Los mapuches y la tierra, un análisis mutualista

Desde un punto de vista mutualista, el argumento en contra de la devolución de tierras a los mapuches, basado en la venta por parte de algunos, parece falaz, pues dichas tierras en el fondo fueron obtenidas por medio de la fuerza por parte del Estado chileno, y no a través de libre intercambio.

Los últimos acontecimientos en la Araucanía, no sólo demuestran que la estructura política e institucional chilena es incapaz de absorber las demandas e insertar a dichos sectores como actores políticos y sociales, aún cuando presentan un claro proceso de indigenización, sino que no son capaces de dilucidar que la raíz del problema tiene un origen histórico profundo: la pacificación de la Araucanía, que en realidad fue una invasión militar.

Desde un punto de vista mutualista, esto es una clara acción de agresión del Estado en contra de legítimos propietarios de la tierra, a través del traspaso a colonos.

Durante el gobierno de Domingo Santa María y luego de la Guerra del Pacífico, se inicia una segunda campaña de incorporación de la Araucanía, luego de un proceso de sublevación mapuche.

Bajo el triunfo del Estado chileno, se estructuró entonces una institucionalidad, que eliminó al sujeto indígena como potencial actor político, económico y social, excluyéndolo de la educación y el acceso a bienes y espacios que el gobierno y otras esferas generaban, atomizando sus comunidades y reduciéndolas a grupos familiares carentes de capacidad para generar una organización amplia bajo criterios etnográficos.

Uno de los argumentos en contra de las demandas mapuches consiste en decir que las tierras fueron vendidas por estos y que los actuales propietarios de las antiguas tierras mapuches son legítimos en cuanto las adquirieron mediante compras.

Desde un punto de vista mutualista, el argumento en contra de la devolución de tierras a los mapuches, basado en la venta por parte de algunos, parece falaz, pues dichas tierras en el fondo fueron obtenidas por medio de la fuerza por parte del Estado chileno, y no a través de libre intercambio.

Lo cierto es que aún cuando el actual dueño de la tierra la haya comprado “honestamente”, para que dicha propiedad sea legítima es necesario que el vendedor (El Estado) estuviera en posesión legítima para tener el derecho de venderla. Y el Estado chileno adquirió esas tierras por la fuerza y no por compra.

De lo contrario, como plantea Lysander Spooner “el título legítimo continuará perteneciendo a los desposeídos de su propiedad aun después de una, dos, tres y cien ventas con ahorro y trabajo de por medio”.

Las comunidades mapuches parecen haber tomados conciencia de este antecedente histórico, rompiendo con una lógica institucional y discursiva que se sedimento desde los inicios de la nueva república chilena, que no sólo borró cualquier vestigio de su propiedad sobre los nuevos territorios ocupados sino que fueron reduciendo la presencia de su cultura dentro del ideario nacional, bajo el discurso de lo criollo como constitutivo de lo chileno.

Debido al mayor acceso a información y bienes, generado por el mayor acceso a la educación e información de las generaciones más jóvenes de mapuches, se han visto con mayores incentivos para desarrollar sus organizaciones, revalorar sus aspectos culturales y articular sus demandas, que van desde la propiedad de la tierra hasta la no discriminación en general.

Porque contrario a lo que muchos plantean, las demandas no necesariamente provienen de mapuches excluidos, sino de jóvenes líderes mapuches que son universitarios.

Es claro que la creciente irrupción del mapuche como sujeto activo en cuanto a sus demandas, descoloca a los actores políticos institucionales, que no saben cómo cooptarlos y por tanto, no ven más opción que deslegitimar su incursión como actor social y político, penalizando y judicializando sus demandas sobre la propiedad de las tierras, asumiéndolas como totalmente ilegítimas, aunque la historia diga lo contrario.