Las farmacias suman y siguen

Las farmacias siguen haciendo gala de su compromiso -artificial- con la salud de los pacientes (no son consumidores ni clientes). Si la colusión de precios molesto a los ciudadanos, el uso de sus datos personales más íntimos –sin consentimiento- debería enfurecerlos aún más.

La colusión en los precios de medicamentos fue un claro atentado a los bolsillos de las personas (las más vulnerables, las personas enfermas). Nadie lo discute.

Sin embargo, hace tiempo las farmacias, junto a las Isapres, están haciendo otro más grave ataque, a lo más íntimo de la vida privada de los ciudadanos, al violar la información clínica confidencial de los pacientes.

Esto, no sólo se pasa a llevar un derecho civil básico como lo es la máxima intimidad de una persona, sino también el secreto profesional médico-paciente.

Por lo tanto, cuando usted acude a comprar algún medicamento, el vendedor (porque en algunos casos ni siquiera tienen químicos farmacéuticos, pues les sale muy caro) sabe qué enfermedad usted está padeciendo sin que usted le diga.

Probablemente incluso, en base a esa información, se esté determinando en ese preciso instante el precio de su medicamento (¿Alguna vez le muestran la pantalla donde sale el precio? Nunca, sólo se lo dicen). Obviamente no es el precio real, sino que uno asignan según su patología y su necesidad. ¡Un ejemplo de compromiso con la salud!

Por lo mismo, la abogada Verónica Sánchez, interpuso una querella contra la cadena de farmacias Cruz Verde, por violación de secreto privado ante el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago.

Según la abogada, la empresa disponía en pantalla de datos confidenciales sobre su patología AUGE, los que fueron traspasados a la cadena por parte de su isapre.

Verónica Sánchez ya había presentado un recurso de protección en contra de su isapre, Banmédica, y contra la cadena Cruz Verde, por considerar que vulneraron su derecho a la intimidad e integridad psíquica.

Lo cierto es que hace tiempo existían rumores y luego pruebas fehacientes de este tipo de malas prácticas por parte de las farmacias. Hace un tiempo atrás funcionarias de algunas de éstas, fueron captadas in fraganti –por cámaras de un canal de televisión- sacándole fotocopias a recetas médicas, sin autorización de los pacientes. O sea, esto no debería ser novedad.

Por otro lado, ya comienzos del mes, el diputado PS Fulvio Rossi, aseguró que las isapres Cruz Blanca y Consalud entregaban información a SalcoBrand.

Lo concreto es que las personas deben saber que estas acciones -entre isapres y farmacias-constituyen claros ilícitos. Se pasa a llevar el secreto profesional médico-paciente, pero sobre todo la privacidad de las personas, que es un derecho fundamental de cada individuo, protegido en la Constitución.

Ya es tiempo que se sancionen fuertemente este tipo de abusos. Las farmacias la sacaron literalmente barata con el tema de las colusiones. ¿Pasará lo mismo ahora? ¿Pasará lo mismo que ocurre con el Dicom Histórico?

Más información en CIPER CHILE

La opinión pública no existe.

A propósito de la encuesta Cerc, que mejor que leer lo que planteaba el sociólogo francés Pierre Bourdieu, sobre las encuestas de opinión. Aquí algunos se sus planteamientos.

Toda encuesta de opinión supone que todo el mundo puede tener una opinión; o, en otras palabras, que la producción de una opinión está al alcance de todos. Aun a riesgo de contrariar un sentimiento ingenuamente democrático, pondré en duda este primer postulado.

Segundo postulado: se supone que todas las opiniones tienen el mismo peso. Pienso que se puede demostrar que no hay nada de esto y que el hecho de acumular opiniones que no tienen en absoluto la misma fuerza real lleva a producir artefactos desprovistos de sentido.

Tercer postulado implícito: en el simple hecho de plantearle la misma pregunta a todo el mundo se halla implicada la hipótesis de que hay un consenso sobre los problemas, entre otras palabras, que hay un acuerdo sobre las preguntas que vale la pena plantear.

Estos tres postulados implican, me parece, toda una serie de distorsiones que se observan incluso cuando se cumplen todas las condiciones del rigor metodológico en la recogida y análisis de los datos.

A menudo se le hacen reproches técnicos a las encuestas de opinión. Por ejemplo, se cuestiona la representatividad de las muestras. Pienso que, en el estado actual de los medios utilizados por las empresas que realizan encuestas, la objeción apenas tiene fundamento.

También se les reprocha el hacer preguntas sesgadas o, más bien, el sesgar las preguntas en su formulación: esto ya es más cierto y muchas veces se condiciona la respuesta mediante la forma de hacer la pregunta.

Así, por ejemplo, transgrediendo el precepto elemental de la construcción de un cuestionario que exige que se les "dé sus oportunidades" a todas las respuestas posibles, frecuentemente se omite en las preguntas o en las respuestas propuestas una de las opciones posibles, o incluso se propone varias veces la misma opción bajo formulaciones diferentes. Hay toda clase de sesgos de este tipo y sería interesante preguntarse por las condiciones sociales de aparición de estos sesgos.

En muchos casos se deben a las condiciones en las que trabajan las personas que producen los cuestionarios. Pero, sobre todo, se deben al hecho de que las problemáticas que fabrican los institutos de opinión están subordinadas a una demanda de tipo particular.

Eso significa que las problemáticas que se le imponen a este tipo de organismos están profundamente ligadas a la coyuntura y dominadas por un tipo determinado de demanda social.

Las problemáticas que proponen las encuestas de opinión están subordinadas a intereses políticos, y esto pesa enormemente tanto sobre la significación de las respuestas como sobre la significación que se le confiere a la publicación de los resultados.

La encuesta de opinión es, en el estado actual, un instrumento de acción política; su función más importante consiste, quizá, en imponer la ilusión de que existe una opinión pública como sumatoria puramente aditiva de opiniones individuales; en imponer la idea de que existe algo que sería como la media de las opiniones o la opinión media.

La "opinión pública" que aparece en las primeras páginas de los periódicos en forma de porcentajes (el 60% de los franceses están a favor de...), esta opinión pública es un simple y puro artefacto cuya función es disimular que el estado de la opinión en un momento dado es un sistema de fuerzas, de tensiones, y que no hay nada más inadecuado para representar el estado de la opinión que un porcentaje.

Sabemos que todo ejercicio de la fuerza va acompañado por un discurso cuyo fin es legitimar la fuerza del que la ejerce; se puede decir incluso que lo propio de toda relación de fuerza es el hecho de que sólo ejerce toda su fuerza en la medida en que se disimula como tal. En suma, expresándolo de forma sencilla, el hombre político es el que dice: "Dios está de nuestra parte". El equivalente de "Dios está de nuestra parte" es hoy en día "la opinión pública está de nuestra parte".

He aquí el efecto fundamental de la encuesta de opinión: constituir la idea de que existe una opinión pública unánime y, así, legitimar una política y reforzar las relaciones de fuerza que la sostienen o la hacen posible.

Tras haber dicho al principio lo que quería decir al final, voy a tratar de señalar muy rápidamente cuáles son las operaciones mediante las que se produce este efecto de consenso.

La primera operación, que tiene como punto de partida el postulado de que todo el mundo debe tener una opinión, consiste en ignorar los no-contestan (1).

Eliminar los no-contestan es hacer lo que se hace en una consulta electoral donde hay papeletas en blanco o nulas; es imponerle a la encuesta de opinión la filosofía implícita de la consulta electoral.

Uno de los efectos más perniciosos de la encuesta de opinión consiste precisamente en conminar a las personas a responder a preguntas que no se han planteado.

En realidad, hay varios principios a partir de los cuales se puede generar una respuesta. Tenemos, en primer lugar, lo que se puede llamar la competencia política en referencia a una definición a la vez arbitraria y legítima, es decir, dominante y disimulada como tal, de la política.

Esta competencia política no se halla universalmente distribuida. Varía grosso modo como el nivel de instrucción. En otras palabras, la probabilidad de tener una opinión sobre todas las cuestiones que suponen un saber político es comparable con la probabilidad de ir al museo.

El efecto de imposición de problemática, efecto ejercido por toda encuesta de opinión y por toda interrogación política (comenzando por la electoral), deriva del hecho de que las preguntas planteadas en una encuesta de opinión no son preguntas que se les planteen realmente a todas las personas interrogadas, así como del hecho de que las respuestas no son interpretadas en función de la problemática por referencia a la cual han respondido las diferentes categorías de encuestados.

Si las encuestas de opinión captan muy mal los estados virtuales de la opinión y, más exactamente, los movimientos de opinión, ello se debe, entre otras razones, a que la situación en la que aprenden las opiniones es completamente artificial.

En las situaciones en que se constituye la opinión, en particular las situaciones de crisis, las personas se hallan ante opiniones constituidas, ante opiniones sostenidas por grupos, de manera que elegir entre opiniones es, claramente, elegir entre grupos.

Este es el principio del efecto de politización que produce la crisis: hay que elegir entre grupos que se definen políticamente y definir cada vez más tomas de posición en función de principios explícitamente políticos.

De hecho, lo que me parece importante es que la encuesta de opinión trata a la opinión pública como una simple suma de opiniones individuales, recogidas en una situación que, en el fondo, es la de la cabina electoral, donde el individuo va furtivamente a expresar en el aislamiento una opinión aislada.

En las situaciones reales, las opiniones son fuerzas y las relaciones entre opiniones son conflictos de fuerza entre los grupos.

La encuesta de opinión tradicional ignora al mismo tiempo los grupos de presión y las disposiciones virtuales que pueden no expresarse en forma de discurso explícito. Por ello es incapaz de generar la menor previsión razonable sobre lo que pasaría en situación de crisis.

En suma, he querido decir que la opinión pública no existe, al menos bajo la forma que le atribuyen los que tienen interés en afirmar su existencia. He dicho que existen, por una parte, opiniones constituidas, movilizadas, de grupos de presión movilizados en torno a un sistema de intereses explícitamente formulados; y, por otra, disposiciones que, por definición, no son opinión si se entiende por tal, como he hecho a lo largo de todo este análisis, algo que puede formularse discursivamente con una cierta pretensión a la coherencia.

Esta definición de opinión no es mi opinión sobre la opinión. Es simplemente la explicitación de la definición que ponen en juego las encuestas de opinión cuando le piden a la gente que tome posición respecto a opiniones formuladas y cuando producen, por simple agregación estadística de las opiniones así producidas, este artefacto que es la opinión pública.

Simplemente digo que la opinión pública en la acepción implícitamente admitida por los que hacen encuestas de opinión o por los que utilizan sus resultados, simplemente digo que esta opinión no existe.

*Conferencia impartida en Noroit (Arras) en enero de 1972 y publicada en Les temps modernes, no. 318, enero de 1973, pp. 1292-1309. Ver, también: P. Bourdieu, Questions de sociologie, París, Minuit, 1984, pp. 222-250. Hay versión en castellano de Enrique Martín Criado en: Cuestiones de Sociología, Istmo, España, 2000, pp. 220-232, Col. Fundamentos, no. 166.

NOTAS
(1) Les non-réponses: bajo esta denominación están comprendidos, en francés, los "no sabe" y los "no contesta" de las encuestas. Para no sobrecargar el texto con siglas hemos preferido traducirla por "no-contestan", dando por entendido que se corresponde con estos dos apartados (NS/NC) (Nota de Enrique Martín Criado.).

Con Piñera tampoco llega la virtud política

En un artículo publicado en Revista Qué Pasa, Juan Carlos Jobet, Hernán Larraín Matte y Cristóbal Bellolio, plantean que un triunfo de la Alianza exige cambiar la vieja forma de hacer política. Sin embargo, el último incidente durante el velorio de la niña asesinada en un microbus es un nuevo ejemplo de lo arraigada que está esa manera de hacer política en el candidato de la derecha.
Aprovechando el claro desgaste de la coalición gobernante, en el último tiempo los partidarios del candidato de la derecha han pretendido construir alrededor de éste un discurso que lo ligue con la idea de renovación política.
A través de éste pretenden decirle a la ciudadanía que la transformación de la política –y de Chile en definitiva- en su totalidad depende del cambio de gobernantes, de transformar las formas de hacer política y sobre todo de la inclusión de una nueva generación de líderes jóvenes. En ningún caso sin embargo, se habla de cambiar un ápice la institucionalidad vigente.
Jobet, Matte y Bellolio dicen que “la Alianza sigue liderada hoy por los mismos que durante más de 20 años han conformado una tenaz oposición” y que por lo tanto, Piñera debería abrir espacios a los jóvenes.
Sin embargo, si consideramos que lo mismo ocurre en la Concertación y que en conjunto ambas coaliciones se han convertido en 20 años en una elite política envejecida y profundamente relacionada en términos económicos, incluso homogénea.
Entonces ¿Por qué creer que Piñera –que es parte de esa elite- permitiría la inclusión real de nuevos elementos, haciendo caso omiso a la presión de sus propias filas?
Según Jobet, Matte y Bellolio, el escenario es propicio para tal efecto, puesto que “no es casualidad que el promedio de edad de nuestra población sea de 31 años, los mismos que apenas llegaban a los 10 para el plebiscito de 1988. Esta generación representa al Chile de hoy”. Sin embargo, olvidan que un porcentaje importante de esa generación no vota en parte porque la institucionalidad, el sistema político, sus partidos y actores hegemónicos no los representan en nada y tampoco los incluyen en la toma de decisiones.
Por lo tanto, y contrario a lo que dicen en el artículo, en cuanto a que lo primero que debiera hacerse si Piñera gana “es atraer a la gente que no le gusta la actual forma de hacer política, pero que está dispuesta a entrar para cambiarla”, lo primero que se debe hacer –sea quien sea el que gane- es cambiar la institucionalidad para permitir la entrada de nuevos actores que cambien realmente la política.
Sólo así se evita que se vean obligados a clientelizar su actuar, para lograr un espacio en el universo político, como ha ocurrido de forma creciente desde el retorno a la democracia. Sino, tal como dicen ellos mismos dicen “tendremos caras nuevas, pero la misma política”.
Por lo anterior, quizás el error más grave –si se puede decir así- es que ellos creen que los líderes de esa nueva generación para “el cambio” total junto a Piñera, se encuentran en las universidades, think tanks, fundaciones y por supuesto en el sector privado.
Es probable que en esos lugares existan buenos elementos que impliquen un aporte importante, pero olvidan que todas esas instituciones han sido piezas claves en el proceso de reproducción, mantención y legitimación de la institucionalidad vigente, que genera exclusión, desafección política y concentración del poder. Es más, son parte constitutiva de ésta.
Olvidan que esos organismos son parte del poder, no sólo estatal, sino también económico y cultural. Es decir, no sólo del poder de lo que consideramos la derecha, sino también de la Concertación, que en cuanto elites, desde el retorno a la democracia en ningún caso han pretendido cambiar tal institucionalidad, sino más bien fortalecer las estructuras que les garantizan un poder sin contrapeso y la mantención de sus privilegios.
Mencionan a Independientes en Red y Giro País como un ejemplo de tales organizaciones independientes, que cumplirían con las nuevas necesidades de cambio. Sin embargo, olvidan que esas organizaciones tienen una clara impronta elitista tanto en su origen como en su patrocinio. Aún cuando pretenden ser independientes del aparataje y las lógicas políticas imperantes, son parte de constitutiva de la hegemonía de éstas.
Por lo tanto, considerando que quienes pretenden los cambios también son –lo quieran o no- parte de la institucionalidad que hay que cambiar, se hace poco creíble para los ciudadanos que –sea quien sea el nuevo presidente- se cumpla el “asegurar un proceso de reclutamiento que entregue garantías de transparencia y privilegie el mérito por sobre el cuoteo y el pituto".
Lo cierto es que la transformación y el cambio dependen de algo mucho más complejo que cambiar al gobernante de turno, dependen de cambiar la institucionalidad vigente, que es donde radican muchos de los vicios de la actual forma de hacer política.
Mientras no cambien las instituciones que reproducen la hegemonía dominante –de la que hacen usufructo la Alianza y la Concertación- en sus diversas dimensiones, es difícil que las lógicas y formas de hacer política se transformen. Peor aún, es difícil que los ciudadanos se sientan atraídos a participar.
Eso es lo que deben saber los ciudadanos para que no les pinten cuentos. Porque en definitiva, lo que los partidarios de Piñera buscan, es negar es que él es y ha sido actor importante de la institucionalidad vigente y de las formas de hacer política, ahora agotadas y desprestigiadas totalmente ante la ciudadanía.
El último incidente durante el velorio de la niña asesinada en un microbus es un nuevo ejemplo de la primacía de esa mala forma de hacer política en el candidato de la derecha, que años atrás ya lo puso en problemas con Evelyn Matthei.
Bajo ningún punto de vista representa una transformación del orden vigente, ni de las formas de hacer política. Es más de lo mismo.

Primarias: la democracia instrumentalizada es decepcionante

El domingo quedó claro que cuando la democracia se vuelve un simple instrumento de quienes controlan el poder, pierde sus principios más básicos. No sólo las primarias terminaron pareciendo un adorno para una proclamación ya cocinada a cuatro paredes, sino que Escalona dio ejemplos de lo que es no entender la Política.

En los últimos años, las primarias se han vuelto el talismán para hablar de democracia al interior de las coaliciones y partidos políticos. En el discurso, si no hay primarias, entonces el partido o la coalición no es democrática, sí las hay, entonces todo está bien. Nadie cuestiona.

En principio eso es muy cierto, siempre y cuando la distancia entre las dirigencias en cuanto a sus bases no sea abismante, en todo sentido. Sobre todo en cuanto a permitir que las últimas enarbolen a sus representantes. Más importante aún es que el procedimiento –que es un instrumento- no se vuelva el fin último para justificar las decisiones de los líderes del partido.

En esto es clave la coincidencia de intereses, no sólo para permitir la legitimidad de las dirigencias sino también para asegurar la integridad del partido y el desarrollo de su democracia interna a través de la competencia.

Sin embargo en la práctica, lo cierto es que las primarias se han convertido en el fetiche de una democracia instrumental y ficticia, detrás de la cual se esconde una rígida estructura elitista y clientelar ya sedimentada.

Se han convertido en el mejor instrumento para maquillar la fuerte tendencia oligárquica (La ley de Hierro de la Oligarquía) que han adoptado las dirigencias de los partidos políticos, y para justificar la partidocracia imperante que el sistema político binominal ha creado.

Por lo mismo, se han vuelto el fin en sí mismas, sin considerar cómo se hacen, quiénes pueden participan, qué permiten o por qué y para qué se hacen. Sólo por su convicción y tesón José Antonio Gómez fue el candidato alternativo en la Concertación, pues el campo político de competencia dentro de la coalición ya estaba cerrado para otros, como Marco Enriquez-Ominami, por ejemplo.

En otras palabras, las primarias se han convertido en la ficción, mediante el cual, las elites esconden y perpetúan su dominio excluyente por sobre sus bases.

Como quién asiste a una obra de teatro, las dirigencias preparar sus actos, sus roles y sus libretos, mientras las bases son el público cautivo, cuyo único papel es simular elegir. Eso sí, la obra de teatro puede terminar cuando las elites lo estimen, en el primer acto por ejemplo, aún cuando estaban contemplados otros. Así, con una sola primaria se definió que Frei es el candidato de la Concertación.

Probablemente muchos de los que votaron en las primarias en Rancagua, ya sabían que su voto era sólo una especie de pantalla para proteger la decisión tomada previamente por las dirigencias a cuatro paredes. De esto tampoco escapa la Alianza por si acaso.

Pero lo más grave es que irremediablemente ese maquillaje democrático puede terminar por eliminar de la actividad política sus lógicas y principios más básicos. La actitud de Escalona hacia José Antonio Gómez es un claro ejemplo de ello.

Escalona no pudo esperar a ejercer con dureza su carácter de oligarca de “partido más grande” sobre Gómez. Se salió del papel antes que terminará la obra de teatro, antes de tiempo. Entonces, ejerció su prepotencia sobre quien él considera un cliente, un feudatario, un dependiente. Nunca un correligionario, un compañero, un camarada. Nunca un igual.

Como si fuera un señor de la Querencia cualquiera, no pudo esperar salir de la misa para agarrar a palos a su inquilino por haber cuestionado sus decisiones. Por haber osado pensar que las cosas podían ser y hacerse de otra forma.

Con eso, la política ya está sepultada.

La Democracia idiota y la Utopía irrenunciable

La democracia instrumental sin un sustento práctico tiene el riesgo de constituirse como una democracia idiota –usando el término griego- donde el único interés en lo público, de una gran parte de los individuos, es acudir casi por inercia a las urnas cada cuatro años.

Las últimas elecciones –y probablemente también las presidenciales de este año- han demostrado que no sólo los ciudadanos más jóvenes en edad de votar, sino también una fracción importante de los más adultos, parecen no interesarse en lo más mínimo en los asuntos públicos, en las decisiones que los gobernantes toman o en quienes gobiernan.

Las diversas causas y efectos de ésta notoria desafección ya han sido mencionados en diversos artículos: creciente distanciamiento entre las bases partidarias y las elites dirigentes, disminución de la representatividad política del sistema electoral, falta de competencia política, disminución de la participación ciudadana, reducción y cooptación del campo político por parte de sectores reducidos, y perdida de legitimidad de los gobiernos y del régimen político.

Pero existen otros dos factores, tanto o más importantes que los anteriores, que juegan un rol esencial en cuanto al desarrollo de este fenómeno:

La despolitización de la política -en sentido de Hannah Arendt- y la apolitización de los individuos como una forma de ideología política.

La despolitización de la Política implica la supresión de la deliberación, del ágora, como aspecto esencial y constitutivo de ésta, lo que da paso a su negación, a una política sin contenido, donde los individuos -otrora ciudadanos (entendidos como aquellos miembros de una comunidad política, que cuentan con el derecho y la disposición de participar inclusiva, pacífica y responsablemente, con el objetivo de optimizar el bienestar público)- se convierten en receptores pasivos de productos políticos vacíos.

Así entonces, se produce la apolitización de los sujetos, que consiste en su irracionalidad en cuanto zoon politikon. Sus decisiones –reducidas y parcializadas a decisiones electorales- pierden todo carácter racional y se tornan viscerales.

Eso se ve reflejado en que a nivel de oferta política, el “mercado” de ideas y proyectos políticos se empobrece, se reduce y simplifica al máximo, mientras las alusiones a la imagen y simpatía del candidato –que se tornan tránsfugas- se vuelven la clave de la decisión política de los votantes.

La apolitización se ha sustentado en base a los medios de comunicación masiva y a un sistema de educación –público y privado- que ha eliminado la función de la educación como institución clave para el sustento de una democracia saludable y de cualquier proyecto político.

Los primeros se han convertido en un instrumento de subinformación y desinformación (Sartori) a base de un manejo de la información a favor de lo escandaloso o sensacionalista (Bourdieu), despolitizando el contenido de la información y con ello a los sujetos, eliminando la reflexión de éstos acerca de la sociedad.

Lo anterior ha contribuido a la eliminación de cualquier noción de conflicto o polémica en cuanto relaciones sociales, en desmedro de cualquier intento de análisis de la realidad social compleja.
El sistema educacional por otro lado, ha sido desligado casi totalmente de su función de formar ciudadanos, y se ha centrado exclusivamente -en base a las lógicas de la división del trabajo- en formar sujetos aptos para responder a las demandas del aparato productivo. Sin embargo, esto ha implicado su reducción y aislamiento a dichas funciones específicas, atomizándolos y alienándolos en tanto miembros de una comunidad política.

Se constituye así una neutralidad política mal entendida que se traduce en apatía política y en la reducción de la política a procedimientos como el voto o las encuestas de opinión.

El “ex ciudadano” entonces se vuelve un idiota, que sin ideología, ni una base ni preferencia política, ni con la capacidad de debatir e intercambiar ideas, decide los asuntos públicos simplemente en base a cuánto se estimulan sus sentidos más inmediatos por medio del marketing.

Lo cierto es que la democracia no se compone sólo de procedimientos e instituciones sino que su base esencial se constituye en torno a individuos dialogantes, interesados y participes de los asuntos públicos.

Cualquier sistema jurídico, político y económico, y en definitiva social, depende de sus componentes particulares, implicados en su funcionamiento y preservación. “No habrá constitución ni instituciones públicas, por justas que sean, capaces de ejercer eficientemente el control social y de mantener el Estado de derecho sin la voluntaria cooperación de una ciudadanía consciente” (Salmerón, 2006; 60).

En otras palabras, y considerando los índices de desafección, la democracia chilena estaría sustentándose en un futuro no muy lejano en nada más ni nada menos que en idiotas, en el sentido estrictamente griego.

La democracia chilena se está enfermando paulatina y solapadamente ante la vista y paciencia de parte importante de las clases políticas, sobre todo sus elites, que parecen no notarlo o hacer vista gorda a fenómenos que denotan los inicios de una crisis de representatividad futura.

La utopía irrenunciable es cambiar todo lo anterior y lograr que los ciudadanos se vuelvan parte de la polis, que el ágora se reconstituya como un espacio público abierto para todos, y no cooptado sólo por algunos.

Que la democracia sea tal, y no una ilusión donde se esconde su paulatina desaparición.

La necesidad de un Republicanismo Cívico

Hoy, la mayoría de los ciudadanos se sienten huérfanos de un ideario político que los guíe e incentive a mirar al futuro con confianza, de sentirse parte de la sociedad en la que viven, y que los llame a hacerse participes de la construcción y constitución diaria de su destino.

En definitiva se sienten ajenos al verdadero sentido de la ciudadanía.

Los ciudadanos necesitan construir un nuevo ideario político acorde a un nuevo siglo, que les permita mirar más allá de las simples contingencias y afrontar el incierto horizonte del futuro con perspectiva. La sociedad chilena requiere nuevas formas de hacer política.

Necesitamos construir nuevos ideales comunes a todos los ciudadanos, que a la vez nos alejen del riesgo del dogmatismo irrestricto y de la anquilosada apatía política imperante.

Para cimentar nuestros propósitos, sin caer en la autodestrucción o en el inmovilismo del statu quo, debemos abrazar ciertos principios básicos con los cuales comenzar a llevar a cabo nuestros sueños.

Dichos principios políticos, se deben asumir y constituir a nivel social, en torno al tipo de representatividad de los gobernantes; a nivel moral y ético, en cuanto a los limites del poder de los gobernantes y su responsabilidad con los ciudadanos; a nivel cívico, en cuanto a rescatar el verdadero sentido de la ciudadanía.

En base a estos principios debemos rearticular el civismo, la participación ciudadana y la tolerancia política, que son los valores fundamentales de una Democracia y una República.

A través de estos principios republicanos debemos recuperar la Política para todos los ciudadanos, pues ésta constituye un bien común, que no puede ser usurpado por ninguna clase de elite.

Sólo así podremos ir restituyendo y recuperando la confianza social, institucional y política de los ciudadanos y entre los ciudadanos. La participación política no debe ser vista como un riesgo para la libertad y la democracia, sino como un signo de ambas, y más aún como un resguardo para éstas.

La Res pública debe ser entendida como vehículo tanto para la libertad como para el fomento de la justicia social y el interés común de sociedad.

Son los ciudadanos, cada uno de ellos, los llamados a edificar con su participación, las políticas de cada día que van proyectando su destino.

Todos y cada uno de ellos deben contribuir, a través de la deliberación, con la construcción de una esfera pública auto-realizadora, que tenga en cuenta la diversidad cultural y la responsabilidad por el prójimo, para así engrandecer la sociedad y proteger sus derechos como individuos.

Se necesitan ciudadanos conscientes de que su libertad depende del mantenimiento de la comunidad política, pues la libertad sólo es posible en una sociedad que se autogobierna.

1. DEBEMOS ASUMIR EL VALOR SUPREMO DE LA DEMOCRACIA.

La participación ciudadana construye y fortalece la Democracia.

Por lo tanto, la Democracia no debe ser entendida sólo como el simple acto de votar, ni como simple consentimiento mayoritario (a riesgo de la dictadura de las mayorías), sino como un sistema político y un espacio público donde existe la participación activa y constante de los ciudadanos en los asuntos que les competen a todos, dentro de un marco de libertad e igualdad política, basado en la tolerancia, espíritu público, pluralidad y libertad de información.

La Democracia no debe ser reducida a una noción instrumental, donde los ciudadanos quedan reducidos a votos, sino que debe constituirse en un orden donde el gobierno está sometido al control de los ciudadanos.

Democracia Republicana y Participativa: Que implica respeto del imperio de la ley, a la libertad de tránsito, libertad de expresión, a la libertad de prensa, y a la competencia política.

Los diferentes intereses, de diversos sectores, deben estar representados en diversas instituciones democráticas, por lo tanto debemos entender la democracia como un sistema representativo, que a la vez implica necesariamente la participación de los grupos sociales diversos en el ejercicio político.

Debemos tener presente que la responsabilidad ciudadana no es exclusiva de ninguna elite o clase social específica.

El gobierno democrático debe ofrecer un proceso adecuado de satisfacción de los intereses de los ciudadanos, en el sentido de preocupaciones políticas más urgentes.

Por lo tanto:
Todos los funcionarios y cargos deben ser electos y pueden ser revocados.

Deben existir elecciones libres e imparciales, sin coerción de ninguna clase ni exclusión de ningún tipo a ciudadanos, grupos étnicos, políticos o de cualquier índole.

Sufragio universal e inclusivo, derecho a ocupar cargos públicos, libertad de expresión, y autonomía asociativa.

Debe existir control constante sobre las decisiones.

No se aceptan auto investiduras, ni cargos vitalicios, a perpetuidad relativa o designados, ni tampoco que el poder derive de la fuerza.

Rotación de cargos públicos.

División de Poderes y Dispersión territorial del Poder.

2. DEBEMOS ASUMIR Y RESCATAR EL VALOR SUPREMO DE LA CIUDADANÍA Y LA SOCIEDAD CIVIL COMO EJES DE LO POLÍTICO.

Debemos asumir el valor de la ciudadanía en cuanto conjunto de miembros libres de la politeia y como la condición que cada uno ostenta como componente soberano del cuerpo político.

Debemos asumir el valor de la ciudadanía como sustento para el desarrollo de la democracia, preocupada por la participación social y política, y donde cada ciudadano tenga conciencia de su pertenencia a la comunidad política.

Una forma de resguardar los derechos y la libertad de cada ciudadano en la sociedad, es teniendo una sociedad civil viva, preocupada por la participación social y política, donde los ciudadanos se sientan comprometidos con construir su propia sociedad y más aún comprometidos con las instituciones que sustentan la democracia, que son los principales bienes públicos.

Sólo así podemos fomentar la responsabilidad individual y colectiva, pues cada ciudadano debe estar comprometido con las dinámicas que adopta su sociedad.

Debemos tener presente que la sociedad civil, el pueblo, es una comunidad diversa, cuyos miembros pertenecen a comunidades determinadas, con miembros y cualidades en común, que persiguen el bien general sin que una minoría lleve a cabo sus intereses. Esto es clave tomando en cuenta la diversidad cultural.

Debemos tener presente la separación entre Estado y Sociedad Civil, propiciando la autonomía asociativa y permitiendo el desarrollo de un pluralismo social y organizado, enriquecido con variedad de fuentes de información (oficiales y alternativas) junto con organizaciones sociales relativamente autónomas entre sí y con respecto al gobierno de turno, por lo tanto, los partidos no deben secuestrar la política para favorecer sus intereses internos. Debemos evitar la partitocracia.

Debemos revalorar el valor de la educación en cuanto principio decisivo de la participación, pues el modo de garantizar el buen gobierno, la libertad y el desarrollo de una sociedad justa es participando de la vida pública.

Una sociedad civil débil, atomizada, apática, desinformada, tele-narcotizada por la demagogia televisiva y la banalización, no sólo se convierte en una mera masa estadística, sino que –al ser incapaz de ejercer control alguno- es caldo de cultivo para el surgimiento de tendencias oligárquicas, corruptas y de cualquier tipo de dominación arbitraria.

3. DEBEMOS ASUMIR EL PRINCIPIO DE RESPETO Y TOLERANCIA POLÍTICA.

Debemos crear comunidades públicas dialogantes, donde se tome en cuenta el pluralismo social y cultural que existe en estos tiempos, para así poder aceptar las diferencias culturales, religiosas, ideológicas, etc. Debemos respetar y tener presente la constatación de la heterogeneidad política y moral de las personas.

Esto significa el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, e implica también una forma de limitar cualquier tipo de poder (público o privado), en pro de la representatividad de los ciudadanos y la conciencia de ciudadanía.

Esto implica la expansión de los derechos ciudadanos y el respeto de la libertad política, civil, religiosa, económica, de expresión, de asociación, de reunión, la igualdad ante la ley, la igualdad política para participar y disentir en cuanto a los asuntos de gobierno, y así toda persona pueda defender sus intereses en la esfera pública y todo ciudadano tenga la misma capacidad para gobernar.

Por lo tanto, en los derechos de ciudadanía se incluye el derecho a oponerse a los altos funcionarios de gobierno y el de hacerlos abandonar sus cargos mediante el voto.

Nuestra experiencia histórica nos ha enseñado los altos costos sociales, políticos, y personales que conlleva la violencia política, ya sea retórica o física, y el surgimiento de afanes totalitarios.

La tolerancia política permite el desarrollo de ciudadanos libres, responsables y activos políticamente, que fortalecen y enriquecen a la sociedad civil, al desplegarse sus diversas ideas, propuestas y sueños, sin el riesgo de caer en simplificaciones absolutistas que irremediablemente llevan a la tiranía de unos sobre otros.

4. DEBEMOS ASUMIR QUE ES NECESARIO EVITAR LA CONCENTRACIÓN Y PERPETUACIÓN DEL PODER.

Debemos evitar la concentración del poder, ya sea político y económico, pues de aquello surgen sus excesos como la corrupción, la plutocracia, la partitocracia, el nepotismo, el populismo, la dictadura y el totalitarismo -ya sea político, ideológico o económico- y donde el Estado termina por favorecer ciertos intereses particulares en desmedro del resto de la ciudadanía y el gobierno de la ley pasa a ser sustituido por el poder arbitrario de los más poderosos.

Se deben fomentar e instaurar mecanismos que eviten la concentración de cualquier tipo de poder, que permitan la independencia de la sociedad civil y sus distintas manifestaciones, para así ejercer su control legítimo sobre los gobiernos.

Por lo tanto, debemos fomentar e instaurar mecanismos de plena responsabilidad y transparencia y control en cuanto al financiamiento de campañas políticas, en cuanto a sueldos y en cuanto al gasto de dinero del Estado.

Se debe recuperar el poder ciudadano, que ha sido paulatinamente concentrado en pocas manos, ya sean los partidos o sectores corporativos. Se debe rescatar el valor del buen gobierno.

5. DEBEMOS ASUMIR EL VALOR SUPREMO DE LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA.

Todos los ciudadanos deben tener las oportunidades y condiciones sociales, económicas y culturales básicas para elegir sus modos de vida, pues esto es lo que permite el desarrollo de la libertad plena y la igualdad política, económica y social.

La desigualdad económica excesiva contribuye a debilitar la democracia y sus principios básicos, pues una sociedad altamente desigual genera ciudadanos sin compromisos cívicos y apáticos políticamente.

Debemos fomentar y propiciar la independencia económica de los ciudadanos, pues no se puede garantizar la libertad y la igualdad política si existen enormes desigualdades económicas y sociales.

La pobreza es un factor que impide a los ciudadanos a participar de la vida y el interés público, pues inhibe su capacidad de decisión, participación y autonomía.

Se debe tratar que las personas tengan garantizado un mínimo de subsistencia, no como una forma de caridad estatal, sino en cuanto mecanismo para lograr su emancipación económica.

Es clave rescatar el verdadero sentido de la educación pública que debe ser esencialmente fuente de identidad ciudadana y desarrollo cívico, a través de la máxima calidad y libertad, fomentando así la convivencia de diversos grupos sociales en un mismo espacio educativo y social.