KAREN, TVN Y ¿LA POLICIA POLÍTICA DC?

Las críticas a Karen Doggenweiler, rostro de TVN, son un claro ejemplo de despotismo blando, de hegemonia elitista, de persecusión política y sobre todo, de las formas sucias con que se pretende debilitar a otro candidato como Marco Enriquez Ominami.

La política se está poniendo más sucia de lo normal y eso se ve en cómo -al igual que en Rebelión en la Granja de Orwell- los presidenciables y sus equipos se van poniendo más "cerdos" en su actuar.

El mejor ejemplo: los cuestionamientos a la esposa de Marco Enriquez Ominami (MEO), por parte de miembros del comando de Frei como Sebastián Bowen y Paula Narváez, quienes plantearon un supuesto choque de interes e incompatibilidad entre su rol como rostro de TVN y su participación en la campaña de MEO.

Sin embargo, el choque de intereses está en otro lado. Claro, porque en el directorio de TVN están Francisco Frei (hermano del ex presidente) y la periodista Marcia Scantlebury, miembro del comité estratégico del comando.

Por otro lado, hay que ver de donde partieron las críticas. Pues bien, éstas surgieron del vicepresidente de la DC, Andrés Palma, un ex diputado olvidado por los electores, que entre sus conceptos políticos, considera que hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Por lo tanto, probablemente, también piensa lo mismo en cuanto a quienes pueden ser candidatos y quienes no.

Lo cierto es que las críticas a Doggenweiler carecen de todo fundamento, puesto que en elecciones presidenciales anteriores, el área dramática completa de TVN apoyo a los candidatos de la Concertación en sus campañas. Nunca se planteó la necesidad de una "revisión institucional", ni nadie habló de "ventajas" al usar rostros conocidos, como lo hicieron Bowen y Narváez.

Sin embargo, la "ventaja" de la que éstos hablaron, y que tendría MEO a través de su esposa -que es uno de los puntos de la crítica- es algo totalmente azaroso. Ella era conocida mucho antes de casarse con Enriquez Ominami y que éste decidiera ser primero candidato a diputado y ahora presidencial.

¿Acaso alguien casado con un famoso o famosa, no puede ser después candidato por tener "ventaja"? Absurdo totalmente.

No es sólo majadero, sino que antidemocrático, pues atenta contra la libertad de trabajo, la vida privada y la libertad de conciencia de un ciudadano. Es un claro acto de despotismo blando. Parecen purgas o guillotinazos jacobinos pero sin sangre.

Cualquiera que se precie de demócrata y rechace la persecución política contra quien sea, debería considerar esto inaceptable. Puede ser que no les agrade Karen, pero eso no significa justificar pasar a llevar un derecho civil y político, menos aún aspectos democráticos básicos.

Desde un punto de vista democrático y republicano, Karen tiene todo el derecho a apoyar a su esposo (esa es la parte más personal de su vida) y a la vez cumplir con su trabajo como rostro de TVN. No hay incompatibilidad, sobre todo porque lo que hace en TVN no es un programa de política.

Tiene todo el derecho por dos cosas obvias: 1) porque MEO es su esposo y 2) porque TVN se supone el canal de todos los chilenos, por lo tanto, la afinidad política no debería ser requisito para trabajar ahí. En ningún trabajo, al menos en teoría.

CANDIDATOS Y NUEVA CONSTITUCIÓN

DESPOTISMO BLANDO EN CHILE

Un nuevo proyecto de ley -aprobado por el Senado chileno- plantea hacer responsable de los desmanes a quienes llamen, por cualquier medio, a reunirse o manifestarse. Este no sólo debilita aún más el actuar de la sociedad civil sino también al sistema democrático.

“No tengo inconveniente en reconocer que la paz pública es un gran bien, mas no quisiera olvidar, sin embargo, que es a través del orden por donde todos los pueblos han llegado a la tiranía” Alexis de Tocqueville.

La frase del pensador francés es hoy muy pertinente si tomamos en cuenta el nuevo proyecto de ley, ya aprobado por el Senado chileno, que plantea enjuiciar a quienes convoquen u organicen –de forma oficial o no- reuniones o manifestaciones públicas, en caso de ocurrir desmanes.

El documento establece que “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo".

Según los parlamentarios, el proyecto de ley -que es una reforma al Decreto Supremo 1086 (promulgado en 1983) que prohíbe la reunión en lugares públicos sin permiso previo- busca robustecer el papel de las policías en la mantención del orden público.

Sin embargo, es claro que la medida atenta de lleno contra varios derechos civiles consagrados, como la libertad de expresión, “garantizada” por en la Constitución, y criminalizando acciones legitimas que la sociedad civil puede desarrollar en cuanto al poder estatal o cualquier otro poder, como la libertad de reunión, de expresión, de asociación y de circulación.

Desde el punto de vista filosófico y del pensamiento político en general, pasa a llevar la soberanía ciudadana, la autonomía individual y la sociedad civil en cuanto a su relación con el gobierno y el Estado.

Por lo mismo, la advertencia que hacía Tocqueville en cuanto al peligro del despotismo blando en la democracia se hace enormemente pertinente: «Parece que si el despotismo llegase a establecerse en las naciones democráticas de nuestros días, tendría otros caracteres [distintos de los de las sociedades antiguas]: sería más extenso y más suave, y degradaría a los hombres sin atormentarlos».

Claro despotismo blando, porque el proyecto de ley inhibe –no por la fuerza sino mediante la mera amenaza- el actuar público de los ciudadanos y los fuerza a ejercer sus derechos ciudadanos de forma particular y en espacios privados, debilitando entonces el espacio democrático y la capacidad asociativa de los ciudadanos, que para Tocqueville eran clave para prevenir el absolutismo y el despotismo.

Entonces, el espacio público pierde a sus protagonistas (que se ven reducidos a sus quehaceres diarios y particulares) y su esencia –que muy bien describe Hanna Arendt- como núcleo de lo político y como lugar donde los sujetos se encuentran como iguales mediante el diálogo.

El proyecto de ley de alguna forma también cumple con la profecía de Néstor García Canclini, donde los ciudadanos abandonan totalmente esa condición para convertirse exclusivamente en consumidores.

Entonces, y tal como planteaba Tocqueville, el despotismo blando, deja a los hombres sin vínculos comunes, aislados unos de otros y por tanto, débiles e incapaces de proteger su libertad, poniendo en riesgo al sistema democrático, en manos del despotismo.

«Este poder no destruye las voluntades, pero las ablanda, las doblega y las dirige; rara vez obliga a actuar, pero se opone sin cesar a que se actúe; no destruye, pero impide nacer; no tiraniza, pero mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y, al cabo, reduce a toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobierno» Alexis de Tocqueville.

En este sentido, sería bueno recordar que tal como el mismo Tocqueville planteaba, no es lo mismo la democracia política en términos formales, donde se eligen los gobernantes mediante el voto, que un estado social democrático.

La primera siempre tiene más riesgo de desarrollar un despotismo blando. El segundo aún no existe en Chile.

CIPER CHILE: Diputados asegurados: $120 millones al año paga la Cámara en pólizas para ellos y sus familiares

El Congreso quiere debilitar la Sociedad Civil en Chile

En el blog Bomba en camino, cuyo autor usa el seudónimo de Juan Emar, leí un artículo (que reproduzco íntegramente) donde se explica que el Congreso chileno quiere promulgar un proyecto de ley (4821) donde se hace responsable de los daños y destrozos que se produzcan a quienes convoquen públicamente al evento. Si no hay convocatoria, el responsable será quien pida el permiso para usar la vía pública.

Esto va claramente en contra varias libertades y derechos políticos y civiles, como la libertad de expresión, de reunión, de movimiento, derecho a protestar pacíficamente, y sobre todo al principio de desobediencia civil.

Por otro lado, esto hace manifiesto que hay mucho autoritario camuflado de liberal, o sea mucho vulgo liberal.

Los Milagros de José María Nº 10: "El que convoca, paga"
Hermanas y hermanos: tiempo llevaba San José María sin sorprendernos con sus milagros. Y si a eso le sumamos la muerte de Michael Jackson, resultaba aún más difícil ver su obra milagrosa.

Pues bien, la gracia de José María a impregnado la voluntad y reflexión de nuestras autoridades (legislativas y ejecutivas) con el proyecto de ley 4821 que seguramente acabará con las marchas y manifestaciones públicas.

La palabra de San José María Escrivá de Balaguer era sabia y piadosa. Y al parecer Ministerio del Interior y Senadores se inspiraron en la Máxima 672 de "Camino":
"Está seguro de que eres hombre de Dios si llevas con alegría y silencio la injusticia."

Así es, de ahora en adelante (si los diputados aprueban la ley que ya aprobó el Senado) si usted considera que hay una injusticia que merece ser reclamada, deberá hacerlo en silencio. No se le ocurra ocupar la vía pública. Le puede salir muy caro.

El artículo clave de la ley (que además eleva penas de cárcel y multas a encapuchados) es aquél que hace responsable de los daños y destrozos que se produzcan a quienes convoquen públicamente al evento. Si no hay convocatoria, el responsable será quien pida el permiso para usar la vía pública.

Claro, porque el Decreto Supremo 1086 del Dictador ceniciento, promulgado en septiembre de 1983, "impide la reunión en lugares públicos sin permiso previo y el derecho a la libertad de expresión garantizados por la Constitución Política en el artículo 19 Nos 12 y 13".

Este Decreto ha sido mantenido por la "democracia protegida" concertacionista, ejerciéndose como método de control de las manifestaciones y funcionando -de facto- como aparato represor de la libre expresión y uso de espacios públicos: los permisos pueden darse incluso el día antes de la marcha (y pueden no darse) poniendo en suspenso la organización de la misma. A esto se suma que los lugares por donde transite estarán acotados y acordonados por Carabineros armados y vestidos para la ocasión. De este modo, si la marcha se desvía o dura más que lo que dice el permiso, se puede justificar el presupuesto para guanacos y lacrimógenas.

Este artículo responde a una demanda entendible: la protección de la sacra propiedad privada (más garantizada que la salud o la educación en nuestro país). Seguramente diversos locatarios y vecinos han elevado sus quejas ya que "nadie responde" por los daños que vándalos hacen aprovechando la ocasión de una protesta o marcha.A esa demanda el Estado dice ahora: el que convoca, paga.

La "reflexión" tras la intencionalidad de la ley puede tener -a mi criterio- tres lecturas:

1) Gobierno y parlamentarios creen de verdad que los vándalos son parte de la protesta:Con esta ley comprenderán que si están dispuestos a llevar una "fuerza de choque", van a tener que juntar harta plata para darse el gustito de destruir los vidrios de una farmacia coludida o rayar una consigna en un muro, por ejemplo.

2) Gobierno y parlamentarios creen de verdad que los organizadores de la protesta pueden controlar a los vándalos:El supuesto es que los destructores serían capaces de obeder las órdenes de no destruir y acatarían pacíficamente.Creo que cualquiera que haya visto como actúa el lumpen lo pensará varias veces antes de interponerse en ese despliegue de violencia y agresividad.

3) Gobierno y parlamentarios no creen en los boicots:Asumen que cualquiera que va a una marcha lo hará porque comulga con lo que se convoca. Y que esta ley no será utilizada por quienes se oponen a los convocantes justamente para dañarlos.

Un breve ejemplo: suponga ud. que trabaja para una minera que desea explotar un yacimiento gigantesco de oro bajo unos glaciares en el Norte de Chile.

Su imagen está por los suelos ya que diversas organizaciones se han opuesto al daño ecológico que generará, al derretimiento de los glaciares y a la contaminación de las aguas de un valle que vive de la agricultura. Además, nada de esa riqueza explotada quedará en el país que la alberga.

Suponga ahora que las organizaciones que tanta bulla meten para oponerse a su actividad extractiva convocan a una marcha/manifestación en el centro y que sus asesores jurídicos le alertan sobre esta ley. ¿Acaso no sería tentador pagarle un millón de pesos a 10 personas para que se encapuchen y destruyan la mayor cantidad de cosas costosas posible?

Suponga que logran generar daños por 100 millones de pesos ¿Eso no sería llevar a la quiebra a sus oponentes?Pero claro, esto es pensar muy mal de entidades tan filantrópicas como las mineras...

Ahora, estas 3 lecturas antes descritas parten de un supuesto común: nuestras autoridades son estúpidas.

Y a pesar de que muchas veces lo demuestran, es ingenuo pensar que no son capaces de ver (o contratar gente que vea) colaterales como el recién descrito.

En ese acaso, habríamos de agregar una cuarta lectura, una "maquiavélica" (y que me perdone Maquiavelo por el abuso):

4) Gobierno y parlamentarios saben como son las cosas y buscan justamente evitar las manifestaciones públicas:Saben que en las marchas hay infiltrados, saben que los organizadores no pueden controlar lo que hace cada una de los cientos o miles de personas que asisten y sabiendo todo eso, tiran esta ley para desincentivar la realización de marchas o protestas.

Estamos entonces frente a una ley que restringe libertades civiles. De manera indirecta e hipócrita, pero restrictiva al fin.

Un paso más cerca de la mediocridad y un paso más lejos del eufemismo del "gobierno ciudadano".

No defiendo ningún tipo de destrozo, pero creo que hay que preocuparse más del origen de esa violencia que es capaz de estallar incluso en situaciones de celebración (como los recientes partidos de la selección).

El problema es que puede que a muchos no les guste que le digan por qué hay gente con rabia en este país (y no sólo este país: véase Argentina, España y Francia, por citar algunos ejemplos).

Mediocridad porque el gobierno le está haciendo el quite a hacer la pega de la seguridad pública y en vez de buscar y castigar a los culpables, tendrá listos los chivos expiatorios incluso antes de que se hagan destrozos. Sin jamás enfrentar el tema de fondo que genera estos hechos.

Pero claro, tendremos un país más silencioso, menos rayado y sin destrozos. Sin embargo en ese silencio forzado, en ese toque de queda permanente, en ese Estado de Sitio encubierto, puede incubarse un malestar mucho más peligroso....y claro, silencioso.

Gracias San José María por favor concedidoPor Favor, reAcciones

P.S.1: Les dejo aquí una carta de algunas federaciones de estudiantes sobre el proyecto de ley.

P.S.2: Agradezco al anónimo que me dejó este link y al mail que amigos me enviaron con esta preocupante noticia.

Honduras ¿Dónde están los demócratas?

El golpe de Estado en Honduras revela que en Latinoamérica los actores políticos de distintos sectores y espectros -aún cuando se declaran demócratas- todavía validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo cambios o para evitarlos.

La discusión en torno a la crisis política que se vive en Honduras se ha centrado en definir si se están ante una transición legal, un gobierno de facto, o uno interino; o que si las causas que llevaron a tal situación fueron la polarización ideológica, el intervencionismo, etc.

Explicaciones y resquicios legales hay para todo. Tanto para llevar a cabo consultas no contempladas en la constitucionalidad, como para justificar alzamientos militares.

Lo único preciso es que en Honduras sí hubo un golpe de Estado. Con todas sus letras. Un golpe de Estado cuyo pretexto es proteger la legalidad y la democracia, pero que sin embargo, claramente ha pasado a llevar a la primera y ha puesto en riesgo a la segunda. A eso es a lo que debemos poner ojo.

Lo cierto es que aún cuando Zelaya haya pasado a llevar la constitución, bajo ningún punto de vista se justificaba suspender la legalidad, negándole el debido proceso judicial, o para expulsarle de Honduras. Ahí hay un factor clave del porque estamos ante un claro golpe y no un frente aun proceso de transición legal.

Por otro lado, tampoco se justifica que los medios de comunicación y la prensa no puedan ejercer su tarea de forma libre y sin controles, al ser suspendidas temporalmente por el gobierno de facto.

Lo concreto es que los hechos en Honduras revelan un trasfondo complicado en cuanto a la forma de hacer política en nuestro continente. Muestran que todavía existen actores políticos en Latinoamérica, de distintos sectores y tendencias -aún cuando se declaran demócratas- que validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo los cambios que pretenden o para evitarlos.

No sólo eso. Lo ocurrido en Honduras demuestra que para muchos, el Estado de Derecho, sólo debe ser respetado según su funcionalidad a la posición política que se defiende y según el individuo al que se le aplica, y no como un marco de acción para el juego político.

La precipitada acción de fuerza por parte de los militares hondureños, respaldada por el Congreso de dicho país, demuestra que en la solución de conflictos políticos aún se contempla, como primer gran recurso, la agresión y el uso de la fuerza. No sólo como un modo legítimo a nivel ideológico, sino también institucional.

En este sentido, la propia institucionalidad –y esa es una falla del presidencialismo en general- no permite solucionar problemas de índole político de forma política, sino de forma judicial y en muchos casos y lamentablemente violenta. De esa falla, en América Latina y a lo largo de la historia, han surgido la mayor parte de las justificaciones a golpes militares, como forma de solucionar conflictos de índole política. Nunca como último recurso, sino como el primero y único.

Artículo publicado en OBSERVA, Observatorio de la Realidad Ciudadana y en Par de Jorges

Michael Jackson y el Golpe en Honduras

La prensa chilena -sobre todo la televisiva- ha demostrado su carácter de instrumento hegemónico: la muerte del rey del Pop ha sido el nuevo sedante informativo.

Se supone que las funciones de la prensa son informar, educar y entretener. No sólo eso, se supone que un régimen de prensa libre (a diferencia de uno monopolizado) las personas se pueden informar desde distintas fuentes acerca de distintos temas. Es decir, no hay monopolio en cuanto al emisor ni tampoco en cuanto a los contenidos. Eso al menos en teoría.

Sin embargo, este fin de semana largo, en Chile, la prensa nacional, sobre todo la TV, ha demostrado que tiene una clara tendencia al monopolio en cuanto a los contenidos informativos que se emiten (todo los canales se copian), lo que en definitiva termina por desinformar a los ciudadanos.

Como si no existieran otros hechos importantes, todos los canales y programas (incluidos improvisados shows especiales) han dedicado largos espacios de sus noticieros para hablar de la muerte de Michael Jackson. Incluso programas, por cuyo perfil editorial no deberían, lo ha hecho. De otros hechos, nada.

La prensa, sobre todo la televisión (que es el medio por el cual se informa la mayor parte de la población) se ha encargado de bombardear y monopolizar el contenido de la información mediante una redundancia exagerada acerca de la muerte del ídolo pop, generando entropía y ruido.

¿Sabrá la gente qué es lo que pasa con el precio de los combustibles, el desempleo, los procesos a parlamentarios por irregularidades? ¿Sabrá que ocurrió un golpe de Estado en Honduras?

Más allá de las posiciones políticas, las opiniones que se tengan, y las causas y trasfondos del golpe en Honduras, lo cierto es que los chilenos “en general” ni se han enterado y parece que “no les interesa” saber qué ocurre en dicho país.

Algunos dirán que es por la distancia, o porque se trata de un “país bananero” y nosotros somos los “ingleses de América”, etc. Otros incluso, probablemente dirán que el golpe se justifica, que es una medida necesaria, etc. Otros dirán que la muerte de Michael Jackson es mucho más importante, etc.

Lo concreto y probable es que la mayoría sí sabe que Michael Jackson murió y todos conocen los entretelones del hecho. La prensa no ha dejado espacios para no saberlo.

Y en eso no hay nada malo. Algunos probablemente eran más fanáticos que otros y es válido que todos quieran saber qué pasó con su ídolo o el cantante que escucharon de niños.

El problema radica en que la prensa –una vez más- ha logrado reducir los espacios de realidad y necesidad de los sujetos en términos informativos. Una vez más también ha logrado determinar qué es importante y qué no para los ciudadanos.

Un fin de semana completo de información monopolizada ha reducido la realidad de un importante número de sujetos a la muerte del cantante. Ahí radica la falla y el riesgo, puesto que entonces, un golpe de Estado, donde se censuran medios y se aplica la violencia contra civiles, es visto por la mayoría de las personas como algo sin importancia noticiosa, del que ni siquiera vale la pena enterarse.

La prensa –ahora con la muerte de Jackson- ha logrado generar una nueva especie de sedante informativo en la ciudadanía. No hay otra realidad que la que se vive en Bel Air. Y sin embargo, es una realidad mucho más ajena de la que probablemente se vive en Honduras.

Es más, la prensa frente a dos hechos similares (Irán y Honduras) e igualmente graves, actúa de forma distinta, por un tema ideológico.

Este fin de semana, la prensa chilena ha demostrado que dedica pequeños espacios para informar y educar. La mayor parte lo usa para entretener, entretener, entretener, entretener, entretener, entre, ent, en, eeeee…(alienar).

Internet sigue siendo el nicho más libre para informarse.

El ESTABLISHMENT, SUS ENCUESTAS Y LOS CIUDADANOS

En esta ocasión, la encuesta CEP ha sido más bien una forma de legitimar y fortalecer -mediante el encauzamiento de las expectativas ciudadanas- un sistema político anquilosado, poco competitivo, y cada vez más cuestionado por la gente en general. Por lo mismo, la alta competitividad de las elecciones presidenciales entre Piñera y Frei, que pretende mostrar el estudio, es más bien ilusoria.

Más allá de los típicos análisis, hay que ver que la encuesta del Centro de Estudios Públicos, quizás la más esperada de las encuestas políticas (y eso que la opinión pública no existe) pretende mostrar una opinión pública cuyo principal interés político estaría centrado en cuán simpático es un candidato.

Pero ¿Cuán cierto es esto y qué se esconde detrás de ese mensaje?

La última encuesta del CEP publica ayer, enfocó parte importante de sus consultas a determinar cómo perciben los ciudadanos a los candidatos presidenciales, preguntándoles si los veían preparados para ser presidente, simpáticos, inseguros o manipuladores.

En este sentido, la consulta no tomó en cuenta ni puso en el tapete cuestiones programáticas ni de trasfondo político en cuanto a la próxima elección presidencial.Es decir, eliminó de la “opinión pública” lo más importante que debería tomarse en cuenta a la hora de elegir a un futuro gobernante; sus propuestas y programas.

Algunos dirán que eso ocurre por un tema netamente metodológico. Quizás. Pero no. Y es que hay algo detrás de toda encuesta: y es que estás no reflejan tanto la realidad, sino que más bien pretenden construirla.

Por lo mismo, y en esa pretensión de construir la realidad, la encuesta CEP ha pretendido mostrar que el único cambio concreto y posible –en el actual sistema político- será relativo a tener un presidente más simpático, menos inseguro o menos manipulador. Nada más allá de eso.
Es decir, con la encuesta se pretende enmarcar las esperanzas y márgenes de opción del electorado, no en torno a asuntos programáticos y políticos, sino a cuestiones subjetivas como la simpatía o seguridad del candidato. O sea, a expectativas dentro de lo que el establishment del poder permite.

A través de la encuesta se les dice indirectamente a los ciudadanos –a sus subconscientes- no pidan más allá, pues éste es el sentir general de la opinión pública.

Lo anterior, aún cuando la encuesta CEP –que es parte del establishment- construye esa ficción, esa opinión pública, a partir de un universo de sólo 1.505 personas, cuando en la realidad existe un total de 8 millones 100 mil inscritos para votar.

Si uno lo analiza bien, la encuesta –aunque no es explícita en decirlo y tampoco pretende hacerlo- también muestra claramente que “el cambio”, la “renovación de la política” y la inclusión de jóvenes en las campañas de la Concertación y la Alianza, son sólo una ficción, una estrategia de marketing, y no una pretensión política y programática.

Es decir, que los cambios profundos y de fondo no están considerados por los candidatos de dichas coaliciones, y que tampoco deben estarlo en las expectativas de los ciudadanos.

Una vez más, el establishment se refuerza y se reproduce a si mismo mediante sus instrumentos, guiando las expectativas y opiniones de los ciudadanos.

Es claro que en esta ocasión, la encuesta del CEP ha sido más bien una forma de legitimar y fortalecer mediante el encauzamiento de las opiniones y expectativas ciudadanas -sobre todo a través de los medios de comunicación masivos- un sistema electoral y político anquilosado, poco competitivo, y cada vez más cuestionado por la ciudadanía en general.

Es por esto que la alta competitividad de las elecciones presidenciales entre Piñera y Frei, que pretende mostrar la CEP, es más bien ilusoria.

Lo cierto es que los bandos políticos ya están armados hace rato en torno a la Alianza y la Concertación, pero el votante medio -aquel independiente que deben pelearse los partidos políticos- en la realidad no quiere optar por ninguno de esos candidatos, pues en el fondo perciben a Piñera y Frei como iguales, como parte del mismo establishment y orden político basado en la Alianza y la Concertación, que no aprueban.

De lo anterior surge gran parte del creciente apoyo a la candidatura de Marco Enríquez-Ominami (que no sólo cuenta con simpatizantes entre inscritos sino también entre no inscritos).

Si se analiza con detalle, se puede ver que existe un número importante de personas que no vota o no le interesa hacerlo en éstas próximas elecciones.

Ya en las pasadas elecciones, de 8 millones de inscritos, más de un millón (un 16%) prefirió no votar, mientras que hay 3 millones de no inscritos en edad de hacerlo. En otras palabras no sólo no les gustan las opciones que se les ofrecen, sino que ponen en tela de juicio la legitimidad de éstas para gobernar y de todo el orden político.

Por lo mismo, como instrumento del establishment y en la función de revertir ese fenómeno, la encuesta CEP no aportó nada nuevo y más bien reforzó lo que otras encuestas, medios de comunicación y partidos políticos han hecho y han estado haciendo en los últimos meses: tratar de reducir o atraer las opciones, expectativas y opiniones de los ciudadanos a las que ofrecen las coaliciones hegemónicas (La Concertación y la Alianza).

Da lo mismo cuál. Es el mismo establishment.

¿Quién es dueño de las ideas de Sócrates?

El proyecto de ley sobre propiedad intelectual –también propuesta por el gobierno chileno- es una clara arremetida de las elites a nivel mundial, para evitar la democratización del conocimiento y la información.

En el siglo XV, cuando se desarrolló la imprenta en Europa, rápidamente esta fue prohibida por algunas elites medievales, debido al claro riesgo que implicaba para el statu quo, el acceso de un número importante de personas al saber escrito, sobre todo si ese conocimiento era contrario al orden vigente.

Lo anterior, porque la imprenta rompió no sólo con la tradicional transmisión oral del conocimiento -contribuyendo con ello a su mayor desarrollo- sino también con la idea de que el pueblo en general no tenía derecho a la información, menos a difundir o desarrollar ideas.

Por lo mismo, la imprenta trajo consigo profundas transformaciones en la política, la religión, las artes y el conocimiento de la época, y fue un instrumento importante para el posterior desarrollo del movimiento ilustrado, que terminó por derribar el antiguo orden social, político y económico medieval.

El saber ya no era exclusivo de las elites y los grupos religiosos, sino que podía ser patrimonio de la población en general. Con ello se inician los procesos de alfabetización de las personas y la necesidad de su instrucción pública.

Al igual que con la imprenta, el Internet -con el paso del tiempo- ha roto las barreras elitistas en torno al conocimiento, permitiendo a miles de ciudadanos en todo el mundo, acceder a la más diversa información, desde música hasta libros (que son muy costosos, o no se publican en su propios países, ya sea por prohibición o porque el mercado no lo demanda) sin necesidad de moverse de su escritorio.

Les ha permitido a millones enterarse de hechos de los que nunca se hubieran enterado a través de las prensas de sus países; o denunciar a través de sus blogs y sitios a gobiernos o corporaciones corruptas; o simplemente conocer opiniones y desarrollar ideas propias, e incluso organizarse en torno a ellas. Todo por internet y sin el control gubernamental ni la censura de grupos de presión específicos.

Con el Internet, la gente puede leer prensa de diverso tipo, difundir (sus) poemas, reseñas, tesis, revistas; o escuchar y difundir (su) música; hacer parodias de películas, intercambiar ideas y datos o mejorar las de otros. Todo a un precio accesible y de forma libre. Pueden leer a muchos autores –desde los clásicos hasta los más contemporáneos- que sirven de inspiración para cuestionar el orden vigente, oponerse a los gobiernos, al capital corporativo, a grupos de presión, etc.

Al igual que la imprenta en su tiempo, Internet ha revolucionado el acceso y creación de información entre las personas. Ha derribado viejas barreras y limitaciones de orden geográfico, económico y cultural.

Ahí radica el porque para aquellos que tienen el poder, Internet se ha vuelto cada vez más riesgoso. He ahí porque ahora quieren ejercer mayor control sobre éste, sobre su uso, acceso y sobre la información que circula en éste.

Una vez más, las elites ven que el mayor y libre acceso a información de las personas, esta vez a través del Internet, implica un serio riesgo para su poder. No sólo las desmitifica, sino que de lleno pone en tela de juicio la legitimidad de su dominio.

El proyecto de ley que modifica la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, según se nos dice, busca equilibrar el uso de las nuevas tecnologías con los derechos de autor, protegiendo a los creadores y la innovación.

Sin embargo, al igual que con la imprenta, lo que se pretende en realidad es mantener el conocimiento y la capacidad de innovación bajo en control de unos pocos, criminalizando a la vez a quienes accedan o difundan libremente a información a través de medios digitales.

Por lo menos eso se logrará si se aprueba la idea de que las empresas proveedoras de acceso a internet sean jueces, pudiendo exigir bloquear o terminar el servicio a clientes presuntamente infractores de la Ley de Propiedad Intelectual. Todo sin mediar resolución de un tribunal calificado.

¿Qué pasa con el derecho constitucional a un juicio justo? ¿Qué pasa con evitar arbitrariedades en estos casos? ¿Qué pasa si publico una crítica en mi blog contra la empresa que me facilita el internet y me desconecta por supuestamente infringir la ley?

Claramente se pretende devolver el patrimonio del conocimiento a las elites y alienar a la población. Porque la modificación también estipula exigir a los proveedores de Internet un pago por derecho de autor por los contenidos que transitan en sus redes.

En definitiva, esto no se trata de proteger a los autores, ni sus derechos, ni sus obras, ni la innovación, sino más bien de evitar una segunda y más masiva aún ilustración bajo el alero de Internet.

En definitiva, estas leyes se tratan de una lucha por el control de la información. Pero sobre todo, de evitar la difusión de ideas entre la población.

En el caso de Chile, una de las trabas principales al acceso al conocimiento han sido los altos costos de los libros, debido a los altos impuestos, que han mantenido por años, al margen del saber, a una gran cantidad de ciudadanos. La modalidad del impuesto ha sido una técnica para evitar el desarrollo de una masa crítica y una sociedad civil informada.

Internet rompió con esa modalidad elitista del conocimiento y la gente ahora puede leer prensa más independiente o se informan por blogs. Pero sobre todo, pueden leer libros que antes, por un tema de costo (simplemente no tenían el dinero para comprar uno o no podían viajar fuera para comprar) no podían ojear.

Tal como explica Kevin Carson, “La propiedad intelectual sólo puede existir si se infringen los derechos de la propiedad privada tangible. Los copyrights y las patentes conceden al tenedor de éstos una apropiación de facto de la propiedad física de otras personas, impidiéndoles usar esa propiedad en las formas y modos que determine el monopolio que el tenedor de esos derechos posee”.

En otras palabras, la modificación de la ley de propiedad intelectual termina por matar la libre creación, la innovación y el desarrollo del conocimiento. El proyecto de ley destruye la dialéctica de Hegel, el falsacionismo de Karl Popper, y las revoluciones de Kuhn.

Este proyecto de ley da por sentado que las ideas surgen tal cual las conocemos, son estáticas, inmodificables y exclusivas. Peor aún, considera que las ideas constituyen propiedad como un lápiz.

Entonces, alguien me puede decir ¿Quién es propietario de las ideas de Sócrates?

No votar, una forma de votar

En varios canales –sobre todo de TV pagada- se ha hecho habitual ver campañas donde se llama a votar a los no inscritos, para que “nadie hable por ellos”, se “Mojen por Chile”, y “se hagan grandes”. Sin embargo, detrás de estos mensajes se esconde la simple legitimación del orden isonómico existente a través del encauzamiento de las preferencias políticas de las personas.

Los (ahora) constantes llamados a inscribirse y votar -sobre todo por parte de algunos candidatos presidenciales- en el fondo sólo pretenden reemplazar la clientela electoral ya envejecida, para así asegurarse legitimidad futura, y de pasada de justificar la totalidad del sistema político imperante.

Estas invitaciones no pretenden ampliar o diversificar las opciones de participación de los ciudadanos, sino que (cual pastor con sus ovejas) encauzar por y hacia el buen camino del voto, sus preferencias políticas y electorales. Te invitan a participar, pero sólo votando, y no de cualquier forma.

Lo anterior, responde a la constante y oculta pretensión (una vez más) de que las opciones ofrecidas a los electores (las ofertas), sean menos de las que realmente podrían existir y estén dentro de la gama de lo posible y permitido en el sistema isonómico, es decir, la estructura electoral y partidaria.

Por ello el no votar, el votar blanco o nulo es sancionado, aún cuando deberían ser opciones válidas para expresar preferencias políticas de los ciudadanos. Contradictoriamente, te obligan a que te guste el sistema.

En este sentido, en el último año, el universo político ha dado señales claras de tal situación. En su interior la competencia política está más que controlada y restringida; y sus actores dominantes son claramente contrarios a cualquier innovación y nueva oferta y forma de hacer política (y eso que muchos se llenan la boca con esas palabras).

Las tecnologías del poder y el encauzamiento de los individuos

El encauzamiento de los individuos, mediante la restricción de las ofertas en el universo político se produce en diversas dimensiones, y a través del uso de variadas tecnologías -que Foucault llamaría de disciplinamiento-. En el fondo pretenden evitar el desarrollo de fisuras dantescas en el discurso constituyente del orden actual.

La más básica de estas dimensiones es la coacción física, cuya tecnología es la fuerza física. Si la persona no quiere votar, se ejerce la coacción estatal sobre ésta: se le multa o se le recluye.

Otra dimensión, claramente más subjetiva, es la apelación a los sistemas de creencia y situación de vida de cada persona, a través de “la incertidumbre de los castigos” en cuanto a su voto, sobre todo a no ejercerlo. Esto se hace en varios sentidos y espacios. A la gente se le dice que si no vota por éste, podría ocurrir tal cosa, o si no lo hace por éste otro, podría pasar esta otra cosa.

Lo anterior es la base de la lógica del mal menor y del discurso de la alternancia (Que coincidencia). Si no votamos por X vendrán los otros y con ellos el debacle. Si no votamos por los otros, los que ahora están nos llevarán a la hecatombe. El mensaje es el mismo, si no votan por nadie, todo se destruirá. En definitiva, es la apelación al miedo a la anarquía.

De la lógica anterior, también se desprende la apelación a la racionalidad del elector, que en el fondo también es un instrumento de disciplinamiento en torno al voto -léase locura versus razón- que se aprecia claramente a nivel de disciplina partidaria interna y también en cuanto al ejercicio de la ciudadanía.

Si alguien va a votar por X y no por la opción que se propone en la coalición, es un díscolo, un rebelde, o está loco. Si una persona no vota o vota nulo porque no le gustan las opciones, es un mal ciudadano.

En definitiva, si vota, debe votar por lo que se le ofrece dentro de lo “racional”, sea lo que sea, le guste o no. Nunca votar nulo, blanco, menos aún no votar. Sino, es irracional, utópico, un voto perdido, etc.

Que nadie hable por ti, ni tú, sólo nosotros

Las campañas para incentivar el voto han apelado a varios mensajes: Moja la camiseta por Chile, Házte grande (ambas del candidato presidencial Sebastián Piñera) y No dejes que otros hablen por ti (del canal de cable Vía X).

Todos estos mensajes tienen una característica en común (muy acorde a los sistemas de disciplinamiento): apelan al compromiso irrestricto de los electores con el voto. Lo clave es que simultaneamente suprimen el deber de los candidatos con respecto al voto.

Así, nunca mencionan la obligación que deben asumir los elegidos con respecto al acto electoral, en cuanto a cumplir con el mandato posterior que eso les implica.

Ahí esta la clave del porque estas campañas son claramente un instrumento de encauzamiento y disciplina electoral, además de un modo de legitimación del orden político vigente: el único deber es votar. Cualquier otra expresión política –como no votar- no es válida.

Por lo mismo, cuando se habla de Mojar la camiseta, lo que se pretende es entregar total responsabilidad al elector, desligando de toda responsabilidad a los gobernantes, aún cuando son éstos quienes toman realmente las decisiones. Una vez más, el único deber del ciudadano es votar. Si no lo haces, no diste todo de tí...

Por otro lado, Hacerse grande, también apela a la responsabilidad del elector, pero va mucho más allá. Implica que el votante debe aceptar, sin cuestionamiento alguno, las reglas del juego electoral imperante y dejar atrás las “bobadas” y rebeldías juveniles contra el sistema (como no votar, no inscribirse). En el fondo es un llamado a la conformidad, es decir, a convertirse ahora en el conservador del mañana.

No dejes que otros hablen por ti, es ciertamente un mensaje aún más contradictorio, tomando en cuenta que el acto del voto en sí implica la delegación del derecho a la palabra hacia un otro. Es decir, a que otro hable en nombre de uno, que es en definitiva la representación. He ahí porque la eliminación de la responsabilidad del electo en cuanto al voto es tan peligrosa.

Y que importante es tomar en cuenta todo lo anterior, sobre todo si se considera que mediante el voto se constituye un contrato sin garantía alguna en cuanto a su cumplimiento, y que sin embargo, es la forma de legitimar el actuar de los políticos y gobiernos.

Tal como en otro blog se plantea, con el voto legitimamos en nombre de otros, que ni siquiera han acudido a las urnas (niños por ejemplo), un contrato que ni siquiera han aceptado hacer.

Por eso, no votar también es una forma legítima de votar. Aunque al sistema en general no le guste. Pero sobre todo, si lo que nos ofrecen no nos gusta.

Chile tiene una isonomia a medias, no una democracia

En su libro Ciudadanía y democracia, un enfoque republicano, el profesor Andrés de Francisco, plantea que un problema actual de las democracias modernas es que algunas de ellas entregan derechos civiles pero no derechos políticos.

En Chile, la Constitución establece que todos los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos como gobernantes. Sin embargo, todos sabemos que no todos los chilenos pueden ejercer tal principio. No por falta de capacidad, sino esencialmente por carencia de recursos materiales, capital social e influencia.

Es decir, nuestra democracia más bien sería una oligarquía isonómica, donde existen derechos civiles iguales, pero no derechos políticos iguales.

Tal como plantea Andrés de Francisco, la isonomia no es lo mismo que la democracia. Es una condición necesaria, más no suficiente para su existencia.

En su libro hace un análisis histórico de este fenómeno, el cual se origina en la antigua Grecia, con Clístenes, donde tanto pobres como ricos contaban con iguales derechos políticos, pero cuya puesta en práctica quedaba determinada por el nivel de influencia e independencia en cuanto recursos materiales.

De esa idea, se desprenden posteriormente algunos planteamientos –entre los que se encuentran los de Benjamín Constant- relativos a decir que como los pobres no tienen intereses materiales, no les es necesario participar de la vida pública, y que sólo los ricos tienen tal derecho al compartir intereses comunes.

De esas ideas se desprende que los hombres pobres deben ser relegados a sus espacios privados, preocupándose individualmente de todos sus asuntos y que los hombres ricos (que constituirían la comunidad política), deben valerse de intendentes –y por ende del Estado- para representar sus intereses conjuntos (hoy día podríamos decir corporativos). Que mejor ejemplo que los rescates multimillonarios ante la crisis económica.

A partir de lo anterior, se plantea que los hombres pobres entonces deben conformarse con una civitas sine sufragio, es decir, acceso a derechos civiles pero no a derechos políticos.

Andrés de Francisco explica que la civitas sine sufragio fue creada en Roma, con el objetivo de permitir la anexión de otros territorios y la integración de sus habitantes conquistados, pero sin alterar el poder político de las elites romanas.

Tan antigua es está lógica, que de ella también deriva el voto censitario que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX.

Algo que no menciona Andrés de Francisco, es que la diferencia con los tiempos romanos y los del voto censitario, radica en que hoy en día, la civitas sine sufragio no es impuesta por ley alguna, sino que es producto de la propia lógica de la estructura isonómica del sistema político, que desincentiva a los ciudadanos “comunes”, primero a querer participar de la política en cuanto ser gobernantes, reduciéndolos primero al rol de electores, para luego terminar por disminuir incluso, sus estímulos para el ejercicio del voto.

Sin embargo, es claro en plantear que puede haber una elite en el poder, una oligarquía, mantenida no ya pese a la perfecta igualdad de derechos políticos, sino gracias a ella. Una oligarquía isonómica, donde todos tienen derecho, pero gobiernan los ricos.

Por lo mismo cita a Rawls, quien decía una cosa son las libertades políticas iguales y otra el valor equitativo de dichas libertades.

Esta claro que en Chile la equidad no existe.

En relación a esto también pueden leer www.pardejorges.blogspot.com con artículos referidos al reportaje de Informe Especial acerca de la Cámara de Diputados.

Lavín escapó de Piñera a la Quinta Región

Por Jorge Gómez Arismendi

La eventual candidatura de Joaquín Lavín, por la Quinta Región Costa, más bien parece esconder una táctica de éste, para desligarse diplomáticamente de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera, y no tanto una pretensión electoral personal.

Cuando Pablo Longueira se desligó por la prensa del comando presidencial de Sebastián Piñera, la señal era clara: apoyaba la candidatura del empresario, pero dejaba clara su distancia política con éste.

Esa distancia, que quedó en clara evidencia en 2007 en torno a la discusión del salario mínimo ético, parece no ser exclusiva del senador, sino también de otros miembros importantes de la UDI, que aunque no la hacen tan explícita como Longueira, si la dejan clara en discusiones privadas. Eso se notó en la demora que pusieron los gremialistas en cuanto a darle el apoyo de manera oficial y definitiva a la candidatura de Piñera.

Lo cierto es que las diferencias de estilo y de hacer política entre Sebastián Piñera y líderes importantes de la UDI, parecen no desaparecer a medida que se acercan las elecciones presidenciales de diciembre, sino más bien agudizarse.

La ahora eventual candidatura de Joaquín Lavín por la Quinta Región Costa parece confirmar ese ambiente tenso pero solapado. En este sentido, más bien parece una táctica del ex alcalde, para desligarse diplomáticamente de la candidatura de Sebastián Piñera, y mantener su independencia y capacidad de discreción política en un espacio propio como lo es una senatoria. Eso sí, sin generar daños a la Alianza y sus pretensiones de llegar a ser gobierno.

En el fondo, algunos altos líderes UDI quieren evitar ser cooptados y absorbidos por RN en caso de llegar al gobierno, al verse en la obligación de constituir una coalición gobernante. Por lo mismo, durante el cónclave gremialista, Lavín fue enfático en decir que el gobierno de Piñera debería tener el sello de la UDI.

En este sentido, la UDI apoya a Piñera en base a una ética de resultados (ganar las elecciones en diciembre y con ello llegar al gobierno) y no en base a una ética de principios. En esa línea, Longueira fue claro en declarar en la prensa que Piñera era el vehículo para que el proyecto gremialista llegara a la Moneda, y que prefiere más ver a Lavín como presidente que como senador o ministro de Sebastián Piñera.

Lavín siendo más realista que Longueira, claramente ve que la senatoria le ofrece un espacio mucho más propicio para mantener un punto de poder propio e independiente, pero manteniendo los apoyos netamente políticos con Piñera. No así un puesto como ministro.

En lo anterior, probablemente también incide el que Lavín tampoco olvida que hace cuatro años, el consejo general de RN le quitó el respaldo como candidato de la Alianza, proclamando a Piñera, y que este último le negó la posibilidad de ir a primarias. Por lo tanto, el riesgo de sufrir una “desconocida” por parte de Piñera es real. Muerte política segura para Lavín si la sufre siendo ministro del empresario.

*Artículo publicado en Observatorio de la Realidad Ciudadana, OBSERVA. También pueden leer QUINTA COSTA: Clave en la disputa Presidencial, de Jorge Montecinos.

Libertad de expresión ante dos riesgos

Los atentados a la libertad de expresión, no sólo se pueden producir cuando el poder político se concentra, también cuando se concentran de forma privada los medios de comunicación. El caso de Venezuela e Italia son claros ejemplos de ambos procesos.

En Chile mucho se ha comentado la irrisoria orden -digámoslo así, de ser efectiva- dada a su llegada a Venezuela, a algunos visitantes extranjeros, de no criticar al gobierno de Chávez. Claramente eso es un atentado a la libertad de expresión (estemos o no de acuerdo con lo que alguien dice. Tal como dijo Voltaire hace mucho tiempo atrás).
En ese sentido, la pluralidad de medios de comunicación es clave y esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia, la mayor competencia política, la mejor participación e interés en los asuntos ciudadanos.

Los ciudadanos tienen el derecho a acceder y producir información diversa y variada, desde la cual poder desarrollar sus criterios, entregar sus opiniones a otros y tomar decisiones. Ya lo hemos visto en cuanto a la colusión de las farmacias, las denuncias de corrupción en el gobierno y la oposición, el debate en cuanto al aborto, etc.

La libertad de expresión permite no sólo desarrollar el primer acto racional del ser humano (comunicar), sino también establecer una relación fluida a nivel de la política, entendida está como diálogo, competencia e intercambio de ideas entre los sujetos. Ahí radica la importancia de la libertad de expresión en cuanto a lo político. Sin libertad de expresión, lo político se suprime y entonces es probable que surja la violencia como método.

Por eso, la libertad de expresión es reflejo de que el poder no está totalmente concentrado en pocas manos y que permite a los ciudadanos expresar sus intereses, necesidades, opiniones, y sobre todo sus criticas a un gobierno.

Sin embargo, en base a esa relación entre libertad de expresión y política, existe la creencia de que la libertad de expresión sólo está en peligro cuando el o los gobernantes de turno (las elites en realidad), concentran y usan de forma inapropiada el poder político que ostentan, y comienzan a ejercer diversas presiones sobre los medios de comunicación que los cuestionan o crítican, a la vez que se apoderan de otros. Es decir, que la libertad sólo está en riesgo en cuanto a la concentración del poder político.

Sin embargo, lo cierto es que la libertad de expresión también corre enormes y serios riesgos cuando es otro el poder que se concentra -que no es específicamente el político- el económico.

La concentración de la propiedad de los medios de comunicación también conlleva riesgos a la libertad de expresión, a la pluralidad de ideas, y en definitiva a la democracia.

Quienes no consideran esto, parece que olvidan los lazos estrechos que existen entre ambos tipos de poder. Claramente lo peor ocurre si ambos -poder político y económico- se concentran en una sola unidad en un momento dado.
El caso del gobierno venezolano es un ejemplo del proceso habitual y más difundido de riesgo para la libertad de expresión (propagada generalmente por quienes concentran de forma privada los medios de comunicación).

En ese proceso, desde el poder político que se concentra paulatinamente, se comienza a ejercer presión, primero sobre los medios opositores (luego incluso sobre los adherentes) y después sobre las personas, que son las generadoras de expresión e ideas.
La segunda forma de riesgo para la libertad de expresión, es un proceso no muy conocido ni menos difundido, por causa de la misma concentración privada de los medios de comunicación.

Claro, ningún miembro de un oligopolio comunicacional que concentra cada vez más la propiedad de diversos medios, controla las líneas editoriales y lo que se maneja en la agenda pública, publicará y hablará de los riesgos que implica eso para la libertad de expresión y la democracia. Menos aún si esos miembros se relacionan con los gobiernos de turno sin problemas.

Lo cierto es que la libertad de expresión también está en riesgo cuando la propiedad de los medios se concentra en forma privada y sin contrapeso, dando paso a los mismos vicios que genera el primer tipo de riesgo: información sesgada, asimétrica, homogénea, poca contrastación de hechos, falta de veracidad, omisión, censura, etc.

Lo que probablemente varía entre un proceso y otro, es que el primero, el político es más notorio y generalmente se acelera en un momento determinado, mientras que el segundo se constituye lentamente, sin que nadie lo note realmente en sus efectos.
El caso de Berlusconi en Italia es el ejemplo claro del peligro que sufre la libertad de expresión, cuando los medios de comunicación se concentran en manos del poder privado. La libertad de expresión y de prensa prende de un hilo.

Las farmacias suman y siguen

Las farmacias siguen haciendo gala de su compromiso -artificial- con la salud de los pacientes (no son consumidores ni clientes). Si la colusión de precios molesto a los ciudadanos, el uso de sus datos personales más íntimos –sin consentimiento- debería enfurecerlos aún más.

La colusión en los precios de medicamentos fue un claro atentado a los bolsillos de las personas (las más vulnerables, las personas enfermas). Nadie lo discute.

Sin embargo, hace tiempo las farmacias, junto a las Isapres, están haciendo otro más grave ataque, a lo más íntimo de la vida privada de los ciudadanos, al violar la información clínica confidencial de los pacientes.

Esto, no sólo se pasa a llevar un derecho civil básico como lo es la máxima intimidad de una persona, sino también el secreto profesional médico-paciente.

Por lo tanto, cuando usted acude a comprar algún medicamento, el vendedor (porque en algunos casos ni siquiera tienen químicos farmacéuticos, pues les sale muy caro) sabe qué enfermedad usted está padeciendo sin que usted le diga.

Probablemente incluso, en base a esa información, se esté determinando en ese preciso instante el precio de su medicamento (¿Alguna vez le muestran la pantalla donde sale el precio? Nunca, sólo se lo dicen). Obviamente no es el precio real, sino que uno asignan según su patología y su necesidad. ¡Un ejemplo de compromiso con la salud!

Por lo mismo, la abogada Verónica Sánchez, interpuso una querella contra la cadena de farmacias Cruz Verde, por violación de secreto privado ante el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago.

Según la abogada, la empresa disponía en pantalla de datos confidenciales sobre su patología AUGE, los que fueron traspasados a la cadena por parte de su isapre.

Verónica Sánchez ya había presentado un recurso de protección en contra de su isapre, Banmédica, y contra la cadena Cruz Verde, por considerar que vulneraron su derecho a la intimidad e integridad psíquica.

Lo cierto es que hace tiempo existían rumores y luego pruebas fehacientes de este tipo de malas prácticas por parte de las farmacias. Hace un tiempo atrás funcionarias de algunas de éstas, fueron captadas in fraganti –por cámaras de un canal de televisión- sacándole fotocopias a recetas médicas, sin autorización de los pacientes. O sea, esto no debería ser novedad.

Por otro lado, ya comienzos del mes, el diputado PS Fulvio Rossi, aseguró que las isapres Cruz Blanca y Consalud entregaban información a SalcoBrand.

Lo concreto es que las personas deben saber que estas acciones -entre isapres y farmacias-constituyen claros ilícitos. Se pasa a llevar el secreto profesional médico-paciente, pero sobre todo la privacidad de las personas, que es un derecho fundamental de cada individuo, protegido en la Constitución.

Ya es tiempo que se sancionen fuertemente este tipo de abusos. Las farmacias la sacaron literalmente barata con el tema de las colusiones. ¿Pasará lo mismo ahora? ¿Pasará lo mismo que ocurre con el Dicom Histórico?

Más información en CIPER CHILE

Ni con Marcos, ni contra Marcos

Las diversas reacciones que se han generado en torno a la candidatura de Marco Enríquez-Ominami reflejan la rigidez transversal de las clase políticas, su profundo conservadurismo y lo proclive que son a mantener el statu quo en todos los niveles.

De ambos extremos del espectro político, desde la derecha más conservadora hasta la izquierda conservadora, miles de argumentos se han levantado para cuestionar la candidatura de Marcos Enríquez-Ominami. Raro porque todos esos sectores se autodefinen de democráticos, por lo que debería parecerles bien el que existan más opciones para elegir.

Algunas de esas explicaciones son tan ridículas como poner en tela de juicio su origen –se le cuestiona ser hijo de Miguel Enríquez- como si eso no fuera azaroso; o que no es garantía de gobernabilidad (como si algún candidato pudiera certificar tal cosa); o que tiene relativismo moral (por ser pro aborto); o que es indisciplinado (para las oligarquías partidarias claro); o que es un voladero de luces , un travesti político (ya se le ha catalogado de derechista) para debilitar a la “verdadera” izquierda, a Frei, a Piñera, etc.

Lo único cierto es que todos en el universo político parecen estar contra la candidatura de Marcos, disimulada o explícitamente, por un tema de principios o de cálculo electoral. No les gusta, ya sea porque les roba electores potenciales –los jóvenes, no inscritos o desencantados- o porque su discurso es demasiado ajeno a lo “tradicional”, lo “oficial”, o lo “revolucionario”.

Ese conservadurismo se aprecia en la forma en que han reaccionado los diversos sectores -de derecha a izquierda-, a medida que la candidatura toma fuerza.

En principio, cuando Enríquez-Ominami manifestó su pretensión de ser candidato, se le consideró una “voladura”, se le ninguneo (varios en la Concertación se refirieron a él despectivamente como Marquitos); o se le puso como ejemplo de la indisciplina al interior de la Concertación y por tanto de su falta de gobernabilidad (la derecha así lo hizo).

Hasta ese punto, la pretensión no implicaba ningún riesgo para las lógicas tradicionales de poder de las coaliciones hegemónicas. Sólo constituía una fuente de ruido sin importancia -como lo fue Farkas en algún momento- que podría fácilmente desaparecer; debilitarse como ocurrió con Alejandro Navarro; o ser cooptada institucionalmente como ocurrió con José Antonio Gómez.

Sin embargo, cuando la candidatura pasó de la pretensión al hecho, y comenzó a hacer ruido (sobre todo en las encuestas), generando mayores adeptos, tanto para la Concertación como para la Alianza, se constituyó en un riesgo y una amenaza al “orden democrático” implícito que existe entre ambas coaliciones.

Ese orden no es otro que el que establece que son las dirigencias (las elites) y no las bases ni menos los ciudadanos, las que elijen los candidatos, y donde no puede haber más opciones electorales que las que establece este duopolio político. Si existe algo más, debe ser sólo testimonial.

El valor de la candidatura de Marcos Enriquez-Ominami -aunque otros sectores no lo han sabido apreciar del todo- radica en romper con esa lógica anquilosada de la que han hecho usufructo la Alianza y la Concertación.

No sólo cuestiona las lógicas poco democráticas de la Concertación –tal como lo hizo Gómez aunque sin éxito-sino que las desobedece, permitiendo articular diversas posiciones que cuestionan todo el orden institucional vigente, abriendo espacios a otras opciones políticas. Cuestión que no han logrado hacer en años otros sectores excluidos o subrrepresentados.

Radica en estar desordenando desde dentro el universo político hegemónico vigente (Alianza, Concertación), de ponerlo en tela de juicio ante la ciudadanía y de hacerlo indirectamente más competitivo. En eso es valiosa, aún cuando a muchos nos genera dudas profundas, el que sea desde dentro de la Concertación y las elites.

Por tanto, si uno valora la democracia, se puede estar o no con Marcos, pero no se puede estar contra él apriori.

Por lo anterior, la candidatura no sólo no ha sido fácilmente cooptada ni deslegitimada –aunque eso podría ocurrir de aquí a diciembre- sino que ha comenzado a generar fisuras en cuanto a la adhesión electoral al interior de los partidos, incluso a nivel de altas dirigencias.

Así, Carlos Ominami, su padre, ayer un disciplinado concertacionista, hoy está ante el dilema de cumplir con las lógicas oligárquicas que le impone la coalición de la que él es dirigente -y que su hijo cuestiona y desobedece-, o de ejercer su derecho personal a elegir, incluso a su propio hijo, como ya lo ha hecho explícito.

Por otro lado, también ha comenzado a implicar un riesgo a las pretensiones electorales de Sebastián Piñera, por lo que en la Derecha ya han entrado en la táctica –subjetiva por lo demás- de cuestionar su capacidad para garantizar gobernabilidad para así frenar a algunos que se comienzan a entusiasmar con el diputado.

¿Acaso algún candidato la garantiza ciertamente? ¿Por qué atribuirle sólo a uno la condición de incertidumbre? ¿Podrá garantizar gobernabilidad Piñera, sin mayoría en el Congreso?

Y vaya que le ponen el techo alto y le temen en términos electorales, pues ni siquiera de Navarro se cuestionaron eso, cuando estaba haciendo ruido como candidato.

Todas estas diversas reacciones que se han generado en torno a la candidatura de Marco Enríquez-Ominami reflejan la rigidez transversal de las clase políticas, su profundo conservadurismo, su escaso valor por la democracia en cuanto a pluralismo de ideas, participación y derecho a ser elegido, y lo proclives que son a mantener el statu quo en todos los niveles. Sea cual sea este.

En cuanto al propio Marcos Enriquez Ominami, lo que está por verse realmente es hasta qué nivel cuestiona el orden vigente (y por tanto cuáles son los límites para llevar a cabo los cambios que propone) y hasta qué punto abre espacios para incluir a otros sectores de forma concreta. Es decir, hasta qué nivel es consecuente y coherente con su propio discurso.

Si abandona antes de diciembre y se pliega a Frei, entonces fue claramente sólo un voladero de luces, que sirvió para debilitar a las fuerzas que quieren mayores cambios, y además funcional a las pretensiones de la Derecha, dejando a un número de personas que creyeron en él y su proyecto, aún más decepcionados.

Si continúa, entonces la proyección es mayor, en cuanto a constituir un proyecto político de cambio verdadero, amplio, inclusivo y fuera de la Concertación y la Alianza.

La opinión pública no existe.

A propósito de la encuesta Cerc, que mejor que leer lo que planteaba el sociólogo francés Pierre Bourdieu, sobre las encuestas de opinión. Aquí algunos se sus planteamientos.

Toda encuesta de opinión supone que todo el mundo puede tener una opinión; o, en otras palabras, que la producción de una opinión está al alcance de todos. Aun a riesgo de contrariar un sentimiento ingenuamente democrático, pondré en duda este primer postulado.

Segundo postulado: se supone que todas las opiniones tienen el mismo peso. Pienso que se puede demostrar que no hay nada de esto y que el hecho de acumular opiniones que no tienen en absoluto la misma fuerza real lleva a producir artefactos desprovistos de sentido.

Tercer postulado implícito: en el simple hecho de plantearle la misma pregunta a todo el mundo se halla implicada la hipótesis de que hay un consenso sobre los problemas, entre otras palabras, que hay un acuerdo sobre las preguntas que vale la pena plantear.

Estos tres postulados implican, me parece, toda una serie de distorsiones que se observan incluso cuando se cumplen todas las condiciones del rigor metodológico en la recogida y análisis de los datos.

A menudo se le hacen reproches técnicos a las encuestas de opinión. Por ejemplo, se cuestiona la representatividad de las muestras. Pienso que, en el estado actual de los medios utilizados por las empresas que realizan encuestas, la objeción apenas tiene fundamento.

También se les reprocha el hacer preguntas sesgadas o, más bien, el sesgar las preguntas en su formulación: esto ya es más cierto y muchas veces se condiciona la respuesta mediante la forma de hacer la pregunta.

Así, por ejemplo, transgrediendo el precepto elemental de la construcción de un cuestionario que exige que se les "dé sus oportunidades" a todas las respuestas posibles, frecuentemente se omite en las preguntas o en las respuestas propuestas una de las opciones posibles, o incluso se propone varias veces la misma opción bajo formulaciones diferentes. Hay toda clase de sesgos de este tipo y sería interesante preguntarse por las condiciones sociales de aparición de estos sesgos.

En muchos casos se deben a las condiciones en las que trabajan las personas que producen los cuestionarios. Pero, sobre todo, se deben al hecho de que las problemáticas que fabrican los institutos de opinión están subordinadas a una demanda de tipo particular.

Eso significa que las problemáticas que se le imponen a este tipo de organismos están profundamente ligadas a la coyuntura y dominadas por un tipo determinado de demanda social.

Las problemáticas que proponen las encuestas de opinión están subordinadas a intereses políticos, y esto pesa enormemente tanto sobre la significación de las respuestas como sobre la significación que se le confiere a la publicación de los resultados.

La encuesta de opinión es, en el estado actual, un instrumento de acción política; su función más importante consiste, quizá, en imponer la ilusión de que existe una opinión pública como sumatoria puramente aditiva de opiniones individuales; en imponer la idea de que existe algo que sería como la media de las opiniones o la opinión media.

La "opinión pública" que aparece en las primeras páginas de los periódicos en forma de porcentajes (el 60% de los franceses están a favor de...), esta opinión pública es un simple y puro artefacto cuya función es disimular que el estado de la opinión en un momento dado es un sistema de fuerzas, de tensiones, y que no hay nada más inadecuado para representar el estado de la opinión que un porcentaje.

Sabemos que todo ejercicio de la fuerza va acompañado por un discurso cuyo fin es legitimar la fuerza del que la ejerce; se puede decir incluso que lo propio de toda relación de fuerza es el hecho de que sólo ejerce toda su fuerza en la medida en que se disimula como tal. En suma, expresándolo de forma sencilla, el hombre político es el que dice: "Dios está de nuestra parte". El equivalente de "Dios está de nuestra parte" es hoy en día "la opinión pública está de nuestra parte".

He aquí el efecto fundamental de la encuesta de opinión: constituir la idea de que existe una opinión pública unánime y, así, legitimar una política y reforzar las relaciones de fuerza que la sostienen o la hacen posible.

Tras haber dicho al principio lo que quería decir al final, voy a tratar de señalar muy rápidamente cuáles son las operaciones mediante las que se produce este efecto de consenso.

La primera operación, que tiene como punto de partida el postulado de que todo el mundo debe tener una opinión, consiste en ignorar los no-contestan (1).

Eliminar los no-contestan es hacer lo que se hace en una consulta electoral donde hay papeletas en blanco o nulas; es imponerle a la encuesta de opinión la filosofía implícita de la consulta electoral.

Uno de los efectos más perniciosos de la encuesta de opinión consiste precisamente en conminar a las personas a responder a preguntas que no se han planteado.

En realidad, hay varios principios a partir de los cuales se puede generar una respuesta. Tenemos, en primer lugar, lo que se puede llamar la competencia política en referencia a una definición a la vez arbitraria y legítima, es decir, dominante y disimulada como tal, de la política.

Esta competencia política no se halla universalmente distribuida. Varía grosso modo como el nivel de instrucción. En otras palabras, la probabilidad de tener una opinión sobre todas las cuestiones que suponen un saber político es comparable con la probabilidad de ir al museo.

El efecto de imposición de problemática, efecto ejercido por toda encuesta de opinión y por toda interrogación política (comenzando por la electoral), deriva del hecho de que las preguntas planteadas en una encuesta de opinión no son preguntas que se les planteen realmente a todas las personas interrogadas, así como del hecho de que las respuestas no son interpretadas en función de la problemática por referencia a la cual han respondido las diferentes categorías de encuestados.

Si las encuestas de opinión captan muy mal los estados virtuales de la opinión y, más exactamente, los movimientos de opinión, ello se debe, entre otras razones, a que la situación en la que aprenden las opiniones es completamente artificial.

En las situaciones en que se constituye la opinión, en particular las situaciones de crisis, las personas se hallan ante opiniones constituidas, ante opiniones sostenidas por grupos, de manera que elegir entre opiniones es, claramente, elegir entre grupos.

Este es el principio del efecto de politización que produce la crisis: hay que elegir entre grupos que se definen políticamente y definir cada vez más tomas de posición en función de principios explícitamente políticos.

De hecho, lo que me parece importante es que la encuesta de opinión trata a la opinión pública como una simple suma de opiniones individuales, recogidas en una situación que, en el fondo, es la de la cabina electoral, donde el individuo va furtivamente a expresar en el aislamiento una opinión aislada.

En las situaciones reales, las opiniones son fuerzas y las relaciones entre opiniones son conflictos de fuerza entre los grupos.

La encuesta de opinión tradicional ignora al mismo tiempo los grupos de presión y las disposiciones virtuales que pueden no expresarse en forma de discurso explícito. Por ello es incapaz de generar la menor previsión razonable sobre lo que pasaría en situación de crisis.

En suma, he querido decir que la opinión pública no existe, al menos bajo la forma que le atribuyen los que tienen interés en afirmar su existencia. He dicho que existen, por una parte, opiniones constituidas, movilizadas, de grupos de presión movilizados en torno a un sistema de intereses explícitamente formulados; y, por otra, disposiciones que, por definición, no son opinión si se entiende por tal, como he hecho a lo largo de todo este análisis, algo que puede formularse discursivamente con una cierta pretensión a la coherencia.

Esta definición de opinión no es mi opinión sobre la opinión. Es simplemente la explicitación de la definición que ponen en juego las encuestas de opinión cuando le piden a la gente que tome posición respecto a opiniones formuladas y cuando producen, por simple agregación estadística de las opiniones así producidas, este artefacto que es la opinión pública.

Simplemente digo que la opinión pública en la acepción implícitamente admitida por los que hacen encuestas de opinión o por los que utilizan sus resultados, simplemente digo que esta opinión no existe.

*Conferencia impartida en Noroit (Arras) en enero de 1972 y publicada en Les temps modernes, no. 318, enero de 1973, pp. 1292-1309. Ver, también: P. Bourdieu, Questions de sociologie, París, Minuit, 1984, pp. 222-250. Hay versión en castellano de Enrique Martín Criado en: Cuestiones de Sociología, Istmo, España, 2000, pp. 220-232, Col. Fundamentos, no. 166.

NOTAS
(1) Les non-réponses: bajo esta denominación están comprendidos, en francés, los "no sabe" y los "no contesta" de las encuestas. Para no sobrecargar el texto con siglas hemos preferido traducirla por "no-contestan", dando por entendido que se corresponde con estos dos apartados (NS/NC) (Nota de Enrique Martín Criado.).