jueves, 9 de julio de 2009

DESPOTISMO BLANDO EN CHILE

Un nuevo proyecto de ley -aprobado por el Senado chileno- plantea hacer responsable de los desmanes a quienes llamen, por cualquier medio, a reunirse o manifestarse. Este no sólo debilita aún más el actuar de la sociedad civil sino también al sistema democrático.

“No tengo inconveniente en reconocer que la paz pública es un gran bien, mas no quisiera olvidar, sin embargo, que es a través del orden por donde todos los pueblos han llegado a la tiranía” Alexis de Tocqueville.

La frase del pensador francés es hoy muy pertinente si tomamos en cuenta el nuevo proyecto de ley, ya aprobado por el Senado chileno, que plantea enjuiciar a quienes convoquen u organicen –de forma oficial o no- reuniones o manifestaciones públicas, en caso de ocurrir desmanes.

El documento establece que “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo".

Según los parlamentarios, el proyecto de ley -que es una reforma al Decreto Supremo 1086 (promulgado en 1983) que prohíbe la reunión en lugares públicos sin permiso previo- busca robustecer el papel de las policías en la mantención del orden público.

Sin embargo, es claro que la medida atenta de lleno contra varios derechos civiles consagrados, como la libertad de expresión, “garantizada” por en la Constitución, y criminalizando acciones legitimas que la sociedad civil puede desarrollar en cuanto al poder estatal o cualquier otro poder, como la libertad de reunión, de expresión, de asociación y de circulación.

Desde el punto de vista filosófico y del pensamiento político en general, pasa a llevar la soberanía ciudadana, la autonomía individual y la sociedad civil en cuanto a su relación con el gobierno y el Estado.

Por lo mismo, la advertencia que hacía Tocqueville en cuanto al peligro del despotismo blando en la democracia se hace enormemente pertinente: «Parece que si el despotismo llegase a establecerse en las naciones democráticas de nuestros días, tendría otros caracteres [distintos de los de las sociedades antiguas]: sería más extenso y más suave, y degradaría a los hombres sin atormentarlos».

Claro despotismo blando, porque el proyecto de ley inhibe –no por la fuerza sino mediante la mera amenaza- el actuar público de los ciudadanos y los fuerza a ejercer sus derechos ciudadanos de forma particular y en espacios privados, debilitando entonces el espacio democrático y la capacidad asociativa de los ciudadanos, que para Tocqueville eran clave para prevenir el absolutismo y el despotismo.

Entonces, el espacio público pierde a sus protagonistas (que se ven reducidos a sus quehaceres diarios y particulares) y su esencia –que muy bien describe Hanna Arendt- como núcleo de lo político y como lugar donde los sujetos se encuentran como iguales mediante el diálogo.

El proyecto de ley de alguna forma también cumple con la profecía de Néstor García Canclini, donde los ciudadanos abandonan totalmente esa condición para convertirse exclusivamente en consumidores.

Entonces, y tal como planteaba Tocqueville, el despotismo blando, deja a los hombres sin vínculos comunes, aislados unos de otros y por tanto, débiles e incapaces de proteger su libertad, poniendo en riesgo al sistema democrático, en manos del despotismo.

«Este poder no destruye las voluntades, pero las ablanda, las doblega y las dirige; rara vez obliga a actuar, pero se opone sin cesar a que se actúe; no destruye, pero impide nacer; no tiraniza, pero mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y, al cabo, reduce a toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobierno» Alexis de Tocqueville.

En este sentido, sería bueno recordar que tal como el mismo Tocqueville planteaba, no es lo mismo la democracia política en términos formales, donde se eligen los gobernantes mediante el voto, que un estado social democrático.

La primera siempre tiene más riesgo de desarrollar un despotismo blando. El segundo aún no existe en Chile.

12 comentarios:

Juan Emar dijo...

Lo más jodido es que es muy difícil echar para atrás una ley así.

¿Cómo lo haces? ¿Protestando contra ella?

Es preocupante: despotismo entrelazado con mediocridad es una pésima mezcla.

Saludos

Jorge A. Gómez Arismendi dijo...

De alguna forma ya nos amarraron las manos porque no puedes convocar a protestar contra la ley porque podrían haber desmánes.

Despotismo blando claramente."Ciudadanos a sus casas, por su seguridad..."

Javier Bazán dijo...

Esa ley nunca hubiese llegado a cristalizarse si las personas que organizan esas manifestaciones no dañaran la propiedad pública y privada.

Después de todo, cuando ha habido daños nadie paga los millonarios costos ni nadie se hace responsable. Los pagan los afetados.

La última cita está más cerca de las regulaciones.

Jorge A. Gómez Arismendi dijo...

Javier, las personas que organizan manifestaciones no son las que dañan la propiedad privada, son los vándalos que se cuelan en éstas actividades.

Te aseguro, que sea cual sea la base ideológica o el por qué de una manifestación de gran convocatoria, los salvajes harán algo similar.

¿Acaso es Azul Azul el culpable de los último destrozos en Plaza Italia? No, pero probablemente muchos son los mismos que hacen desmánes en otros actos públicos.

Por eso te equivocas al decir "esa ley nunca hubiese llegado a cristalizarse si las personas que organizan esas manifestaciones no dañaran la propiedad pública y privada".

Cualquiera que se dice liberal o demócrata, debería estar en contra de este claro acto de despotismo.

MEFISTO dijo...

La cita a Tocqueville resume en su mayoría todo, pero que un derecho garantizado hasta en la declaración de los derechos humanos -artículo 19- no pese más que el mobiliario público municipal y claro la propiedad privada lo encuentro lamentable,y no es lavarse las manos por los daños a terceros y el esfuerzo de sus trabajos, aquí debería primar lo que en los derechos de la infancia hacen frente a una gran encrucijada ..."el bien superior de la ciudadanía".

Solo una observación mi estimado Jorge (que siempre leo su blog perome anime a garrapatear algunos trazos) el despotismo blando deja a los ciudadanos (si le da lata agregar el @) sin vinculos comunes, en estos tiempos simplificar y decir "hombres" suena raro, ok, sip el leguaje es político...ok sip, el blog es suyo y utiliza el lenguaje que quiera...
solo era una observación.

Cambio y Fuera.

mdgrkb dijo...

Hola, Jorge.

Estoy de acuerdo en cuanto al derecho a manifestarse, pero quisiera saber qué solución le das a la pregunta de ¿quién asume los costos por los destrozos de los vándalos infiltrados en las manifestaciones, ya sea a propiedad pública o privada?

Actualmente son las municipalidades y los privados los que asumen este costo, y ello seguramente en desmedro de proyectos que ya estaban en agenda. Supongamos, para el caso de las municipalidades, que son proyectos de carácter social. Luego los afectados por esa reasignación de recursos son los más necesitados. ¿En qué instancia se está resguardando sus derechos y previniendo la merma de beneficios que están sufriendo?

Quizá si, por ejemplo, las municipalidades o la intendencia cobraran un impuesto directo para cubrir los gastos por destrozos, los mismos ciudadanos encararían a los vándalos y reducirían los desórdenes.

El problema es cómo evitas que esos actos de vandalismo queden impunes, que es lo que ocurre actualmente.

Derechos y responsabilidades. Derecho a manifestarse, pero cuidando que no dé pie a que vándalos causen destrozos.

Saludos.

Jorge A. Gómez Arismendi dijo...

Mefisto, gracias por la observación,en realidad debería decir ciudadan@s.

MDGRKB: Los costos los asumen quienes hacen los destrozos y son detenidos en tales acciones. Las imputaciones son individuales, nunca colectivas.

En este sentido, sabemos que generalmente es un lumpen el que lleva a cabo estas acciones, no son necesariamente los profesores, ni los jubilados, ni los universitarios o estudiantes en general.

Se puede hacer un catastro, un análisis de las detenciones y entonces ir identificando a quienes son.

Por otro lado, esa forma de chantaje, de decir, la plata de proyectos sociales se va en pagar destrozos, no me convence.

Y de hecho, la falla es la impunidad, es decir, que quienes son detenidos haciendo destrozos no cumplen condenas, ni pagan nada.

El mejor ejemplo es lo ocurrido después del triunfo de la U, donde los que hicieron destrozos son probablemente los mismos que hacen destrozos en otros actos públicos, sea cual sea su naturaleza.

Javier Bazán dijo...

MDGRKB: Me interpreta.
También es despotismo blando que el Estado o un grupo de Estados se meta en nuestras cuentas de ahorri, so pretexto de sacar más impuestos a las personas.

Jorge: Yo no alego contra las manifestaciones en sí. Aquí estamos muy lejos cuando en otras partes manifiestan en forma ordenada y sin dañar a terceros.
Otro ejemplo: cuando hace manifestaciones en la avenidad España entre Valparaíso y Viña, no creo que las personas que vuelven del trabajo estén en contra de los estudiantes u otro grupo, tan sólo piden que no dañen a terceros. En este caso, que los estudiantes u otro grupo no se tomen la calle, para que las personas puedan volver a sus casas, luego de una jornada de trabajo.

Jorge A. Gómez Arismendi dijo...

Javier: La pregunta es ¿Es legítima para tí este tipo de medida?

mdgrkb dijo...

Hola, Jorge.

Gracias por tu respuesta.

Dices "la falla es la impunidad, es decir, que quienes son detenidos haciendo destrozos no cumplen condenas, ni pagan nada.".

¿Quieres decir que radicas la responsabilidad en el poder judicial que no aplica la ley o en los legisladores que no producen leyes adecuadas?

Decir "la falla es la impunidad" me temo que no ayuda a identificar responsables, sino que más bien potencia (supongo que sin querer) precisamente la impunidad.

Hay un costo monetario, pero también hay ya sea una falla del sistema o de quienes deben ponerlo en práctica, es decir una responsabilidad administrativa. Creo que los esfuerzos deben ir hacia esclarecer dónde está esa falla, para que se corrija, paguen quienes corresponda, y no estemos preocupados de depotismo blando, ¿te parece?

Saludos

Jorge A. Gómez Arismendi dijo...

En parte, efectivamente la falla es del legislativo y del judicial.

Los responsables se identifican cometiendo la agresión, no hipotéticamente o a priori (esa es la idea de la guerra preventiva).

Una vez identificados se aplica la sanción individualmente, no existen juicios colectivos. Si aceptamos los juicios colectivos, entonces estamos abriendo la puerta al genocidio.

Por lo mismo, culpar a un organizador de un acto, de lo que hagan otros individuos, es indebido.
Excepto, si el mismo organizador, en su llamado incite a la agresión.

Cada sujeto debe cargar con su responsabilidad, pero yo no puedo hacerme cargo de lo que hagan otros, aún cuando yo organice algo.

Saludos

mdgrkb dijo...

Hola, Jorge.

Estoy de acuerdo en que no se debe hacer responsable a quienes organicen una manifestación por los desmanes que puedan causar vándalos infiltrados, sólo creo que esta iniciativa, esta ley que se está proponiendo, es precisamente una medida desesperada (y coincido que errada e injusta) por poner atajo a estos vándalos y los daños que causan.

Señalas que efectivamente hay una falla en los poderes legislativo y judicial. Mi pregunta entonces es ¿qué entidad actúa cuando un poder del estado no está cumpliendo efectivamente su función? ¿Qué hacer cuando los mecanismos (leyes) para aplicar cualquier sanción deben provenir precisamente de aquéllos que están incumpliendo? Sé que suelo ser un poco extremo, pero me pregunto ¿acaso no tienen al menos la decencia de reconocer su incompetencia e irse a su casa? Y lo que más me decepciona es que creo que no, porque precisamente muchas veces los periodistas, incluso sin mucho esfuerzo, se dan un festín de rating mostrándonos las fallas (algunas menores, otras escandalosas) y vicios de quienes integran poderes del estado...

Me quedo con la sensación de la serie del Chapulín Colorado: "¡Oh!, ¿y ahora quién podrá defendernos..."

Saludos