El Chernobyl chileno

Una población viviendo en medio de la contaminación. 4 mil exámenes perdidos. Niños gravemente enfermos y un gobierno que sigue mintiendo y ocultando información. El escenario de esta tragedia no es Chernobyl, es Arica, en Chile.

Las poblaciones Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica fueron emplazadas sobre residuos de arsénico y plomo dejados a mediados de los 80’ por la empresa Sociedad Procesadora de Metales Promel Ltda., y que provenían de la empresa sueca, Boliden Metal A.B.

Aquí, ya el olor a corrupción es fuerte, pues no se sabe bajo qué modalidad Promel ingresó estos residuos a Chile, siendo que no tenía capacidad para tratar esos contaminantes.

A principios de los 90´ el hedor continúa pues el nuevo gobierno, sin realizar estudios ambientales previos, instaló a vivir a miles de familias de escasos recursos sobre el desecho mineral (plomo, cadmio, zinc, mercurio, cobre y arsénico).

Ya en 1995 alrededor de 15 mil personas ocupaban las poblaciones Los Industriales IV, Villa Los Laureles, Cerro Chuño, Villa El Solar y Villa El Amanecer, todas a escasos metros del lugar de acopio del material contaminante.

Al igual que en la tragedia de Chernobyl, los efectos de la contaminación comenzaron a mostrarse al poco tiempo en la población, con jaquecas, gastritis agudas, dolores de huesos, abortos, embarazos molares, trastornos de aprendizaje, problemas de crecimiento, y enfermedades respiratorias e invalidantes.

Y al igual que en Chernobyl, el gobierno ha mentido, ha ocultado y alterado información, ha pasado a llevar varios derechos, y ha actuado indolentemente por casi 20 años.

Así, en 1998 y luego que se estableciera emergencia sanitaria ambiental en el lugar debido a la presión de los vecinos, las altas autoridades de la época, como el Ministro de Salud Alex Figueroa, el jefe del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Juan Luis Castro y la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de diputados, se comprometieron a dar solución al problema, trasladando los desechos a 3 kilómetros de las poblaciones.

Lo cierto es que los desechos fueron traslados sólo 700 metros.

En esa época, el gobierno y sus agentes culparon al dueño de Promel de todo el asunto, obviando la grave negligencia de las autoridades sanitarias y que fue el Estado el que permitió de manera irresponsable la construcción de viviendas para miles de familias sobre arsénico.

El año 2000, siendo ministra de salud la actual Presidenta Bachelet, se tomaron cerca de 4 mil exámenes de sangre para corroborar si la contaminación estaba afectando la salud de los vecinos. Extrañamente los resultados nunca aparecieron o fueron alterados.

La encargada de gestionar dicho proceso fue la doctora Carolina Asela, hoy Jefa del Servicio de Salud de Arica. El gobierno actúa con dolo y mala intención.

Y claro, hoy se trata de silenciar a los vecinos gastando altas sumas de dinero construyéndoles un centro cívico ¿Será también sobre el arsénico?

En el 2007 se entregó una indemnización vergonzosa a algunos vecinos, ocho millones de pesos para 356 de 15 mil habitantes.

En esa ocasión la Corte Suprema, estimó que el Servicio de Salud de la entonces Región de Tarapacá conocía perfectamente la existencia de este acopio desde 1984 y que antes de 1997 nunca hizo nada por salvar la vida de los pobladores.

Hoy la doctora Asela, Jefa del Servicio de Salud de Arica, sigue insistiendo en que no hay contaminación. El Servicio de Salud del Ambiente ha dicho que no existe intoxicación con plomo, sólo exposición a éste.

Lo cierto es que tanto el DICTUC de la UC como la Universidad de Tarapacá, han corroborando la alta contaminación que sufren las personas de Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica, y que sobrepasan las normas internacionales.

El gobierno miente descaradamente. ¿Dónde están los grupos pro vida o los defensores de los derechos humanos? ¿Dónde están los presidenciales? ¿Dónde están aquellos que se preocupan de los problemas reales de la gente?

La gente debería demandar al Estado chileno ante las Cortes Internacionales y varias autoridades deberían pagar con cárcel este acto criminal.

Tomando en cuenta que las autoridades prácticamente siguen siendo las mismas, es claro que el gobierno ha mentido, ha ocultado información y ha pasado a llevar derechos como el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente limpio de miles de personas.

Más datos sobre los responsables con nombre y apellido

Pd:Para que hablar de los "honorables" que transgreden la ley excediendo la velocidad permitida o usando balizas.

Chile tiene una isonomia a medias, no una democracia

En su libro Ciudadanía y democracia, un enfoque republicano, el profesor Andrés de Francisco, plantea que un problema actual de las democracias modernas es que algunas de ellas entregan derechos civiles pero no derechos políticos.

En Chile, la Constitución establece que todos los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos como gobernantes. Sin embargo, todos sabemos que no todos los chilenos pueden ejercer tal principio. No por falta de capacidad, sino esencialmente por carencia de recursos materiales, capital social e influencia.

Es decir, nuestra democracia más bien sería una oligarquía isonómica, donde existen derechos civiles iguales, pero no derechos políticos iguales.

Tal como plantea Andrés de Francisco, la isonomia no es lo mismo que la democracia. Es una condición necesaria, más no suficiente para su existencia.

En su libro hace un análisis histórico de este fenómeno, el cual se origina en la antigua Grecia, con Clístenes, donde tanto pobres como ricos contaban con iguales derechos políticos, pero cuya puesta en práctica quedaba determinada por el nivel de influencia e independencia en cuanto recursos materiales.

De esa idea, se desprenden posteriormente algunos planteamientos –entre los que se encuentran los de Benjamín Constant- relativos a decir que como los pobres no tienen intereses materiales, no les es necesario participar de la vida pública, y que sólo los ricos tienen tal derecho al compartir intereses comunes.

De esas ideas se desprende que los hombres pobres deben ser relegados a sus espacios privados, preocupándose individualmente de todos sus asuntos y que los hombres ricos (que constituirían la comunidad política), deben valerse de intendentes –y por ende del Estado- para representar sus intereses conjuntos (hoy día podríamos decir corporativos). Que mejor ejemplo que los rescates multimillonarios ante la crisis económica.

A partir de lo anterior, se plantea que los hombres pobres entonces deben conformarse con una civitas sine sufragio, es decir, acceso a derechos civiles pero no a derechos políticos.

Andrés de Francisco explica que la civitas sine sufragio fue creada en Roma, con el objetivo de permitir la anexión de otros territorios y la integración de sus habitantes conquistados, pero sin alterar el poder político de las elites romanas.

Tan antigua es está lógica, que de ella también deriva el voto censitario que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX.

Algo que no menciona Andrés de Francisco, es que la diferencia con los tiempos romanos y los del voto censitario, radica en que hoy en día, la civitas sine sufragio no es impuesta por ley alguna, sino que es producto de la propia lógica de la estructura isonómica del sistema político, que desincentiva a los ciudadanos “comunes”, primero a querer participar de la política en cuanto ser gobernantes, reduciéndolos primero al rol de electores, para luego terminar por disminuir incluso, sus estímulos para el ejercicio del voto.

Sin embargo, es claro en plantear que puede haber una elite en el poder, una oligarquía, mantenida no ya pese a la perfecta igualdad de derechos políticos, sino gracias a ella. Una oligarquía isonómica, donde todos tienen derecho, pero gobiernan los ricos.

Por lo mismo cita a Rawls, quien decía una cosa son las libertades políticas iguales y otra el valor equitativo de dichas libertades.

Esta claro que en Chile la equidad no existe.

En relación a esto también pueden leer www.pardejorges.blogspot.com con artículos referidos al reportaje de Informe Especial acerca de la Cámara de Diputados.

Con Piñera tampoco llega la virtud política

En un artículo publicado en Revista Qué Pasa, Juan Carlos Jobet, Hernán Larraín Matte y Cristóbal Bellolio, plantean que un triunfo de la Alianza exige cambiar la vieja forma de hacer política. Sin embargo, el último incidente durante el velorio de la niña asesinada en un microbus es un nuevo ejemplo de lo arraigada que está esa manera de hacer política en el candidato de la derecha.
Aprovechando el claro desgaste de la coalición gobernante, en el último tiempo los partidarios del candidato de la derecha han pretendido construir alrededor de éste un discurso que lo ligue con la idea de renovación política.
A través de éste pretenden decirle a la ciudadanía que la transformación de la política –y de Chile en definitiva- en su totalidad depende del cambio de gobernantes, de transformar las formas de hacer política y sobre todo de la inclusión de una nueva generación de líderes jóvenes. En ningún caso sin embargo, se habla de cambiar un ápice la institucionalidad vigente.
Jobet, Matte y Bellolio dicen que “la Alianza sigue liderada hoy por los mismos que durante más de 20 años han conformado una tenaz oposición” y que por lo tanto, Piñera debería abrir espacios a los jóvenes.
Sin embargo, si consideramos que lo mismo ocurre en la Concertación y que en conjunto ambas coaliciones se han convertido en 20 años en una elite política envejecida y profundamente relacionada en términos económicos, incluso homogénea.
Entonces ¿Por qué creer que Piñera –que es parte de esa elite- permitiría la inclusión real de nuevos elementos, haciendo caso omiso a la presión de sus propias filas?
Según Jobet, Matte y Bellolio, el escenario es propicio para tal efecto, puesto que “no es casualidad que el promedio de edad de nuestra población sea de 31 años, los mismos que apenas llegaban a los 10 para el plebiscito de 1988. Esta generación representa al Chile de hoy”. Sin embargo, olvidan que un porcentaje importante de esa generación no vota en parte porque la institucionalidad, el sistema político, sus partidos y actores hegemónicos no los representan en nada y tampoco los incluyen en la toma de decisiones.
Por lo tanto, y contrario a lo que dicen en el artículo, en cuanto a que lo primero que debiera hacerse si Piñera gana “es atraer a la gente que no le gusta la actual forma de hacer política, pero que está dispuesta a entrar para cambiarla”, lo primero que se debe hacer –sea quien sea el que gane- es cambiar la institucionalidad para permitir la entrada de nuevos actores que cambien realmente la política.
Sólo así se evita que se vean obligados a clientelizar su actuar, para lograr un espacio en el universo político, como ha ocurrido de forma creciente desde el retorno a la democracia. Sino, tal como dicen ellos mismos dicen “tendremos caras nuevas, pero la misma política”.
Por lo anterior, quizás el error más grave –si se puede decir así- es que ellos creen que los líderes de esa nueva generación para “el cambio” total junto a Piñera, se encuentran en las universidades, think tanks, fundaciones y por supuesto en el sector privado.
Es probable que en esos lugares existan buenos elementos que impliquen un aporte importante, pero olvidan que todas esas instituciones han sido piezas claves en el proceso de reproducción, mantención y legitimación de la institucionalidad vigente, que genera exclusión, desafección política y concentración del poder. Es más, son parte constitutiva de ésta.
Olvidan que esos organismos son parte del poder, no sólo estatal, sino también económico y cultural. Es decir, no sólo del poder de lo que consideramos la derecha, sino también de la Concertación, que en cuanto elites, desde el retorno a la democracia en ningún caso han pretendido cambiar tal institucionalidad, sino más bien fortalecer las estructuras que les garantizan un poder sin contrapeso y la mantención de sus privilegios.
Mencionan a Independientes en Red y Giro País como un ejemplo de tales organizaciones independientes, que cumplirían con las nuevas necesidades de cambio. Sin embargo, olvidan que esas organizaciones tienen una clara impronta elitista tanto en su origen como en su patrocinio. Aún cuando pretenden ser independientes del aparataje y las lógicas políticas imperantes, son parte de constitutiva de la hegemonía de éstas.
Por lo tanto, considerando que quienes pretenden los cambios también son –lo quieran o no- parte de la institucionalidad que hay que cambiar, se hace poco creíble para los ciudadanos que –sea quien sea el nuevo presidente- se cumpla el “asegurar un proceso de reclutamiento que entregue garantías de transparencia y privilegie el mérito por sobre el cuoteo y el pituto".
Lo cierto es que la transformación y el cambio dependen de algo mucho más complejo que cambiar al gobernante de turno, dependen de cambiar la institucionalidad vigente, que es donde radican muchos de los vicios de la actual forma de hacer política.
Mientras no cambien las instituciones que reproducen la hegemonía dominante –de la que hacen usufructo la Alianza y la Concertación- en sus diversas dimensiones, es difícil que las lógicas y formas de hacer política se transformen. Peor aún, es difícil que los ciudadanos se sientan atraídos a participar.
Eso es lo que deben saber los ciudadanos para que no les pinten cuentos. Porque en definitiva, lo que los partidarios de Piñera buscan, es negar es que él es y ha sido actor importante de la institucionalidad vigente y de las formas de hacer política, ahora agotadas y desprestigiadas totalmente ante la ciudadanía.
El último incidente durante el velorio de la niña asesinada en un microbus es un nuevo ejemplo de la primacía de esa mala forma de hacer política en el candidato de la derecha, que años atrás ya lo puso en problemas con Evelyn Matthei.
Bajo ningún punto de vista representa una transformación del orden vigente, ni de las formas de hacer política. Es más de lo mismo.

La necesidad de un Republicanismo Cívico

Hoy, la mayoría de los ciudadanos se sienten huérfanos de un ideario político que los guíe e incentive a mirar al futuro con confianza, de sentirse parte de la sociedad en la que viven, y que los llame a hacerse participes de la construcción y constitución diaria de su destino.

En definitiva se sienten ajenos al verdadero sentido de la ciudadanía.

Los ciudadanos necesitan construir un nuevo ideario político acorde a un nuevo siglo, que les permita mirar más allá de las simples contingencias y afrontar el incierto horizonte del futuro con perspectiva. La sociedad chilena requiere nuevas formas de hacer política.

Necesitamos construir nuevos ideales comunes a todos los ciudadanos, que a la vez nos alejen del riesgo del dogmatismo irrestricto y de la anquilosada apatía política imperante.

Para cimentar nuestros propósitos, sin caer en la autodestrucción o en el inmovilismo del statu quo, debemos abrazar ciertos principios básicos con los cuales comenzar a llevar a cabo nuestros sueños.

Dichos principios políticos, se deben asumir y constituir a nivel social, en torno al tipo de representatividad de los gobernantes; a nivel moral y ético, en cuanto a los limites del poder de los gobernantes y su responsabilidad con los ciudadanos; a nivel cívico, en cuanto a rescatar el verdadero sentido de la ciudadanía.

En base a estos principios debemos rearticular el civismo, la participación ciudadana y la tolerancia política, que son los valores fundamentales de una Democracia y una República.

A través de estos principios republicanos debemos recuperar la Política para todos los ciudadanos, pues ésta constituye un bien común, que no puede ser usurpado por ninguna clase de elite.

Sólo así podremos ir restituyendo y recuperando la confianza social, institucional y política de los ciudadanos y entre los ciudadanos. La participación política no debe ser vista como un riesgo para la libertad y la democracia, sino como un signo de ambas, y más aún como un resguardo para éstas.

La Res pública debe ser entendida como vehículo tanto para la libertad como para el fomento de la justicia social y el interés común de sociedad.

Son los ciudadanos, cada uno de ellos, los llamados a edificar con su participación, las políticas de cada día que van proyectando su destino.

Todos y cada uno de ellos deben contribuir, a través de la deliberación, con la construcción de una esfera pública auto-realizadora, que tenga en cuenta la diversidad cultural y la responsabilidad por el prójimo, para así engrandecer la sociedad y proteger sus derechos como individuos.

Se necesitan ciudadanos conscientes de que su libertad depende del mantenimiento de la comunidad política, pues la libertad sólo es posible en una sociedad que se autogobierna.

1. DEBEMOS ASUMIR EL VALOR SUPREMO DE LA DEMOCRACIA.

La participación ciudadana construye y fortalece la Democracia.

Por lo tanto, la Democracia no debe ser entendida sólo como el simple acto de votar, ni como simple consentimiento mayoritario (a riesgo de la dictadura de las mayorías), sino como un sistema político y un espacio público donde existe la participación activa y constante de los ciudadanos en los asuntos que les competen a todos, dentro de un marco de libertad e igualdad política, basado en la tolerancia, espíritu público, pluralidad y libertad de información.

La Democracia no debe ser reducida a una noción instrumental, donde los ciudadanos quedan reducidos a votos, sino que debe constituirse en un orden donde el gobierno está sometido al control de los ciudadanos.

Democracia Republicana y Participativa: Que implica respeto del imperio de la ley, a la libertad de tránsito, libertad de expresión, a la libertad de prensa, y a la competencia política.

Los diferentes intereses, de diversos sectores, deben estar representados en diversas instituciones democráticas, por lo tanto debemos entender la democracia como un sistema representativo, que a la vez implica necesariamente la participación de los grupos sociales diversos en el ejercicio político.

Debemos tener presente que la responsabilidad ciudadana no es exclusiva de ninguna elite o clase social específica.

El gobierno democrático debe ofrecer un proceso adecuado de satisfacción de los intereses de los ciudadanos, en el sentido de preocupaciones políticas más urgentes.

Por lo tanto:
Todos los funcionarios y cargos deben ser electos y pueden ser revocados.

Deben existir elecciones libres e imparciales, sin coerción de ninguna clase ni exclusión de ningún tipo a ciudadanos, grupos étnicos, políticos o de cualquier índole.

Sufragio universal e inclusivo, derecho a ocupar cargos públicos, libertad de expresión, y autonomía asociativa.

Debe existir control constante sobre las decisiones.

No se aceptan auto investiduras, ni cargos vitalicios, a perpetuidad relativa o designados, ni tampoco que el poder derive de la fuerza.

Rotación de cargos públicos.

División de Poderes y Dispersión territorial del Poder.

2. DEBEMOS ASUMIR Y RESCATAR EL VALOR SUPREMO DE LA CIUDADANÍA Y LA SOCIEDAD CIVIL COMO EJES DE LO POLÍTICO.

Debemos asumir el valor de la ciudadanía en cuanto conjunto de miembros libres de la politeia y como la condición que cada uno ostenta como componente soberano del cuerpo político.

Debemos asumir el valor de la ciudadanía como sustento para el desarrollo de la democracia, preocupada por la participación social y política, y donde cada ciudadano tenga conciencia de su pertenencia a la comunidad política.

Una forma de resguardar los derechos y la libertad de cada ciudadano en la sociedad, es teniendo una sociedad civil viva, preocupada por la participación social y política, donde los ciudadanos se sientan comprometidos con construir su propia sociedad y más aún comprometidos con las instituciones que sustentan la democracia, que son los principales bienes públicos.

Sólo así podemos fomentar la responsabilidad individual y colectiva, pues cada ciudadano debe estar comprometido con las dinámicas que adopta su sociedad.

Debemos tener presente que la sociedad civil, el pueblo, es una comunidad diversa, cuyos miembros pertenecen a comunidades determinadas, con miembros y cualidades en común, que persiguen el bien general sin que una minoría lleve a cabo sus intereses. Esto es clave tomando en cuenta la diversidad cultural.

Debemos tener presente la separación entre Estado y Sociedad Civil, propiciando la autonomía asociativa y permitiendo el desarrollo de un pluralismo social y organizado, enriquecido con variedad de fuentes de información (oficiales y alternativas) junto con organizaciones sociales relativamente autónomas entre sí y con respecto al gobierno de turno, por lo tanto, los partidos no deben secuestrar la política para favorecer sus intereses internos. Debemos evitar la partitocracia.

Debemos revalorar el valor de la educación en cuanto principio decisivo de la participación, pues el modo de garantizar el buen gobierno, la libertad y el desarrollo de una sociedad justa es participando de la vida pública.

Una sociedad civil débil, atomizada, apática, desinformada, tele-narcotizada por la demagogia televisiva y la banalización, no sólo se convierte en una mera masa estadística, sino que –al ser incapaz de ejercer control alguno- es caldo de cultivo para el surgimiento de tendencias oligárquicas, corruptas y de cualquier tipo de dominación arbitraria.

3. DEBEMOS ASUMIR EL PRINCIPIO DE RESPETO Y TOLERANCIA POLÍTICA.

Debemos crear comunidades públicas dialogantes, donde se tome en cuenta el pluralismo social y cultural que existe en estos tiempos, para así poder aceptar las diferencias culturales, religiosas, ideológicas, etc. Debemos respetar y tener presente la constatación de la heterogeneidad política y moral de las personas.

Esto significa el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, e implica también una forma de limitar cualquier tipo de poder (público o privado), en pro de la representatividad de los ciudadanos y la conciencia de ciudadanía.

Esto implica la expansión de los derechos ciudadanos y el respeto de la libertad política, civil, religiosa, económica, de expresión, de asociación, de reunión, la igualdad ante la ley, la igualdad política para participar y disentir en cuanto a los asuntos de gobierno, y así toda persona pueda defender sus intereses en la esfera pública y todo ciudadano tenga la misma capacidad para gobernar.

Por lo tanto, en los derechos de ciudadanía se incluye el derecho a oponerse a los altos funcionarios de gobierno y el de hacerlos abandonar sus cargos mediante el voto.

Nuestra experiencia histórica nos ha enseñado los altos costos sociales, políticos, y personales que conlleva la violencia política, ya sea retórica o física, y el surgimiento de afanes totalitarios.

La tolerancia política permite el desarrollo de ciudadanos libres, responsables y activos políticamente, que fortalecen y enriquecen a la sociedad civil, al desplegarse sus diversas ideas, propuestas y sueños, sin el riesgo de caer en simplificaciones absolutistas que irremediablemente llevan a la tiranía de unos sobre otros.

4. DEBEMOS ASUMIR QUE ES NECESARIO EVITAR LA CONCENTRACIÓN Y PERPETUACIÓN DEL PODER.

Debemos evitar la concentración del poder, ya sea político y económico, pues de aquello surgen sus excesos como la corrupción, la plutocracia, la partitocracia, el nepotismo, el populismo, la dictadura y el totalitarismo -ya sea político, ideológico o económico- y donde el Estado termina por favorecer ciertos intereses particulares en desmedro del resto de la ciudadanía y el gobierno de la ley pasa a ser sustituido por el poder arbitrario de los más poderosos.

Se deben fomentar e instaurar mecanismos que eviten la concentración de cualquier tipo de poder, que permitan la independencia de la sociedad civil y sus distintas manifestaciones, para así ejercer su control legítimo sobre los gobiernos.

Por lo tanto, debemos fomentar e instaurar mecanismos de plena responsabilidad y transparencia y control en cuanto al financiamiento de campañas políticas, en cuanto a sueldos y en cuanto al gasto de dinero del Estado.

Se debe recuperar el poder ciudadano, que ha sido paulatinamente concentrado en pocas manos, ya sean los partidos o sectores corporativos. Se debe rescatar el valor del buen gobierno.

5. DEBEMOS ASUMIR EL VALOR SUPREMO DE LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA.

Todos los ciudadanos deben tener las oportunidades y condiciones sociales, económicas y culturales básicas para elegir sus modos de vida, pues esto es lo que permite el desarrollo de la libertad plena y la igualdad política, económica y social.

La desigualdad económica excesiva contribuye a debilitar la democracia y sus principios básicos, pues una sociedad altamente desigual genera ciudadanos sin compromisos cívicos y apáticos políticamente.

Debemos fomentar y propiciar la independencia económica de los ciudadanos, pues no se puede garantizar la libertad y la igualdad política si existen enormes desigualdades económicas y sociales.

La pobreza es un factor que impide a los ciudadanos a participar de la vida y el interés público, pues inhibe su capacidad de decisión, participación y autonomía.

Se debe tratar que las personas tengan garantizado un mínimo de subsistencia, no como una forma de caridad estatal, sino en cuanto mecanismo para lograr su emancipación económica.

Es clave rescatar el verdadero sentido de la educación pública que debe ser esencialmente fuente de identidad ciudadana y desarrollo cívico, a través de la máxima calidad y libertad, fomentando así la convivencia de diversos grupos sociales en un mismo espacio educativo y social.