miércoles, 14 de mayo de 2008

La Democracia chilena sigue tutelada

La inscripción automática y el voto voluntario, fueron rechazados por la oposición, aludiendo que un porcentaje importante de los potenciales electores votaría a favor de la izquierda, lo que demuestra que la “democracia” chilena y la decisión política de las personas, siguen siendo tuteladas y cooptadas por sectores de clara raigambre autoritaria y elitista.

La desafección electoral entre los jóvenes en Chile es bastante alta, debido esencialmente a dos factores: a que la política partidaria no logra convencerlos al no tener proyectos ni programas claros, y a que los mecanismos institucionales para ejercer el derecho a voto son demasiado engorrosos y desincentivan su ejercicio.

La inscripción automática y el voto voluntario buscan disminuir los costos de ejercer el derecho a voto, permitiendo a los sujetos, acceder al derecho, sin tener que hacer el trámite de inscripción, y por otro lado, permitiendo al ciudadano ejercer libremente el derecho, sin obligación de hacerlo cuando no lo estime. Es decir, ambas medidas, permiten mayor libertad de acción para los electores.

El informe aprobado por la comisión política de la UDI, estima que la población electora joven, por ser eventualmente más proclive a sectores de centro-izquierda e izquierda, no deberían ser impulsados a incluirse en los registros electorales a través de la inscripción automática apenas cumplan la mayoría de edad, pues electoralmente es probable que no voten por la derecha.

Es decir, la oposición está excluyendo a un número de potenciales electores, basados en el argumento de que potencialmente éstos no votarían a favor de la derecha.

El derecho a voto de algunos ciudadanos entonces es negado, aunque no explícitamente, mediante un claro mecanismo de tutelaje (la elite decide quiénes votan y quiénes no), que además tiene implícita una lógica de exclusión arbitraria y absolutamente antidemocrática (faltó decir que no deben votar por ser agnósticos o ateos, o por vivir en tales sectores, o no estudiar en tal universidad, etc.), que prohibe un derecho.

La paradoja –aunque ni tanto- es que un partido cuyo discurso, desde el nombre en adelante, plantea renovar la política, acabar con la rotación de rostros, y aboga por la libertad política, aplica sin reparos un mecanismo claramente elitista, donde prohiben un derecho, basándose en criterios de exclusión, donde la libertad de elegir de los ciudadanos, queda supeditada a la evaluación de las elites, según la conveniencia de éstas.

El informe de la UDI, y su oposición a la inscripción automática, demuestran que en ciertos sectores aún existen tendencias a la vieja usanza autoritaria, donde la “democracia” se concibe como tutelada por los supuestos “elegidos”, donde los patricios que saben mejor que nadie, lo que el pueblo quiere y necesita. Lo mismo ocurre en otras dimensiones como la sexualidad por ejemplo.

Lo que en definitiva queda demostrado, es que algunas elites políticas siguen desconfiando de los ciudadanos, aún cuando no dudan en apelar a éstas para que las mantengan en el poder.

jueves, 8 de mayo de 2008

El gobierno de las Conciencias

En el debate en torno a la Pastilla del Día después, lo que se ha discutido esencialmente no es el carácter abortivo de la píldora, ni la legitimidad o no del aborto, ni el valor de la vida. Lo que está en disputa es la hegemonía sobre el gobierno de los sujetos, sobre todo de sus conciencias.

Diversas aristas filosóficas, éticas, ideológicas, legales y clínicas se han abordado en torno a la discusión sobre la distribución de la PDD.
Sin duda, las que han primado en los argumentos a favor y en contra, han sido las de carácter ideológico, legal y clínico. Las tres enmarcan dimensiones esenciales para la constitución del gobierno de los sujetos, tanto a nivel físico como de conciencia.

El sustrato ideológico, que incluye a las religiones, define las cosmovisiones de los sujetos, y por ende sus posturas filosóficas, éticas y políticas.
La dimensión legal, constituida a partir del sustrato ideológico, define los marcos institucionales, donde el actuar de los sujetos queda circunscrito en la práctica, y también el estatus del individuo.
Los aspectos clínicos, sirven como sustento desde el punto de vista positivista, para justificar, mediante una supuesta verdad científica, el sustrato legal, que en definitiva impone y hegemoniza la dimensión ideológica del gobierno de los sujetos, a partir del dominio de sus cuerpos, y finalmente de sus conciencias.

La pugna esencial se produce entre dos formas totalizantes e individualizantes de poder y dominación.
Entre una ética religiosa, que pretende fortalecer sus modos de gobierno sobre los sujetos, y basados en aspectos ideológicos - antiguamente dominantes, pero debilitados por los procesos de cambio social, económico y político- y una ética neutral del Estado, que busca establecer un gobierno de los sujetos basado en el derecho.

En otras palabras, el conflicto es en torno a definir los límites y espacios de lo secular y religioso, donde la dimensión más codiciada, y que en definitiva otorga la total legitimidad a una forma de dominación determinada, es la conciencia de los sujetos. No la colectiva, sino la individual.

La apelación camuflada a las conciencias ha sido constante en esta pugna, primero desde el punto de vista ideológico, por un lado, recurriendo a construcciones religiosas del sujeto donde el placer es castigado, y donde lo sexual y sus resultados, tienen el riesgo constante de lo ilícito, y de hacer en definitiva al sujeto un ente lujurioso, irresponsable e inmoral; o por otro, apelando a la máxima libertad de acción y decisión, en una lógica individualizante y totalizante a la vez.

Ambas formas de dominación, la ideológica religiosa y la racional-legal, dan por ende distintos significados a la idea de sujeto; la primera lo concibe como sometido a otro por control y dependencia (ya sea a Dios o el líder religioso); la segunda lo idea como limitado a su propia identidad, a la conciencia individual.

Los fundamentos para argumentar cualquiera de las dos posturas, se sustentan desde un punto de vista legal y clínico, y han entrelazado las legitimidades legales con las afirmaciones de verdad, basadas en criterios científicos o clínicos. Aunque esto último ha derivado en una serie contradicciones en torno a lo insano, lo legal, lo científico, y lo moral.

En definitiva, la pugna entre el poder pastoral y el estatal, ha sido objetivizada, materializada y circunscrita a la discusión acerca del uso de la PDD, donde lo que está en juego finalmente es quién impondrá su control sobre las conciencias de los sujetos.