¿Quién es dueño de las ideas de Sócrates?

El proyecto de ley sobre propiedad intelectual –también propuesta por el gobierno chileno- es una clara arremetida de las elites a nivel mundial, para evitar la democratización del conocimiento y la información.

En el siglo XV, cuando se desarrolló la imprenta en Europa, rápidamente esta fue prohibida por algunas elites medievales, debido al claro riesgo que implicaba para el statu quo, el acceso de un número importante de personas al saber escrito, sobre todo si ese conocimiento era contrario al orden vigente.

Lo anterior, porque la imprenta rompió no sólo con la tradicional transmisión oral del conocimiento -contribuyendo con ello a su mayor desarrollo- sino también con la idea de que el pueblo en general no tenía derecho a la información, menos a difundir o desarrollar ideas.

Por lo mismo, la imprenta trajo consigo profundas transformaciones en la política, la religión, las artes y el conocimiento de la época, y fue un instrumento importante para el posterior desarrollo del movimiento ilustrado, que terminó por derribar el antiguo orden social, político y económico medieval.

El saber ya no era exclusivo de las elites y los grupos religiosos, sino que podía ser patrimonio de la población en general. Con ello se inician los procesos de alfabetización de las personas y la necesidad de su instrucción pública.

Al igual que con la imprenta, el Internet -con el paso del tiempo- ha roto las barreras elitistas en torno al conocimiento, permitiendo a miles de ciudadanos en todo el mundo, acceder a la más diversa información, desde música hasta libros (que son muy costosos, o no se publican en su propios países, ya sea por prohibición o porque el mercado no lo demanda) sin necesidad de moverse de su escritorio.

Les ha permitido a millones enterarse de hechos de los que nunca se hubieran enterado a través de las prensas de sus países; o denunciar a través de sus blogs y sitios a gobiernos o corporaciones corruptas; o simplemente conocer opiniones y desarrollar ideas propias, e incluso organizarse en torno a ellas. Todo por internet y sin el control gubernamental ni la censura de grupos de presión específicos.

Con el Internet, la gente puede leer prensa de diverso tipo, difundir (sus) poemas, reseñas, tesis, revistas; o escuchar y difundir (su) música; hacer parodias de películas, intercambiar ideas y datos o mejorar las de otros. Todo a un precio accesible y de forma libre. Pueden leer a muchos autores –desde los clásicos hasta los más contemporáneos- que sirven de inspiración para cuestionar el orden vigente, oponerse a los gobiernos, al capital corporativo, a grupos de presión, etc.

Al igual que la imprenta en su tiempo, Internet ha revolucionado el acceso y creación de información entre las personas. Ha derribado viejas barreras y limitaciones de orden geográfico, económico y cultural.

Ahí radica el porque para aquellos que tienen el poder, Internet se ha vuelto cada vez más riesgoso. He ahí porque ahora quieren ejercer mayor control sobre éste, sobre su uso, acceso y sobre la información que circula en éste.

Una vez más, las elites ven que el mayor y libre acceso a información de las personas, esta vez a través del Internet, implica un serio riesgo para su poder. No sólo las desmitifica, sino que de lleno pone en tela de juicio la legitimidad de su dominio.

El proyecto de ley que modifica la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, según se nos dice, busca equilibrar el uso de las nuevas tecnologías con los derechos de autor, protegiendo a los creadores y la innovación.

Sin embargo, al igual que con la imprenta, lo que se pretende en realidad es mantener el conocimiento y la capacidad de innovación bajo en control de unos pocos, criminalizando a la vez a quienes accedan o difundan libremente a información a través de medios digitales.

Por lo menos eso se logrará si se aprueba la idea de que las empresas proveedoras de acceso a internet sean jueces, pudiendo exigir bloquear o terminar el servicio a clientes presuntamente infractores de la Ley de Propiedad Intelectual. Todo sin mediar resolución de un tribunal calificado.

¿Qué pasa con el derecho constitucional a un juicio justo? ¿Qué pasa con evitar arbitrariedades en estos casos? ¿Qué pasa si publico una crítica en mi blog contra la empresa que me facilita el internet y me desconecta por supuestamente infringir la ley?

Claramente se pretende devolver el patrimonio del conocimiento a las elites y alienar a la población. Porque la modificación también estipula exigir a los proveedores de Internet un pago por derecho de autor por los contenidos que transitan en sus redes.

En definitiva, esto no se trata de proteger a los autores, ni sus derechos, ni sus obras, ni la innovación, sino más bien de evitar una segunda y más masiva aún ilustración bajo el alero de Internet.

En definitiva, estas leyes se tratan de una lucha por el control de la información. Pero sobre todo, de evitar la difusión de ideas entre la población.

En el caso de Chile, una de las trabas principales al acceso al conocimiento han sido los altos costos de los libros, debido a los altos impuestos, que han mantenido por años, al margen del saber, a una gran cantidad de ciudadanos. La modalidad del impuesto ha sido una técnica para evitar el desarrollo de una masa crítica y una sociedad civil informada.

Internet rompió con esa modalidad elitista del conocimiento y la gente ahora puede leer prensa más independiente o se informan por blogs. Pero sobre todo, pueden leer libros que antes, por un tema de costo (simplemente no tenían el dinero para comprar uno o no podían viajar fuera para comprar) no podían ojear.

Tal como explica Kevin Carson, “La propiedad intelectual sólo puede existir si se infringen los derechos de la propiedad privada tangible. Los copyrights y las patentes conceden al tenedor de éstos una apropiación de facto de la propiedad física de otras personas, impidiéndoles usar esa propiedad en las formas y modos que determine el monopolio que el tenedor de esos derechos posee”.

En otras palabras, la modificación de la ley de propiedad intelectual termina por matar la libre creación, la innovación y el desarrollo del conocimiento. El proyecto de ley destruye la dialéctica de Hegel, el falsacionismo de Karl Popper, y las revoluciones de Kuhn.

Este proyecto de ley da por sentado que las ideas surgen tal cual las conocemos, son estáticas, inmodificables y exclusivas. Peor aún, considera que las ideas constituyen propiedad como un lápiz.

Entonces, alguien me puede decir ¿Quién es propietario de las ideas de Sócrates?

Con Piñera tampoco llega la virtud política

En un artículo publicado en Revista Qué Pasa, Juan Carlos Jobet, Hernán Larraín Matte y Cristóbal Bellolio, plantean que un triunfo de la Alianza exige cambiar la vieja forma de hacer política. Sin embargo, el último incidente durante el velorio de la niña asesinada en un microbus es un nuevo ejemplo de lo arraigada que está esa manera de hacer política en el candidato de la derecha.
Aprovechando el claro desgaste de la coalición gobernante, en el último tiempo los partidarios del candidato de la derecha han pretendido construir alrededor de éste un discurso que lo ligue con la idea de renovación política.
A través de éste pretenden decirle a la ciudadanía que la transformación de la política –y de Chile en definitiva- en su totalidad depende del cambio de gobernantes, de transformar las formas de hacer política y sobre todo de la inclusión de una nueva generación de líderes jóvenes. En ningún caso sin embargo, se habla de cambiar un ápice la institucionalidad vigente.
Jobet, Matte y Bellolio dicen que “la Alianza sigue liderada hoy por los mismos que durante más de 20 años han conformado una tenaz oposición” y que por lo tanto, Piñera debería abrir espacios a los jóvenes.
Sin embargo, si consideramos que lo mismo ocurre en la Concertación y que en conjunto ambas coaliciones se han convertido en 20 años en una elite política envejecida y profundamente relacionada en términos económicos, incluso homogénea.
Entonces ¿Por qué creer que Piñera –que es parte de esa elite- permitiría la inclusión real de nuevos elementos, haciendo caso omiso a la presión de sus propias filas?
Según Jobet, Matte y Bellolio, el escenario es propicio para tal efecto, puesto que “no es casualidad que el promedio de edad de nuestra población sea de 31 años, los mismos que apenas llegaban a los 10 para el plebiscito de 1988. Esta generación representa al Chile de hoy”. Sin embargo, olvidan que un porcentaje importante de esa generación no vota en parte porque la institucionalidad, el sistema político, sus partidos y actores hegemónicos no los representan en nada y tampoco los incluyen en la toma de decisiones.
Por lo tanto, y contrario a lo que dicen en el artículo, en cuanto a que lo primero que debiera hacerse si Piñera gana “es atraer a la gente que no le gusta la actual forma de hacer política, pero que está dispuesta a entrar para cambiarla”, lo primero que se debe hacer –sea quien sea el que gane- es cambiar la institucionalidad para permitir la entrada de nuevos actores que cambien realmente la política.
Sólo así se evita que se vean obligados a clientelizar su actuar, para lograr un espacio en el universo político, como ha ocurrido de forma creciente desde el retorno a la democracia. Sino, tal como dicen ellos mismos dicen “tendremos caras nuevas, pero la misma política”.
Por lo anterior, quizás el error más grave –si se puede decir así- es que ellos creen que los líderes de esa nueva generación para “el cambio” total junto a Piñera, se encuentran en las universidades, think tanks, fundaciones y por supuesto en el sector privado.
Es probable que en esos lugares existan buenos elementos que impliquen un aporte importante, pero olvidan que todas esas instituciones han sido piezas claves en el proceso de reproducción, mantención y legitimación de la institucionalidad vigente, que genera exclusión, desafección política y concentración del poder. Es más, son parte constitutiva de ésta.
Olvidan que esos organismos son parte del poder, no sólo estatal, sino también económico y cultural. Es decir, no sólo del poder de lo que consideramos la derecha, sino también de la Concertación, que en cuanto elites, desde el retorno a la democracia en ningún caso han pretendido cambiar tal institucionalidad, sino más bien fortalecer las estructuras que les garantizan un poder sin contrapeso y la mantención de sus privilegios.
Mencionan a Independientes en Red y Giro País como un ejemplo de tales organizaciones independientes, que cumplirían con las nuevas necesidades de cambio. Sin embargo, olvidan que esas organizaciones tienen una clara impronta elitista tanto en su origen como en su patrocinio. Aún cuando pretenden ser independientes del aparataje y las lógicas políticas imperantes, son parte de constitutiva de la hegemonía de éstas.
Por lo tanto, considerando que quienes pretenden los cambios también son –lo quieran o no- parte de la institucionalidad que hay que cambiar, se hace poco creíble para los ciudadanos que –sea quien sea el nuevo presidente- se cumpla el “asegurar un proceso de reclutamiento que entregue garantías de transparencia y privilegie el mérito por sobre el cuoteo y el pituto".
Lo cierto es que la transformación y el cambio dependen de algo mucho más complejo que cambiar al gobernante de turno, dependen de cambiar la institucionalidad vigente, que es donde radican muchos de los vicios de la actual forma de hacer política.
Mientras no cambien las instituciones que reproducen la hegemonía dominante –de la que hacen usufructo la Alianza y la Concertación- en sus diversas dimensiones, es difícil que las lógicas y formas de hacer política se transformen. Peor aún, es difícil que los ciudadanos se sientan atraídos a participar.
Eso es lo que deben saber los ciudadanos para que no les pinten cuentos. Porque en definitiva, lo que los partidarios de Piñera buscan, es negar es que él es y ha sido actor importante de la institucionalidad vigente y de las formas de hacer política, ahora agotadas y desprestigiadas totalmente ante la ciudadanía.
El último incidente durante el velorio de la niña asesinada en un microbus es un nuevo ejemplo de la primacía de esa mala forma de hacer política en el candidato de la derecha, que años atrás ya lo puso en problemas con Evelyn Matthei.
Bajo ningún punto de vista representa una transformación del orden vigente, ni de las formas de hacer política. Es más de lo mismo.

Primarias: la democracia instrumentalizada es decepcionante

El domingo quedó claro que cuando la democracia se vuelve un simple instrumento de quienes controlan el poder, pierde sus principios más básicos. No sólo las primarias terminaron pareciendo un adorno para una proclamación ya cocinada a cuatro paredes, sino que Escalona dio ejemplos de lo que es no entender la Política.

En los últimos años, las primarias se han vuelto el talismán para hablar de democracia al interior de las coaliciones y partidos políticos. En el discurso, si no hay primarias, entonces el partido o la coalición no es democrática, sí las hay, entonces todo está bien. Nadie cuestiona.

En principio eso es muy cierto, siempre y cuando la distancia entre las dirigencias en cuanto a sus bases no sea abismante, en todo sentido. Sobre todo en cuanto a permitir que las últimas enarbolen a sus representantes. Más importante aún es que el procedimiento –que es un instrumento- no se vuelva el fin último para justificar las decisiones de los líderes del partido.

En esto es clave la coincidencia de intereses, no sólo para permitir la legitimidad de las dirigencias sino también para asegurar la integridad del partido y el desarrollo de su democracia interna a través de la competencia.

Sin embargo en la práctica, lo cierto es que las primarias se han convertido en el fetiche de una democracia instrumental y ficticia, detrás de la cual se esconde una rígida estructura elitista y clientelar ya sedimentada.

Se han convertido en el mejor instrumento para maquillar la fuerte tendencia oligárquica (La ley de Hierro de la Oligarquía) que han adoptado las dirigencias de los partidos políticos, y para justificar la partidocracia imperante que el sistema político binominal ha creado.

Por lo mismo, se han vuelto el fin en sí mismas, sin considerar cómo se hacen, quiénes pueden participan, qué permiten o por qué y para qué se hacen. Sólo por su convicción y tesón José Antonio Gómez fue el candidato alternativo en la Concertación, pues el campo político de competencia dentro de la coalición ya estaba cerrado para otros, como Marco Enriquez-Ominami, por ejemplo.

En otras palabras, las primarias se han convertido en la ficción, mediante el cual, las elites esconden y perpetúan su dominio excluyente por sobre sus bases.

Como quién asiste a una obra de teatro, las dirigencias preparar sus actos, sus roles y sus libretos, mientras las bases son el público cautivo, cuyo único papel es simular elegir. Eso sí, la obra de teatro puede terminar cuando las elites lo estimen, en el primer acto por ejemplo, aún cuando estaban contemplados otros. Así, con una sola primaria se definió que Frei es el candidato de la Concertación.

Probablemente muchos de los que votaron en las primarias en Rancagua, ya sabían que su voto era sólo una especie de pantalla para proteger la decisión tomada previamente por las dirigencias a cuatro paredes. De esto tampoco escapa la Alianza por si acaso.

Pero lo más grave es que irremediablemente ese maquillaje democrático puede terminar por eliminar de la actividad política sus lógicas y principios más básicos. La actitud de Escalona hacia José Antonio Gómez es un claro ejemplo de ello.

Escalona no pudo esperar a ejercer con dureza su carácter de oligarca de “partido más grande” sobre Gómez. Se salió del papel antes que terminará la obra de teatro, antes de tiempo. Entonces, ejerció su prepotencia sobre quien él considera un cliente, un feudatario, un dependiente. Nunca un correligionario, un compañero, un camarada. Nunca un igual.

Como si fuera un señor de la Querencia cualquiera, no pudo esperar salir de la misa para agarrar a palos a su inquilino por haber cuestionado sus decisiones. Por haber osado pensar que las cosas podían ser y hacerse de otra forma.

Con eso, la política ya está sepultada.

La Democracia idiota y la Utopía irrenunciable

La democracia instrumental sin un sustento práctico tiene el riesgo de constituirse como una democracia idiota –usando el término griego- donde el único interés en lo público, de una gran parte de los individuos, es acudir casi por inercia a las urnas cada cuatro años.

Las últimas elecciones –y probablemente también las presidenciales de este año- han demostrado que no sólo los ciudadanos más jóvenes en edad de votar, sino también una fracción importante de los más adultos, parecen no interesarse en lo más mínimo en los asuntos públicos, en las decisiones que los gobernantes toman o en quienes gobiernan.

Las diversas causas y efectos de ésta notoria desafección ya han sido mencionados en diversos artículos: creciente distanciamiento entre las bases partidarias y las elites dirigentes, disminución de la representatividad política del sistema electoral, falta de competencia política, disminución de la participación ciudadana, reducción y cooptación del campo político por parte de sectores reducidos, y perdida de legitimidad de los gobiernos y del régimen político.

Pero existen otros dos factores, tanto o más importantes que los anteriores, que juegan un rol esencial en cuanto al desarrollo de este fenómeno:

La despolitización de la política -en sentido de Hannah Arendt- y la apolitización de los individuos como una forma de ideología política.

La despolitización de la Política implica la supresión de la deliberación, del ágora, como aspecto esencial y constitutivo de ésta, lo que da paso a su negación, a una política sin contenido, donde los individuos -otrora ciudadanos (entendidos como aquellos miembros de una comunidad política, que cuentan con el derecho y la disposición de participar inclusiva, pacífica y responsablemente, con el objetivo de optimizar el bienestar público)- se convierten en receptores pasivos de productos políticos vacíos.

Así entonces, se produce la apolitización de los sujetos, que consiste en su irracionalidad en cuanto zoon politikon. Sus decisiones –reducidas y parcializadas a decisiones electorales- pierden todo carácter racional y se tornan viscerales.

Eso se ve reflejado en que a nivel de oferta política, el “mercado” de ideas y proyectos políticos se empobrece, se reduce y simplifica al máximo, mientras las alusiones a la imagen y simpatía del candidato –que se tornan tránsfugas- se vuelven la clave de la decisión política de los votantes.

La apolitización se ha sustentado en base a los medios de comunicación masiva y a un sistema de educación –público y privado- que ha eliminado la función de la educación como institución clave para el sustento de una democracia saludable y de cualquier proyecto político.

Los primeros se han convertido en un instrumento de subinformación y desinformación (Sartori) a base de un manejo de la información a favor de lo escandaloso o sensacionalista (Bourdieu), despolitizando el contenido de la información y con ello a los sujetos, eliminando la reflexión de éstos acerca de la sociedad.

Lo anterior ha contribuido a la eliminación de cualquier noción de conflicto o polémica en cuanto relaciones sociales, en desmedro de cualquier intento de análisis de la realidad social compleja.
El sistema educacional por otro lado, ha sido desligado casi totalmente de su función de formar ciudadanos, y se ha centrado exclusivamente -en base a las lógicas de la división del trabajo- en formar sujetos aptos para responder a las demandas del aparato productivo. Sin embargo, esto ha implicado su reducción y aislamiento a dichas funciones específicas, atomizándolos y alienándolos en tanto miembros de una comunidad política.

Se constituye así una neutralidad política mal entendida que se traduce en apatía política y en la reducción de la política a procedimientos como el voto o las encuestas de opinión.

El “ex ciudadano” entonces se vuelve un idiota, que sin ideología, ni una base ni preferencia política, ni con la capacidad de debatir e intercambiar ideas, decide los asuntos públicos simplemente en base a cuánto se estimulan sus sentidos más inmediatos por medio del marketing.

Lo cierto es que la democracia no se compone sólo de procedimientos e instituciones sino que su base esencial se constituye en torno a individuos dialogantes, interesados y participes de los asuntos públicos.

Cualquier sistema jurídico, político y económico, y en definitiva social, depende de sus componentes particulares, implicados en su funcionamiento y preservación. “No habrá constitución ni instituciones públicas, por justas que sean, capaces de ejercer eficientemente el control social y de mantener el Estado de derecho sin la voluntaria cooperación de una ciudadanía consciente” (Salmerón, 2006; 60).

En otras palabras, y considerando los índices de desafección, la democracia chilena estaría sustentándose en un futuro no muy lejano en nada más ni nada menos que en idiotas, en el sentido estrictamente griego.

La democracia chilena se está enfermando paulatina y solapadamente ante la vista y paciencia de parte importante de las clases políticas, sobre todo sus elites, que parecen no notarlo o hacer vista gorda a fenómenos que denotan los inicios de una crisis de representatividad futura.

La utopía irrenunciable es cambiar todo lo anterior y lograr que los ciudadanos se vuelvan parte de la polis, que el ágora se reconstituya como un espacio público abierto para todos, y no cooptado sólo por algunos.

Que la democracia sea tal, y no una ilusión donde se esconde su paulatina desaparición.

La necesidad de un Republicanismo Cívico

Hoy, la mayoría de los ciudadanos se sienten huérfanos de un ideario político que los guíe e incentive a mirar al futuro con confianza, de sentirse parte de la sociedad en la que viven, y que los llame a hacerse participes de la construcción y constitución diaria de su destino.

En definitiva se sienten ajenos al verdadero sentido de la ciudadanía.

Los ciudadanos necesitan construir un nuevo ideario político acorde a un nuevo siglo, que les permita mirar más allá de las simples contingencias y afrontar el incierto horizonte del futuro con perspectiva. La sociedad chilena requiere nuevas formas de hacer política.

Necesitamos construir nuevos ideales comunes a todos los ciudadanos, que a la vez nos alejen del riesgo del dogmatismo irrestricto y de la anquilosada apatía política imperante.

Para cimentar nuestros propósitos, sin caer en la autodestrucción o en el inmovilismo del statu quo, debemos abrazar ciertos principios básicos con los cuales comenzar a llevar a cabo nuestros sueños.

Dichos principios políticos, se deben asumir y constituir a nivel social, en torno al tipo de representatividad de los gobernantes; a nivel moral y ético, en cuanto a los limites del poder de los gobernantes y su responsabilidad con los ciudadanos; a nivel cívico, en cuanto a rescatar el verdadero sentido de la ciudadanía.

En base a estos principios debemos rearticular el civismo, la participación ciudadana y la tolerancia política, que son los valores fundamentales de una Democracia y una República.

A través de estos principios republicanos debemos recuperar la Política para todos los ciudadanos, pues ésta constituye un bien común, que no puede ser usurpado por ninguna clase de elite.

Sólo así podremos ir restituyendo y recuperando la confianza social, institucional y política de los ciudadanos y entre los ciudadanos. La participación política no debe ser vista como un riesgo para la libertad y la democracia, sino como un signo de ambas, y más aún como un resguardo para éstas.

La Res pública debe ser entendida como vehículo tanto para la libertad como para el fomento de la justicia social y el interés común de sociedad.

Son los ciudadanos, cada uno de ellos, los llamados a edificar con su participación, las políticas de cada día que van proyectando su destino.

Todos y cada uno de ellos deben contribuir, a través de la deliberación, con la construcción de una esfera pública auto-realizadora, que tenga en cuenta la diversidad cultural y la responsabilidad por el prójimo, para así engrandecer la sociedad y proteger sus derechos como individuos.

Se necesitan ciudadanos conscientes de que su libertad depende del mantenimiento de la comunidad política, pues la libertad sólo es posible en una sociedad que se autogobierna.

1. DEBEMOS ASUMIR EL VALOR SUPREMO DE LA DEMOCRACIA.

La participación ciudadana construye y fortalece la Democracia.

Por lo tanto, la Democracia no debe ser entendida sólo como el simple acto de votar, ni como simple consentimiento mayoritario (a riesgo de la dictadura de las mayorías), sino como un sistema político y un espacio público donde existe la participación activa y constante de los ciudadanos en los asuntos que les competen a todos, dentro de un marco de libertad e igualdad política, basado en la tolerancia, espíritu público, pluralidad y libertad de información.

La Democracia no debe ser reducida a una noción instrumental, donde los ciudadanos quedan reducidos a votos, sino que debe constituirse en un orden donde el gobierno está sometido al control de los ciudadanos.

Democracia Republicana y Participativa: Que implica respeto del imperio de la ley, a la libertad de tránsito, libertad de expresión, a la libertad de prensa, y a la competencia política.

Los diferentes intereses, de diversos sectores, deben estar representados en diversas instituciones democráticas, por lo tanto debemos entender la democracia como un sistema representativo, que a la vez implica necesariamente la participación de los grupos sociales diversos en el ejercicio político.

Debemos tener presente que la responsabilidad ciudadana no es exclusiva de ninguna elite o clase social específica.

El gobierno democrático debe ofrecer un proceso adecuado de satisfacción de los intereses de los ciudadanos, en el sentido de preocupaciones políticas más urgentes.

Por lo tanto:
Todos los funcionarios y cargos deben ser electos y pueden ser revocados.

Deben existir elecciones libres e imparciales, sin coerción de ninguna clase ni exclusión de ningún tipo a ciudadanos, grupos étnicos, políticos o de cualquier índole.

Sufragio universal e inclusivo, derecho a ocupar cargos públicos, libertad de expresión, y autonomía asociativa.

Debe existir control constante sobre las decisiones.

No se aceptan auto investiduras, ni cargos vitalicios, a perpetuidad relativa o designados, ni tampoco que el poder derive de la fuerza.

Rotación de cargos públicos.

División de Poderes y Dispersión territorial del Poder.

2. DEBEMOS ASUMIR Y RESCATAR EL VALOR SUPREMO DE LA CIUDADANÍA Y LA SOCIEDAD CIVIL COMO EJES DE LO POLÍTICO.

Debemos asumir el valor de la ciudadanía en cuanto conjunto de miembros libres de la politeia y como la condición que cada uno ostenta como componente soberano del cuerpo político.

Debemos asumir el valor de la ciudadanía como sustento para el desarrollo de la democracia, preocupada por la participación social y política, y donde cada ciudadano tenga conciencia de su pertenencia a la comunidad política.

Una forma de resguardar los derechos y la libertad de cada ciudadano en la sociedad, es teniendo una sociedad civil viva, preocupada por la participación social y política, donde los ciudadanos se sientan comprometidos con construir su propia sociedad y más aún comprometidos con las instituciones que sustentan la democracia, que son los principales bienes públicos.

Sólo así podemos fomentar la responsabilidad individual y colectiva, pues cada ciudadano debe estar comprometido con las dinámicas que adopta su sociedad.

Debemos tener presente que la sociedad civil, el pueblo, es una comunidad diversa, cuyos miembros pertenecen a comunidades determinadas, con miembros y cualidades en común, que persiguen el bien general sin que una minoría lleve a cabo sus intereses. Esto es clave tomando en cuenta la diversidad cultural.

Debemos tener presente la separación entre Estado y Sociedad Civil, propiciando la autonomía asociativa y permitiendo el desarrollo de un pluralismo social y organizado, enriquecido con variedad de fuentes de información (oficiales y alternativas) junto con organizaciones sociales relativamente autónomas entre sí y con respecto al gobierno de turno, por lo tanto, los partidos no deben secuestrar la política para favorecer sus intereses internos. Debemos evitar la partitocracia.

Debemos revalorar el valor de la educación en cuanto principio decisivo de la participación, pues el modo de garantizar el buen gobierno, la libertad y el desarrollo de una sociedad justa es participando de la vida pública.

Una sociedad civil débil, atomizada, apática, desinformada, tele-narcotizada por la demagogia televisiva y la banalización, no sólo se convierte en una mera masa estadística, sino que –al ser incapaz de ejercer control alguno- es caldo de cultivo para el surgimiento de tendencias oligárquicas, corruptas y de cualquier tipo de dominación arbitraria.

3. DEBEMOS ASUMIR EL PRINCIPIO DE RESPETO Y TOLERANCIA POLÍTICA.

Debemos crear comunidades públicas dialogantes, donde se tome en cuenta el pluralismo social y cultural que existe en estos tiempos, para así poder aceptar las diferencias culturales, religiosas, ideológicas, etc. Debemos respetar y tener presente la constatación de la heterogeneidad política y moral de las personas.

Esto significa el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, e implica también una forma de limitar cualquier tipo de poder (público o privado), en pro de la representatividad de los ciudadanos y la conciencia de ciudadanía.

Esto implica la expansión de los derechos ciudadanos y el respeto de la libertad política, civil, religiosa, económica, de expresión, de asociación, de reunión, la igualdad ante la ley, la igualdad política para participar y disentir en cuanto a los asuntos de gobierno, y así toda persona pueda defender sus intereses en la esfera pública y todo ciudadano tenga la misma capacidad para gobernar.

Por lo tanto, en los derechos de ciudadanía se incluye el derecho a oponerse a los altos funcionarios de gobierno y el de hacerlos abandonar sus cargos mediante el voto.

Nuestra experiencia histórica nos ha enseñado los altos costos sociales, políticos, y personales que conlleva la violencia política, ya sea retórica o física, y el surgimiento de afanes totalitarios.

La tolerancia política permite el desarrollo de ciudadanos libres, responsables y activos políticamente, que fortalecen y enriquecen a la sociedad civil, al desplegarse sus diversas ideas, propuestas y sueños, sin el riesgo de caer en simplificaciones absolutistas que irremediablemente llevan a la tiranía de unos sobre otros.

4. DEBEMOS ASUMIR QUE ES NECESARIO EVITAR LA CONCENTRACIÓN Y PERPETUACIÓN DEL PODER.

Debemos evitar la concentración del poder, ya sea político y económico, pues de aquello surgen sus excesos como la corrupción, la plutocracia, la partitocracia, el nepotismo, el populismo, la dictadura y el totalitarismo -ya sea político, ideológico o económico- y donde el Estado termina por favorecer ciertos intereses particulares en desmedro del resto de la ciudadanía y el gobierno de la ley pasa a ser sustituido por el poder arbitrario de los más poderosos.

Se deben fomentar e instaurar mecanismos que eviten la concentración de cualquier tipo de poder, que permitan la independencia de la sociedad civil y sus distintas manifestaciones, para así ejercer su control legítimo sobre los gobiernos.

Por lo tanto, debemos fomentar e instaurar mecanismos de plena responsabilidad y transparencia y control en cuanto al financiamiento de campañas políticas, en cuanto a sueldos y en cuanto al gasto de dinero del Estado.

Se debe recuperar el poder ciudadano, que ha sido paulatinamente concentrado en pocas manos, ya sean los partidos o sectores corporativos. Se debe rescatar el valor del buen gobierno.

5. DEBEMOS ASUMIR EL VALOR SUPREMO DE LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA.

Todos los ciudadanos deben tener las oportunidades y condiciones sociales, económicas y culturales básicas para elegir sus modos de vida, pues esto es lo que permite el desarrollo de la libertad plena y la igualdad política, económica y social.

La desigualdad económica excesiva contribuye a debilitar la democracia y sus principios básicos, pues una sociedad altamente desigual genera ciudadanos sin compromisos cívicos y apáticos políticamente.

Debemos fomentar y propiciar la independencia económica de los ciudadanos, pues no se puede garantizar la libertad y la igualdad política si existen enormes desigualdades económicas y sociales.

La pobreza es un factor que impide a los ciudadanos a participar de la vida y el interés público, pues inhibe su capacidad de decisión, participación y autonomía.

Se debe tratar que las personas tengan garantizado un mínimo de subsistencia, no como una forma de caridad estatal, sino en cuanto mecanismo para lograr su emancipación económica.

Es clave rescatar el verdadero sentido de la educación pública que debe ser esencialmente fuente de identidad ciudadana y desarrollo cívico, a través de la máxima calidad y libertad, fomentando así la convivencia de diversos grupos sociales en un mismo espacio educativo y social.