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jueves, 23 de julio de 2009

KAREN, TVN Y ¿LA POLICIA POLÍTICA DC?

Las críticas a Karen Doggenweiler, rostro de TVN, son un claro ejemplo de despotismo blando, de hegemonia elitista, de persecusión política y sobre todo, de las formas sucias con que se pretende debilitar a otro candidato como Marco Enriquez Ominami.

La política se está poniendo más sucia de lo normal y eso se ve en cómo -al igual que en Rebelión en la Granja de Orwell- los presidenciables y sus equipos se van poniendo más "cerdos" en su actuar.

El mejor ejemplo: los cuestionamientos a la esposa de Marco Enriquez Ominami (MEO), por parte de miembros del comando de Frei como Sebastián Bowen y Paula Narváez, quienes plantearon un supuesto choque de interes e incompatibilidad entre su rol como rostro de TVN y su participación en la campaña de MEO.

Sin embargo, el choque de intereses está en otro lado. Claro, porque en el directorio de TVN están Francisco Frei (hermano del ex presidente) y la periodista Marcia Scantlebury, miembro del comité estratégico del comando.

Por otro lado, hay que ver de donde partieron las críticas. Pues bien, éstas surgieron del vicepresidente de la DC, Andrés Palma, un ex diputado olvidado por los electores, que entre sus conceptos políticos, considera que hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Por lo tanto, probablemente, también piensa lo mismo en cuanto a quienes pueden ser candidatos y quienes no.

Lo cierto es que las críticas a Doggenweiler carecen de todo fundamento, puesto que en elecciones presidenciales anteriores, el área dramática completa de TVN apoyo a los candidatos de la Concertación en sus campañas. Nunca se planteó la necesidad de una "revisión institucional", ni nadie habló de "ventajas" al usar rostros conocidos, como lo hicieron Bowen y Narváez.

Sin embargo, la "ventaja" de la que éstos hablaron, y que tendría MEO a través de su esposa -que es uno de los puntos de la crítica- es algo totalmente azaroso. Ella era conocida mucho antes de casarse con Enriquez Ominami y que éste decidiera ser primero candidato a diputado y ahora presidencial.

¿Acaso alguien casado con un famoso o famosa, no puede ser después candidato por tener "ventaja"? Absurdo totalmente.

No es sólo majadero, sino que antidemocrático, pues atenta contra la libertad de trabajo, la vida privada y la libertad de conciencia de un ciudadano. Es un claro acto de despotismo blando. Parecen purgas o guillotinazos jacobinos pero sin sangre.

Cualquiera que se precie de demócrata y rechace la persecución política contra quien sea, debería considerar esto inaceptable. Puede ser que no les agrade Karen, pero eso no significa justificar pasar a llevar un derecho civil y político, menos aún aspectos democráticos básicos.

Desde un punto de vista democrático y republicano, Karen tiene todo el derecho a apoyar a su esposo (esa es la parte más personal de su vida) y a la vez cumplir con su trabajo como rostro de TVN. No hay incompatibilidad, sobre todo porque lo que hace en TVN no es un programa de política.

Tiene todo el derecho por dos cosas obvias: 1) porque MEO es su esposo y 2) porque TVN se supone el canal de todos los chilenos, por lo tanto, la afinidad política no debería ser requisito para trabajar ahí. En ningún trabajo, al menos en teoría.

CANDIDATOS Y NUEVA CONSTITUCIÓN

jueves, 9 de julio de 2009

DESPOTISMO BLANDO EN CHILE

Un nuevo proyecto de ley -aprobado por el Senado chileno- plantea hacer responsable de los desmanes a quienes llamen, por cualquier medio, a reunirse o manifestarse. Este no sólo debilita aún más el actuar de la sociedad civil sino también al sistema democrático.

“No tengo inconveniente en reconocer que la paz pública es un gran bien, mas no quisiera olvidar, sin embargo, que es a través del orden por donde todos los pueblos han llegado a la tiranía” Alexis de Tocqueville.

La frase del pensador francés es hoy muy pertinente si tomamos en cuenta el nuevo proyecto de ley, ya aprobado por el Senado chileno, que plantea enjuiciar a quienes convoquen u organicen –de forma oficial o no- reuniones o manifestaciones públicas, en caso de ocurrir desmanes.

El documento establece que “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo".

Según los parlamentarios, el proyecto de ley -que es una reforma al Decreto Supremo 1086 (promulgado en 1983) que prohíbe la reunión en lugares públicos sin permiso previo- busca robustecer el papel de las policías en la mantención del orden público.

Sin embargo, es claro que la medida atenta de lleno contra varios derechos civiles consagrados, como la libertad de expresión, “garantizada” por en la Constitución, y criminalizando acciones legitimas que la sociedad civil puede desarrollar en cuanto al poder estatal o cualquier otro poder, como la libertad de reunión, de expresión, de asociación y de circulación.

Desde el punto de vista filosófico y del pensamiento político en general, pasa a llevar la soberanía ciudadana, la autonomía individual y la sociedad civil en cuanto a su relación con el gobierno y el Estado.

Por lo mismo, la advertencia que hacía Tocqueville en cuanto al peligro del despotismo blando en la democracia se hace enormemente pertinente: «Parece que si el despotismo llegase a establecerse en las naciones democráticas de nuestros días, tendría otros caracteres [distintos de los de las sociedades antiguas]: sería más extenso y más suave, y degradaría a los hombres sin atormentarlos».

Claro despotismo blando, porque el proyecto de ley inhibe –no por la fuerza sino mediante la mera amenaza- el actuar público de los ciudadanos y los fuerza a ejercer sus derechos ciudadanos de forma particular y en espacios privados, debilitando entonces el espacio democrático y la capacidad asociativa de los ciudadanos, que para Tocqueville eran clave para prevenir el absolutismo y el despotismo.

Entonces, el espacio público pierde a sus protagonistas (que se ven reducidos a sus quehaceres diarios y particulares) y su esencia –que muy bien describe Hanna Arendt- como núcleo de lo político y como lugar donde los sujetos se encuentran como iguales mediante el diálogo.

El proyecto de ley de alguna forma también cumple con la profecía de Néstor García Canclini, donde los ciudadanos abandonan totalmente esa condición para convertirse exclusivamente en consumidores.

Entonces, y tal como planteaba Tocqueville, el despotismo blando, deja a los hombres sin vínculos comunes, aislados unos de otros y por tanto, débiles e incapaces de proteger su libertad, poniendo en riesgo al sistema democrático, en manos del despotismo.

«Este poder no destruye las voluntades, pero las ablanda, las doblega y las dirige; rara vez obliga a actuar, pero se opone sin cesar a que se actúe; no destruye, pero impide nacer; no tiraniza, pero mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y, al cabo, reduce a toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobierno» Alexis de Tocqueville.

En este sentido, sería bueno recordar que tal como el mismo Tocqueville planteaba, no es lo mismo la democracia política en términos formales, donde se eligen los gobernantes mediante el voto, que un estado social democrático.

La primera siempre tiene más riesgo de desarrollar un despotismo blando. El segundo aún no existe en Chile.

lunes, 15 de junio de 2009

¿Quién es dueño de las ideas de Sócrates?

El proyecto de ley sobre propiedad intelectual –también propuesta por el gobierno chileno- es una clara arremetida de las elites a nivel mundial, para evitar la democratización del conocimiento y la información.

En el siglo XV, cuando se desarrolló la imprenta en Europa, rápidamente esta fue prohibida por algunas elites medievales, debido al claro riesgo que implicaba para el statu quo, el acceso de un número importante de personas al saber escrito, sobre todo si ese conocimiento era contrario al orden vigente.

Lo anterior, porque la imprenta rompió no sólo con la tradicional transmisión oral del conocimiento -contribuyendo con ello a su mayor desarrollo- sino también con la idea de que el pueblo en general no tenía derecho a la información, menos a difundir o desarrollar ideas.

Por lo mismo, la imprenta trajo consigo profundas transformaciones en la política, la religión, las artes y el conocimiento de la época, y fue un instrumento importante para el posterior desarrollo del movimiento ilustrado, que terminó por derribar el antiguo orden social, político y económico medieval.

El saber ya no era exclusivo de las elites y los grupos religiosos, sino que podía ser patrimonio de la población en general. Con ello se inician los procesos de alfabetización de las personas y la necesidad de su instrucción pública.

Al igual que con la imprenta, el Internet -con el paso del tiempo- ha roto las barreras elitistas en torno al conocimiento, permitiendo a miles de ciudadanos en todo el mundo, acceder a la más diversa información, desde música hasta libros (que son muy costosos, o no se publican en su propios países, ya sea por prohibición o porque el mercado no lo demanda) sin necesidad de moverse de su escritorio.

Les ha permitido a millones enterarse de hechos de los que nunca se hubieran enterado a través de las prensas de sus países; o denunciar a través de sus blogs y sitios a gobiernos o corporaciones corruptas; o simplemente conocer opiniones y desarrollar ideas propias, e incluso organizarse en torno a ellas. Todo por internet y sin el control gubernamental ni la censura de grupos de presión específicos.

Con el Internet, la gente puede leer prensa de diverso tipo, difundir (sus) poemas, reseñas, tesis, revistas; o escuchar y difundir (su) música; hacer parodias de películas, intercambiar ideas y datos o mejorar las de otros. Todo a un precio accesible y de forma libre. Pueden leer a muchos autores –desde los clásicos hasta los más contemporáneos- que sirven de inspiración para cuestionar el orden vigente, oponerse a los gobiernos, al capital corporativo, a grupos de presión, etc.

Al igual que la imprenta en su tiempo, Internet ha revolucionado el acceso y creación de información entre las personas. Ha derribado viejas barreras y limitaciones de orden geográfico, económico y cultural.

Ahí radica el porque para aquellos que tienen el poder, Internet se ha vuelto cada vez más riesgoso. He ahí porque ahora quieren ejercer mayor control sobre éste, sobre su uso, acceso y sobre la información que circula en éste.

Una vez más, las elites ven que el mayor y libre acceso a información de las personas, esta vez a través del Internet, implica un serio riesgo para su poder. No sólo las desmitifica, sino que de lleno pone en tela de juicio la legitimidad de su dominio.

El proyecto de ley que modifica la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, según se nos dice, busca equilibrar el uso de las nuevas tecnologías con los derechos de autor, protegiendo a los creadores y la innovación.

Sin embargo, al igual que con la imprenta, lo que se pretende en realidad es mantener el conocimiento y la capacidad de innovación bajo en control de unos pocos, criminalizando a la vez a quienes accedan o difundan libremente a información a través de medios digitales.

Por lo menos eso se logrará si se aprueba la idea de que las empresas proveedoras de acceso a internet sean jueces, pudiendo exigir bloquear o terminar el servicio a clientes presuntamente infractores de la Ley de Propiedad Intelectual. Todo sin mediar resolución de un tribunal calificado.

¿Qué pasa con el derecho constitucional a un juicio justo? ¿Qué pasa con evitar arbitrariedades en estos casos? ¿Qué pasa si publico una crítica en mi blog contra la empresa que me facilita el internet y me desconecta por supuestamente infringir la ley?

Claramente se pretende devolver el patrimonio del conocimiento a las elites y alienar a la población. Porque la modificación también estipula exigir a los proveedores de Internet un pago por derecho de autor por los contenidos que transitan en sus redes.

En definitiva, esto no se trata de proteger a los autores, ni sus derechos, ni sus obras, ni la innovación, sino más bien de evitar una segunda y más masiva aún ilustración bajo el alero de Internet.

En definitiva, estas leyes se tratan de una lucha por el control de la información. Pero sobre todo, de evitar la difusión de ideas entre la población.

En el caso de Chile, una de las trabas principales al acceso al conocimiento han sido los altos costos de los libros, debido a los altos impuestos, que han mantenido por años, al margen del saber, a una gran cantidad de ciudadanos. La modalidad del impuesto ha sido una técnica para evitar el desarrollo de una masa crítica y una sociedad civil informada.

Internet rompió con esa modalidad elitista del conocimiento y la gente ahora puede leer prensa más independiente o se informan por blogs. Pero sobre todo, pueden leer libros que antes, por un tema de costo (simplemente no tenían el dinero para comprar uno o no podían viajar fuera para comprar) no podían ojear.

Tal como explica Kevin Carson, “La propiedad intelectual sólo puede existir si se infringen los derechos de la propiedad privada tangible. Los copyrights y las patentes conceden al tenedor de éstos una apropiación de facto de la propiedad física de otras personas, impidiéndoles usar esa propiedad en las formas y modos que determine el monopolio que el tenedor de esos derechos posee”.

En otras palabras, la modificación de la ley de propiedad intelectual termina por matar la libre creación, la innovación y el desarrollo del conocimiento. El proyecto de ley destruye la dialéctica de Hegel, el falsacionismo de Karl Popper, y las revoluciones de Kuhn.

Este proyecto de ley da por sentado que las ideas surgen tal cual las conocemos, son estáticas, inmodificables y exclusivas. Peor aún, considera que las ideas constituyen propiedad como un lápiz.

Entonces, alguien me puede decir ¿Quién es propietario de las ideas de Sócrates?

jueves, 19 de febrero de 2009

La necesidad de un Republicanismo Cívico

Hoy, la mayoría de los ciudadanos se sienten huérfanos de un ideario político que los guíe e incentive a mirar al futuro con confianza, de sentirse parte de la sociedad en la que viven, y que los llame a hacerse participes de la construcción y constitución diaria de su destino.

En definitiva se sienten ajenos al verdadero sentido de la ciudadanía.


Los ciudadanos necesitan construir un nuevo ideario político acorde a un nuevo siglo, que les permita mirar más allá de las simples contingencias y afrontar el incierto horizonte del futuro con perspectiva. La sociedad chilena requiere nuevas formas de hacer política.

Necesitamos construir nuevos ideales comunes a todos los ciudadanos, que a la vez nos alejen del riesgo del dogmatismo irrestricto y de la anquilosada apatía política imperante.

Para cimentar nuestros propósitos, sin caer en la autodestrucción o en el inmovilismo del statu quo, debemos abrazar ciertos principios básicos con los cuales comenzar a llevar a cabo nuestros sueños.

Dichos principios políticos, se deben asumir y constituir a nivel social, en torno al tipo de representatividad de los gobernantes; a nivel moral y ético, en cuanto a los limites del poder de los gobernantes y su responsabilidad con los ciudadanos; a nivel cívico, en cuanto a rescatar el verdadero sentido de la ciudadanía.

En base a estos principios debemos rearticular el civismo, la participación ciudadana y la tolerancia política, que son los valores fundamentales de una Democracia y una República.

A través de estos principios republicanos debemos recuperar la Política para todos los ciudadanos, pues ésta constituye un bien común, que no puede ser usurpado por ninguna clase de elite.

Sólo así podremos ir restituyendo y recuperando la confianza social, institucional y política de los ciudadanos y entre los ciudadanos. La participación política no debe ser vista como un riesgo para la libertad y la democracia, sino como un signo de ambas, y más aún como un resguardo para éstas.

La Res pública debe ser entendida como vehículo tanto para la libertad como para el fomento de la justicia social y el interés común de sociedad.

Son los ciudadanos, cada uno de ellos, los llamados a edificar con su participación, las políticas de cada día que van proyectando su destino.
Todos y cada uno de ellos deben contribuir, a través de la deliberación, con la construcción de una esfera pública auto-realizadora, que tenga en cuenta la diversidad cultural y la responsabilidad por el prójimo, para así engrandecer la sociedad y proteger sus derechos como individuos.

Se necesitan ciudadanos conscientes de que su libertad depende del mantenimiento de la comunidad política, pues la libertad sólo es posible en una sociedad que se autogobierna.


1. DEBEMOS ASUMIR EL VALOR SUPREMO DE LA DEMOCRACIA.

La participación ciudadana construye y fortalece la Democracia.

Por lo tanto, la Democracia no debe ser entendida sólo como el simple acto de votar, ni como simple consentimiento mayoritario (a riesgo de la dictadura de las mayorías), sino como un sistema político y un espacio público donde existe la participación activa y constante de los ciudadanos en los asuntos que les competen a todos, dentro de un marco de libertad e igualdad política, basado en la tolerancia, espíritu público, pluralidad y libertad de información.

La Democracia no debe ser reducida a una noción instrumental, donde los ciudadanos quedan reducidos a votos, sino que debe constituirse en un orden donde el gobierno está sometido al control de los ciudadanos.

Democracia Republicana y Participativa: Que implica respeto del imperio de la ley, a la libertad de tránsito, libertad de expresión, a la libertad de prensa, y a la competencia política.

Los diferentes intereses, de diversos sectores, deben estar representados en diversas instituciones democráticas, por lo tanto debemos entender la democracia como un sistema representativo, que a la vez implica necesariamente la participación de los grupos sociales diversos en el ejercicio político.

Debemos tener presente que la responsabilidad ciudadana no es exclusiva de ninguna elite o clase social específica.

El gobierno democrático debe ofrecer un proceso adecuado de satisfacción de los intereses de los ciudadanos, en el sentido de preocupaciones políticas más urgentes.

Por lo tanto:
Todos los funcionarios y cargos deben ser electos y pueden ser revocados.

Deben existir elecciones libres e imparciales, sin coerción de ninguna clase ni exclusión de ningún tipo a ciudadanos, grupos étnicos, políticos o de cualquier índole.

Sufragio universal e inclusivo, derecho a ocupar cargos públicos, libertad de expresión, y autonomía asociativa.

Debe existir control constante sobre las decisiones.

No se aceptan auto investiduras, ni cargos vitalicios, a perpetuidad relativa o designados, ni tampoco que el poder derive de la fuerza.

Rotación de cargos públicos.

División de Poderes y Dispersión territorial del Poder.

2. DEBEMOS ASUMIR Y RESCATAR EL VALOR SUPREMO DE LA CIUDADANÍA Y LA SOCIEDAD CIVIL COMO EJES DE LO POLÍTICO.

Debemos asumir el valor de la ciudadanía en cuanto conjunto de miembros libres de la politeia y como la condición que cada uno ostenta como componente soberano del cuerpo político.

Debemos asumir el valor de la ciudadanía como sustento para el desarrollo de la democracia, preocupada por la participación social y política, y donde cada ciudadano tenga conciencia de su pertenencia a la comunidad política.

Una forma de resguardar los derechos y la libertad de cada ciudadano en la sociedad, es teniendo una sociedad civil viva, preocupada por la participación social y política, donde los ciudadanos se sientan comprometidos con construir su propia sociedad y más aún comprometidos con las instituciones que sustentan la democracia, que son los principales bienes públicos.

Sólo así podemos fomentar la responsabilidad individual y colectiva, pues cada ciudadano debe estar comprometido con las dinámicas que adopta su sociedad.

Debemos tener presente que la sociedad civil, el pueblo, es una comunidad diversa, cuyos miembros pertenecen a comunidades determinadas, con miembros y cualidades en común, que persiguen el bien general sin que una minoría lleve a cabo sus intereses. Esto es clave tomando en cuenta la diversidad cultural.

Debemos tener presente la separación entre Estado y Sociedad Civil, propiciando la autonomía asociativa y permitiendo el desarrollo de un pluralismo social y organizado, enriquecido con variedad de fuentes de información (oficiales y alternativas) junto con organizaciones sociales relativamente autónomas entre sí y con respecto al gobierno de turno, por lo tanto, los partidos no deben secuestrar la política para favorecer sus intereses internos. Debemos evitar la partitocracia.

Debemos revalorar el valor de la educación en cuanto principio decisivo de la participación, pues el modo de garantizar el buen gobierno, la libertad y el desarrollo de una sociedad justa es participando de la vida pública.

Una sociedad civil débil, atomizada, apática, desinformada, tele-narcotizada por la demagogia televisiva y la banalización, no sólo se convierte en una mera masa estadística, sino que –al ser incapaz de ejercer control alguno- es caldo de cultivo para el surgimiento de tendencias oligárquicas, corruptas y de cualquier tipo de dominación arbitraria.

3. DEBEMOS ASUMIR EL PRINCIPIO DE RESPETO Y TOLERANCIA POLÍTICA.

Debemos crear comunidades públicas dialogantes, donde se tome en cuenta el pluralismo social y cultural que existe en estos tiempos, para así poder aceptar las diferencias culturales, religiosas, ideológicas, etc. Debemos respetar y tener presente la constatación de la heterogeneidad política y moral de las personas.

Esto significa el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, e implica también una forma de limitar cualquier tipo de poder (público o privado), en pro de la representatividad de los ciudadanos y la conciencia de ciudadanía.

Esto implica la expansión de los derechos ciudadanos y el respeto de la libertad política, civil, religiosa, económica, de expresión, de asociación, de reunión, la igualdad ante la ley, la igualdad política para participar y disentir en cuanto a los asuntos de gobierno, y así toda persona pueda defender sus intereses en la esfera pública y todo ciudadano tenga la misma capacidad para gobernar.

Por lo tanto, en los derechos de ciudadanía se incluye el derecho a oponerse a los altos funcionarios de gobierno y el de hacerlos abandonar sus cargos mediante el voto.

Nuestra experiencia histórica nos ha enseñado los altos costos sociales, políticos, y personales que conlleva la violencia política, ya sea retórica o física, y el surgimiento de afanes totalitarios.

La tolerancia política permite el desarrollo de ciudadanos libres, responsables y activos políticamente, que fortalecen y enriquecen a la sociedad civil, al desplegarse sus diversas ideas, propuestas y sueños, sin el riesgo de caer en simplificaciones absolutistas que irremediablemente llevan a la tiranía de unos sobre otros.

4. DEBEMOS ASUMIR QUE ES NECESARIO EVITAR LA CONCENTRACIÓN Y PERPETUACIÓN DEL PODER.

Debemos evitar la concentración del poder, ya sea político y económico, pues de aquello surgen sus excesos como la corrupción, la plutocracia, la partitocracia, el nepotismo, el populismo, la dictadura y el totalitarismo -ya sea político, ideológico o económico- y donde el Estado termina por favorecer ciertos intereses particulares en desmedro del resto de la ciudadanía y el gobierno de la ley pasa a ser sustituido por el poder arbitrario de los más poderosos.

Se deben fomentar e instaurar mecanismos que eviten la concentración de cualquier tipo de poder, que permitan la independencia de la sociedad civil y sus distintas manifestaciones, para así ejercer su control legítimo sobre los gobiernos.

Por lo tanto, debemos fomentar e instaurar mecanismos de plena responsabilidad y transparencia y control en cuanto al financiamiento de campañas políticas, en cuanto a sueldos y en cuanto al gasto de dinero del Estado.

Se debe recuperar el poder ciudadano, que ha sido paulatinamente concentrado en pocas manos, ya sean los partidos o sectores corporativos. Se debe rescatar el valor del buen gobierno.

5. DEBEMOS ASUMIR EL VALOR SUPREMO DE LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA.

Todos los ciudadanos deben tener las oportunidades y condiciones sociales, económicas y culturales básicas para elegir sus modos de vida, pues esto es lo que permite el desarrollo de la libertad plena y la igualdad política, económica y social.

La desigualdad económica excesiva contribuye a debilitar la democracia y sus principios básicos, pues una sociedad altamente desigual genera ciudadanos sin compromisos cívicos y apáticos políticamente.

Debemos fomentar y propiciar la independencia económica de los ciudadanos, pues no se puede garantizar la libertad y la igualdad política si existen enormes desigualdades económicas y sociales.

La pobreza es un factor que impide a los ciudadanos a participar de la vida y el interés público, pues inhibe su capacidad de decisión, participación y autonomía.

Se debe tratar que las personas tengan garantizado un mínimo de subsistencia, no como una forma de caridad estatal, sino en cuanto mecanismo para lograr su emancipación económica.

Es clave rescatar el verdadero sentido de la educación pública que debe ser esencialmente fuente de identidad ciudadana y desarrollo cívico, a través de la máxima calidad y libertad, fomentando así la convivencia de diversos grupos sociales en un mismo espacio educativo y social.