Más de cien comerciantes ambulantes fueron detenidos en un operativo policial en la comuna de Santiago, por no contar con el permiso municipal respectivo. ¿Será pertinente dicha medida, en un año de crisis económica donde el desempleo ha aumentado?
El alcalde Pablo Zalaquett ha declarado una política de tolerancia cero en contra del comercio ambulante, con lo que busca erradicar más de 4.000 comerciantes que deambulan por las calles de la comuna de Santiago. Por lo mismo, no ha otorgado autorización alguna para el desarrollo de actividades de comercio ambulante, manteniendo sólo los permisos otorgados por anteriores administraciones.
El argumento principal de la autoridad municipal para llevar a cabo su política es que los "vendedores ambulantes" están relacionados con la delincuencia y la estafa.
Si bien es probable que algunos de los detenidos tengan dicha relación delictual, también es probable que muchos de esos vendedores ambulantes sean parte de los desempleados que la crisis económica ha generado en nuestro país, y que ante la falta de empleo, buscaron formas alternativas de subsistencia, no necesariamente delictivas.
¿Qué pasa si analizamos el problema desde un punto de vista mutualista?
Desde un punto de vista mutualista, y considerando el actual contexto económico de crisis y desempleo, la medida más bien parece ser contraproducente.
No sólo no se entregan permisos para que la gente pueda autoemplearse mientras se recupera la economía, sino que además se generan incentivos para hacer aún más ilegal el actuar de los individuos, volviéndolos, tal como decía Proudhon, los “mercenarios de la concurrencia”.
Desde un punto de vista mutualista, aquí tendríamos un ejemplo claro de cómo el Estado y su aparataje son funcionales a los intereses corporativos de las grandes empresas, impidiendo a las personas ganarse la vida de forma independiente.
Así por ejemplo, ocurrió con las personas que instalan el carro de sopaipillas, de churros, empanadas, pizzas (fabricadas por ellas mismas y por lo tanto no asimilables con aquellos que venden productos robados), y que fueron algunos de los detenidos en la operación llevada a cabo por el alcalde Zalaquett (perteneciente a un sector político que dice defender el libre mercado).
Sin embargo, la medida más bien coincide con el planteamiento mutualista que indica que, no es el libre mercado radical lo que defienden algunos vulgo liberales, sino más bien el capitalismo corporativo, donde el Estado sirve únicamente a los intereses de aquellos que controlan mayor capital, evitando que la gente se gane la vida por sus propios medios, para así tener dispuestos para éstos, un contingente de potenciales empleados, hambrientos y desesperados.
Como plantea Roderick Long, "gran parte del aparato regulador actual –incluyendo aquellas regulaciones que no son en absoluto percibidas como restricciones en el poder corporativo- es vigorosamente apoyado, respaldado, y en muchos casos incluso redactado por la élite corporativa".
Así por ejemplo, entre las medidas de la municipalidad está la de cobrar multas de 100 mil pesos a los ambulantes. No sólo se les detiene, dejándoles con antecedentes (que luego les hacen más costoso encontrar empleo) sino que se les quita el poco capital que tienen.
Desde un punto de vista mutualista, esto claramente concuerda con el modo con que se pretende disuadir al trabajador no calificado y desempleado, de que se haga independiente, instalando una venta callejera de comida, por ejemplo.
En otras palabras, le obligan a esperar la "beneficencia" de un empleador mayor. Es decir, le obligan a hacerse parte del "ejército industrial de reserva" del capitalismo corporativo.
1 comentario:
El fallecido Álvaro Bardón estaría de acuerdo contigo.
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