casos, a algunos aún no se cancelan clases realizadas durante el año 2008.

Las autoridades y encargados de finanzas de la Universidad Tecnológica Metropolitana, vienen prometiendo dichos pagos desde hace varios meses, lo que nunca se cumple, en medio de justificaciones burdas y evasivas diversas. La última excusa fue el terremoto pasado, donde se prometió pagar todo lo adeudado a los profesores el 15 de abril.

Sin embargo, el día prometido, la respuesta fue que la UTEM no tenía dinero para pagar lo adeudado y que no saben cuándo podrán pagarle a los docentes, si es que pueden hacerlo.

Aun así, se siguen ofreciendo clases en el pregrado y el magíster en varias carreras, sin informar que a algunos de los profesores no les pagan. Lo irrisorio es que -por ejemplo- para el magíster en Ciencia Política, la Universidad de Valencia entregó dineros para costear los servicios académicos de dicho postgrado y, sin embargo, aún no se paga a los profesores.

Ya es tiempo de que las autoridades de gobierno, la Contraloría General de la República, del Consorcio de Universidad del Estado, el Consejo de Rectores, hagan algo para que en la UTEM paguen, o que el gobierno intervenga de forma completa, definitiva y profunda dicha universidad.

Ojalá puedan investigar y hacer públicos estos abusos contra algunos académicos.

jueves, 22 de abril de 2010

EL MITO DEL FIN DE LA PUERTA GIRATORIA

Algunos ilusos creen que las políticas antidelincuencia del Gobierno han sido efectivos, sólo porque hay menos titulares policiales en la prensa. Esto carece de todo sentido, pues ninguna medida antidelincuencia puede ser efectiva en menos de un mes.
En el último mes, en los noticieros centrales se ha hecho notoria una tendencia: no hay muchos titulares sobre delincuencia. Incluso en algunos canales como Mega, el noticiero central ahora está plagado de notas -de relleno digamos- como una sobre la supuesta muerte del perro Lipigas o sobre pequeños cantantes de música mexicana.
Ni siquiera los titulares del Terremoto copan los noticieros centrales en la TV o los diarios, aún cuando es claro que la ayuda por parte del Estado sigue siendo deficiente, y en algunos casos ni siquiera ha llegado a zonas alejadas y desconocidos de la "patria".
En menos de un mes, se pasó del drama de la destrucción ocasionada por el sismo, a una especie de variopinta cartelera noticiosa donde lo que menos énfasis tienes es la delincuencia. Y el efecto en la percepción de la gente es notoria, como un comentario leído en un blog: "Creo que sí están haciendo una diferencia en delincuencia y se agradece".
¿De qué diferencia habla el opinante? ¿Acaso la menor cantidad de titulares relativos a asaltos, "alunizajes" o "lanzasos" indica que la delincuencia ha disminuido en términos reales? Y sí es así ¿En un mes? Y más aún ¿Cuál es el secreto del gobierno? ¿Acaso el ejecutivo instruyó -pasando a llevar la separación de poderes- a jueces y fiscales a ser más mano dura con los delincuentes? ¿Modificó la ley penal de forma rápida que ni nos enteramos?
Porque si el gobierno ha logrado en un mes disminuir la tasa de delincuencia y con ello también las denuncias -que no son lo mismo- debería decirle al resto de los países cómo lo logró en un mes. Sería poco ético mantener en secreto medidas que permiten en menos de cuatro semanas disminuir la tasa de criminalidad.
Impresionantemente, algunos ilusos -por no decir otra cosa- creen que las políticas antidelincuencia del Gobierno han sido efectivos, sólo porque hay menos titulares policiales en la prensa. Esto carece de todo sentido, pues ninguna medida antidelincuencia puede ser efectiva en menos de un mes.
Lo cierto es que acá sólo disminuyó el interés editorial de los medios por cubrir los hechos de delincuencia de todo tipo.
Lo que ha ocurrido no es la manifestación del fin de la puerta giratoria gracias a la mano dura del nuevo Gobierno ni sus políticas antidelincuencia. Sólo ha existido un cambio de enfoque, una distracción en los noticieros. Y con ello un cambio en la percepción.
Y claro, si en vez de mostrar treinta minutos de asaltos y robos, nos muestran treinta minutos de perros artistas y niños cantantes, cualquiera se siente en el mundo de Bilz y Pap.

jueves, 15 de abril de 2010

CAPITALISMO DE AMIGOTES A LA CUBANA

El caso de Max Marambio es un ejemplo claro de Crony Capitalismo (de amigotes) pero con etiqueta socialista.

Gary Becker y Joseph Stiglitz coinciden en que el Capitalismo de Amigotes consiste en una estructura de favores, privilegios y nexos entre las autoridades estales y el empresariado (privado o burocrático), mediante el cual las corporaciones empresariales (privadas o mixtas) obtienen poder económico no por su competitividad o innovación, sino que gracias a sus conexiones cercanas al gobierno de turno.

Esa lógica no sólo se da en sociedad que en general se consideran capitalistas, sino también en los llamados estados socialistas o comunistas, donde los burócratas más cercanos a las altas cúpulas dirigenciales partidarias o estatales, obtienen beneficios económicos como tierras, subsidios, exenciones tributarias o adjudicaciones automáticas en forma de estatización.

En cualquiera de los casos, lo que se esconde siempre es un favoritismo, ya sea en la forma de una democracia isonómica; o como un gobierno autoritario y dictatorial. En ambos casos, los cercanos a la elite obtienen todo tipo de beneficios en desmedro del resto de los ciudadanos comunes.

Tanto la retórica de la privatización como la de la estatización son instrumentos que se utilizan en esa estructura de privilegios y favores. Así, un amigo del gobierno de turno puede comprar fácilmente una empresa (privatizarla) sin licitación o convertirse en el comisario inamovible de una empresa estatal (estatizarla).

En ambos casos, se produce rent seeking, cuando se busca obtener ingresos a través de la manipulación o la explotación del entorno económico, y no mediante las transacciones económicas y la producción.

En otras palabras, Capitalismo de amigotes, donde algunos (amigos del gobierno) se apropian de parte de las ganancias de las empresas del Estado, ya sea como sus nuevos dueños o como sus interventores. Esto último fue lo que ocurrió claramente con Max Marambio. Fidel le permitió y le ayudó a convertirse en empresario y ha hacerse rico a través de una empresa “estatal”.

Por orden y apoyo de Fidel Castro, en 1978 Max Marambio, en ese entonces miembro de Tropas Especiales, la fuerza militar de elite bajo del líder cubano, montó la empresa Cimex que le permitió iniciarse como un próspero empresario.

Gracias a sus nexos con la elite cubana y sobre todo Fidel Castro, Marambio rápidamente hizo crecer su empresa (mixta en términos discursivos, pero privada en términos de ganancia), que luego derivó en su negocio relacionado con el criadero de gansos, llamado La Oca. No sólo él se vio beneficiado con sus cercanías a la elite, sino también su hermano Marcel, dueño de la agencia de turismo Sol y Son, la segunda operadora turística de Cuba, gracias al proteccionismo estatal cubano.

Rápidamente expandió sus intereses empresariales y estableció negocios con el empresario Carlos Cardoen, el mismo que creó -con millones de dólares entregados por el Estado chileno- su empresa de fabricación y exportación de armamentos durante la dictadura de Pinochet. Otro ejemplo de Capitalismo de amigotes, pero de derecha.

Ambos empresarios –crony capitalistas de distinto color- se asociaron en la empresa productora y comercializadora de jugos y lácteos Tropical Island, antecesora de la compañía mixta Río Zaza, propiedad mixta de Marambio y el Estado cubano, hoy cuestionada por el régimen por haber aplicado sobreprecios a sus productos.

Era obvio, como el Estado cubano garantizaba el monopolio a la empresa de Marambio (que tenían ventas de US$ 100 millones al año) era muy probable que ésta aplicara sobreprecios a la venta de sus productos. Es un resultado del monopolio alimentado por el propio Estado. Capitalismo de Amigotes.

jueves, 1 de abril de 2010

AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR

Las sendas denuncias contra la Iglesia Católica de Irlanda por su supuesta acción de encubrimiento, ponen en duda la claridad que tienen algunas autoridades eclesiásticas en cuanto a la separación entre Iglesia y Estado.

La Iglesia Católica vive uno de los momentos más álgidos de los últimos tiempos. En diversos lugares del mundo surgen acusaciones de supuesto ocultamiento de información en casos de abuso contra menores, que apuntan directamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, encargada de decidir las expulsiones y canonizaciones, y que fue dirigida por Benedicto XVI entre 1981 y 2005.

En Irlanda, la Comisión Investigadora de los Abusos de Niños, iniciada en 2000 luego de una serie de denuncias, “tras nueve años de indagaciones y más de 2.000 testimonios, una investigación ha concluido que la cúpula de la Iglesia católica irlandesa conocía el abuso "endémico" al que eran sometidos los 35.000 niños que entre los años 50 y los 80 se acogieron a sus instituciones. Los informes indican alrededor de 230 víctimas entre 1974 y 2004. Sólo en 1995 la arquidiócesis de Dublín denunció a la policía los primeros casos.

Según el informe, los abusos no se denunciaban normalmente, pues las autoridades eclesiásticas irlandesas, ante las denuncias, sólo trasladaban a los agresores, muchos de los cuales volvían a delinquir. Lo mismo sucedió con dos causas en el sur de Chile y también en México, Estados Unidos y España con un par de Legionarios de Cristo, entre ellos Marcial Maciel. En vez de mandarlos a tribunales, los mandan de retiro espiritual.

Lo peor es que en una ocasión en la que responsables del Ministerio de Educación recibieron una denuncia, éstos acordaron con los religiosos mantener silencio. Es decir, dos instituciones, el Estado y la Iglesia ocultaron información.

No por menos, el actual cardenal, Sean Brady pidió perdón por haber ocultado información en un caso de abuso y considerar que no era su responsabilidad denunciar. El actual líder de la Iglesia Católica irlandesa, participó en dos reuniones en 1975 en las que dos niños de 10 y 14 años, presuntas víctimas de abusos sexuales, habrían firmado promesas de silencio, donde juraban no contar los abusos a manos del sacerdote Brendan Smyth.

Aquí se aprecia la poca claridad de las autoridades religiosas en cuanto a la separación entre Iglesia y Estado. Pretenden resolver asuntos de corte penal mediante sus procedimientos internos.

El problema va más allá de la responsabilidad individual -y penal- de algunos sacerdotes. Radica en que ya no se trata de la acción individual, sino que una acción institucionalizada, sobre todo en el caso irlandés, donde la entidad claramente ha actuado de manera cuestionable. Lo mismo se puede decir del Vaticano, que tampoco ha adoptado una actitud proactiva sino más bien evasiva.

Amparada en el secreto pontificio, la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha mantenido bajo secreto todos los casos de acusaciones de abuso contra clérigos. En 2001 en una carta dirigida a todos los obispos, sobre "graves delitos", Benedicto XVI “volvió a ligar los casos de abuso al secreto papal cuya vulneración se pena con el castigo eclesiástico”.

Y es que nadie pide que las autoridades eclesiásticas inicien una casa de brujas, ni que actúen como la justicia ordinaria –porque no les corresponde- sino que no impidan que sus miembros se sometan a ésta última cuando así se requiere.
Guardar silencio ante denuncias, hacer acuerdos de silencio con niños, y tratar de resolver el problema enviando de retiro espiritual a los denunciados no corresponde. Eso tiene un nombre, obstrucción a la justicia.

El punto es bien claro. Ninguna institución, sea del tipo que sea, tiene inmunidad jurídica en cuanto a sus miembros, y menos la facultad de pasar a llevar la legalidad y la “justicia”. Los sacerdotes son antes que eso, ciudadanos y sujetos de derecho, no tienen inmunidad legal bajo ningún punto de vista.

A dios lo que es de dios, al césar lo que es del césar.