LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS

Tanto la Alianza como la Concertación quieren atraer el voto mediante el miedo, ya sea al comunismo o al fascismo.

Antiguamente, los gobernantes inculcaban el miedo a los dioses para preservar su poder y así evitar que los incautos se rebelen contra su despotismo.

La práctica aunque milenaria, sigue siendo utilizada, ya sea a través del temor a un estado enemigo (como lo hace Alan García), a un “eje del mal” (como lo hizo Bush), o una ideología determinada como los hacían las potencias y otros países durante la Guerra Fría (Chile no fue la excepción).

Así, y aunque algunos ingenuos no lo crean, en las democracias modernas y pacíficas, quienes tienen o aspiran al poder, también usan el miedo, para alcanzar o mantener el poder y hacer que la gente les apoye electoralmente.

En cualquiera de los casos, lo que hay es una clara supresión de la política –como acto de diálogo y convencimiento mutuo- y su reemplazo por un ejercicio pavloviano de estímulo y respuesta sobre los ciudadanos (recuerden el perro de Pávlov).

En otras palabras, nos ven como a un animal, que mediante algunos simples estímulos sensoriales determinados (no argumentativos claramente), se le puede inducir una acción determinada. Ese pinchazo es el miedo y el acto el voto.

Nos colocan en una posición de simples animales indefensos, ignorantes, incapaces de responder de forma autónoma, sino que determinados por el simple instinto, el miedo. ¿Tan inútiles e idiotas nos creen quienes tienen el poder político y económico?

Nos dicen que Frei se acercó a los comunistas, que viró a la izquierda, que Piñera traerá el fascismo, que es la dictadura.

¿Acaso no son estas dos coaliciones que hoy se quieren mostrar tan distantes, las que han monopolizado la toma de decisiones políticas en el parlamento en los últimos veinte años? ¿No son acaso éstas las que se han acomodado a la institucionalidad impuesta por la fuerza sobre nosotros?

¿No son acaso estas mismas coaliciones las que han acordado cubrirse las espaldas y su corrupción en varias oportunidades, para no quedar mal ante esa ciudadanía, a la que consideran ignorante y desprecian? ¿A la ciudadanía que consideran como un perro de Pávlov, al que primero se le toca la campana, luego comida, y luego feliz mueve la cola con la sola campanada sin la comida?

Nos atemorizan con el riesgo del autoritarismo, de la dictadura, del totalitarismo, pero en el fondo, a lo único que debemos temer es a la presión y la mantención del duopolio del poder. Ese es el despotismo blando que se nos impone y que ya se impuso, porque el poder lo siguen manteniendo la Alianza y la Concertación.

Entonces vemos, que como hace siglos, aún nos quieren gobernar mediante el miedo.

KAREN, TVN Y ¿LA POLICIA POLÍTICA DC?

Las críticas a Karen Doggenweiler, rostro de TVN, son un claro ejemplo de despotismo blando, de hegemonia elitista, de persecusión política y sobre todo, de las formas sucias con que se pretende debilitar a otro candidato como Marco Enriquez Ominami.

La política se está poniendo más sucia de lo normal y eso se ve en cómo -al igual que en Rebelión en la Granja de Orwell- los presidenciables y sus equipos se van poniendo más "cerdos" en su actuar.

El mejor ejemplo: los cuestionamientos a la esposa de Marco Enriquez Ominami (MEO), por parte de miembros del comando de Frei como Sebastián Bowen y Paula Narváez, quienes plantearon un supuesto choque de interes e incompatibilidad entre su rol como rostro de TVN y su participación en la campaña de MEO.

Sin embargo, el choque de intereses está en otro lado. Claro, porque en el directorio de TVN están Francisco Frei (hermano del ex presidente) y la periodista Marcia Scantlebury, miembro del comité estratégico del comando.

Por otro lado, hay que ver de donde partieron las críticas. Pues bien, éstas surgieron del vicepresidente de la DC, Andrés Palma, un ex diputado olvidado por los electores, que entre sus conceptos políticos, considera que hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Por lo tanto, probablemente, también piensa lo mismo en cuanto a quienes pueden ser candidatos y quienes no.

Lo cierto es que las críticas a Doggenweiler carecen de todo fundamento, puesto que en elecciones presidenciales anteriores, el área dramática completa de TVN apoyo a los candidatos de la Concertación en sus campañas. Nunca se planteó la necesidad de una "revisión institucional", ni nadie habló de "ventajas" al usar rostros conocidos, como lo hicieron Bowen y Narváez.

Sin embargo, la "ventaja" de la que éstos hablaron, y que tendría MEO a través de su esposa -que es uno de los puntos de la crítica- es algo totalmente azaroso. Ella era conocida mucho antes de casarse con Enriquez Ominami y que éste decidiera ser primero candidato a diputado y ahora presidencial.

¿Acaso alguien casado con un famoso o famosa, no puede ser después candidato por tener "ventaja"? Absurdo totalmente.

No es sólo majadero, sino que antidemocrático, pues atenta contra la libertad de trabajo, la vida privada y la libertad de conciencia de un ciudadano. Es un claro acto de despotismo blando. Parecen purgas o guillotinazos jacobinos pero sin sangre.

Cualquiera que se precie de demócrata y rechace la persecución política contra quien sea, debería considerar esto inaceptable. Puede ser que no les agrade Karen, pero eso no significa justificar pasar a llevar un derecho civil y político, menos aún aspectos democráticos básicos.

Desde un punto de vista democrático y republicano, Karen tiene todo el derecho a apoyar a su esposo (esa es la parte más personal de su vida) y a la vez cumplir con su trabajo como rostro de TVN. No hay incompatibilidad, sobre todo porque lo que hace en TVN no es un programa de política.

Tiene todo el derecho por dos cosas obvias: 1) porque MEO es su esposo y 2) porque TVN se supone el canal de todos los chilenos, por lo tanto, la afinidad política no debería ser requisito para trabajar ahí. En ningún trabajo, al menos en teoría.

CANDIDATOS Y NUEVA CONSTITUCIÓN

DESPOTISMO BLANDO EN CHILE

Un nuevo proyecto de ley -aprobado por el Senado chileno- plantea hacer responsable de los desmanes a quienes llamen, por cualquier medio, a reunirse o manifestarse. Este no sólo debilita aún más el actuar de la sociedad civil sino también al sistema democrático.

“No tengo inconveniente en reconocer que la paz pública es un gran bien, mas no quisiera olvidar, sin embargo, que es a través del orden por donde todos los pueblos han llegado a la tiranía” Alexis de Tocqueville.

La frase del pensador francés es hoy muy pertinente si tomamos en cuenta el nuevo proyecto de ley, ya aprobado por el Senado chileno, que plantea enjuiciar a quienes convoquen u organicen –de forma oficial o no- reuniones o manifestaciones públicas, en caso de ocurrir desmanes.

El documento establece que “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo".

Según los parlamentarios, el proyecto de ley -que es una reforma al Decreto Supremo 1086 (promulgado en 1983) que prohíbe la reunión en lugares públicos sin permiso previo- busca robustecer el papel de las policías en la mantención del orden público.

Sin embargo, es claro que la medida atenta de lleno contra varios derechos civiles consagrados, como la libertad de expresión, “garantizada” por en la Constitución, y criminalizando acciones legitimas que la sociedad civil puede desarrollar en cuanto al poder estatal o cualquier otro poder, como la libertad de reunión, de expresión, de asociación y de circulación.

Desde el punto de vista filosófico y del pensamiento político en general, pasa a llevar la soberanía ciudadana, la autonomía individual y la sociedad civil en cuanto a su relación con el gobierno y el Estado.

Por lo mismo, la advertencia que hacía Tocqueville en cuanto al peligro del despotismo blando en la democracia se hace enormemente pertinente: «Parece que si el despotismo llegase a establecerse en las naciones democráticas de nuestros días, tendría otros caracteres [distintos de los de las sociedades antiguas]: sería más extenso y más suave, y degradaría a los hombres sin atormentarlos».

Claro despotismo blando, porque el proyecto de ley inhibe –no por la fuerza sino mediante la mera amenaza- el actuar público de los ciudadanos y los fuerza a ejercer sus derechos ciudadanos de forma particular y en espacios privados, debilitando entonces el espacio democrático y la capacidad asociativa de los ciudadanos, que para Tocqueville eran clave para prevenir el absolutismo y el despotismo.

Entonces, el espacio público pierde a sus protagonistas (que se ven reducidos a sus quehaceres diarios y particulares) y su esencia –que muy bien describe Hanna Arendt- como núcleo de lo político y como lugar donde los sujetos se encuentran como iguales mediante el diálogo.

El proyecto de ley de alguna forma también cumple con la profecía de Néstor García Canclini, donde los ciudadanos abandonan totalmente esa condición para convertirse exclusivamente en consumidores.

Entonces, y tal como planteaba Tocqueville, el despotismo blando, deja a los hombres sin vínculos comunes, aislados unos de otros y por tanto, débiles e incapaces de proteger su libertad, poniendo en riesgo al sistema democrático, en manos del despotismo.

«Este poder no destruye las voluntades, pero las ablanda, las doblega y las dirige; rara vez obliga a actuar, pero se opone sin cesar a que se actúe; no destruye, pero impide nacer; no tiraniza, pero mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y, al cabo, reduce a toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobierno» Alexis de Tocqueville.

En este sentido, sería bueno recordar que tal como el mismo Tocqueville planteaba, no es lo mismo la democracia política en términos formales, donde se eligen los gobernantes mediante el voto, que un estado social democrático.

La primera siempre tiene más riesgo de desarrollar un despotismo blando. El segundo aún no existe en Chile.

CIPER CHILE: Diputados asegurados: $120 millones al año paga la Cámara en pólizas para ellos y sus familiares

Chile tiene una isonomia a medias, no una democracia

En su libro Ciudadanía y democracia, un enfoque republicano, el profesor Andrés de Francisco, plantea que un problema actual de las democracias modernas es que algunas de ellas entregan derechos civiles pero no derechos políticos.

En Chile, la Constitución establece que todos los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos como gobernantes. Sin embargo, todos sabemos que no todos los chilenos pueden ejercer tal principio. No por falta de capacidad, sino esencialmente por carencia de recursos materiales, capital social e influencia.

Es decir, nuestra democracia más bien sería una oligarquía isonómica, donde existen derechos civiles iguales, pero no derechos políticos iguales.

Tal como plantea Andrés de Francisco, la isonomia no es lo mismo que la democracia. Es una condición necesaria, más no suficiente para su existencia.

En su libro hace un análisis histórico de este fenómeno, el cual se origina en la antigua Grecia, con Clístenes, donde tanto pobres como ricos contaban con iguales derechos políticos, pero cuya puesta en práctica quedaba determinada por el nivel de influencia e independencia en cuanto recursos materiales.

De esa idea, se desprenden posteriormente algunos planteamientos –entre los que se encuentran los de Benjamín Constant- relativos a decir que como los pobres no tienen intereses materiales, no les es necesario participar de la vida pública, y que sólo los ricos tienen tal derecho al compartir intereses comunes.

De esas ideas se desprende que los hombres pobres deben ser relegados a sus espacios privados, preocupándose individualmente de todos sus asuntos y que los hombres ricos (que constituirían la comunidad política), deben valerse de intendentes –y por ende del Estado- para representar sus intereses conjuntos (hoy día podríamos decir corporativos). Que mejor ejemplo que los rescates multimillonarios ante la crisis económica.

A partir de lo anterior, se plantea que los hombres pobres entonces deben conformarse con una civitas sine sufragio, es decir, acceso a derechos civiles pero no a derechos políticos.

Andrés de Francisco explica que la civitas sine sufragio fue creada en Roma, con el objetivo de permitir la anexión de otros territorios y la integración de sus habitantes conquistados, pero sin alterar el poder político de las elites romanas.

Tan antigua es está lógica, que de ella también deriva el voto censitario que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX.

Algo que no menciona Andrés de Francisco, es que la diferencia con los tiempos romanos y los del voto censitario, radica en que hoy en día, la civitas sine sufragio no es impuesta por ley alguna, sino que es producto de la propia lógica de la estructura isonómica del sistema político, que desincentiva a los ciudadanos “comunes”, primero a querer participar de la política en cuanto ser gobernantes, reduciéndolos primero al rol de electores, para luego terminar por disminuir incluso, sus estímulos para el ejercicio del voto.

Sin embargo, es claro en plantear que puede haber una elite en el poder, una oligarquía, mantenida no ya pese a la perfecta igualdad de derechos políticos, sino gracias a ella. Una oligarquía isonómica, donde todos tienen derecho, pero gobiernan los ricos.

Por lo mismo cita a Rawls, quien decía una cosa son las libertades políticas iguales y otra el valor equitativo de dichas libertades.

Esta claro que en Chile la equidad no existe.

En relación a esto también pueden leer www.pardejorges.blogspot.com con artículos referidos al reportaje de Informe Especial acerca de la Cámara de Diputados.

La necesidad de un Republicanismo Cívico

Hoy, la mayoría de los ciudadanos se sienten huérfanos de un ideario político que los guíe e incentive a mirar al futuro con confianza, de sentirse parte de la sociedad en la que viven, y que los llame a hacerse participes de la construcción y constitución diaria de su destino.

En definitiva se sienten ajenos al verdadero sentido de la ciudadanía.

Los ciudadanos necesitan construir un nuevo ideario político acorde a un nuevo siglo, que les permita mirar más allá de las simples contingencias y afrontar el incierto horizonte del futuro con perspectiva. La sociedad chilena requiere nuevas formas de hacer política.

Necesitamos construir nuevos ideales comunes a todos los ciudadanos, que a la vez nos alejen del riesgo del dogmatismo irrestricto y de la anquilosada apatía política imperante.

Para cimentar nuestros propósitos, sin caer en la autodestrucción o en el inmovilismo del statu quo, debemos abrazar ciertos principios básicos con los cuales comenzar a llevar a cabo nuestros sueños.

Dichos principios políticos, se deben asumir y constituir a nivel social, en torno al tipo de representatividad de los gobernantes; a nivel moral y ético, en cuanto a los limites del poder de los gobernantes y su responsabilidad con los ciudadanos; a nivel cívico, en cuanto a rescatar el verdadero sentido de la ciudadanía.

En base a estos principios debemos rearticular el civismo, la participación ciudadana y la tolerancia política, que son los valores fundamentales de una Democracia y una República.

A través de estos principios republicanos debemos recuperar la Política para todos los ciudadanos, pues ésta constituye un bien común, que no puede ser usurpado por ninguna clase de elite.

Sólo así podremos ir restituyendo y recuperando la confianza social, institucional y política de los ciudadanos y entre los ciudadanos. La participación política no debe ser vista como un riesgo para la libertad y la democracia, sino como un signo de ambas, y más aún como un resguardo para éstas.

La Res pública debe ser entendida como vehículo tanto para la libertad como para el fomento de la justicia social y el interés común de sociedad.

Son los ciudadanos, cada uno de ellos, los llamados a edificar con su participación, las políticas de cada día que van proyectando su destino.

Todos y cada uno de ellos deben contribuir, a través de la deliberación, con la construcción de una esfera pública auto-realizadora, que tenga en cuenta la diversidad cultural y la responsabilidad por el prójimo, para así engrandecer la sociedad y proteger sus derechos como individuos.

Se necesitan ciudadanos conscientes de que su libertad depende del mantenimiento de la comunidad política, pues la libertad sólo es posible en una sociedad que se autogobierna.

1. DEBEMOS ASUMIR EL VALOR SUPREMO DE LA DEMOCRACIA.

La participación ciudadana construye y fortalece la Democracia.

Por lo tanto, la Democracia no debe ser entendida sólo como el simple acto de votar, ni como simple consentimiento mayoritario (a riesgo de la dictadura de las mayorías), sino como un sistema político y un espacio público donde existe la participación activa y constante de los ciudadanos en los asuntos que les competen a todos, dentro de un marco de libertad e igualdad política, basado en la tolerancia, espíritu público, pluralidad y libertad de información.

La Democracia no debe ser reducida a una noción instrumental, donde los ciudadanos quedan reducidos a votos, sino que debe constituirse en un orden donde el gobierno está sometido al control de los ciudadanos.

Democracia Republicana y Participativa: Que implica respeto del imperio de la ley, a la libertad de tránsito, libertad de expresión, a la libertad de prensa, y a la competencia política.

Los diferentes intereses, de diversos sectores, deben estar representados en diversas instituciones democráticas, por lo tanto debemos entender la democracia como un sistema representativo, que a la vez implica necesariamente la participación de los grupos sociales diversos en el ejercicio político.

Debemos tener presente que la responsabilidad ciudadana no es exclusiva de ninguna elite o clase social específica.

El gobierno democrático debe ofrecer un proceso adecuado de satisfacción de los intereses de los ciudadanos, en el sentido de preocupaciones políticas más urgentes.

Por lo tanto:
Todos los funcionarios y cargos deben ser electos y pueden ser revocados.

Deben existir elecciones libres e imparciales, sin coerción de ninguna clase ni exclusión de ningún tipo a ciudadanos, grupos étnicos, políticos o de cualquier índole.

Sufragio universal e inclusivo, derecho a ocupar cargos públicos, libertad de expresión, y autonomía asociativa.

Debe existir control constante sobre las decisiones.

No se aceptan auto investiduras, ni cargos vitalicios, a perpetuidad relativa o designados, ni tampoco que el poder derive de la fuerza.

Rotación de cargos públicos.

División de Poderes y Dispersión territorial del Poder.

2. DEBEMOS ASUMIR Y RESCATAR EL VALOR SUPREMO DE LA CIUDADANÍA Y LA SOCIEDAD CIVIL COMO EJES DE LO POLÍTICO.

Debemos asumir el valor de la ciudadanía en cuanto conjunto de miembros libres de la politeia y como la condición que cada uno ostenta como componente soberano del cuerpo político.

Debemos asumir el valor de la ciudadanía como sustento para el desarrollo de la democracia, preocupada por la participación social y política, y donde cada ciudadano tenga conciencia de su pertenencia a la comunidad política.

Una forma de resguardar los derechos y la libertad de cada ciudadano en la sociedad, es teniendo una sociedad civil viva, preocupada por la participación social y política, donde los ciudadanos se sientan comprometidos con construir su propia sociedad y más aún comprometidos con las instituciones que sustentan la democracia, que son los principales bienes públicos.

Sólo así podemos fomentar la responsabilidad individual y colectiva, pues cada ciudadano debe estar comprometido con las dinámicas que adopta su sociedad.

Debemos tener presente que la sociedad civil, el pueblo, es una comunidad diversa, cuyos miembros pertenecen a comunidades determinadas, con miembros y cualidades en común, que persiguen el bien general sin que una minoría lleve a cabo sus intereses. Esto es clave tomando en cuenta la diversidad cultural.

Debemos tener presente la separación entre Estado y Sociedad Civil, propiciando la autonomía asociativa y permitiendo el desarrollo de un pluralismo social y organizado, enriquecido con variedad de fuentes de información (oficiales y alternativas) junto con organizaciones sociales relativamente autónomas entre sí y con respecto al gobierno de turno, por lo tanto, los partidos no deben secuestrar la política para favorecer sus intereses internos. Debemos evitar la partitocracia.

Debemos revalorar el valor de la educación en cuanto principio decisivo de la participación, pues el modo de garantizar el buen gobierno, la libertad y el desarrollo de una sociedad justa es participando de la vida pública.

Una sociedad civil débil, atomizada, apática, desinformada, tele-narcotizada por la demagogia televisiva y la banalización, no sólo se convierte en una mera masa estadística, sino que –al ser incapaz de ejercer control alguno- es caldo de cultivo para el surgimiento de tendencias oligárquicas, corruptas y de cualquier tipo de dominación arbitraria.

3. DEBEMOS ASUMIR EL PRINCIPIO DE RESPETO Y TOLERANCIA POLÍTICA.

Debemos crear comunidades públicas dialogantes, donde se tome en cuenta el pluralismo social y cultural que existe en estos tiempos, para así poder aceptar las diferencias culturales, religiosas, ideológicas, etc. Debemos respetar y tener presente la constatación de la heterogeneidad política y moral de las personas.

Esto significa el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, e implica también una forma de limitar cualquier tipo de poder (público o privado), en pro de la representatividad de los ciudadanos y la conciencia de ciudadanía.

Esto implica la expansión de los derechos ciudadanos y el respeto de la libertad política, civil, religiosa, económica, de expresión, de asociación, de reunión, la igualdad ante la ley, la igualdad política para participar y disentir en cuanto a los asuntos de gobierno, y así toda persona pueda defender sus intereses en la esfera pública y todo ciudadano tenga la misma capacidad para gobernar.

Por lo tanto, en los derechos de ciudadanía se incluye el derecho a oponerse a los altos funcionarios de gobierno y el de hacerlos abandonar sus cargos mediante el voto.

Nuestra experiencia histórica nos ha enseñado los altos costos sociales, políticos, y personales que conlleva la violencia política, ya sea retórica o física, y el surgimiento de afanes totalitarios.

La tolerancia política permite el desarrollo de ciudadanos libres, responsables y activos políticamente, que fortalecen y enriquecen a la sociedad civil, al desplegarse sus diversas ideas, propuestas y sueños, sin el riesgo de caer en simplificaciones absolutistas que irremediablemente llevan a la tiranía de unos sobre otros.

4. DEBEMOS ASUMIR QUE ES NECESARIO EVITAR LA CONCENTRACIÓN Y PERPETUACIÓN DEL PODER.

Debemos evitar la concentración del poder, ya sea político y económico, pues de aquello surgen sus excesos como la corrupción, la plutocracia, la partitocracia, el nepotismo, el populismo, la dictadura y el totalitarismo -ya sea político, ideológico o económico- y donde el Estado termina por favorecer ciertos intereses particulares en desmedro del resto de la ciudadanía y el gobierno de la ley pasa a ser sustituido por el poder arbitrario de los más poderosos.

Se deben fomentar e instaurar mecanismos que eviten la concentración de cualquier tipo de poder, que permitan la independencia de la sociedad civil y sus distintas manifestaciones, para así ejercer su control legítimo sobre los gobiernos.

Por lo tanto, debemos fomentar e instaurar mecanismos de plena responsabilidad y transparencia y control en cuanto al financiamiento de campañas políticas, en cuanto a sueldos y en cuanto al gasto de dinero del Estado.

Se debe recuperar el poder ciudadano, que ha sido paulatinamente concentrado en pocas manos, ya sean los partidos o sectores corporativos. Se debe rescatar el valor del buen gobierno.

5. DEBEMOS ASUMIR EL VALOR SUPREMO DE LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA.

Todos los ciudadanos deben tener las oportunidades y condiciones sociales, económicas y culturales básicas para elegir sus modos de vida, pues esto es lo que permite el desarrollo de la libertad plena y la igualdad política, económica y social.

La desigualdad económica excesiva contribuye a debilitar la democracia y sus principios básicos, pues una sociedad altamente desigual genera ciudadanos sin compromisos cívicos y apáticos políticamente.

Debemos fomentar y propiciar la independencia económica de los ciudadanos, pues no se puede garantizar la libertad y la igualdad política si existen enormes desigualdades económicas y sociales.

La pobreza es un factor que impide a los ciudadanos a participar de la vida y el interés público, pues inhibe su capacidad de decisión, participación y autonomía.

Se debe tratar que las personas tengan garantizado un mínimo de subsistencia, no como una forma de caridad estatal, sino en cuanto mecanismo para lograr su emancipación económica.

Es clave rescatar el verdadero sentido de la educación pública que debe ser esencialmente fuente de identidad ciudadana y desarrollo cívico, a través de la máxima calidad y libertad, fomentando así la convivencia de diversos grupos sociales en un mismo espacio educativo y social.