KAREN, TVN Y ¿LA POLICIA POLÍTICA DC?

Las críticas a Karen Doggenweiler, rostro de TVN, son un claro ejemplo de despotismo blando, de hegemonia elitista, de persecusión política y sobre todo, de las formas sucias con que se pretende debilitar a otro candidato como Marco Enriquez Ominami.

La política se está poniendo más sucia de lo normal y eso se ve en cómo -al igual que en Rebelión en la Granja de Orwell- los presidenciables y sus equipos se van poniendo más "cerdos" en su actuar.

El mejor ejemplo: los cuestionamientos a la esposa de Marco Enriquez Ominami (MEO), por parte de miembros del comando de Frei como Sebastián Bowen y Paula Narváez, quienes plantearon un supuesto choque de interes e incompatibilidad entre su rol como rostro de TVN y su participación en la campaña de MEO.

Sin embargo, el choque de intereses está en otro lado. Claro, porque en el directorio de TVN están Francisco Frei (hermano del ex presidente) y la periodista Marcia Scantlebury, miembro del comité estratégico del comando.

Por otro lado, hay que ver de donde partieron las críticas. Pues bien, éstas surgieron del vicepresidente de la DC, Andrés Palma, un ex diputado olvidado por los electores, que entre sus conceptos políticos, considera que hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Por lo tanto, probablemente, también piensa lo mismo en cuanto a quienes pueden ser candidatos y quienes no.

Lo cierto es que las críticas a Doggenweiler carecen de todo fundamento, puesto que en elecciones presidenciales anteriores, el área dramática completa de TVN apoyo a los candidatos de la Concertación en sus campañas. Nunca se planteó la necesidad de una "revisión institucional", ni nadie habló de "ventajas" al usar rostros conocidos, como lo hicieron Bowen y Narváez.

Sin embargo, la "ventaja" de la que éstos hablaron, y que tendría MEO a través de su esposa -que es uno de los puntos de la crítica- es algo totalmente azaroso. Ella era conocida mucho antes de casarse con Enriquez Ominami y que éste decidiera ser primero candidato a diputado y ahora presidencial.

¿Acaso alguien casado con un famoso o famosa, no puede ser después candidato por tener "ventaja"? Absurdo totalmente.

No es sólo majadero, sino que antidemocrático, pues atenta contra la libertad de trabajo, la vida privada y la libertad de conciencia de un ciudadano. Es un claro acto de despotismo blando. Parecen purgas o guillotinazos jacobinos pero sin sangre.

Cualquiera que se precie de demócrata y rechace la persecución política contra quien sea, debería considerar esto inaceptable. Puede ser que no les agrade Karen, pero eso no significa justificar pasar a llevar un derecho civil y político, menos aún aspectos democráticos básicos.

Desde un punto de vista democrático y republicano, Karen tiene todo el derecho a apoyar a su esposo (esa es la parte más personal de su vida) y a la vez cumplir con su trabajo como rostro de TVN. No hay incompatibilidad, sobre todo porque lo que hace en TVN no es un programa de política.

Tiene todo el derecho por dos cosas obvias: 1) porque MEO es su esposo y 2) porque TVN se supone el canal de todos los chilenos, por lo tanto, la afinidad política no debería ser requisito para trabajar ahí. En ningún trabajo, al menos en teoría.

CANDIDATOS Y NUEVA CONSTITUCIÓN

DESPOTISMO BLANDO EN CHILE

Un nuevo proyecto de ley -aprobado por el Senado chileno- plantea hacer responsable de los desmanes a quienes llamen, por cualquier medio, a reunirse o manifestarse. Este no sólo debilita aún más el actuar de la sociedad civil sino también al sistema democrático.

“No tengo inconveniente en reconocer que la paz pública es un gran bien, mas no quisiera olvidar, sin embargo, que es a través del orden por donde todos los pueblos han llegado a la tiranía” Alexis de Tocqueville.

La frase del pensador francés es hoy muy pertinente si tomamos en cuenta el nuevo proyecto de ley, ya aprobado por el Senado chileno, que plantea enjuiciar a quienes convoquen u organicen –de forma oficial o no- reuniones o manifestaciones públicas, en caso de ocurrir desmanes.

El documento establece que “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo".

Según los parlamentarios, el proyecto de ley -que es una reforma al Decreto Supremo 1086 (promulgado en 1983) que prohíbe la reunión en lugares públicos sin permiso previo- busca robustecer el papel de las policías en la mantención del orden público.

Sin embargo, es claro que la medida atenta de lleno contra varios derechos civiles consagrados, como la libertad de expresión, “garantizada” por en la Constitución, y criminalizando acciones legitimas que la sociedad civil puede desarrollar en cuanto al poder estatal o cualquier otro poder, como la libertad de reunión, de expresión, de asociación y de circulación.

Desde el punto de vista filosófico y del pensamiento político en general, pasa a llevar la soberanía ciudadana, la autonomía individual y la sociedad civil en cuanto a su relación con el gobierno y el Estado.

Por lo mismo, la advertencia que hacía Tocqueville en cuanto al peligro del despotismo blando en la democracia se hace enormemente pertinente: «Parece que si el despotismo llegase a establecerse en las naciones democráticas de nuestros días, tendría otros caracteres [distintos de los de las sociedades antiguas]: sería más extenso y más suave, y degradaría a los hombres sin atormentarlos».

Claro despotismo blando, porque el proyecto de ley inhibe –no por la fuerza sino mediante la mera amenaza- el actuar público de los ciudadanos y los fuerza a ejercer sus derechos ciudadanos de forma particular y en espacios privados, debilitando entonces el espacio democrático y la capacidad asociativa de los ciudadanos, que para Tocqueville eran clave para prevenir el absolutismo y el despotismo.

Entonces, el espacio público pierde a sus protagonistas (que se ven reducidos a sus quehaceres diarios y particulares) y su esencia –que muy bien describe Hanna Arendt- como núcleo de lo político y como lugar donde los sujetos se encuentran como iguales mediante el diálogo.

El proyecto de ley de alguna forma también cumple con la profecía de Néstor García Canclini, donde los ciudadanos abandonan totalmente esa condición para convertirse exclusivamente en consumidores.

Entonces, y tal como planteaba Tocqueville, el despotismo blando, deja a los hombres sin vínculos comunes, aislados unos de otros y por tanto, débiles e incapaces de proteger su libertad, poniendo en riesgo al sistema democrático, en manos del despotismo.

«Este poder no destruye las voluntades, pero las ablanda, las doblega y las dirige; rara vez obliga a actuar, pero se opone sin cesar a que se actúe; no destruye, pero impide nacer; no tiraniza, pero mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y, al cabo, reduce a toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobierno» Alexis de Tocqueville.

En este sentido, sería bueno recordar que tal como el mismo Tocqueville planteaba, no es lo mismo la democracia política en términos formales, donde se eligen los gobernantes mediante el voto, que un estado social democrático.

La primera siempre tiene más riesgo de desarrollar un despotismo blando. El segundo aún no existe en Chile.

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Libertad de expresión ante dos riesgos

Los atentados a la libertad de expresión, no sólo se pueden producir cuando el poder político se concentra, también cuando se concentran de forma privada los medios de comunicación. El caso de Venezuela e Italia son claros ejemplos de ambos procesos.

En Chile mucho se ha comentado la irrisoria orden -digámoslo así, de ser efectiva- dada a su llegada a Venezuela, a algunos visitantes extranjeros, de no criticar al gobierno de Chávez. Claramente eso es un atentado a la libertad de expresión (estemos o no de acuerdo con lo que alguien dice. Tal como dijo Voltaire hace mucho tiempo atrás).
En ese sentido, la pluralidad de medios de comunicación es clave y esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia, la mayor competencia política, la mejor participación e interés en los asuntos ciudadanos.

Los ciudadanos tienen el derecho a acceder y producir información diversa y variada, desde la cual poder desarrollar sus criterios, entregar sus opiniones a otros y tomar decisiones. Ya lo hemos visto en cuanto a la colusión de las farmacias, las denuncias de corrupción en el gobierno y la oposición, el debate en cuanto al aborto, etc.

La libertad de expresión permite no sólo desarrollar el primer acto racional del ser humano (comunicar), sino también establecer una relación fluida a nivel de la política, entendida está como diálogo, competencia e intercambio de ideas entre los sujetos. Ahí radica la importancia de la libertad de expresión en cuanto a lo político. Sin libertad de expresión, lo político se suprime y entonces es probable que surja la violencia como método.

Por eso, la libertad de expresión es reflejo de que el poder no está totalmente concentrado en pocas manos y que permite a los ciudadanos expresar sus intereses, necesidades, opiniones, y sobre todo sus criticas a un gobierno.

Sin embargo, en base a esa relación entre libertad de expresión y política, existe la creencia de que la libertad de expresión sólo está en peligro cuando el o los gobernantes de turno (las elites en realidad), concentran y usan de forma inapropiada el poder político que ostentan, y comienzan a ejercer diversas presiones sobre los medios de comunicación que los cuestionan o crítican, a la vez que se apoderan de otros. Es decir, que la libertad sólo está en riesgo en cuanto a la concentración del poder político.

Sin embargo, lo cierto es que la libertad de expresión también corre enormes y serios riesgos cuando es otro el poder que se concentra -que no es específicamente el político- el económico.

La concentración de la propiedad de los medios de comunicación también conlleva riesgos a la libertad de expresión, a la pluralidad de ideas, y en definitiva a la democracia.

Quienes no consideran esto, parece que olvidan los lazos estrechos que existen entre ambos tipos de poder. Claramente lo peor ocurre si ambos -poder político y económico- se concentran en una sola unidad en un momento dado.
El caso del gobierno venezolano es un ejemplo del proceso habitual y más difundido de riesgo para la libertad de expresión (propagada generalmente por quienes concentran de forma privada los medios de comunicación).

En ese proceso, desde el poder político que se concentra paulatinamente, se comienza a ejercer presión, primero sobre los medios opositores (luego incluso sobre los adherentes) y después sobre las personas, que son las generadoras de expresión e ideas.
La segunda forma de riesgo para la libertad de expresión, es un proceso no muy conocido ni menos difundido, por causa de la misma concentración privada de los medios de comunicación.

Claro, ningún miembro de un oligopolio comunicacional que concentra cada vez más la propiedad de diversos medios, controla las líneas editoriales y lo que se maneja en la agenda pública, publicará y hablará de los riesgos que implica eso para la libertad de expresión y la democracia. Menos aún si esos miembros se relacionan con los gobiernos de turno sin problemas.

Lo cierto es que la libertad de expresión también está en riesgo cuando la propiedad de los medios se concentra en forma privada y sin contrapeso, dando paso a los mismos vicios que genera el primer tipo de riesgo: información sesgada, asimétrica, homogénea, poca contrastación de hechos, falta de veracidad, omisión, censura, etc.

Lo que probablemente varía entre un proceso y otro, es que el primero, el político es más notorio y generalmente se acelera en un momento determinado, mientras que el segundo se constituye lentamente, sin que nadie lo note realmente en sus efectos.
El caso de Berlusconi en Italia es el ejemplo claro del peligro que sufre la libertad de expresión, cuando los medios de comunicación se concentran en manos del poder privado. La libertad de expresión y de prensa prende de un hilo.