LOS MUROS QUE AÚN DEBEMOS DERRIBAR, LOS DOGMAS

El muro de Berlín –en un modo hegeliano- marcó la materialización de la pugna entre dos credos. El recuerdo de su caída veinte años atrás sin embargo, nos indica que aún quedan muchos dogmas por derribar en el mundo actual.

La historia de la humanidad ha estado marcada por dogmas, entendidos como la asunción de una idea como verdad única, total e irrefutable, que se traduce en la noción de estar ubicado en una posición superior a la de otros individuos.

Dios, la nación, el pueblo, el Estado, la patria, la raza, el credo, la clase, la fe, son diversos dogmas que en forma aislada o mezclada, han marcado la vida de millones de seres humanos durante siglos. En su nombre se han hecho guerras, matanzas, conquistas, revoluciones e inquisiciones, donde muchos fueron sacrificados o se han sacrificado.

En el siglo XX, los dogmas también primaron de forma notoria en la historia del mundo. Un dogma -el nazismo- fue una de las causales de la Segunda Guerra Mundial. Luego, como si no se hubiera aprendido la lección, el mundo se “ordenó” en torno a otros dos dogmas que se disputaron en todas las formas el dominio mundial, y que prácticamente dividió por casi 30 años al mundo, con un muro de 155 kilómetros de largo en la ciudad de Berlín.

El muro -en un modo hegeliano- marcó la materialización de la pugna entre dos ideologías. Marcó la plasmación del dogma. Por lo mismo, para muchos, su caída en 1989 parecía marcar el fin del pensamiento dogmático. Así lo supuso Francis Fukuyama al hablar del fin de la Historia (asumiendo él su propio credo).

Sin embargo, el recuerdo de la caída del Muro veinte años atrás, nos indica que aún quedan muchos muros por derribar en el mundo actual. Es decir, el fundamentalismo intelectual continúa dominando el pensamiento de las personas, sobre todo cuando se trata de hablar de moral, de la historia, o de la verdad (si podemos hablar de ello).

Diariamente nos encontramos -tanto en los medios de comunicación como en cualquier lugar- con personas que apelan a alguno de estos dogmas, pues han asimilado una verdad única, ya sea desde el punto de vista moral, religioso, político, económico, histórico, étnico, biológico, natural o divino.

A través de sus dogmas dividen a las personas en términos absolutos entre buenos y malos, morales e inmorales, justos e injustos, creyentes y no creyentes, perfectos e imperfectos, civilizados e incivilizados, etc. Y sabemos que ese es el paso previo para sustentar cualquier forma de totalitarismo como el que dio origen a la Segunda Guerra y al Muro de Berlín.

Lo peor es que el dogmático, así como un adicto niega su adicción, niega su propio dogma, pues lo considera una verdad dada suprema, una naturalidad, una muestra del sentido común. Aceptar sus creencias como dogma sería dudar de éstas y por ende de su naturalidad y su condición irrefutable.

La caída del muro hace veinte años, con miles de personas rompiendo el concreto, sin distinción alguna, nos mostró que el dogma sea cual sea su vertiente, siempre conlleva el riesgo totalitario, pero también que antes que cualquier creencia somos seres humanos…

DEMOCRACIA HEREDITARIA

Antiguamente, el derecho divino –como ficción- establecía que los monarcas y su descendencia habían sido ungidos por dios para gobernar al resto, y por lo tanto el poder era un monopolio hereditario. La democracia moderna prometía y buscaba romper con esa forma de dominación ilegítima, que sin embargo sigue existiendo de forma notoria actualmente.

El origen de la mayoría de las monarquías no fue un mandato divino sino un acto de agresión: el uso de la fuerza, la guerra o la conquista, como plantea Mosca. Es decir, el dominio monopólico del rey no era algo de origen divino ni natural sino algo artificial y por tanto su descendencia -las elites resultantes- muchas veces no tenían necesariamente las mismas cualidades para gobernar pero lo hacían.

Históricamente las diversas elites han creado ficciones para acaparar y perpetuar su poder, como la sangre azul, las cualidades místicas o superiores del líder y su descendencia, la iluminación divina, el asesinato de opositores, etc.

En base a esas invenciones, su descendencia mantenía su dominio monopólico, que generaciones después se asimilaba como algo natural e incuestionable, al ser sustentado en una ficción como el derecho divino. Lo anterior, aún cuando el nuevo rey fuera un incompetente o un déspota absolutista, y aún cuando su dominio estuvo originado en el burdo uso de la fuerza.

Así, bajo el derecho divino, rebelarse contra el rey era rebelarse contra dios (la reforma protestante, el contractualismo y sobre todo las ideas de Locke contribuyeron a derribar el mito del derecho divino).

La Democracia Moderna buscaba y prometía evitar el carácter monopólico y hereditario del poder mediante la separación de potestades y el ejercicio del sufragio universal. No obstante, las tendencias elitistas continuaron al interior de las nacientes organizaciones políticas (la ley de hierro de la oligarquía de Michels), tanto en los partidos de notables (conservadores) como en los de masas (comunistas, socialistas, socialdemócratas, liberales).

Esas tendencias elitistas derivaron rápidamente en prácticas de corte hereditario en la elección de representantes políticos que permitió que ciertas familias monopolizaran la actividad política, convirtiéndose en dinastías electorales, que defendía sus propios intereses particulares y no los de sus representados que los elegían.

Hoy basta ver que quienes hoy ejercen algún tipo de cargo político o de dirigencia, en su mayoría son hijos, incluso nietos, de otros dirigentes políticos o funcionarios de alto rango del Estado (Tres presidenciables, Piñera, Frei, Meo). También hay primos, suegros, hermanos, sobrinos, nietos, en distintos partidos políticos opositores, pero que son de una misma familia. (Viera Gallo-Chadwick-Walker-Larraín).

Y es que la clase política, como parte de una elite mayor compuesta de elites empresariales, eclesiásticas, académicas y culturales, sigue monopolizando el poder y ejerciéndolo como si fuera una cuestión hereditaria.

Ejemplos de este monopolio hay muchos, tanto a nivel central como local, no sólo los más notorios como el de Ricardo Lagos Weber como vocero del gobierno de su padre sino también otros a nivel local.

Todos reflejan una especie de política feudal donde la democracia ha perdido sus propios principios, pues no sólo se ha vuelto partidocrática y elitista sino que peor aún, hereditaria en cuanto al ejercicio del poder. La clase política representa sus propios intereses, no los de los ciudadanos.

Si alguien cree que esto es paranoia, analicemos el listado de candidatos a diputados o senadores, y veremos varios parentescos que los medios de comunicación evitan recalcar pero que demuestran que al igual que en las viejas monarquías, las elites monopolizan el poder político y lo hacen hereditario.

Cuatro ejemplos claros para las próximas elecciones:

Daniel Melo, hijo del alcalde de la comuna del Bosque Sady Melo, es candidato a diputado por el distrito 27 donde se ubica la comuna que dirige su padre.
Marcela Sabat, hija del alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat, es candidata a diputada por el distrito 21 donde se ubica la comuna que dirige su padre.
Juan Antonio Coloma, candidato a diputado por el distrito 11, hijo del presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma.
Eugenio Ortega Frei, candidato a Diputado Distrito 17, hijo de la ex senadora Carmen Frei.

Es claro que estas candidaturas han sido impuestas desde las elites dirigentes, de forma arbitraria, no democrática y menos aún representativa, y eso ha generado en varias ocasiones pugnas con las bases partidarias, como ocurrió con el hijo de Juan Antonio Coloma o como ocurrió con Luis Plaza en Cerro Navia.

El diagnóstico es claro. El problema es que los ciudadanos –aún cuando luego se quejan- siguen legitimando el carácter hereditario del poder político y el monopolio de las elites sobre éste, votando por los hijos de otros líderes, como si el apellido fuera garantía de buen gobierno, de representación, de vocación pública o de eficiencia administrativa.

En otras palabras, los propios ciudadanos votando por elites que sólo representan sus propios intereses, están convirtiendo la democracia en una monarquía electoral.

DIOS Y EL ESTADO

El debate generado en torno al proyecto para regular las uniones de hecho, presentado por los senadores Allamand y Chadwick, lleva detrás un alto tinte conservador, no sólo desde quienes buscan promover un modo de vida desde la fe, sino también desde aquellos que lo hacen desde el laicismo, sólo que unos defienden a Dios y otros al Estado, pero ambos son más bien autoritarios y no reconocen la autonomía más profunda del individuo.

El sentido común nos indica que las relaciones interpersonales y sobre todo las afectivas, son aspectos que conciernen al espacio más íntimo de los individuos, pues se construyen y constituyen bajo ese dominio, y que por tanto nadie tiene la facultad ni la capacidad de entrometerse en este espacio personal -ni el Estado, ni la religión-.

En este sentido, así como las personas, las relaciones afectivas por ser entre personas, son variadas, únicas e irrepetibles. Sin embargo, aún así teniendo presente esto, es frecuente –y lo ha sido históricamente- que las personas traten de categorizar estructurar y guiar las relaciones humanas mediante diversos criterios, prejuicios y convicciones de diversa índole, ya sea religiosa, moral, racial, socioeconómica, cultural, educacional, nacionalista, e incluso genética.

De esa pretensión deriva otra habitualidad, que consiste en que “otros” se entrometan en esa decisión profundamente personal que implica elegir y establecer una relación afectiva, para que se establezca dentro de lo que se considera normal, aceptable, natural, virtuoso, evolutivo, tradicional o ideal.

Esa intromisión se produce de diferentes modos, ya sea en el rol de padres (cuya validez es mayor que cualquier otra, si es a modo de consejo y no prohibición o imposición); mediante autoridades de diversa índole, ya sea religiosa, escolar, clínica, profesional; o simplemente en la forma de gente indiscreta como vecinas conventilleras, amigos entrometidos.

En todas esas intrusiones se rompe con el espacio de autonomía del individuo, para “recomendarle” o muchas veces “indicarle” (e incluso prohibirle), qué relación y qué persona es o no correcta para sí, su felicidad, su futuro y su vida. En definitiva se rompe con su albedrío para pretender regular lo más íntimo de una persona, que son sus afectos.

Ese afán a nivel más amplio tiene un sustrato más oculto, relativo al poder, el dominio y la autoridad, y por el cual durante la historia muchos han apelado a ficciones diversas, como el pecado, la culpa moral, la pureza racial, la mantención de tradiciones, el temor al futuro (el fin de la humanidad) o la pirotecnia legal, para ejercer de forma extensa mayor presión sobre los afectos de los sujetos.

En definitiva, lo que se busca por medios de dichas ficciones es establecer el reconocimiento de la autoridad a nivel más profundo, el de la conciencia. Quien logra establecer el gobierno de las conductas y los afectos ha logrado el dominio total de los sujetos. Esa ha sido la pretensión histórica de algunas religiones y también de la mayoría de las ideologías.

Por lo mismo, esas ficciones no operan sólo en cuanto a un espacio externo de la intimidad del sujeto (su relación con otro), sino en cuanto a su propia conciencia. Es decir, si la recomendación y la ficción a nivel externo y en cuanto a su propio bien no surgen efecto, entonces se busca hacerlos sentir culpables de su decisión por hacer mal al resto de la sociedad.

En todos los casos, estas ficciones responden a intereses particulares diversos (dogmas, sistemas de creencia, ideologías, concepciones raciales, intereses económicos o políticos, tradiciones) que buscan enmarcan o hacer calzar determinadas concepciones particulares al comportamiento de los sujetos, y en ningún priorizan un bien colectivo –presente o futuro- menos aún un bien del individuo en cuestión.

Así por ejemplo, la ficción religiosa de que el matrimonio era válido sólo entre creyentes de una misma religión, servía en un primer momento para asegurar el número de fieles y de súbditos al monarca, pero también para aumentar las arcas de los líderes clericales y para proyectar su influencia futura en los hijos de los recién casados parroquianos.

Así mismo, el surgimiento del matrimonio civil a manos del Estado, nacido luego de los procesos de reforma y posterior secularización, fue una forma de quitarle poder a las Iglesias en cuanto a sus espacios de injerencia en la vida de los ciudadanos, pero también una nueva forma de disciplinar a esos ciudadanos, al establecer la idea de nacionalidad mediante ciertos requisitos para que la unión fuera del todo válida. El castigo se aplicaba en la prole, que no sólo corría el riesgo de ser ilegítima, sino también apátrida o sin territorio.

Los mismos tópicos giran en torno al debate generado en torno al proyecto presentado por los senadores Allamand y Chadwick para regular las uniones de hecho.

En dicha propuesta, donde no se distingue el tipo de convivencia, se contraponen ambas ficciones. Por eso conlleva un alto tinte conservador, no sólo desde quienes buscan promover un modo de vida para todos desde la fe, sino también desde aquellos que buscan regular esas formas desde el laicismo de la legalidad, sólo que unos defienden a Dios y otros al Estado, pero ambos son más bien autoritarios.

Desde ambos frentes –sea el religioso o el legal racional- se pretende regular y delimitar lo válido (o lo inválido) en cuanto a relaciones interpersonales. Desde ambos casos, se desconoce la humanidad del sujeto -sus afectos- más allá de cualquier autoridad, al prescribirles cierta conducta, modelo o régimen legal.

Desde ambos frentes, pero de modos distintos y sutiles, se busca establecer una autoridad, a partir del establecimiento o rechazo de un modus vivendi.

Como decía Bakunin, “No soy humano y libre yo mismo más que en tanto que reconozco la libertad y la humanidad de todos los hombres que me rodean. Un antropófago que come a su prisionero, tratándolo de bestia salvaje, no es un hombre, sino un animal. Ignorando la humanidad de sus esclavos ignora su propia humanidad”.

LOS ANARQUISTAS QUE DESTRUYEN LA ACRACIA

Los medios de comunicación siempre muestran como anarquistas a individuos que tienen peinados exóticos, visten botas militares, ropas diversas, beben a cada rato y no trabajan. Lo cierto es que éstos no son representantes del anarquismo, no sólo porque andan uniformados como cualquier miembro de un ejército sino porque no saben nada de anarquismo.

El anarquismo es una doctrina compleja, que ha tenido variantes en el tiempo que muchos desconocen, y que los medios de comunicación y la gente en general obvian al catalogar de anarquista a cualquier grupo antisocial.

Así, en el programa Cara y sello, se mostró a un grupo de jóvenes como exponentes del anarquismo –en contraposición a otro de estudiantes de colegio militar- pero cuyo comportamiento en muchos aspectos contravenían principios básicos de esta doctrina política.

Lo cierto es que esos tipos bebidos, con la disposición de agredir a flor de piel, sin respeto de ninguna índole, alérgicos al trabajo, y que la mayoría de las veces actúan en masa, no son anarquistas en sentido estricto. Esos antisociales, no son anarquistas, sino malos entendedores del anarquismo y de la libertad.

Algunos de ellos tienen una visión sesgada y sólo entienden el anarquismo como contraposición contra la autoridad y las normas, y de cuya posición sólo queda aislarse del “sistema” y enajenarse de éste, rompiendo todo tipo de normas, ejerciendo la prepotencia sobre otros, e incluso la violencia.

Pero el anarquismo plantea su contraposición contra la autoridad basado en otros conceptos esenciales, como que la principal propiedad de los individuos es su vida, sus creencias y su trabajo. Por tanto, ninguna autoridad es dueña de la vida de otros, ni de sus creencias, ni de su trabajo. En definitiva, nadie puede agredir a otro, excepto si es en defensa propia.

No entienden que “El hombre más libre es aquel que tiene más tratos con sus semejantes.” Tampoco entienden que la acracia no implica desorden o falta de organización.

Sin embargo, los “anarquistas” que nos muestran los medios, parecen no entender que la vida y el pensamiento son la primera propiedad privada del individuo. Tampoco entienden que la agresión o la disposición a ella, son el primera gran mal que existe en las sociedades.

Tampoco entienden que su búsqueda de identidad, en definitiva termina por generar un sesgo sectario, que contradice la idea de autonomía del individuo y de libertad de expresión. En este aspecto, lo que nos mostró el programa Cara y Sello como grupo anarquista no fue más que un grupo de jóvenes, vestidos todos de la misma forma y con casi las mismas actitudes ante todo. Es decir, uniformados y con actitud de grupo en todo sentido.

Por otro lado, ninguno manifestaba una mínima propensión a la independencia o la autonomía, sino más bien a la dependencia irremediable y futura de otros, pidiendo o sometiéndose a las lógicas del grupo. Por eso, tampoco parecen pretender desarrollar sus potencialidades, capacidades y talentos, sino más bien perderlas. Es decir, ceden de antemano ante el poder y la autoridad impuesta de antemano.

Es claro que estos “anarquistas” podrían fácilmente propender –y de hecho propenden- a la violencia y la agresión, y si tuvieran una posición de autoridad, probablemente podrían ser unos déspotas. Esos no son anarquistas.

UN AMIGO EN TU CAMINO, SI ES QUE NO HAY ALCOHOL

El vídeo con la brutal golpiza que le propinan un grupo de individuos a un joven ya es impactante por lo cobarde del hecho y el ensañamiento con que lo hacen. Pero lo peor de todo es que esos agresores son tres carabineros, que supuestamente deben proteger la vida de las personas.

Las imágenes son claras, una agresión cobarde y brutal, que propinan un grupo de seis individuos, entre ellos tres carabineros de franco, a un joven de polerón blanco, en plena calle.

Luego de varias patadas, puñetazos y golpes de cinturón en la cabeza, lo dejan votado en plena calle, mientras los vehículos esquivan su cuerpo. Luego, cuando el agredido se reincorpora, uno de ellos, el más cobarde y a la vez agresor de todos, vuelve para seguir golpeándolo con su cinturón, tras perseguirlo y hacerlo caer nuevamente.

Si eso ya es cobarde en todo sentido, lo peor viene después. Estos defensores de la ley -con el propósito de ocultar su criminal acto- acusan al agredido de asalto por el cual estuvo dos días detenido. Es decir, no les basta con actuar de forma matonezca, sino que arman un montaje para ocultar la verdadera razón de tan brutal agresión: un lío de faldas.

Esta vez, las cámaras de seguridad fueron de gran utilidad, pues permitieron mostrar la realidad del asunto.

Pero de esto se desprenden varias preguntas como: ¿Qué clase de ética se les enseña a los policías chilenos? ¿Sabrán que su función es proteger a las personas?

Si actúan así de brutales de franco, no quiero imaginar como lo harán detrás de un uniforme y una pistola.

Muchos dirán que es un caso aislado, que estaban bebidos, etc. Pero el problema es que:

1) No hablamos de un solo carabinero borracho, hablamos de tres, que no sólo están en ese estado, sino que se creen con el derecho de agredir por cualquier motivo -por insulso que sea- a otra personas.

2) Actúan de mala forma, no sólo con alcohol sino que sobrios, pues arman un montaje para culpar a su víctima.

Acaso ¿Ninguno de esos tres funcionarios pudo tomar cordura de la brutalidad de cometían? ¿Tan borrachos estaban, o tan brutos son como para no parar una pelea que terminó cuando el otro cae inconsciente?

Armar un montaje y sostenerlo es de una mente criminal simplemente. Entonces ¿Estamos ante tres mentes criminales?

Pero además hay otros elementos que ponen en tela de juicio la formación y los filtros a la hora de incorporar nuevos policías, pues el consumo desmedido de alcohol de estos funcionarios parece indicar que algunos de ellos, sin el uniforme, pierden toda cordura y respeto por la norma.

No creo que haya sido su primera borrachera como pandilla de uniformados de franco. No es novedad tampoco.

Y no sólo eso, parece que hay una falla en la formación puesto que no es uno, sino que tres los que se creen con el derecho de agredir gratuitamente a otros, por el simple hecho de ser policías. Grave.

Y me pregunto de nuevo ¿Qué clase de ética se les enseña a los policías chilenos?

http://latercera.com/contenido/654_190454_9.shtml

EL DESQUICIADO BICENTENARIO

La celebración del Bicentenario el próximo año, ha sido levantada por las elites, como punto culminante del devenir patrio y sus bases fundacionales. Sin embargo, es más bien un acto patológico de negación, que cubre bajo esa sensación de irrefrenable festejo, la realidad cruda de una chilenidad actual atrofiada, enferma y fracturada, producto de la desviación de sus propias elites.

El Bicentenario como construcción discursiva, con la máxima fastuosidad publicitaria, emula la idea de una nación que ha dejado atrás todas las estructuras y ataduras vetustas del antiguo régimen colonial.

Sin embargo, detrás del discurso del Bicentenario se esconde la crudeza de la existencia inmediata que define la realidad de un Chile indefinido, que en el siglo XXI no es ni desarrollado ni tercermundista, sino expresión de su propia génesis como nación. Un país insustancial, fracturado en diversas dimensiones, estamental. Una promesa republicana de 200 años, no cumplida.

Así, como aquel sujeto que a pesar de los años sigue creyéndose joven, con el Bicentenario sólo se pretende ocultar para Chile, que el paso del tiempo ha sido sólo cronológico, y no institucional ni ideológico. El antiguo régimen parece no haber cambiado en el fondo, sólo en la forma. Quizás por eso Bernardo Subercaseaux dice que hay un país con déficit de espesor cultural. Por ende, un país sin una identidad clara, permeable, potencialmente indisciplinado.

Por eso para las elites –políticas, económicas, culturales, etc- el Bicentenario es tan valioso, pues se constituye como un eje rearticulador de la idea de progreso que se impuso desde la fundación patria y que prometía la “copia feliz del Edén”…desde arriba.

En otras palabras, celebrar 200 años -de la patria, nación, Chile- es un salvavidas para su dominio sin interrupción, ocultando su ineptitud histórica para cumplir con las promesas independentistas. Es una forma desesperada de retomar el principio de un camino que se desvío casi en sus primeros pasos, pero sin que nadie se dé cuenta.

En el fondo, el Bicentenario sólo sirve para reforzar a las propias elites y disciplinar al pueblo atomizado, pues al igual que la fundación, la celebración no es obra de un pueblo llamado Chile, sino que proviene del Estado, y en específico de las elites que lo han controlado por dos siglos, pues tal como decía Mario Góngora, Chile no es un pueblo que surgió de la cotidianeidad, sino que una nación, o sea, una construcción.

Por eso las elites, a través del Bicentenario, tratan de recomponer esa construcción, imponiendo una realidad social nueva desde el imaginario colectivo, donde no se percibe que el devenir de la patria ha sido –tal como decía Gaetano Mosca- la historia de las elites, y cuya desviación en cuanto a las pretensiones fundacionales se produjo casi al mismo tiempo.

Lo cierto es que Chile, debido a esa especie de amnesia fundacional de sus elites, en muchas ocasiones y espacios sigue siendo un pueblo colonial en el último rincón del mundo, cuyos principios fundacionales son el caudillismo, el patronazgo, el latifundio, el autoritarismo, el clasismo, el racismo y el paternalismo extremo.

Así, sigue siendo una seudo-república donde las elites aún desconfían profundamente de los ciudadanos. Las elites siguen desviadas. El Bicentenario sólo es una nueva posibilidad disciplinarlos con esperanzas que se cumplan en 200 años más.

DEBATE PRESIDENCIAL: MUCHO SLOGAN Y POCO CONTENIDO

El primer debate presidencial evidenció que algunos candidatos podrían ser animadores de televisión más que presidentes, pues repiten muy bien los slogan, pautas y libretos, pero carecen de contenido propio, no piensan por si mismos y lo que realmente piensan no lo dicen.

En primer debate presidencial 2009 permitió ver a los candidatos en una faceta más “real” -aunque algunos estaban al son del libreto- distinta a la imagen distante e inexpresiva creada para los miles de afiches y carteles de campaña que ya invaden las calles (aún cuando la ley lo prohíbe claramente).

Pudimos ver al ser humano inmediato, pensante, al animal político, y no la simple imagen publicitaria, de modelo sonriente y fotográfico.

Pudimos apreciar al individuo con todas sus imperfecciones, vacilaciones, aciertos verbales y agudezas intelectuales, y no sólo una imagen estática, corregida a punta de programas computacionales.

De alguna forma, aunque deficiente, el debate nos alejó un poco de la política del marketing y el cartel publicitario a la que nos tienen acostumbrados. Nos trató de llevar a través de las pantallas a la vieja y abandonada política, de las ideas, del diálogo y la asamblea (el ágora). Y en ese terreno, algunos de los candidatos mostraron profundas falencias y debilidades.

Mientras Arrate fue el más claro y agudo en exponer problemáticas y Enríquez Ominami el más preciso en sus propuestas, Frei y Piñera fueron ambiguos en casi todo, se enfrascaron en discusiones personalistas, con intervenciones sin mucho contenido, llenas de lugares comunes, frases hechas y mucho slogan.

Lo anterior tiene una explicación lógica. Frei y Piñera son candidatos de coaliciones que han dominado la institucionalidad política por 20 años, que han abandonado el desarrollo constante de contenidos, dando prioridad a la continuidad de esa misma institucionalidad. En ese sentido, Frei y Piñera son claramente autocomplacientes.

Así, en el fondo ninguno de los dos cuestiona la institucionalidad vigente. Lo consideran innecesario. Eso se apreció en la escasa autocrítica de Frei y en la ambigüedad de Piñera.

Por otro lado, Enríquez Ominami y Arrate, en mayor o menor medida, se plantean críticos de la institucionalidad vigente y eso les obliga a generar nuevos contenidos, y los coloca en contraposición con la Alianza y la Concertación.

Frei y Piñera representan la política sin ciudadanos, porque suprimen lo político en cuanto diálogo e ideas y lo reducen a elegir opciones según slogan. No consideran ciudadanos sino electores. Por eso el rechazo de ambos a los debates.
Arrate y Enríquez Ominami en cambio, necesitan generar el diálogo y las ideas pues necesitan convencer para tener apoyos, no pueden apelar a simples votantes sino que a ciudadanos.

En definitiva, el debate nos recordó que la política no es sólo la frase bonita o el cartel publicitario más grande, sino también la idea, el contenido, y sobre todo la crítica (y autocrítica) para ir mejorando y no paralizarse. Tal como decía Aristóteles, no hay régimen perfecto sino perfectible.

El debate nos mostró que en nuestra política aún prima mucho el slogan y poco el contenido.

LA REBELION DE LAS MASAS…IDIOTAS (FLAITES)

Los disturbios y peleas ocurridos en el parque O´Higgins durante las celebraciones de las fiestas patrias, son la expresión de una cultura de masas idiota y totalmente desbordada, carente de normas en cuanta vida social e individual. Una cultura de masas alienada, compuesta de una suma de individuos desprovista de toda civilidad.

Tal como decía Ortega y Gasset, “La vida pública no es sólo política, sino, a la par y aun antes, intelectual, moral, económica, religiosa; comprende los usos todos colectivos e incluye el modo de vestir y el modo de gozar”.

En las peleas en el Parque O´Higgins que mostró la TV, pudimos ver a un tipo de sujeto bastante identificable en cuanto modo de vestir y gozar, el “flaite”* cuya “cualidad común, es lo mostrenco social, es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico…” según Ortega y Gasset.

Y esto no tiene relación esencial con clases o sectores sociales específicos, sino con comportamientos, con una cultura de masas antisocial que se ha hecho masiva y que es apreciable en los medios de comunicación, en las calles, en las artes y en la política.

Como dice el filósofo español, “la división de la sociedad en masas y minorías excelentes no es, por lo tanto, una división en clases sociales, sino en clases de hombres, y no puede coincidir con la jerarquización en clases superiores e inferiores”.

Por lo mismo, en las carreteras y en los barrios más pudientes de las ciudades anda mucho “flaite” en autos de alto precio, transgrediendo toda norma mínima de civilidad al volante en cuanto al resto o con sus vecinos. Ese sujeto antisocial -como dice el autor español- no es más que aquel petulante que se cree superior a los demás. Muchos son instruidos, pero sin embargo, son hombres masa (flaites) en todo sentido.

Así, el flaite es el nuevo prototipo de la cultura de masas, aquel individuo que carece de todo contenido político y social, y que opera como un hombre masa en cuanto puede hacerlo.

Este prototipo de “ciudadano” (si podemos llamarlo así) es producto de los medios de comunicación, el sistema educacional y los nuevos modos de consumo que operan actualmente.

Abundan en los estadios y barras de los equipos de fútbol, en los malls cada fin de semana, en las manifestaciones o actos públicos (a las cuales se suman sin saber el leiv motiv de éstos), y en cualquier evento masivo que implique aglomeración o muchedumbre.

El flaite es la materialización del ciudadano convertido en consumidor compulsivo e ignorante, pues no sólo carece de ideales o principios comunes sino que tal como dice Ortega y Gasset, “no se valora a sí mismo -en bien o en mal- por razones especiales, sino que se siente «como todo el mundo» y, sin embargo, no se angustia, se siente a saber al sentirse idéntico a los demás…”. (Punto aparte es que ésto parece no complicar a quienes tienen poder político o económico, sino que más bien les parece lo óptimo, pues el flaite es eficiente en cuanto deslegitimar -con su propio actuar- cualquier manifestación pública de ciudadanos responsables, fortaleciento entonces el discurso elitista de las elites gobernantes).

Los medios, sobre todo la radio, la televisión y la publicidad, han sobreexplotado la cultura flaite, sobre todo con los programas de “farándula”, los realities show y los programas juveniles, generando una homogeneización extraña que por un lado resalta la individualidad pero que termina por igualar a todos en cuanto vestimentas, música, gustos, intereses, pero sobre todo en la calaña de los contenidos.

Por lo mismo, la cultura flaite, esta nueva rebelión de la masa, se ha hecho cada vez más notoria e invasiva en varias dimensiones sociales. No sólo ha hegemonizado los medios abiertos como la TV o los diarios, sino que la mayor parte de los espacios públicos y en los modos de comportamientos de los sujetos.

Así, no es rato tener que escuchar música (aunque no nos guste) proveniente de estrambóticos celulares o desde autos con alto parlantes “enchulados”, sino también soportar muchas veces, la baja civilidad e incluso la cultura criminal de algunos individuos (que en su mayoría no saber estar en espacios públicos).

Así, lo que vemos cuando ocurren muchedumbres como las del parque O´Higgins es una suma de individuos “irracionales” en un sentido colectivo, que carecen de noción individual y a la vez de noción social. Son los idiotas en el sentido estricto de la palabra.

Lo que vimos en el Parque O´Higgins, años atrás un lugar tradicional donde las familias festejaban, es la expresión de una cultura de masas idiota y totalmente desbordada, carente de normas en cuanta vida social e individual. Una cultura de masas alienada, desprovista de toda civilidad.

*El flaite es un modismo usado en Chile para referir a sujetos marginales o de conducta mal educada o antisocial.

EL VERDADERO CAMBIO

Los verdaderos cambios –no los de simple slogan- la mayoría de las veces se producen de forma imperceptible, silenciosa, sin aspavientos, ni violencia. La gente no los visualiza y generalmente las elites los detectan cuando éstos ya llevan bastante avance. El nuevo orden, el cambio legítimo y verdadero, no provendrá de las elites, ni de algún iluminado de turno, sino y como siempre debería ser, de los propios ciudadanos.

Desde inicios de la época moderna, el eje de casi todas las disputas políticas ha sido el cambio, entendido como la contraposición entre un orden político y social vetusto, desgastado y otro renovado, esperanzador y con futuro. (Antiguo Régimen versus la Revolución; absolutismo versus liberalismo; capitalismo versus marxismo, tradicionalismo versus modernidad, etc).

En esa misma lógica, en Chile la mayor parte de las disputas políticas del último tiempo han girado en torno al tema del cambio, que se ha vuelto el eje para definir la contraposición entre los candidatos y establecer sus diferencias.

Sin embargo, lo viejo y lo nuevo no son posiciones estáticas, ni absolutas sino contextuales, y el paso del tiempo y el discurso siempre se encargan de alterar o exacerbar esas percepciones.

En 1990 la Concertación representaba un posible nuevo orden en todo sentido (por eso su slogan “La Alegría ya viene”), mientras que el régimen militar significaba lo viejo, la continuidad del sistema dictatorial y los tiempos de mayor fractura política.

Luego de casi 20 años en el poder, ante la ciudadanía la Concertación ha perdido ese semblante novedoso, no sólo por el paso natural del tiempo, sino también por otros factores como la falta de nuevos liderazgos, una creciente tendencia a la partidocracia, y el mantenimiento de la institucionalidad autoritaria casi intacta.

En ese contexto, la Alianza ha levantado del discurso del cambio como foco central de su oferta política, no tanto por que ésta represente lo nuevo ni el cambio verdadero, sino más bien por una imperiosa necesidad, poder diferenciarse de la Concertación, porque de lo contrario no puede hacerlo en el contexto político actual.

En otras palabras, sin el slogan del cambio, la Alianza es igual que la Concertación en cuanto alternativa electoral, pues sus planteamientos no van más allá de criticar el tiempo que lleva la Concertación en el poder (la misma idea era la alternancia) y la forma en que han administrado el orden político imperante (mediante la simple apelación a traer a los mejores para gobernar).

Si nos abstenemos de esos dos factores, la Concertación y la Alianza no se diferencian en mucho sólo que uno quiere mantener el poder y el otro llegar a éste. Es una diferencia de forma, no de fondo. Y eso, los ciudadanos lo notan cada vez más.

En otras palabras, ambas coaliciones representan el viejo orden político (que es el imperante hoy día) que sigue siendo el orden institucional estructurado y planificado durante el régimen militar, con un sistema electoral tutelado que ha mantenido a las mismas elites políticas por 20 años, que ha fortalecido un sistema partidocrático, y ha dado paso a una oligarquía buró-empresarial transversal.

En forma creciente, para más ciudadanos, ambos sectores (la Concertación y la Alianza) representan a quienes por 20 años han hegemonizado la política en cuanto representación y han hecho usufructo del sistema político y electoral para beneficio propio.

Ambos sectores encargan un orden institucional que pierde creciente validez, porque es cada vez menos representativo, está cada vez más viciado en su interior, y no es más que una oligarquía isonómica, donde existen derechos civiles iguales, pero no derechos políticos iguales.

La gente lo sabe, y la prensa de vez en cuando lo hace notar.

Los otros candidatos, aún cuando proponen cambios, terminan por validar la misma estructura institucional al entrar en el juego electoral, y también al desarrollar en sus propias organizaciones, los mismos vicios y prácticas que critican.

En otras palabras, los candidatos se convierten en las opciones que el sistema ofrece y permite y no las opciones que los ciudadanos pretenden o consideran.

Por eso, muchos ciudadanos no votarán por ninguno de los candidatos en estas elecciones y quizás en varias más. Ese es y será el verdadero cambio. Esa es la verdadera revolución. Esa es la forma de cambiar el fondo y no sólo la forma.

El nuevo orden, el cambio legítimo y verdadero, no provendrá de las elites, ni de algún iluminado de turno, sino y como siempre debería ser, de los propios ciudadanos, de forma silenciosa e imperceptible.

LOS VOTANTES PERDIDOS

Los resultados de la encuesta CEP julio-agosto no aportan nada nuevo, excepto –y de forma involuntaria- que el número de gente que no votará por nadie está aumentando.

Cifras más cifras menos, millones más o millones menos en campaña, el escenario político parece no alterarse mayormente. Las intenciones de la gente parecen estáticas, y los candidatos parecen no ganar adeptos –a pesar de la cantidad de dinero gastado, carteles pegados y spot grabados- sino más bien conservar los ya adquiridos.

El votante chileno es conservador, no es innovador ni muy variable. Sin embargo, hay un fenómeno que ninguna encuesta, incluida la CEP, quiere mostrar, aunque es patente, el aumento de gente que no votará por nadie, ya sea por no estar inscrito o porque nadie lo convence.

Y no quieren decirlo ni mostrarlo porque el efecto sería arrollador. Sí, porque la gente aún cuando vota de manera conservadora o rígida, es susceptible ante ciertos mensajes. Y decir que aumentan los que no votan por nadie, es un mensaje es claro: no son pocos los que consideran que la clase política no está a la altura…

Probablemente muchos ciudadanos opinan eso, en sus casas, en sus trabajos, en los asados, en la sobremesa. Y sin embargo, probablemente votarán por algún candidato, simplemente porque asumen -inconscientemente- que eso es lo lógico. No votar es un desperdicio, una irracionalidad.

¿Y si varios lo hacen? ¿Están todos locos? No necesariamente. Probablemente varios ya hacen un diagnóstico del entorno político, libre del fervor ideológico-partidario, o de la errada exaltación cívica que indica que lo bueno es votar por lo que hay (algunos votan por x candidato, más por una mal entendida obligación cívica que por convicción política).

Si uno analiza los resultados de la CEP y más aún, cree en ellos, prácticamente no hay alteraciones en las preferencias de los electores. Si entendemos la política como convencimiento del otro ¿Qué clase de políticos son éstos, que no convencen a nadie? ¿Realmente hacen política?

Quizás por eso, el número de gente que no votará por nadie crece silenciosamente mientras son más los que ven el acto de votar por nadie como algo válido y razonable. Porque no hay política.

Por eso, quienes necesitan de la legitimidad del ciudadano a través de su voto, le ofrecen poder desesperadamente, en campañas de TV, en radios, en carteles y gigantografías publicitarias, como si fueran consumidores. Pero no hay política ¿Publicidad engañosa entonces?

Los ciudadanos comienzan a darse cuenta que no hay política, sino otra cosa extraña.
Por eso, los resultados de la encuesta CEP julio-agosto no aportan nada nuevo, excepto –y de forma involuntaria- que el número de gente que no votará por nadie está aumentando calladamente. Esa es la verdadera revolución silenciosa.

El fin de la virtud

El episodio entre representantes de dos poderes del Estado sólo muestra que la virtud (el arete), aquello que tanto valoraban los griegos, está desaparecida.

Para Aristóteles, el político, según su apetito recto, relacionado con las virtudes humanas, desarrolla la virtud en el aspecto práctico, pues conoce para obrar bien. Ese es su fin último, el bien común de la polis, por tanto ejerce su poder en forma racional sobre la polis.

“Poder se dice también de la facultad de hacer bien alguna cosa o de hacerla en virtud de su voluntad” (Aristóteles, 2000: 149).

La política debe ser conocida por quienes practican apetitos rectos, deben tener ética, que es parte de la filosofía práctica, junto a la política y la economía.

Según Aristóteles quien legisla y gobierna debe volcar su virtud, su conocimiento hacía la praxis, para ser un buen ciudadano y generar el bien común. Por eso el ideal de gobierno de Aristóteles es la aristocracia o el gobierno de los virtuosos.

Por lo mismo, Aristóteles justifica el poder ejercido por los aristócratas políticos, quienes serían los más virtuosos de la polis y los únicos capaces de obrar según la virtud, el bien obrar, y las virtudes máximas, la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia.

Pero ¿Se cumplen hoy día esas premisas? Al parecer no. Los hechos lo demuestran claramente.

La guerra de papeles entre el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma y el diputado Arenas en plena sesión del Congreso donde se interpelaba al representante del Ejecutivo por la situación en la Araucanía, son sólo otro ejemplo de este claro debilitamiento y la degradación de la “aristocracia”.

Pero esta semana hemos tenido otras dos muestras de que el arete (la virtud) se perdió en gran medida con: las declaraciones de Evelyn Matthei en cuanto al mal uso de asignaciones parlamentarias; y el uso de vehículos fiscales para un acto de campaña de Eduardo Frei.

Así, y como diciendo, si todos lo hacen es normal y correcto, sin ningún tipo de vergüenza –y más bien como una justificación- Evelyn Matthei declaró que lo que se le acusa a la diputada Claudia Nogueira (UDI) –mal uso de recursos públicos y asignaciones parlamentarias- es una práctica generalizada, que es común a todos los diputados, y que es un "pecado colectivo" pues todos lo hacen.

Planteó que existían dos opciones: o un desfile de diputados en tribunales o un arreglo político (el uso de un resquicio para hacer que la falta no sea tal, tal como se hizo con el caso sobresueldos el 2003).

Claramente la primera medida es la más democrática, pues permite que funcionen los checks and balance (que el poder tenga contrapesos). La segunda, es claramente una medida elitista, donde la clase política protege sus intereses y no los de los ciudadanos.

Como es lógico y no por eso ético, la senadora prefiere la segunda solución.
Como la virtud no es de exclusividad de una clase, ideología, credo, raza o grupo social, la perdida del arete que valoraba Aristóteles, parece ser transversal en nuestro escenario político actual.

Por eso, la ministra de Cultura, Paulina Urrutia; de Trabajo, Claudia Serrano y a la subsecretaria de Minería, Verónica Barahona, no tuvieron problemas en utilizar vehículos oficiales para asistir a una actividad de campaña de Eduardo Frei, aún cuando una orden del propio Ejecutivo, o sea de la Presidenta, impedía tal uso.

Sin embargo, y en la misma lógica de Matthei, en cuanto a que si todos lo hacen es normal y correcto, el ministro Viera-Gallo –quién además usa balizas aunque es ilegal- en apoyo a las ministras, dijo que él también usa el vehículo para actividades no propias del cargo.

En ambos casos, el mal uso de los recursos públicos, obtenidos a través de los impuestos que los ciudadanos comunes y corrientes pagan, son utilizados por las elites en pro de sus propios intereses, y peor aún esos malos usos son justificados en nombre del bien común a través de subterfugios.

Por eso, la guerra de papeles entre representantes de dos poderes del Estado en pleno Congreso y a vista y paciencia de todos, sólo muestra que la virtud (el arete), al que apelaba el gran Filósofo griego, está desaparecida casi en su totalidad en la propia “aristocracia” chilena, que más parece degradada.

Y todos ya sabemos que cuando la Aristocracia se pervierte, se convierte en Oligarquía.

-Aristóteles. (2000) La Metafísica. Colección Austral, Madrid.

Los mapuches y la tierra, un análisis mutualista

Desde un punto de vista mutualista, el argumento en contra de la devolución de tierras a los mapuches, basado en la venta por parte de algunos, parece falaz, pues dichas tierras en el fondo fueron obtenidas por medio de la fuerza por parte del Estado chileno, y no a través de libre intercambio.

Los últimos acontecimientos en la Araucanía, no sólo demuestran que la estructura política e institucional chilena es incapaz de absorber las demandas e insertar a dichos sectores como actores políticos y sociales, aún cuando presentan un claro proceso de indigenización, sino que no son capaces de dilucidar que la raíz del problema tiene un origen histórico profundo: la pacificación de la Araucanía, que en realidad fue una invasión militar.

Desde un punto de vista mutualista, esto es una clara acción de agresión del Estado en contra de legítimos propietarios de la tierra, a través del traspaso a colonos.

Durante el gobierno de Domingo Santa María y luego de la Guerra del Pacífico, se inicia una segunda campaña de incorporación de la Araucanía, luego de un proceso de sublevación mapuche.

Bajo el triunfo del Estado chileno, se estructuró entonces una institucionalidad, que eliminó al sujeto indígena como potencial actor político, económico y social, excluyéndolo de la educación y el acceso a bienes y espacios que el gobierno y otras esferas generaban, atomizando sus comunidades y reduciéndolas a grupos familiares carentes de capacidad para generar una organización amplia bajo criterios etnográficos.

Uno de los argumentos en contra de las demandas mapuches consiste en decir que las tierras fueron vendidas por estos y que los actuales propietarios de las antiguas tierras mapuches son legítimos en cuanto las adquirieron mediante compras.

Desde un punto de vista mutualista, el argumento en contra de la devolución de tierras a los mapuches, basado en la venta por parte de algunos, parece falaz, pues dichas tierras en el fondo fueron obtenidas por medio de la fuerza por parte del Estado chileno, y no a través de libre intercambio.

Lo cierto es que aún cuando el actual dueño de la tierra la haya comprado “honestamente”, para que dicha propiedad sea legítima es necesario que el vendedor (El Estado) estuviera en posesión legítima para tener el derecho de venderla. Y el Estado chileno adquirió esas tierras por la fuerza y no por compra.

De lo contrario, como plantea Lysander Spooner “el título legítimo continuará perteneciendo a los desposeídos de su propiedad aun después de una, dos, tres y cien ventas con ahorro y trabajo de por medio”.

Las comunidades mapuches parecen haber tomados conciencia de este antecedente histórico, rompiendo con una lógica institucional y discursiva que se sedimento desde los inicios de la nueva república chilena, que no sólo borró cualquier vestigio de su propiedad sobre los nuevos territorios ocupados sino que fueron reduciendo la presencia de su cultura dentro del ideario nacional, bajo el discurso de lo criollo como constitutivo de lo chileno.

Debido al mayor acceso a información y bienes, generado por el mayor acceso a la educación e información de las generaciones más jóvenes de mapuches, se han visto con mayores incentivos para desarrollar sus organizaciones, revalorar sus aspectos culturales y articular sus demandas, que van desde la propiedad de la tierra hasta la no discriminación en general.

Porque contrario a lo que muchos plantean, las demandas no necesariamente provienen de mapuches excluidos, sino de jóvenes líderes mapuches que son universitarios.

Es claro que la creciente irrupción del mapuche como sujeto activo en cuanto a sus demandas, descoloca a los actores políticos institucionales, que no saben cómo cooptarlos y por tanto, no ven más opción que deslegitimar su incursión como actor social y político, penalizando y judicializando sus demandas sobre la propiedad de las tierras, asumiéndolas como totalmente ilegítimas, aunque la historia diga lo contrario.

El Gran engaño o quienes son los gatopardos…

Si el PC apoya en segunda vuelta a Frei, claramente los "gatopardistas", aquellos que engañaron y distrajeron al electorado, y “al pueblo”, ha sido la propia izquierda extraparlamentaria.

La idea de Arrate como candidato presidencial surgió como un proceso independiente desde dentro del PS, que se dilucidaba en principio, como un paso para conformar una nueva fuerza de izquierda amplia, democrática, moderna y competitiva.

Se interpretaba como un primer paso para dar respuesta a una creciente necesidad, la de construir una alternativa política a las coaliciones hegemónicas -la Concertación y la Alianza- nueva y viable que aunara a distintos sectores.

Por lo mismo, no era raro que de esos sectores provinieran duras críticas a la Concertación, declarando su estado mortuorio, su anquilosamiento, su elitismo excesivo, y donde tanto la Alianza como la Concertación, eran visualizadas como un solo cuerpo, que en el fondo representaban lo mismo, el continuismo, etc.

En ese contexto, Arrate comienza a surgir como el rostro visible para la construcción de un proyecto político nuevo, con el que diversas personas se identificaban sin importar su partido de procedencia o historial político, pero que querían cambios profundos, como un nuevo sistema electoral o una nueva constitucionalidad, y evitar las lógicas políticas nefastas que tanto se criticaban, fomentando la participación y la inclusión de distintos actores y sectores.

En el proceso, en ningún caso se pretendía refaccionar el Juntos Podemos o convertir a Arrate en el candidato de éste (aunque sí tratar de atraer su apoyo al igual que los de Navarro por ejemplo, para construir una nueva fuerza amplia).

Se tenía claro que Arrate debería representar algo completamente nuevo, porque no surgió como candidato exclusivo del Juntos Podemos -que tenía a otros posibles candidatos- sino de sectores socialistas descolgados, decepcionados (o fracasados según Escalona), pero sobre todo de ciudadanos diversos, incluidos independientes, gente decepcionada de la política en general, etc.

¿Qué ha ocurrido en la praxis desde la proclamación de Arrate como candidato del Juntos Podemos?

Primero, los Humanistas se fueron del JP, dando su apoyo a Marco Enríquez Ominami. Segundo, Arrate es el candidato del Juntos Podemos y no de un nuevo proyecto político, ni el nombre cambió.

Lo último. A meses de la elección presidencial, Teillier no descarta apoyar a Frei en segunda vuelta.

Al parecer Teillier está tomando en cuenta que Arrate no pasa del 1% según las encuestas, que los humanistas ya se fueron con Marco Enríquez y que el pacto contra la exclusión ya está hecho.

Así, a meses de la elección, al parecer le da lo mismo lo que ocurra con Arrate en primera vuelta pues ya proyecta la segunda, asegurando su apoyo a Frei aún cuando el propio candidato del JP ha dicho que existe colusión “entre Piñera, MEO y Frei”. E incluso que “son todos lo peor de lo mismos, lo menos de lo mismo y más de lo mismo”.

¿Alguien entiende esta especie de autoinstrumentalización y auto cooptación? ¿Qué dice Arrate de esta auto “torpedeada”?

¿Qué paso con el nuevo proyecto político en el que participaban independientes y personas de otros partidos? Si es que queda algo de éste ¿Se disolverá en pro del pacto contra la exclusión que favorece al PC?

Algunos dirán que el apoyo es válido pues ya está el pacto contra la exclusión y así se logra la mayoría parlamentaria para llevar a cabo los cambios. Eso dijo Frei.

La pregunta es ¿Por qué ahora se harían esos cambios si en veinte años no se han hecho?
¿Se podrán hacer tomando en cuenta que en el parlamento se rechazo la ley que limitaba la reelección? ¿Harán los cambios los mismos que no quieren dejar de ser reelectos? ¿Por qué el PC no apoya a Frei de inmediato si ya consideran que Arrate no pasa la primera vuelta?

Más aún ¿Qué pasó con la construcción de una nueva alternativa política a la Concertación y la Alianza?

Lo cierto es que si el PC apoya en segunda vuelta a Frei, claramente los "gatopardistas", aquellos que engañaron y distrajeron al electorado y “al pueblo”, no fueron Marco Enríquez y compañía como se ha dicho, sino la propia izquierda extraparlamentaria al legitimar a la misma coalición que critican.

Lo anterior tiene una probable explicación. Rigidez, pero sobre todo poca inteligencia política.

EL FACTOR MEO

Cuando MEO irrumpió y descalabro el escenario político con su candidatura, alterando la binominalidad porcentual, atrayendo a sectores descontentos con la Concertación y la Alianza, no atraídos ni por Frei, Piñera ni el Junto Podemos o el PC, estos últimos no hallaron nada mejor que atacarle.

No sólo actuaron antidemocráticamente al deslegitimar a priori sus pretensiones electorales, sino que le acusaron de ser una especie de distractor de la derecha, (un derechista claramente) para evitar la organización de las fuerzas de la izquierda dispersa y no articulada.

Hasta ahora, se ha dicho que Meo es servil a la derecha, que se colude con Piñera para atacar a Frei, para dividir a la Concertación y permitir el triunfo del empresario, que es ambiguo.

En esa lógica se ha dicho que Piñera, Frei y MEO son más de lo mismo, y que la alternativa es la candidatura de Arrate, respaldada por el ex Juntos Podemos, que en realidad es el PC, la Izquierda Cristiana, varios socialistas e independientes.

Pero lo cierto es que no vieron que Meo -aún cuando le despreciaban pues provenía de la misma Concertación al igual que Arrate- no sólo coincidía con ellos en el diagnóstico en cuanto a la Concertación, sino que además, les daba la posibilidad de ampliar el espectro electoral a nivel de independientes. Sólo tenían que negociar inteligentemente.

¿Qué hubiera pasado –o pasaría- si el PC y el alicaído Juntos Podemos apoyarán a MEO, tal como lo hicieron sus socios humanistas, estableciendo ciertas condiciones o acuerdos mutuos en caso de lograr la presidencia? ¿Es o era tan inviable hacer eso? ¿Es tan rígida la ideología como para no establecer acuerdos?

Probablemente vencerían a Frei, incluso quizás a Piñera.

Sin embargo, el problema no sólo es que la mayoría de los actores políticos chilenos manejan sus ideas como si fueran piedras, sin poder negociar, sino que reproducen las mismas prácticas que critican.

Cuestionan el elitismo y la partidocracia, y sin embargo, conforman rápidamente elites y grupos partidarios de decisión y de clientes políticos, que finalmente terminan por dejar a las bases e independientes relegados.

Y no manejan ni pretenden crear mecanismo alguno para evitar eso. Por lo mismo, las disputas intestinas terminan por debilitar aún más la posible unidad, sobre todo porque no hay ningún liderazgo.

Critican la falta de diálogo. Pues bien, y acorde a la lógica anterior, mal entienden el diálogo incluso con aquellos que pueden ser más cercanos a sus ideas. Todos son muy caudillistas y mesiánicos. Si no fuera así, Navarro y Arrate, hace rato habrían establecido un acuerdo de unidad basado en negociación y no ahora recién cuando quedan pocos meses. Pero no, ahora cada uno marca 1% por si solo.

Claramente, falta astucia política y en vez de generar un forado en la hegemonía dominante a la cual criticaban, se acercan a ella, hacen acuerdos parlamentarios y quizás le prometen los apoyos en segunda vuelta al candidato oficialista. De proyectos políticos nuevos nada.

¿De qué estamos hablando entonces?

Estado e Iglesia, una separación que los conservadores olvidan

La secularización de la sociedad chilena -la separación entre iglesia y Estado- ocurrió hace años. Por lo menos en el papel. Sin embargo, algunos ciudadanos parecen haber olvidado tal premisa confundiendo política con religión.

En un artículo publicado en los blogs de la Tercera, Alberto Pedro López-Hermida Russo, plantea que no se puede ser socialista y creyente a la vez. Según él, eso es claramente una contradicción.

Pero peor aún, plantea que para no ser incoherentes, "O se sigue a una Presidenta... o se sigue al Pontífice".

Ambas premisas son profundamente erradas.

En primer lugar, y como el común de la gente, confunde socialismo con marxismo, olvidando la histórica relación del socialismo utópico con algunos movimientos religiosos como los socialistas religiosos que participaban de la II Internacional o el primer presidente del Partido Laborista, el minero y socialista cristiano, James Keir Hardie.

Aquí ya podemos establecer la diferencia entre cristianos y católicos, siendo los primeros mucho más cercanos a posiciones libertarias que los segundos. Eso, se debe en parte a la Reforma Protestante, su contraposición al poder del papado, el surgimiento del absolutismo, las guerras de religión y la necesidad que se generó, en cuanto a establecer una neutralidad estatal, en relación a los sistemas de fe de los individuos. Ningún rey o príncipe podía imponer su credo a sus súbditos.

De no entender lo anterior, surge la segunda premisa errada de López, al decir que "O se sigue a una Presidenta... o se sigue al Pontífice".

Olvida que el espacio político y la política, no están para definir el sistema de creencias de los individuos como ciudadanos, sino para permitir el diálogo y el acuerdo entre estos. Si se cree lo contrario, entonces se tiene una visión totalizante de la política, que podría dar paso al totalitarismo o el fundamentalismo.

Por ende, ni el Estado ni los representantes en cuanto tales, pueden tomar partido por una religión, confesión o ideología para imponerlas sobre el conjunto de ciudadanos. Es decir, no pueden darle más valor a una que a otra.

Es ese el principio de neutralidad de valores: donde Estado y religión son esferas separadas y por lo tanto la autoridad política no es la autoridad religiosa. De lo contrario, estaríamos en una teocracia.

Por lo mismo, cada político puede tener su confesión religiosa, puede practicarla libremente, pero en cuanto representante político, ésta no tiene la supremacía. Si fuera así, entonces cada religión debería tener un brazo político y un escaño garantizado.

Lo cierto es que el espacio político es una dimensión separada de la dimensión religiosa.

Esa regla corre tanto para gobernantes como gobernados. Esa es la clave para que sea además, un espacio democrático, donde el diálogo prime sobre las verdades de fe o cualquier otro sistema de creencias.

Cizarro: Institucionalidad formal del Estado versus la institucionalidad informal del Hampa

La mayor crudeza en los últimos hechos delictivos, los altos índices de reincidencia y la presencia de menores en tales actos, pueden tener relación con la ambigüedad del marco institucional formal -las leyes y políticas- que se debería encargar de las acciones punitivo-preventivas y de reinserción en torno al delito, y la poca atención a los aspectos informales que operan en su constitución como actividad en el medio libre.

Es claro que el marco institucional -formal e informal- determina las pautas de acción de todo sujeto en un campo de actividad específico.

En el caso de la delincuencia como campo de acción, se produce una dualidad -una pugna- entre un marco formal amplio y totalizante, la legalidad del Estado de Derecho, y un marco informal, "los códigos del hampa" al que los sujetos que delinquen se someten individual y contextualmente.

Frecuentemente, se aplica con fuerza el marco formal del derecho sobre el cuerpo de los sujetos -la prisión, la detención- pero muy poco se hace en torno al marco informal en el que la mayoría de éstos fueron educados, se criaron, desarrollaron y se desempeñan en el medio libre.

Dicho marco informal es el que prevalece por sobre el respeto al marco formal legal, y la aplicación por parte del Estado del mismo, lo que se ve reflejado en la poca reinserción social y los altos índices de reincidencia delictiva.

Ese predominio, se produce incluso en cuanto a las políticas educacionales del Estado, pues debido a los bajos índices de escolaridad, son las prácticas del entorno social delictivo, internalizadas desde la infancia por los niños en riesgo social, las que terminan por ser aceptadas y muchas veces naturalizadas por los sujetos en su vida adulta.

Es decir, el gobierno físico de los sujetos, su control mediante el marco institucional legal, se vuelve de corto alcance tanto en la reclusión y como en el medio libre, donde el campo delictual es hegemónico, debido a la existencia de un marco informal que gobierna psicológicamente sus prácticas, intereses, acciones y contextos.

No es extraño entonces, que delincuentes encarcelados, sigan delinquiendo a través de diversos medios que les permiten romper las barreras físicas de la prisión, como celulares, familiares, etc. Tampoco es infrecuente, que una vez cumplidas sus condenas, retomen sus actividades delictivas y se "reinserten a sus medios delictuales libres". Más frecuente aún, es que ciertas formas de delito sean vistas como formas legítimas de subsistencia o como un trabajo más.

Lo anterior incide, en que el marco informal que se desarrolla en torno a actividades delictivas -que en definitiva lo son por ser contrarias al marco legal imperante- se conviertan en el marco formal que sustenta la instauración de una verdadera moral delictual.

Se produce entonces una especie de dimensión paralela a los espacios simbólicos donde el Derecho impera.

En este sentido, la cárcel se vuelve un espacio material donde las instituciones informales de la delincuencia se vuelven formales, y se convierten en ley interna para los reclusos e incluso de los agentes del Estado insertos en ella. En las cárceles impera la ley del hampa, por sobre el Estado de Derecho.

La prisión se vuelve entonces, una especie de isla, donde la pugna entre la institucionalidad del Estado es vencida por la institucionalidad informal del hampa, que encuentra un espacio para expandirse, naturalizarse, fortalecerse y sobre todo reproducirse.

La cárcel deja de ser el lugar donde se pretenden transformar o eliminar las prácticas que son base del comportamiento delictual.

Con eso se rompen definitivamente los principios básicos de la cárcel, como lugar punitivo y de reinserción.

Artículo republicado. Anteriormente abordaba el problema de Miguelito, un niño delincuente de 13 años.

El Chernobyl chileno

Una población viviendo en medio de la contaminación. 4 mil exámenes perdidos. Niños gravemente enfermos y un gobierno que sigue mintiendo y ocultando información. El escenario de esta tragedia no es Chernobyl, es Arica, en Chile.

Las poblaciones Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica fueron emplazadas sobre residuos de arsénico y plomo dejados a mediados de los 80’ por la empresa Sociedad Procesadora de Metales Promel Ltda., y que provenían de la empresa sueca, Boliden Metal A.B.

Aquí, ya el olor a corrupción es fuerte, pues no se sabe bajo qué modalidad Promel ingresó estos residuos a Chile, siendo que no tenía capacidad para tratar esos contaminantes.

A principios de los 90´ el hedor continúa pues el nuevo gobierno, sin realizar estudios ambientales previos, instaló a vivir a miles de familias de escasos recursos sobre el desecho mineral (plomo, cadmio, zinc, mercurio, cobre y arsénico).

Ya en 1995 alrededor de 15 mil personas ocupaban las poblaciones Los Industriales IV, Villa Los Laureles, Cerro Chuño, Villa El Solar y Villa El Amanecer, todas a escasos metros del lugar de acopio del material contaminante.

Al igual que en la tragedia de Chernobyl, los efectos de la contaminación comenzaron a mostrarse al poco tiempo en la población, con jaquecas, gastritis agudas, dolores de huesos, abortos, embarazos molares, trastornos de aprendizaje, problemas de crecimiento, y enfermedades respiratorias e invalidantes.

Y al igual que en Chernobyl, el gobierno ha mentido, ha ocultado y alterado información, ha pasado a llevar varios derechos, y ha actuado indolentemente por casi 20 años.

Así, en 1998 y luego que se estableciera emergencia sanitaria ambiental en el lugar debido a la presión de los vecinos, las altas autoridades de la época, como el Ministro de Salud Alex Figueroa, el jefe del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Juan Luis Castro y la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de diputados, se comprometieron a dar solución al problema, trasladando los desechos a 3 kilómetros de las poblaciones.

Lo cierto es que los desechos fueron traslados sólo 700 metros.

En esa época, el gobierno y sus agentes culparon al dueño de Promel de todo el asunto, obviando la grave negligencia de las autoridades sanitarias y que fue el Estado el que permitió de manera irresponsable la construcción de viviendas para miles de familias sobre arsénico.

El año 2000, siendo ministra de salud la actual Presidenta Bachelet, se tomaron cerca de 4 mil exámenes de sangre para corroborar si la contaminación estaba afectando la salud de los vecinos. Extrañamente los resultados nunca aparecieron o fueron alterados.

La encargada de gestionar dicho proceso fue la doctora Carolina Asela, hoy Jefa del Servicio de Salud de Arica. El gobierno actúa con dolo y mala intención.

Y claro, hoy se trata de silenciar a los vecinos gastando altas sumas de dinero construyéndoles un centro cívico ¿Será también sobre el arsénico?

En el 2007 se entregó una indemnización vergonzosa a algunos vecinos, ocho millones de pesos para 356 de 15 mil habitantes.

En esa ocasión la Corte Suprema, estimó que el Servicio de Salud de la entonces Región de Tarapacá conocía perfectamente la existencia de este acopio desde 1984 y que antes de 1997 nunca hizo nada por salvar la vida de los pobladores.

Hoy la doctora Asela, Jefa del Servicio de Salud de Arica, sigue insistiendo en que no hay contaminación. El Servicio de Salud del Ambiente ha dicho que no existe intoxicación con plomo, sólo exposición a éste.

Lo cierto es que tanto el DICTUC de la UC como la Universidad de Tarapacá, han corroborando la alta contaminación que sufren las personas de Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica, y que sobrepasan las normas internacionales.

El gobierno miente descaradamente. ¿Dónde están los grupos pro vida o los defensores de los derechos humanos? ¿Dónde están los presidenciales? ¿Dónde están aquellos que se preocupan de los problemas reales de la gente?

La gente debería demandar al Estado chileno ante las Cortes Internacionales y varias autoridades deberían pagar con cárcel este acto criminal.

Tomando en cuenta que las autoridades prácticamente siguen siendo las mismas, es claro que el gobierno ha mentido, ha ocultado información y ha pasado a llevar derechos como el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente limpio de miles de personas.

Más datos sobre los responsables con nombre y apellido

Pd:Para que hablar de los "honorables" que transgreden la ley excediendo la velocidad permitida o usando balizas.

Alcalde Zalaquett y vendedores ambulantes: un análisis mutualista

Más de cien comerciantes ambulantes fueron detenidos en un operativo policial en la comuna de Santiago, por no contar con el permiso municipal respectivo. ¿Será pertinente dicha medida, en un año de crisis económica donde el desempleo ha aumentado?

El alcalde Pablo Zalaquett ha declarado una política de tolerancia cero en contra del comercio ambulante, con lo que busca erradicar más de 4.000 comerciantes que deambulan por las calles de la comuna de Santiago. Por lo mismo, no ha otorgado autorización alguna para el desarrollo de actividades de comercio ambulante, manteniendo sólo los permisos otorgados por anteriores administraciones.

El argumento principal de la autoridad municipal para llevar a cabo su política es que los "vendedores ambulantes" están relacionados con la delincuencia y la estafa.

Si bien es probable que algunos de los detenidos tengan dicha relación delictual, también es probable que muchos de esos vendedores ambulantes sean parte de los desempleados que la crisis económica ha generado en nuestro país, y que ante la falta de empleo, buscaron formas alternativas de subsistencia, no necesariamente delictivas.

¿Qué pasa si analizamos el problema desde un punto de vista mutualista?

Desde un punto de vista mutualista, y considerando el actual contexto económico de crisis y desempleo, la medida más bien parece ser contraproducente.

No sólo no se entregan permisos para que la gente pueda autoemplearse mientras se recupera la economía, sino que además se generan incentivos para hacer aún más ilegal el actuar de los individuos, volviéndolos, tal como decía Proudhon, los “mercenarios de la concurrencia”.

Desde un punto de vista mutualista, aquí tendríamos un ejemplo claro de cómo el Estado y su aparataje son funcionales a los intereses corporativos de las grandes empresas, impidiendo a las personas ganarse la vida de forma independiente.

Así por ejemplo, ocurrió con las personas que instalan el carro de sopaipillas, de churros, empanadas, pizzas (fabricadas por ellas mismas y por lo tanto no asimilables con aquellos que venden productos robados), y que fueron algunos de los detenidos en la operación llevada a cabo por el alcalde Zalaquett (perteneciente a un sector político que dice defender el libre mercado).

Sin embargo, la medida más bien coincide con el planteamiento mutualista que indica que, no es el libre mercado radical lo que defienden algunos vulgo liberales, sino más bien el capitalismo corporativo, donde el Estado sirve únicamente a los intereses de aquellos que controlan mayor capital, evitando que la gente se gane la vida por sus propios medios, para así tener dispuestos para éstos, un contingente de potenciales empleados, hambrientos y desesperados.

Como plantea Roderick Long, "gran parte del aparato regulador actual –incluyendo aquellas regulaciones que no son en absoluto percibidas como restricciones en el poder corporativo- es vigorosamente apoyado, respaldado, y en muchos casos incluso redactado por la élite corporativa".

Así por ejemplo, entre las medidas de la municipalidad está la de cobrar multas de 100 mil pesos a los ambulantes. No sólo se les detiene, dejándoles con antecedentes (que luego les hacen más costoso encontrar empleo) sino que se les quita el poco capital que tienen.

Desde un punto de vista mutualista, esto claramente concuerda con el modo con que se pretende disuadir al trabajador no calificado y desempleado, de que se haga independiente, instalando una venta callejera de comida, por ejemplo.

En otras palabras, le obligan a esperar la "beneficencia" de un empleador mayor. Es decir, le obligan a hacerse parte del "ejército industrial de reserva" del capitalismo corporativo.

KAREN, TVN Y ¿LA POLICIA POLÍTICA DC?

Las críticas a Karen Doggenweiler, rostro de TVN, son un claro ejemplo de despotismo blando, de hegemonia elitista, de persecusión política y sobre todo, de las formas sucias con que se pretende debilitar a otro candidato como Marco Enriquez Ominami.

La política se está poniendo más sucia de lo normal y eso se ve en cómo -al igual que en Rebelión en la Granja de Orwell- los presidenciables y sus equipos se van poniendo más "cerdos" en su actuar.

El mejor ejemplo: los cuestionamientos a la esposa de Marco Enriquez Ominami (MEO), por parte de miembros del comando de Frei como Sebastián Bowen y Paula Narváez, quienes plantearon un supuesto choque de interes e incompatibilidad entre su rol como rostro de TVN y su participación en la campaña de MEO.

Sin embargo, el choque de intereses está en otro lado. Claro, porque en el directorio de TVN están Francisco Frei (hermano del ex presidente) y la periodista Marcia Scantlebury, miembro del comité estratégico del comando.

Por otro lado, hay que ver de donde partieron las críticas. Pues bien, éstas surgieron del vicepresidente de la DC, Andrés Palma, un ex diputado olvidado por los electores, que entre sus conceptos políticos, considera que hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Por lo tanto, probablemente, también piensa lo mismo en cuanto a quienes pueden ser candidatos y quienes no.

Lo cierto es que las críticas a Doggenweiler carecen de todo fundamento, puesto que en elecciones presidenciales anteriores, el área dramática completa de TVN apoyo a los candidatos de la Concertación en sus campañas. Nunca se planteó la necesidad de una "revisión institucional", ni nadie habló de "ventajas" al usar rostros conocidos, como lo hicieron Bowen y Narváez.

Sin embargo, la "ventaja" de la que éstos hablaron, y que tendría MEO a través de su esposa -que es uno de los puntos de la crítica- es algo totalmente azaroso. Ella era conocida mucho antes de casarse con Enriquez Ominami y que éste decidiera ser primero candidato a diputado y ahora presidencial.

¿Acaso alguien casado con un famoso o famosa, no puede ser después candidato por tener "ventaja"? Absurdo totalmente.

No es sólo majadero, sino que antidemocrático, pues atenta contra la libertad de trabajo, la vida privada y la libertad de conciencia de un ciudadano. Es un claro acto de despotismo blando. Parecen purgas o guillotinazos jacobinos pero sin sangre.

Cualquiera que se precie de demócrata y rechace la persecución política contra quien sea, debería considerar esto inaceptable. Puede ser que no les agrade Karen, pero eso no significa justificar pasar a llevar un derecho civil y político, menos aún aspectos democráticos básicos.

Desde un punto de vista democrático y republicano, Karen tiene todo el derecho a apoyar a su esposo (esa es la parte más personal de su vida) y a la vez cumplir con su trabajo como rostro de TVN. No hay incompatibilidad, sobre todo porque lo que hace en TVN no es un programa de política.

Tiene todo el derecho por dos cosas obvias: 1) porque MEO es su esposo y 2) porque TVN se supone el canal de todos los chilenos, por lo tanto, la afinidad política no debería ser requisito para trabajar ahí. En ningún trabajo, al menos en teoría.

CANDIDATOS Y NUEVA CONSTITUCIÓN

DESPOTISMO BLANDO EN CHILE

Un nuevo proyecto de ley -aprobado por el Senado chileno- plantea hacer responsable de los desmanes a quienes llamen, por cualquier medio, a reunirse o manifestarse. Este no sólo debilita aún más el actuar de la sociedad civil sino también al sistema democrático.

“No tengo inconveniente en reconocer que la paz pública es un gran bien, mas no quisiera olvidar, sin embargo, que es a través del orden por donde todos los pueblos han llegado a la tiranía” Alexis de Tocqueville.

La frase del pensador francés es hoy muy pertinente si tomamos en cuenta el nuevo proyecto de ley, ya aprobado por el Senado chileno, que plantea enjuiciar a quienes convoquen u organicen –de forma oficial o no- reuniones o manifestaciones públicas, en caso de ocurrir desmanes.

El documento establece que “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo".

Según los parlamentarios, el proyecto de ley -que es una reforma al Decreto Supremo 1086 (promulgado en 1983) que prohíbe la reunión en lugares públicos sin permiso previo- busca robustecer el papel de las policías en la mantención del orden público.

Sin embargo, es claro que la medida atenta de lleno contra varios derechos civiles consagrados, como la libertad de expresión, “garantizada” por en la Constitución, y criminalizando acciones legitimas que la sociedad civil puede desarrollar en cuanto al poder estatal o cualquier otro poder, como la libertad de reunión, de expresión, de asociación y de circulación.

Desde el punto de vista filosófico y del pensamiento político en general, pasa a llevar la soberanía ciudadana, la autonomía individual y la sociedad civil en cuanto a su relación con el gobierno y el Estado.

Por lo mismo, la advertencia que hacía Tocqueville en cuanto al peligro del despotismo blando en la democracia se hace enormemente pertinente: «Parece que si el despotismo llegase a establecerse en las naciones democráticas de nuestros días, tendría otros caracteres [distintos de los de las sociedades antiguas]: sería más extenso y más suave, y degradaría a los hombres sin atormentarlos».

Claro despotismo blando, porque el proyecto de ley inhibe –no por la fuerza sino mediante la mera amenaza- el actuar público de los ciudadanos y los fuerza a ejercer sus derechos ciudadanos de forma particular y en espacios privados, debilitando entonces el espacio democrático y la capacidad asociativa de los ciudadanos, que para Tocqueville eran clave para prevenir el absolutismo y el despotismo.

Entonces, el espacio público pierde a sus protagonistas (que se ven reducidos a sus quehaceres diarios y particulares) y su esencia –que muy bien describe Hanna Arendt- como núcleo de lo político y como lugar donde los sujetos se encuentran como iguales mediante el diálogo.

El proyecto de ley de alguna forma también cumple con la profecía de Néstor García Canclini, donde los ciudadanos abandonan totalmente esa condición para convertirse exclusivamente en consumidores.

Entonces, y tal como planteaba Tocqueville, el despotismo blando, deja a los hombres sin vínculos comunes, aislados unos de otros y por tanto, débiles e incapaces de proteger su libertad, poniendo en riesgo al sistema democrático, en manos del despotismo.

«Este poder no destruye las voluntades, pero las ablanda, las doblega y las dirige; rara vez obliga a actuar, pero se opone sin cesar a que se actúe; no destruye, pero impide nacer; no tiraniza, pero mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y, al cabo, reduce a toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobierno» Alexis de Tocqueville.

En este sentido, sería bueno recordar que tal como el mismo Tocqueville planteaba, no es lo mismo la democracia política en términos formales, donde se eligen los gobernantes mediante el voto, que un estado social democrático.

La primera siempre tiene más riesgo de desarrollar un despotismo blando. El segundo aún no existe en Chile.

CIPER CHILE: Diputados asegurados: $120 millones al año paga la Cámara en pólizas para ellos y sus familiares

El Congreso quiere debilitar la Sociedad Civil en Chile

En el blog Bomba en camino, cuyo autor usa el seudónimo de Juan Emar, leí un artículo (que reproduzco íntegramente) donde se explica que el Congreso chileno quiere promulgar un proyecto de ley (4821) donde se hace responsable de los daños y destrozos que se produzcan a quienes convoquen públicamente al evento. Si no hay convocatoria, el responsable será quien pida el permiso para usar la vía pública.

Esto va claramente en contra varias libertades y derechos políticos y civiles, como la libertad de expresión, de reunión, de movimiento, derecho a protestar pacíficamente, y sobre todo al principio de desobediencia civil.

Por otro lado, esto hace manifiesto que hay mucho autoritario camuflado de liberal, o sea mucho vulgo liberal.

Los Milagros de José María Nº 10: "El que convoca, paga"
Hermanas y hermanos: tiempo llevaba San José María sin sorprendernos con sus milagros. Y si a eso le sumamos la muerte de Michael Jackson, resultaba aún más difícil ver su obra milagrosa.

Pues bien, la gracia de José María a impregnado la voluntad y reflexión de nuestras autoridades (legislativas y ejecutivas) con el proyecto de ley 4821 que seguramente acabará con las marchas y manifestaciones públicas.

La palabra de San José María Escrivá de Balaguer era sabia y piadosa. Y al parecer Ministerio del Interior y Senadores se inspiraron en la Máxima 672 de "Camino":
"Está seguro de que eres hombre de Dios si llevas con alegría y silencio la injusticia."

Así es, de ahora en adelante (si los diputados aprueban la ley que ya aprobó el Senado) si usted considera que hay una injusticia que merece ser reclamada, deberá hacerlo en silencio. No se le ocurra ocupar la vía pública. Le puede salir muy caro.

El artículo clave de la ley (que además eleva penas de cárcel y multas a encapuchados) es aquél que hace responsable de los daños y destrozos que se produzcan a quienes convoquen públicamente al evento. Si no hay convocatoria, el responsable será quien pida el permiso para usar la vía pública.

Claro, porque el Decreto Supremo 1086 del Dictador ceniciento, promulgado en septiembre de 1983, "impide la reunión en lugares públicos sin permiso previo y el derecho a la libertad de expresión garantizados por la Constitución Política en el artículo 19 Nos 12 y 13".

Este Decreto ha sido mantenido por la "democracia protegida" concertacionista, ejerciéndose como método de control de las manifestaciones y funcionando -de facto- como aparato represor de la libre expresión y uso de espacios públicos: los permisos pueden darse incluso el día antes de la marcha (y pueden no darse) poniendo en suspenso la organización de la misma. A esto se suma que los lugares por donde transite estarán acotados y acordonados por Carabineros armados y vestidos para la ocasión. De este modo, si la marcha se desvía o dura más que lo que dice el permiso, se puede justificar el presupuesto para guanacos y lacrimógenas.

Este artículo responde a una demanda entendible: la protección de la sacra propiedad privada (más garantizada que la salud o la educación en nuestro país). Seguramente diversos locatarios y vecinos han elevado sus quejas ya que "nadie responde" por los daños que vándalos hacen aprovechando la ocasión de una protesta o marcha.A esa demanda el Estado dice ahora: el que convoca, paga.

La "reflexión" tras la intencionalidad de la ley puede tener -a mi criterio- tres lecturas:

1) Gobierno y parlamentarios creen de verdad que los vándalos son parte de la protesta:Con esta ley comprenderán que si están dispuestos a llevar una "fuerza de choque", van a tener que juntar harta plata para darse el gustito de destruir los vidrios de una farmacia coludida o rayar una consigna en un muro, por ejemplo.

2) Gobierno y parlamentarios creen de verdad que los organizadores de la protesta pueden controlar a los vándalos:El supuesto es que los destructores serían capaces de obeder las órdenes de no destruir y acatarían pacíficamente.Creo que cualquiera que haya visto como actúa el lumpen lo pensará varias veces antes de interponerse en ese despliegue de violencia y agresividad.

3) Gobierno y parlamentarios no creen en los boicots:Asumen que cualquiera que va a una marcha lo hará porque comulga con lo que se convoca. Y que esta ley no será utilizada por quienes se oponen a los convocantes justamente para dañarlos.

Un breve ejemplo: suponga ud. que trabaja para una minera que desea explotar un yacimiento gigantesco de oro bajo unos glaciares en el Norte de Chile.

Su imagen está por los suelos ya que diversas organizaciones se han opuesto al daño ecológico que generará, al derretimiento de los glaciares y a la contaminación de las aguas de un valle que vive de la agricultura. Además, nada de esa riqueza explotada quedará en el país que la alberga.

Suponga ahora que las organizaciones que tanta bulla meten para oponerse a su actividad extractiva convocan a una marcha/manifestación en el centro y que sus asesores jurídicos le alertan sobre esta ley. ¿Acaso no sería tentador pagarle un millón de pesos a 10 personas para que se encapuchen y destruyan la mayor cantidad de cosas costosas posible?

Suponga que logran generar daños por 100 millones de pesos ¿Eso no sería llevar a la quiebra a sus oponentes?Pero claro, esto es pensar muy mal de entidades tan filantrópicas como las mineras...

Ahora, estas 3 lecturas antes descritas parten de un supuesto común: nuestras autoridades son estúpidas.

Y a pesar de que muchas veces lo demuestran, es ingenuo pensar que no son capaces de ver (o contratar gente que vea) colaterales como el recién descrito.

En ese acaso, habríamos de agregar una cuarta lectura, una "maquiavélica" (y que me perdone Maquiavelo por el abuso):

4) Gobierno y parlamentarios saben como son las cosas y buscan justamente evitar las manifestaciones públicas:Saben que en las marchas hay infiltrados, saben que los organizadores no pueden controlar lo que hace cada una de los cientos o miles de personas que asisten y sabiendo todo eso, tiran esta ley para desincentivar la realización de marchas o protestas.

Estamos entonces frente a una ley que restringe libertades civiles. De manera indirecta e hipócrita, pero restrictiva al fin.

Un paso más cerca de la mediocridad y un paso más lejos del eufemismo del "gobierno ciudadano".

No defiendo ningún tipo de destrozo, pero creo que hay que preocuparse más del origen de esa violencia que es capaz de estallar incluso en situaciones de celebración (como los recientes partidos de la selección).

El problema es que puede que a muchos no les guste que le digan por qué hay gente con rabia en este país (y no sólo este país: véase Argentina, España y Francia, por citar algunos ejemplos).

Mediocridad porque el gobierno le está haciendo el quite a hacer la pega de la seguridad pública y en vez de buscar y castigar a los culpables, tendrá listos los chivos expiatorios incluso antes de que se hagan destrozos. Sin jamás enfrentar el tema de fondo que genera estos hechos.

Pero claro, tendremos un país más silencioso, menos rayado y sin destrozos. Sin embargo en ese silencio forzado, en ese toque de queda permanente, en ese Estado de Sitio encubierto, puede incubarse un malestar mucho más peligroso....y claro, silencioso.

Gracias San José María por favor concedidoPor Favor, reAcciones

P.S.1: Les dejo aquí una carta de algunas federaciones de estudiantes sobre el proyecto de ley.

P.S.2: Agradezco al anónimo que me dejó este link y al mail que amigos me enviaron con esta preocupante noticia.