La necesidad de cambiar la constitucionalidad para modernizar la Democracia

El marco institucional formal en que se sustenta nuestro país, la Constitución Política y sus organismos derivados, se ha hecho cada vez más estrecho, obtuso y retrogrado; y eso se ha visto reflejado con claridad en diversos ámbitos del acontecer nacional, como determinar si se permite o no el uso de una píldora por parte de las personas.

La institucionalidad a veces parecer ser un concepto ambiguo para muchas personas, y en la mayoría de los casos, se la confunde con los organismos que operan dentro de ésta. Sin embargo, la institucionalidad es algo más amplio y global que incluye todas las prácticas, procedimientos, rituales y símbolos, formales e informales que estructuran la interacción entre los sujetos, individuales y colectivos, en una sociedad o grupo determinado. En definitiva, es la que determina las reglas del juego en las que actuamos.

En relación a lo anterior, parece ser que nuestra institucionalidad formal, sustentada esencialmente en la Constitución Política de 1980 como forma de dominación racional-legal, se vuelve cada vez más anacrónica en relación a la institucionalidad informal en diversos aspectos, como la solución de conflictos políticos o los sistemas de valores y criterios de decisión, de los sujetos que están sometidos a ésta.

Dicha situación tiene relación con los profundos cambios que ha sufrido la sociedad chilena en diversos aspectos informales y también formales, en términos de consumo, acceso a información, distribución del trabajo y estructura de relaciones.

Éstos factores se contraponen a la génesis constitucional, que más allá de validaciones y posiciones ideológicas o contextuales, conlleva una profunda impronta autoritaria y paternalista, marcada por un momento político y social determinado -aún cuando algunos ilusos digan que se trata de una Constitución Liberal-.

En este sentido, el creciente acceso a información diversa, el ingreso de las mujeres al trabajo y la mayor noción de los derechos individuales, ha determinado una transformación y diversificación de los sistemas de valores, aumentando el sentido de autonomía y decisión individual de los sujetos en determinados campos informales, sin sometimiento ni del Estado ni de las Iglesias, ni de grupos corporativos, y de ninguna clase de poder, sobre todo en cuanto a lo que se denomina "vida privada".

En otras palabras, se ha hecho concreta la imposibilidad de la que hablaba Freud, de establecer métodos de control únicos sobre el patrimonio libidinoso de los sujetos. Se ha producido un desfase tremendo entre los criterios formales establecidos por la legalidad y los criterios informales dispersos y variables de los sujetos.

Las diversas reacciones frente a la decisión del Tribunal Constitucional con respecto a la PDD, refleja que en diversos aspectos sociales, como la planificación familiar y la sexualidad, aún no hay consenso en cuanto a ciertas prácticas.

Por lo mismo, ante la resolución, hay personas que apoyan el fallo y otras que quieren decidir por sí mismas sus sistemas de valores y marcos de acción, sin la supervisión de un organismo colegiado como el TC.

Para ambos casos, sea cual sea la decisión adoptada -ya sea a favor o en contra- ésta parece contraponerse a la libertad de unos y otros en cuanto a decidir sobre su propio actuar. En ambos casos, parece imponerse un criterio valórico determinado y no un criterio neutral.

Lo anterior, demuestra que el actual marco institucional formal, la Constitución, no logra resolver las disyuntivas generadas entre diversas institucionalidades informales, pues no ofrece marcos de acción que disminuyan los costos de negociación entre los actores o que permitan considerar la diversa opinión ciudadana, para consensuar las posiciones con respecto a issues controvertidos.

Incluso, en muchos casos parece imponer un criterio valórico único por sobre otro, pero sin haber considerado esas diferencias. Por lo mismo, el plebiscito no es una práctica habitual en nuestro país.

Cambiar la Constitución no implica eliminar el imperio de la ley para ordenar y regular la interacción social de los sujetos, sino más bien de generar procedimientos y prácticas acordes a los tiempos, que permitan hacer contemporáneos los planteamientos constitucionales que definen esa relación, con respecto a la transformación de los sistemas de creencia, que también definen marcos de acción para las personas, y que cada vez son más diversos, variables, contrapuestos o contradictorios.

Lo que se debe evitar es hacer que la legalidad convierta ciertos tópicos en juegos de suma cero entre los ciudadanos, donde todo se gana o se pierde, lo que irremediablemente conlleva a una polarización de las posiciones de los actores, ya sean políticas o valóricas, elevando los costos de negociar para llegar a acuerdos.