jueves, 19 de febrero de 2009

La necesidad de un Republicanismo Cívico

Hoy, la mayoría de los ciudadanos se sienten huérfanos de un ideario político que los guíe e incentive a mirar al futuro con confianza, de sentirse parte de la sociedad en la que viven, y que los llame a hacerse participes de la construcción y constitución diaria de su destino.

En definitiva se sienten ajenos al verdadero sentido de la ciudadanía.


Los ciudadanos necesitan construir un nuevo ideario político acorde a un nuevo siglo, que les permita mirar más allá de las simples contingencias y afrontar el incierto horizonte del futuro con perspectiva. La sociedad chilena requiere nuevas formas de hacer política.

Necesitamos construir nuevos ideales comunes a todos los ciudadanos, que a la vez nos alejen del riesgo del dogmatismo irrestricto y de la anquilosada apatía política imperante.

Para cimentar nuestros propósitos, sin caer en la autodestrucción o en el inmovilismo del statu quo, debemos abrazar ciertos principios básicos con los cuales comenzar a llevar a cabo nuestros sueños.

Dichos principios políticos, se deben asumir y constituir a nivel social, en torno al tipo de representatividad de los gobernantes; a nivel moral y ético, en cuanto a los limites del poder de los gobernantes y su responsabilidad con los ciudadanos; a nivel cívico, en cuanto a rescatar el verdadero sentido de la ciudadanía.

En base a estos principios debemos rearticular el civismo, la participación ciudadana y la tolerancia política, que son los valores fundamentales de una Democracia y una República.

A través de estos principios republicanos debemos recuperar la Política para todos los ciudadanos, pues ésta constituye un bien común, que no puede ser usurpado por ninguna clase de elite.

Sólo así podremos ir restituyendo y recuperando la confianza social, institucional y política de los ciudadanos y entre los ciudadanos. La participación política no debe ser vista como un riesgo para la libertad y la democracia, sino como un signo de ambas, y más aún como un resguardo para éstas.

La Res pública debe ser entendida como vehículo tanto para la libertad como para el fomento de la justicia social y el interés común de sociedad.

Son los ciudadanos, cada uno de ellos, los llamados a edificar con su participación, las políticas de cada día que van proyectando su destino.
Todos y cada uno de ellos deben contribuir, a través de la deliberación, con la construcción de una esfera pública auto-realizadora, que tenga en cuenta la diversidad cultural y la responsabilidad por el prójimo, para así engrandecer la sociedad y proteger sus derechos como individuos.

Se necesitan ciudadanos conscientes de que su libertad depende del mantenimiento de la comunidad política, pues la libertad sólo es posible en una sociedad que se autogobierna.


1. DEBEMOS ASUMIR EL VALOR SUPREMO DE LA DEMOCRACIA.

La participación ciudadana construye y fortalece la Democracia.

Por lo tanto, la Democracia no debe ser entendida sólo como el simple acto de votar, ni como simple consentimiento mayoritario (a riesgo de la dictadura de las mayorías), sino como un sistema político y un espacio público donde existe la participación activa y constante de los ciudadanos en los asuntos que les competen a todos, dentro de un marco de libertad e igualdad política, basado en la tolerancia, espíritu público, pluralidad y libertad de información.

La Democracia no debe ser reducida a una noción instrumental, donde los ciudadanos quedan reducidos a votos, sino que debe constituirse en un orden donde el gobierno está sometido al control de los ciudadanos.

Democracia Republicana y Participativa: Que implica respeto del imperio de la ley, a la libertad de tránsito, libertad de expresión, a la libertad de prensa, y a la competencia política.

Los diferentes intereses, de diversos sectores, deben estar representados en diversas instituciones democráticas, por lo tanto debemos entender la democracia como un sistema representativo, que a la vez implica necesariamente la participación de los grupos sociales diversos en el ejercicio político.

Debemos tener presente que la responsabilidad ciudadana no es exclusiva de ninguna elite o clase social específica.

El gobierno democrático debe ofrecer un proceso adecuado de satisfacción de los intereses de los ciudadanos, en el sentido de preocupaciones políticas más urgentes.

Por lo tanto:
Todos los funcionarios y cargos deben ser electos y pueden ser revocados.

Deben existir elecciones libres e imparciales, sin coerción de ninguna clase ni exclusión de ningún tipo a ciudadanos, grupos étnicos, políticos o de cualquier índole.

Sufragio universal e inclusivo, derecho a ocupar cargos públicos, libertad de expresión, y autonomía asociativa.

Debe existir control constante sobre las decisiones.

No se aceptan auto investiduras, ni cargos vitalicios, a perpetuidad relativa o designados, ni tampoco que el poder derive de la fuerza.

Rotación de cargos públicos.

División de Poderes y Dispersión territorial del Poder.

2. DEBEMOS ASUMIR Y RESCATAR EL VALOR SUPREMO DE LA CIUDADANÍA Y LA SOCIEDAD CIVIL COMO EJES DE LO POLÍTICO.

Debemos asumir el valor de la ciudadanía en cuanto conjunto de miembros libres de la politeia y como la condición que cada uno ostenta como componente soberano del cuerpo político.

Debemos asumir el valor de la ciudadanía como sustento para el desarrollo de la democracia, preocupada por la participación social y política, y donde cada ciudadano tenga conciencia de su pertenencia a la comunidad política.

Una forma de resguardar los derechos y la libertad de cada ciudadano en la sociedad, es teniendo una sociedad civil viva, preocupada por la participación social y política, donde los ciudadanos se sientan comprometidos con construir su propia sociedad y más aún comprometidos con las instituciones que sustentan la democracia, que son los principales bienes públicos.

Sólo así podemos fomentar la responsabilidad individual y colectiva, pues cada ciudadano debe estar comprometido con las dinámicas que adopta su sociedad.

Debemos tener presente que la sociedad civil, el pueblo, es una comunidad diversa, cuyos miembros pertenecen a comunidades determinadas, con miembros y cualidades en común, que persiguen el bien general sin que una minoría lleve a cabo sus intereses. Esto es clave tomando en cuenta la diversidad cultural.

Debemos tener presente la separación entre Estado y Sociedad Civil, propiciando la autonomía asociativa y permitiendo el desarrollo de un pluralismo social y organizado, enriquecido con variedad de fuentes de información (oficiales y alternativas) junto con organizaciones sociales relativamente autónomas entre sí y con respecto al gobierno de turno, por lo tanto, los partidos no deben secuestrar la política para favorecer sus intereses internos. Debemos evitar la partitocracia.

Debemos revalorar el valor de la educación en cuanto principio decisivo de la participación, pues el modo de garantizar el buen gobierno, la libertad y el desarrollo de una sociedad justa es participando de la vida pública.

Una sociedad civil débil, atomizada, apática, desinformada, tele-narcotizada por la demagogia televisiva y la banalización, no sólo se convierte en una mera masa estadística, sino que –al ser incapaz de ejercer control alguno- es caldo de cultivo para el surgimiento de tendencias oligárquicas, corruptas y de cualquier tipo de dominación arbitraria.

3. DEBEMOS ASUMIR EL PRINCIPIO DE RESPETO Y TOLERANCIA POLÍTICA.

Debemos crear comunidades públicas dialogantes, donde se tome en cuenta el pluralismo social y cultural que existe en estos tiempos, para así poder aceptar las diferencias culturales, religiosas, ideológicas, etc. Debemos respetar y tener presente la constatación de la heterogeneidad política y moral de las personas.

Esto significa el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, e implica también una forma de limitar cualquier tipo de poder (público o privado), en pro de la representatividad de los ciudadanos y la conciencia de ciudadanía.

Esto implica la expansión de los derechos ciudadanos y el respeto de la libertad política, civil, religiosa, económica, de expresión, de asociación, de reunión, la igualdad ante la ley, la igualdad política para participar y disentir en cuanto a los asuntos de gobierno, y así toda persona pueda defender sus intereses en la esfera pública y todo ciudadano tenga la misma capacidad para gobernar.

Por lo tanto, en los derechos de ciudadanía se incluye el derecho a oponerse a los altos funcionarios de gobierno y el de hacerlos abandonar sus cargos mediante el voto.

Nuestra experiencia histórica nos ha enseñado los altos costos sociales, políticos, y personales que conlleva la violencia política, ya sea retórica o física, y el surgimiento de afanes totalitarios.

La tolerancia política permite el desarrollo de ciudadanos libres, responsables y activos políticamente, que fortalecen y enriquecen a la sociedad civil, al desplegarse sus diversas ideas, propuestas y sueños, sin el riesgo de caer en simplificaciones absolutistas que irremediablemente llevan a la tiranía de unos sobre otros.

4. DEBEMOS ASUMIR QUE ES NECESARIO EVITAR LA CONCENTRACIÓN Y PERPETUACIÓN DEL PODER.

Debemos evitar la concentración del poder, ya sea político y económico, pues de aquello surgen sus excesos como la corrupción, la plutocracia, la partitocracia, el nepotismo, el populismo, la dictadura y el totalitarismo -ya sea político, ideológico o económico- y donde el Estado termina por favorecer ciertos intereses particulares en desmedro del resto de la ciudadanía y el gobierno de la ley pasa a ser sustituido por el poder arbitrario de los más poderosos.

Se deben fomentar e instaurar mecanismos que eviten la concentración de cualquier tipo de poder, que permitan la independencia de la sociedad civil y sus distintas manifestaciones, para así ejercer su control legítimo sobre los gobiernos.

Por lo tanto, debemos fomentar e instaurar mecanismos de plena responsabilidad y transparencia y control en cuanto al financiamiento de campañas políticas, en cuanto a sueldos y en cuanto al gasto de dinero del Estado.

Se debe recuperar el poder ciudadano, que ha sido paulatinamente concentrado en pocas manos, ya sean los partidos o sectores corporativos. Se debe rescatar el valor del buen gobierno.

5. DEBEMOS ASUMIR EL VALOR SUPREMO DE LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA.

Todos los ciudadanos deben tener las oportunidades y condiciones sociales, económicas y culturales básicas para elegir sus modos de vida, pues esto es lo que permite el desarrollo de la libertad plena y la igualdad política, económica y social.

La desigualdad económica excesiva contribuye a debilitar la democracia y sus principios básicos, pues una sociedad altamente desigual genera ciudadanos sin compromisos cívicos y apáticos políticamente.

Debemos fomentar y propiciar la independencia económica de los ciudadanos, pues no se puede garantizar la libertad y la igualdad política si existen enormes desigualdades económicas y sociales.

La pobreza es un factor que impide a los ciudadanos a participar de la vida y el interés público, pues inhibe su capacidad de decisión, participación y autonomía.

Se debe tratar que las personas tengan garantizado un mínimo de subsistencia, no como una forma de caridad estatal, sino en cuanto mecanismo para lograr su emancipación económica.

Es clave rescatar el verdadero sentido de la educación pública que debe ser esencialmente fuente de identidad ciudadana y desarrollo cívico, a través de la máxima calidad y libertad, fomentando así la convivencia de diversos grupos sociales en un mismo espacio educativo y social.

martes, 17 de febrero de 2009

La imposibilidad política del Liberalismo desde el punto de vista comunitarista

En su obra A Theory of Justice (1971), Rawls definió la Justicia con el nombre más preciso de "justice as fairness" (justicia como imparcialidad), donde entre otras cosas plantea que la única misión del Estado es resguardar la convivencia, mediante la neutralidad de éste en cuanto a los valores o nociones del buen vivir. Es decir, el Estado no debe promover una noción del bien o un bien, sino sólo garantizar los intercambios libres entre los sujetos.

La concepción liberal del individuo que sigue Rawls, implica a un sujeto dotado de derechos naturales anteriores a la sociedad (Un yo anterior a sus fines). Es decir, la persona no se define ni constituye en cuanto participante de alguna relación económica, religiosa, política o sexual previa. Un yo desvinculado de cualquier tipo de lazo comunitario.

Esa idea central en cuanto al sujeto, es la que más contradicciones y dualidades parece generar entre la amplia gama de sujetos que se consideran liberales, sobre todo en cuanto a temas morales y éticos complejos como el aborto, la eutanasia, el fin último del matrimonio o la existencia de una noción de bien común y universal.

Lo anterior se acentúa aún más cuando lecturas vulgares del liberalismo[1] plantean y propugnan –aunque inconscientemente- la validez de unas nociones del bien por sobre otras a partir del juicio a priori de “iluminar la experiencia moral a partir del sólo uso de la razón” (Navarrete, 73: 2006). En base al concepto kantiano de razón puramente formal, considerándola como única y principal forma ética, terminan por contradecir la idea liberal de neutralidad y de la imposibilidad de establecer una noción monolítica del bien o un punto de vista universal.

Es a partir de lo anterior, que el comunitarismo establece una crítica central a la fundamentación individualista de la sociedad en cuanto paradigma moral y político.

Desde esta perspectiva se plantea que: “Ni la existencia individual ni la libertad individual pueden mantenerse por mucho tiempo fuera de las interdependientes y solapadas comunidades a las que pertenecen. Tampoco puede sobrevivir durante mucho tiempo una comunidad sin que sus miembros le dediquen algo de su atención, energía y recursos para los proyectos compartidos”. A. Etzioni, “The Responsive Communitarian Platform: Rights and Responsabilities”, The Responsive Community, 4, Winter 1991/1992, Nota 1.

En el planteamiento de Rawls, el velo de la ignorancia permitiría establecer principios de Justicia imparciales, sin interferencia de los intereses particulares de los sujetos que acuerdan el pacto social. Sin embargo, para los comunitaristas, desde el individualismo liberal extremo no puede constituirse lo político y menos un tratado político, pues no es posible concebir el aspecto colectivo de los sujetos en cuanto a la vida social o un bien colectivo universal. Esta imposibilidad se debería a que se olvida que los sujetos también construyen sus preferencias e identidades políticas en base a sus orientaciones morales y sus concepciones del bien.

En este sentido, “la neutralidad liberal respecto de ideales de excelencia humana se logra sólo a costa de una concepción de los agentes morales como entes noumenales, que no sólo carecen de un telos distintivo, sino que su identidad es independiente aún de sus deseos e intereses subjetivos y de sus relaciones con otros individuos y con el medio social” (Nino; 1988).

Ante la crítica comunitaria, Rawls está obligado a aceptar, como Charles Taylor indica, que la comunidad proporciona al individuo los recursos conceptuales en cuyos términos llega a concebirse a sí misma, su identidad y sus valores (Benedicto; 2005). La moral no es rígida en este sentido, puesto que vendría a designar el grado de acatamiento que los individuos dispensan a las normas éticas imperantes en un grupo social determinado en cuanto conjunto de normas sugeridas.

Con esto se reconoce por parte de Rawls que por ejemplo “los derechos individuales, no se pueden sustentar sin una concepción del bien, como se muestra en el caso de conflictos de derechos que sólo pueden ser resueltos recurriendo a una tal concepción, o, sino, de introducir de contra-bando una cierta concepción del bien desmintiendo su pretendida neu-tralidad” (Nino; 1988).

Si consideramos que para Rawls el individuo sólo está obligado a cooperar si es beneficiado directamente (Benedicto; 2005) entonces nos encontramos con “la incapacidad del liberalismo (en plural) de pensar y concebir lo político” (Navarrete, 80: 2006).

Para los comunitaristas, la idea de Rawls se vuelve imposible al constituirse en base a una idea instrumental y atomizada de la sociedad, donde “ningún fin puede ser esencial para la persona ni tampoco puede ella identificarse de modo profundo con aquellos que compartan sus fines, lo cual conduce a la desintegración de la comunidad política” (Manuel García de Madariaga en El individuo frente a la comunidad. El debate entre liberales y comunitaristas).

Lo anterior se debería a que Rawls basa sus propuestas en los principios del liberalismo kantiano, cuya concepción del bien “es la misma que la utilitaria en su versión más dominante, o sea, la satisfacción de deseos o preferencias subjetivas del individuo, cualquiera que sea su contenido (Nino; 1988). Pero, incluso esto genera críticas desde el propio liberalismo, como las que hace Rothbard al utilitarismo de Stuart Mill.

Así por ejemplo, Maclntyre, plantea que el discurso moral liberal ha entrado en una grave disrupción, al estar falto de un elemento que haga aplicable sus postulados éticos, al hacerse profundamente difícil ligar éstos con proposiciones universales acerca del comportamiento humano en concreto.

Ocurre entonces que “la política se desentiende de los valores, en una buscada neutralidad. El gobierno tiende a convertirse en mero gestor del bienestar privado de individuos individualistas. Y entre la burocracia anónima del Estado-Providencia y el individuo aislado queda un vacío. La reclusión en la vida privada abre la puerta a un peligro, señala Taylor: el "despotismo blando", como lo llamaba Tocqueville. Cuando disminuye la participación -advierte Taylor- (...) el ciudadano individual se queda solo frente al vasto Estado burocrático y se siente, con razón, impotente. Con ello, el ciudadano se desmotiva aún más, y se cierra el círculo vicioso del despotismo blando" (Rafael Serrano, en Más Allá Del Estado Y Del Mercado. Comunitarismo: Un Pensamiento Político Posmoderno).

Desde el comunitarismo se apunta esencialmente a reconstituir una colectividad donde realmente sea posible ejercer la libertad política individualmente, pero sin ese vacío que conlleva irremediablemente el riesgo del despotismo blando, lo que liga al comunitarismo directamente con la idea de democracia como poliarquía en cuanto algo mejorable como modo de gobierno.

Lo anterior, porque si se considera perfectible a la democracia (no sólo como un medio no-violento de transferencia del poder, que sería entonces favorecer cualquier statu quo), la concepción liberal del sujeto -que lo desliga de sus lazos comunitarios- impediría llegar a consensos en cuanto a cómo perfeccionarla, pues no habría atisbos de una noción común del bien colectivo. A priori ni siquiera habría espacio para el debate político como posibilidad para un acuerdo.

Según MacIntyre, esa imposibilidad política se debería a que sólo a partir de una mínima base común, el individuo puede empezar a pensar por sí mismo y en conjunto perfeccionar el orden vigente, porque “la democracia no nació del vacío moral. Al contrario, surgió merced a unos presupuestos y valores determinados: la igual dignidad de todos los hombres, el derecho natural como límite del poder, la libertad innata de la persona...” (Rafael Serrano, en Más Allá Del Estado Y Del Mercado. Comunitarismo: Un Pensamiento Político Posmoderno).
NOTAS
[1] Que entre otras cosas desconocen que a partir del comienzo de los años setenta, el liberalismo teleológico, inspirado en Bentham y Mill, se vio desplazado por el liberalismo deontológico, de origen kantiano.

miércoles, 11 de febrero de 2009

Eluana: derechos frente a despotismo*

El día 9 de febrero, a las 20.10 horas, murió en la clínica La Quiete, de Udine, Eluana Englaro, la italiana de 38 años que estaba en estado vegetativo irreversible desde 1992, cuando sufrió un accidente de tráfico. Esta dramática situación ha llegado al extremo de la mayor injusticia y crueldad por la actuación de algunos médicos y fiscales, así como por un Gobierno que ha desafiado los derechos de los ciudadanos y las sentencias judiciales, para proclamarse protector de los dogmas de una Iglesia, hasta el punto de intentar legislar de forma inconstitucional. El pulso entre el Gobierno italiano y los jueces ha alcanzado niveles tan grotescos como dolorosos para la sociedad de aquel país.
Durante los últimos 11 años, el padre de Eluana venía reclamando el derecho de su hija a rechazar un tratamiento médico que no podía aportar ninguna mejora y que era fútil. En estas situaciones aparece el poder actual de la medicina y sus flaquezas: puede mantener la vida vegetativa de una persona durante años, algo impensable en otras épocas, pero es incapaz de restablecer la vida psíquica y personal, y algunos grupos confesionales se resisten a admitir que la obstinación terapéutica es mala praxis médica.
Ella no podía hablar, pero su familia sabía que no hubiera querido permanecer en esta situación. Como tutor, el padre podía reivindicar la voluntad de Eluana y tomar la decisión de interrumpir la hidratación y la alimentación artificial, pero las denuncias de médicos y fiscales lo impidieron. Once años de pleitos y debate público; todo lo contrario del respeto a la intimidad y a la autonomía personal.
Por fin, en 2007, los jueces determinaron que Beppino Englaro, como tutor, tenía el derecho de aceptar o rechazar los tratamientos propuestos, a pesar de que "actualmente hay una carencia legislativa que proporcione las indicaciones en casos de petición de suspensión de tratamientos médicos por parte de los tutores de personas en coma y sin esperanzas de mejoría" (Tribunal de Apelación de Milán). En 2008, la Audiencia de Milán falló a favor de la interrupción de la hidratación y la alimentación artificial.
Cuando parecía que se habían aclarado las cuestiones fundamentales del caso, es decir, que, por el principio ético y constitucional de respeto a su autonomía y a su dignidad, toda persona tiene el derecho de aceptar o rechazar los tratamientos médicos que se le proponen -por sí misma si es capaz y, si no lo es, a través de su representante legal-, la fiscalía de nuevo recurrió la sentencia porque consideraba que no se había comprobado con suficiente objetividad la irreversibilidad del estado vegetativo persistente. En noviembre de 2008, el Tribunal Supremo italiano zanjó esta cuestión, amparando la petición de la familia Englaro.
En lugar de permitir un desenlace discreto, respetando la intimidad y el dolor de estas personas, una vez más los políticos de la derecha manipuladora y despótica entraron a saco, instrumentalizando el caso y masacrando los sentimientos y las convicciones más personales de la familia Englaro y de todos los que piensan como ellos, en aras de la defensa de una forma de entender la vida que no tiene respaldo constitucional ni ético racional. Han llegado a prohibir las actuaciones autorizadas por los jueces en los centros sanitarios públicos y a amenazar a los posibles colaboradores. Muchos hemos contemplado estupefactos, indignados y tristes cómo se tergiversan los hechos y los argumentos para imponer el control del Gobierno sobre el dominio de la vida y de la muerte, en contra de los derechos ciudadanos.
El punto culminante de las medidas del Gobierno de Berlusconi ha sido su intento de promulgar una ley para prohibir la muerte de Eluana, y ello no ha creado más que confusión, crispación y temor. ¡Hasta el presidente de la República Italiana la ha calificado de inconstitucional! No podía ser de otra manera, pues la judicatura había aclarado suficientemente las cuestiones de principios fundamentales. Giorgio Napolitano ha declarado: "El monopolio de la solidaridad y la autoridad moral no es patrimonio de nadie. Tampoco el fin de la vida".
Esta apuesta tan decidida del Gobierno italiano de Berlusconi indica la dureza que están dispuestos a emplear los que se oponen a la ética racional. Hace siglos que el poder político y el dogma religioso se apoyan para tener el dominio de la vida y la muerte de las personas. Dicen que defienden la vida humana, pero no respetan los derechos humanos ni la legislación europea sobre el derecho a la autonomía del paciente y el consentimiento informado.
El señor Englaro ha manifestado: "Espero que su historia sirva para que la gente entienda que la medicina debe pensar mil veces antes de crear situaciones que no existen en la naturaleza. Eso es de locos. La vida es vida, la muerte es muerte. Blanco o negro. Las personas vivas son capaces de entender y decidir por sí mismas. Yo he pedido por caridad que dejen morir a mi hija Eluana. La condena a vivir sin límites es peor que la condena a muerte. En la familia, los tres habíamos dejado clara nuestra posición. Lo hablamos muchas veces. Vida, muerte, libertad, dignidad. Somos tres purasangre de la libertad. No necesitamos escuchar letanías. Ni culturales, ni religiosas, ni políticas".
Esta libertad que reclama la familia Englaro es lo que el actual Gobierno paternalista y demagógico de Italia no está dispuesto a tolerar. Quiere mantener la vida vegetativa irreversible pero no respeta la integridad de la vida física, psíquica y moral, ni la dignidad de cada persona de acuerdo con sus convicciones.
¿Cuántos años necesitará Italia para tener una legislación acorde con los derechos fundamentales de las personas en este ámbito, que impida las intromisiones partidistas y sectarias?
En España la situación es clara para los casos de interrupción del tratamiento médico. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, reconoce el derecho de los pacientes y de sus tutores a solicitar la interrupción de un tratamiento médico. Inmaculada Echevarría, de Granada, se acogió a esta norma; el dictamen que elaboró la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía reconoció que "el ordenamiento aplicable permite que cualquier paciente que padezca una enfermedad irreversible y mortal pueda tomar una decisión como la que ha adoptado doña I. E. [...] Se trata de una petición amparada por el derecho a rehusar el tratamiento y su derecho a vivir dignamente". El fin de Inmaculada, igual que el de Eluana, no debe calificarse de eutanasia, sino de suspensión de un tratamiento médico.
Con todo, nuestro país también ha sufrido la irresponsabilidad política en casos tan graves como el de Leganés, que ha tenido consecuencias negativas en la administración de la sedación terminal a los enfermos y en la seguridad de los profesionales que deben tratarlos.
Queda mucho trabajo que hacer para lograr claridad de ideas en todos los que tienen responsabilidades en estas cuestiones y en las personas en general. El debate público es importante y debería ayudarnos a superar la manipulación que algunos sectores pretenden. La preservación del verdadero sentido de la vida y de la dignidad humanas dependen de ello, así como la evitación de mucho sufrimiento innecesario.
*Margarita Boladeras es catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Barcelona. Su último libro publicado es El derecho a no sufrir (Los Libros del Lince).

miércoles, 4 de febrero de 2009

El cierre del universo político chileno

La política chilena parece estar cada vez más dominada por los estrechos contornos de las nimiedades de sus actores hegemónicos y de sus propias fuerzas centrípetas, mientras los ciudadanos comunes, aquellos alejados de los placeres del poder, aún tienen fe en ellos y esperan cambios que sin su propia acción nunca llegarán.

En temas de política, extrañamente el ciudadano chileno confía más en el actuar de otras personas -en los personajes de turno- que en su propia determinación. Es decir, no confía en su propia capacidad como sujeto político y de cambio, y por eso siempre es pasivo, delega, espera pacientemente y confía eternamente en el actuar de otros. Puede reclamar mucho, vociferar quejas, pero generalmente se comporta como un polizonte (freerider).

Lo anterior en parte se debe a que a los ciudadanos chilenos nos han convencido –o nos han tratado de convencer- que pensar y actuar políticamente es peligroso para sí mismo y para el resto. Le han persuadido por más de una generación de que pensar en política es algo subversivo y riesgoso para la estabilidad, el orden y la democracia.

En definitiva, les han convencido que el universo político debe y es accesible sólo para algunos, no para todos, y que por lo tanto, debe estar bajo llave.

Y entonces, el ciudadano ha asumido que su único rol y nexo en cuanto a lo político es asumir una disposición apolítica constante, que se reduce a tirar una línea cuando se abre la cerradura y le dicen: vote.

El cierre del universo político se ve reflejado en que en Chile, el sujeto político no existe a nivel de sociedad civil. Cuando han existido atisbos de ello, han sido atomizados o acallados de diversas formas.

Las organizaciones civiles no-partidarias no tienen la suficiente fuerza para romper dicho cerrojo, para ejercer influencia en la toma de decisiones políticas y situarse a la par de los partidos políticos que, paradojálmente en muchos casos, son y se han vuelto funcionales a dicho trinquete y por ende a esa política de despolitización, que sea dicho de paso, está institucionalizada e internalizada en la mayoría de los sujetos.

El cierre del universo político se ha estructurado bajo la premisa y desconfianza a la vez, de que el ciudadano común es irracional y no sabe decidir, y que fue fundamento para la constitución de un sistema político tutelado (sí, el sistema político y electoral chileno es tutelado).

Se potencia la dicotomía en cuanto al sujeto como ciudadano versus consumidor, entonces como consumidor puede decidir muy bien qué comprar, pero como ciudadano se desconfía de él, pues no sabe qué tipo de política quiere.

Esto conlleva algo más profundo, complejo y oculto; la negación a priori del cambio social mismo a partir de lo político, y sobre todo, a partir de los propios ciudadanos.

Bajo esa lógica -del cierre del universo político- la política se anquilosa, se mantiene estática y obstruida a todo nivel (discursivo y práctico) y entonces se reduce a ser espacio para reproducir una promesa constantemente incumplida, de una “vida cada vez más confortable para un número cada vez mayor de gentes que, en un sentido estricto, no pueden imaginar un universo del discurso y la acción cualitativamente diferente, porque la capacidad para contener y manipular los esfuerzos y la imaginación subversivos es una parte integral de la sociedad dada” (El hombre unidimensional).

En base a esto, los actores políticos hegemónicos del poder institucionalizado –aquellos que desde dentro sustentan y mantienen cerrado el universo político para el resto- construyen espejismos de discusión y cambio profundo, para los ciudadanos comunes.

En dicho discurso, dichos cambios son sólo posibles desde dentro del aparataje político hegemónico que sustenta el cierre del universo político –ya sea del gobierno de turno o de su oposición- y del que se excluye a la mayoría de los ciudadanos. Lo cierto es que dentro del cierre del universo político, no existe debate de fondo y menos ideas o pretensiones de cambio sustancial. La discusión política de los actores dominantes se reduce a niñerías como hemos visto con las discusiones entre Piñera, Vidal y Moreira.

En este sentido, la mayoría de los ciudadanos, parecen no captar que las estructuras, los marcos institucionales, los proyectos y los actores políticos hegemónicos –los que están dentro del universo cerrado- son en esencia los mismos.

Así, “aquellos cuya vida es el infierno de la sociedad opulenta son mantenidos a raya con una brutalidad que revive las prácticas medievales y modernas. En cuanto a otros, menos desheredados, la sociedad se ocupa de su necesidad de liberación, satisfaciendo las necesidades que hacen la servidumbre agradable y quizá incluso imperceptible, y logra esto dentro del proceso de producción mismo” (El hombre unidimensional)..

La mayoría parece no preguntarse si ¿Es posible propiciar cambios desde adentro cuando la estructura del sistema parece petrificada en su propia lógica y cerrada a otros actores y ciudadanos?

Hoy el escenario político actual es lejos uno de los más turbulentos –no en sentido negativo sino positivo- de los últimos tiempos. Esto, porque a pesar de las camisas de fuerza que aún operan y que tanto la Concertación como la Alianza parecen mantener, la política parece abrirse más allá de las lógicas centrípetas e “egocéntricas” de las fuerzas dominantes, haciéndose algo más centrífuga.

Es tiempo de que los ciudadanos rompan el cierre del universo político, que es más grande de lo que les han hecho creer.