miércoles, 5 de agosto de 2009

El Chernobyl chileno

Una población viviendo en medio de la contaminación. 4 mil exámenes perdidos. Niños gravemente enfermos y un gobierno que sigue mintiendo y ocultando información. El escenario de esta tragedia no es Chernobyl, es Arica, en Chile.

Las poblaciones Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica fueron emplazadas sobre residuos de arsénico y plomo dejados a mediados de los 80’ por la empresa Sociedad Procesadora de Metales Promel Ltda., y que provenían de la empresa sueca, Boliden Metal A.B.

Aquí, ya el olor a corrupción es fuerte, pues no se sabe bajo qué modalidad Promel ingresó estos residuos a Chile, siendo que no tenía capacidad para tratar esos contaminantes.

A principios de los 90´ el hedor continúa pues el nuevo gobierno, sin realizar estudios ambientales previos, instaló a vivir a miles de familias de escasos recursos sobre el desecho mineral (plomo, cadmio, zinc, mercurio, cobre y arsénico).

Ya en 1995 alrededor de 15 mil personas ocupaban las poblaciones Los Industriales IV, Villa Los Laureles, Cerro Chuño, Villa El Solar y Villa El Amanecer, todas a escasos metros del lugar de acopio del material contaminante.

Al igual que en la tragedia de Chernobyl, los efectos de la contaminación comenzaron a mostrarse al poco tiempo en la población, con jaquecas, gastritis agudas, dolores de huesos, abortos, embarazos molares, trastornos de aprendizaje, problemas de crecimiento, y enfermedades respiratorias e invalidantes.

Y al igual que en Chernobyl, el gobierno ha mentido, ha ocultado y alterado información, ha pasado a llevar varios derechos, y ha actuado indolentemente por casi 20 años.

Así, en 1998 y luego que se estableciera emergencia sanitaria ambiental en el lugar debido a la presión de los vecinos, las altas autoridades de la época, como el Ministro de Salud Alex Figueroa, el jefe del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Juan Luis Castro y la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de diputados, se comprometieron a dar solución al problema, trasladando los desechos a 3 kilómetros de las poblaciones.

Lo cierto es que los desechos fueron traslados sólo 700 metros.

En esa época, el gobierno y sus agentes culparon al dueño de Promel de todo el asunto, obviando la grave negligencia de las autoridades sanitarias y que fue el Estado el que permitió de manera irresponsable la construcción de viviendas para miles de familias sobre arsénico.

El año 2000, siendo ministra de salud la actual Presidenta Bachelet, se tomaron cerca de 4 mil exámenes de sangre para corroborar si la contaminación estaba afectando la salud de los vecinos. Extrañamente los resultados nunca aparecieron o fueron alterados.

La encargada de gestionar dicho proceso fue la doctora Carolina Asela, hoy Jefa del Servicio de Salud de Arica. El gobierno actúa con dolo y mala intención.

Y claro, hoy se trata de silenciar a los vecinos gastando altas sumas de dinero construyéndoles un centro cívico ¿Será también sobre el arsénico?

En el 2007 se entregó una indemnización vergonzosa a algunos vecinos, ocho millones de pesos para 356 de 15 mil habitantes.

En esa ocasión la Corte Suprema, estimó que el Servicio de Salud de la entonces Región de Tarapacá conocía perfectamente la existencia de este acopio desde 1984 y que antes de 1997 nunca hizo nada por salvar la vida de los pobladores.

Hoy la doctora Asela, Jefa del Servicio de Salud de Arica, sigue insistiendo en que no hay contaminación. El Servicio de Salud del Ambiente ha dicho que no existe intoxicación con plomo, sólo exposición a éste.

Lo cierto es que tanto el DICTUC de la UC como la Universidad de Tarapacá, han corroborando la alta contaminación que sufren las personas de Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica, y que sobrepasan las normas internacionales.

El gobierno miente descaradamente. ¿Dónde están los grupos pro vida o los defensores de los derechos humanos? ¿Dónde están los presidenciales? ¿Dónde están aquellos que se preocupan de los problemas reales de la gente?
La gente debería demandar al Estado chileno ante las Cortes Internacionales y varias autoridades deberían pagar con cárcel este acto criminal.

Tomando en cuenta que las autoridades prácticamente siguen siendo las mismas, es claro que el gobierno ha mentido, ha ocultado información y ha pasado a llevar derechos como el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente limpio de miles de personas.
Pd:Para que hablar de los "honorables" que transgreden la ley excediendo la velocidad permitida o usando balizas.

7 comentarios:

Javier Bazán dijo...

Parece que lo mostraron por televisión hace tiempo lo cuentas. Y en efecto, la basura solamente la había traslado a pocos metros. Además, no sirvió de nada porque la población recibía el viento procedente del basural. ¿Eran desperdicio de plomo?

A los grupos de DD.HH., no le interesa lo que cuentas y los ecologistas preferirían verlos muertos.

Jorge A. Gómez Arismendi dijo...

Ve el reportaje Javier.

Nadie protege a esa gente.

Es triste.

mdgrkb dijo...

Hola, Jorge.

Se me vienen a la mente frases como "en Chile las instituciones funcionan" o "en Chile tenemos un estado de derecho", y ante situaciones como ésta, pretender sostener esas afirmaciones me parece sencillamente una grosera burla.

Lo que claramente funciona son las presiones y en el fondo el dinero. Todo eso hermoseado con una seudo institucionalidad, sólo para aparentar.

Me quedó grabado eso que me dijiste: "que espero mucho de las personas".

Claramente, como sociedad, y en especial la clase política, "no damos el ancho", y por años luz. Si ni siquiera alcanza para que las autoridades respeten la ley del tránsito... Qué desastre, qué vergüenza...

Saludos

Jorge A. Gómez Arismendi dijo...

MDGRKB: Yo sacó dos reflexiones principales;

1) el Estado no puede monopolizar todo, como por ejemplo laboratorios o centros de investigaciones. Y en eso es clave la sociedad civil.

De hecho, los estudios los tiene que hacer el Estado, pero han dicho que sale caro.

Lamentablemente, desdehace más de 20 años, la sociedad civil ha sido desmantelada de diversas formas.

2) Se debe desconfiar de cualquier autoridad, la que sea. Por lo mismo, no hay que creer en iluminados de turno, ni moralistas, ni supuestos santos políticos, etc.

Saludos

mdgrkb dijo...

Hola, Jorge.

Sí, estoy de acuerdo en que el Estado no puede monopolizar, está ya históricamente comprobado el fracaso. Sí creo que debe regular, apoyado también, por cierto, por la sociedad civil.

Ahora, me hago otra pregunta, a ver si me puedes dar alguna pista. Si en el caso de Chaitén la amenaza era la naturaleza, no había responsabilidades civiles, y se hizo el esfuerzo (económico, logístico, etc.) de reubicar a todos los habitantes, ¿por qué no se ha hecho el mismo esfuerzo con las personas de estas localidades? Más allá de determinar responsabilidades, creo que no hay que ser un genio para constatar el gravísimo daño en la calidad de vida de las personas y tomar acciones. ¿A qué autoridad le corresponde esta decisión? (¿Quién no ha hecho su pega?)

Jorge A. Gómez Arismendi dijo...

Claramente el Gobierno actual, el anterior, y el anterior y así hasta varios años atrás...

JJ22 dijo...

Saludos Jorge.

Me gustaria saber quien le pago los 8 millones de pesos a las personas
Promel?
El estado de Chile?
Servicio de Salud de Arica?