El Gran engaño o quienes son los gatopardos…

Si el PC apoya en segunda vuelta a Frei, claramente los "gatopardistas", aquellos que engañaron y distrajeron al electorado, y “al pueblo”, ha sido la propia izquierda extraparlamentaria.

La idea de Arrate como candidato presidencial surgió como un proceso independiente desde dentro del PS, que se dilucidaba en principio, como un paso para conformar una nueva fuerza de izquierda amplia, democrática, moderna y competitiva.

Se interpretaba como un primer paso para dar respuesta a una creciente necesidad, la de construir una alternativa política a las coaliciones hegemónicas -la Concertación y la Alianza- nueva y viable que aunara a distintos sectores.

Por lo mismo, no era raro que de esos sectores provinieran duras críticas a la Concertación, declarando su estado mortuorio, su anquilosamiento, su elitismo excesivo, y donde tanto la Alianza como la Concertación, eran visualizadas como un solo cuerpo, que en el fondo representaban lo mismo, el continuismo, etc.

En ese contexto, Arrate comienza a surgir como el rostro visible para la construcción de un proyecto político nuevo, con el que diversas personas se identificaban sin importar su partido de procedencia o historial político, pero que querían cambios profundos, como un nuevo sistema electoral o una nueva constitucionalidad, y evitar las lógicas políticas nefastas que tanto se criticaban, fomentando la participación y la inclusión de distintos actores y sectores.

En el proceso, en ningún caso se pretendía refaccionar el Juntos Podemos o convertir a Arrate en el candidato de éste (aunque sí tratar de atraer su apoyo al igual que los de Navarro por ejemplo, para construir una nueva fuerza amplia).

Se tenía claro que Arrate debería representar algo completamente nuevo, porque no surgió como candidato exclusivo del Juntos Podemos -que tenía a otros posibles candidatos- sino de sectores socialistas descolgados, decepcionados (o fracasados según Escalona), pero sobre todo de ciudadanos diversos, incluidos independientes, gente decepcionada de la política en general, etc.

¿Qué ha ocurrido en la praxis desde la proclamación de Arrate como candidato del Juntos Podemos?

Primero, los Humanistas se fueron del JP, dando su apoyo a Marco Enríquez Ominami. Segundo, Arrate es el candidato del Juntos Podemos y no de un nuevo proyecto político, ni el nombre cambió.

Lo último. A meses de la elección presidencial, Teillier no descarta apoyar a Frei en segunda vuelta.

Al parecer Teillier está tomando en cuenta que Arrate no pasa del 1% según las encuestas, que los humanistas ya se fueron con Marco Enríquez y que el pacto contra la exclusión ya está hecho.

Así, a meses de la elección, al parecer le da lo mismo lo que ocurra con Arrate en primera vuelta pues ya proyecta la segunda, asegurando su apoyo a Frei aún cuando el propio candidato del JP ha dicho que existe colusión “entre Piñera, MEO y Frei”. E incluso que “son todos lo peor de lo mismos, lo menos de lo mismo y más de lo mismo”.

¿Alguien entiende esta especie de autoinstrumentalización y auto cooptación? ¿Qué dice Arrate de esta auto “torpedeada”?

¿Qué paso con el nuevo proyecto político en el que participaban independientes y personas de otros partidos? Si es que queda algo de éste ¿Se disolverá en pro del pacto contra la exclusión que favorece al PC?

Algunos dirán que el apoyo es válido pues ya está el pacto contra la exclusión y así se logra la mayoría parlamentaria para llevar a cabo los cambios. Eso dijo Frei.

La pregunta es ¿Por qué ahora se harían esos cambios si en veinte años no se han hecho?
¿Se podrán hacer tomando en cuenta que en el parlamento se rechazo la ley que limitaba la reelección? ¿Harán los cambios los mismos que no quieren dejar de ser reelectos? ¿Por qué el PC no apoya a Frei de inmediato si ya consideran que Arrate no pasa la primera vuelta?

Más aún ¿Qué pasó con la construcción de una nueva alternativa política a la Concertación y la Alianza?

Lo cierto es que si el PC apoya en segunda vuelta a Frei, claramente los "gatopardistas", aquellos que engañaron y distrajeron al electorado y “al pueblo”, no fueron Marco Enríquez y compañía como se ha dicho, sino la propia izquierda extraparlamentaria al legitimar a la misma coalición que critican.

Lo anterior tiene una probable explicación. Rigidez, pero sobre todo poca inteligencia política.

EL FACTOR MEO

Cuando MEO irrumpió y descalabro el escenario político con su candidatura, alterando la binominalidad porcentual, atrayendo a sectores descontentos con la Concertación y la Alianza, no atraídos ni por Frei, Piñera ni el Junto Podemos o el PC, estos últimos no hallaron nada mejor que atacarle.

No sólo actuaron antidemocráticamente al deslegitimar a priori sus pretensiones electorales, sino que le acusaron de ser una especie de distractor de la derecha, (un derechista claramente) para evitar la organización de las fuerzas de la izquierda dispersa y no articulada.

Hasta ahora, se ha dicho que Meo es servil a la derecha, que se colude con Piñera para atacar a Frei, para dividir a la Concertación y permitir el triunfo del empresario, que es ambiguo.

En esa lógica se ha dicho que Piñera, Frei y MEO son más de lo mismo, y que la alternativa es la candidatura de Arrate, respaldada por el ex Juntos Podemos, que en realidad es el PC, la Izquierda Cristiana, varios socialistas e independientes.

Pero lo cierto es que no vieron que Meo -aún cuando le despreciaban pues provenía de la misma Concertación al igual que Arrate- no sólo coincidía con ellos en el diagnóstico en cuanto a la Concertación, sino que además, les daba la posibilidad de ampliar el espectro electoral a nivel de independientes. Sólo tenían que negociar inteligentemente.

¿Qué hubiera pasado –o pasaría- si el PC y el alicaído Juntos Podemos apoyarán a MEO, tal como lo hicieron sus socios humanistas, estableciendo ciertas condiciones o acuerdos mutuos en caso de lograr la presidencia? ¿Es o era tan inviable hacer eso? ¿Es tan rígida la ideología como para no establecer acuerdos?

Probablemente vencerían a Frei, incluso quizás a Piñera.

Sin embargo, el problema no sólo es que la mayoría de los actores políticos chilenos manejan sus ideas como si fueran piedras, sin poder negociar, sino que reproducen las mismas prácticas que critican.

Cuestionan el elitismo y la partidocracia, y sin embargo, conforman rápidamente elites y grupos partidarios de decisión y de clientes políticos, que finalmente terminan por dejar a las bases e independientes relegados.

Y no manejan ni pretenden crear mecanismo alguno para evitar eso. Por lo mismo, las disputas intestinas terminan por debilitar aún más la posible unidad, sobre todo porque no hay ningún liderazgo.

Critican la falta de diálogo. Pues bien, y acorde a la lógica anterior, mal entienden el diálogo incluso con aquellos que pueden ser más cercanos a sus ideas. Todos son muy caudillistas y mesiánicos. Si no fuera así, Navarro y Arrate, hace rato habrían establecido un acuerdo de unidad basado en negociación y no ahora recién cuando quedan pocos meses. Pero no, ahora cada uno marca 1% por si solo.

Claramente, falta astucia política y en vez de generar un forado en la hegemonía dominante a la cual criticaban, se acercan a ella, hacen acuerdos parlamentarios y quizás le prometen los apoyos en segunda vuelta al candidato oficialista. De proyectos políticos nuevos nada.

¿De qué estamos hablando entonces?

Estado e Iglesia, una separación que los conservadores olvidan

La secularización de la sociedad chilena -la separación entre iglesia y Estado- ocurrió hace años. Por lo menos en el papel. Sin embargo, algunos ciudadanos parecen haber olvidado tal premisa confundiendo política con religión.

En un artículo publicado en los blogs de la Tercera, Alberto Pedro López-Hermida Russo, plantea que no se puede ser socialista y creyente a la vez. Según él, eso es claramente una contradicción.

Pero peor aún, plantea que para no ser incoherentes, "O se sigue a una Presidenta... o se sigue al Pontífice".

Ambas premisas son profundamente erradas.

En primer lugar, y como el común de la gente, confunde socialismo con marxismo, olvidando la histórica relación del socialismo utópico con algunos movimientos religiosos como los socialistas religiosos que participaban de la II Internacional o el primer presidente del Partido Laborista, el minero y socialista cristiano, James Keir Hardie.

Aquí ya podemos establecer la diferencia entre cristianos y católicos, siendo los primeros mucho más cercanos a posiciones libertarias que los segundos. Eso, se debe en parte a la Reforma Protestante, su contraposición al poder del papado, el surgimiento del absolutismo, las guerras de religión y la necesidad que se generó, en cuanto a establecer una neutralidad estatal, en relación a los sistemas de fe de los individuos. Ningún rey o príncipe podía imponer su credo a sus súbditos.

De no entender lo anterior, surge la segunda premisa errada de López, al decir que "O se sigue a una Presidenta... o se sigue al Pontífice".

Olvida que el espacio político y la política, no están para definir el sistema de creencias de los individuos como ciudadanos, sino para permitir el diálogo y el acuerdo entre estos. Si se cree lo contrario, entonces se tiene una visión totalizante de la política, que podría dar paso al totalitarismo o el fundamentalismo.

Por ende, ni el Estado ni los representantes en cuanto tales, pueden tomar partido por una religión, confesión o ideología para imponerlas sobre el conjunto de ciudadanos. Es decir, no pueden darle más valor a una que a otra.

Es ese el principio de neutralidad de valores: donde Estado y religión son esferas separadas y por lo tanto la autoridad política no es la autoridad religiosa. De lo contrario, estaríamos en una teocracia.

Por lo mismo, cada político puede tener su confesión religiosa, puede practicarla libremente, pero en cuanto representante político, ésta no tiene la supremacía. Si fuera así, entonces cada religión debería tener un brazo político y un escaño garantizado.

Lo cierto es que el espacio político es una dimensión separada de la dimensión religiosa.

Esa regla corre tanto para gobernantes como gobernados. Esa es la clave para que sea además, un espacio democrático, donde el diálogo prime sobre las verdades de fe o cualquier otro sistema de creencias.

Cizarro: Institucionalidad formal del Estado versus la institucionalidad informal del Hampa

La mayor crudeza en los últimos hechos delictivos, los altos índices de reincidencia y la presencia de menores en tales actos, pueden tener relación con la ambigüedad del marco institucional formal -las leyes y políticas- que se debería encargar de las acciones punitivo-preventivas y de reinserción en torno al delito, y la poca atención a los aspectos informales que operan en su constitución como actividad en el medio libre.

Es claro que el marco institucional -formal e informal- determina las pautas de acción de todo sujeto en un campo de actividad específico.

En el caso de la delincuencia como campo de acción, se produce una dualidad -una pugna- entre un marco formal amplio y totalizante, la legalidad del Estado de Derecho, y un marco informal, "los códigos del hampa" al que los sujetos que delinquen se someten individual y contextualmente.

Frecuentemente, se aplica con fuerza el marco formal del derecho sobre el cuerpo de los sujetos -la prisión, la detención- pero muy poco se hace en torno al marco informal en el que la mayoría de éstos fueron educados, se criaron, desarrollaron y se desempeñan en el medio libre.

Dicho marco informal es el que prevalece por sobre el respeto al marco formal legal, y la aplicación por parte del Estado del mismo, lo que se ve reflejado en la poca reinserción social y los altos índices de reincidencia delictiva.

Ese predominio, se produce incluso en cuanto a las políticas educacionales del Estado, pues debido a los bajos índices de escolaridad, son las prácticas del entorno social delictivo, internalizadas desde la infancia por los niños en riesgo social, las que terminan por ser aceptadas y muchas veces naturalizadas por los sujetos en su vida adulta.

Es decir, el gobierno físico de los sujetos, su control mediante el marco institucional legal, se vuelve de corto alcance tanto en la reclusión y como en el medio libre, donde el campo delictual es hegemónico, debido a la existencia de un marco informal que gobierna psicológicamente sus prácticas, intereses, acciones y contextos.

No es extraño entonces, que delincuentes encarcelados, sigan delinquiendo a través de diversos medios que les permiten romper las barreras físicas de la prisión, como celulares, familiares, etc. Tampoco es infrecuente, que una vez cumplidas sus condenas, retomen sus actividades delictivas y se "reinserten a sus medios delictuales libres". Más frecuente aún, es que ciertas formas de delito sean vistas como formas legítimas de subsistencia o como un trabajo más.

Lo anterior incide, en que el marco informal que se desarrolla en torno a actividades delictivas -que en definitiva lo son por ser contrarias al marco legal imperante- se conviertan en el marco formal que sustenta la instauración de una verdadera moral delictual.

Se produce entonces una especie de dimensión paralela a los espacios simbólicos donde el Derecho impera.

En este sentido, la cárcel se vuelve un espacio material donde las instituciones informales de la delincuencia se vuelven formales, y se convierten en ley interna para los reclusos e incluso de los agentes del Estado insertos en ella. En las cárceles impera la ley del hampa, por sobre el Estado de Derecho.

La prisión se vuelve entonces, una especie de isla, donde la pugna entre la institucionalidad del Estado es vencida por la institucionalidad informal del hampa, que encuentra un espacio para expandirse, naturalizarse, fortalecerse y sobre todo reproducirse.

La cárcel deja de ser el lugar donde se pretenden transformar o eliminar las prácticas que son base del comportamiento delictual.

Con eso se rompen definitivamente los principios básicos de la cárcel, como lugar punitivo y de reinserción.

Artículo republicado. Anteriormente abordaba el problema de Miguelito, un niño delincuente de 13 años.

El Chernobyl chileno

Una población viviendo en medio de la contaminación. 4 mil exámenes perdidos. Niños gravemente enfermos y un gobierno que sigue mintiendo y ocultando información. El escenario de esta tragedia no es Chernobyl, es Arica, en Chile.

Las poblaciones Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica fueron emplazadas sobre residuos de arsénico y plomo dejados a mediados de los 80’ por la empresa Sociedad Procesadora de Metales Promel Ltda., y que provenían de la empresa sueca, Boliden Metal A.B.

Aquí, ya el olor a corrupción es fuerte, pues no se sabe bajo qué modalidad Promel ingresó estos residuos a Chile, siendo que no tenía capacidad para tratar esos contaminantes.

A principios de los 90´ el hedor continúa pues el nuevo gobierno, sin realizar estudios ambientales previos, instaló a vivir a miles de familias de escasos recursos sobre el desecho mineral (plomo, cadmio, zinc, mercurio, cobre y arsénico).

Ya en 1995 alrededor de 15 mil personas ocupaban las poblaciones Los Industriales IV, Villa Los Laureles, Cerro Chuño, Villa El Solar y Villa El Amanecer, todas a escasos metros del lugar de acopio del material contaminante.

Al igual que en la tragedia de Chernobyl, los efectos de la contaminación comenzaron a mostrarse al poco tiempo en la población, con jaquecas, gastritis agudas, dolores de huesos, abortos, embarazos molares, trastornos de aprendizaje, problemas de crecimiento, y enfermedades respiratorias e invalidantes.

Y al igual que en Chernobyl, el gobierno ha mentido, ha ocultado y alterado información, ha pasado a llevar varios derechos, y ha actuado indolentemente por casi 20 años.

Así, en 1998 y luego que se estableciera emergencia sanitaria ambiental en el lugar debido a la presión de los vecinos, las altas autoridades de la época, como el Ministro de Salud Alex Figueroa, el jefe del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, Juan Luis Castro y la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de diputados, se comprometieron a dar solución al problema, trasladando los desechos a 3 kilómetros de las poblaciones.

Lo cierto es que los desechos fueron traslados sólo 700 metros.

En esa época, el gobierno y sus agentes culparon al dueño de Promel de todo el asunto, obviando la grave negligencia de las autoridades sanitarias y que fue el Estado el que permitió de manera irresponsable la construcción de viviendas para miles de familias sobre arsénico.

El año 2000, siendo ministra de salud la actual Presidenta Bachelet, se tomaron cerca de 4 mil exámenes de sangre para corroborar si la contaminación estaba afectando la salud de los vecinos. Extrañamente los resultados nunca aparecieron o fueron alterados.

La encargada de gestionar dicho proceso fue la doctora Carolina Asela, hoy Jefa del Servicio de Salud de Arica. El gobierno actúa con dolo y mala intención.

Y claro, hoy se trata de silenciar a los vecinos gastando altas sumas de dinero construyéndoles un centro cívico ¿Será también sobre el arsénico?

En el 2007 se entregó una indemnización vergonzosa a algunos vecinos, ocho millones de pesos para 356 de 15 mil habitantes.

En esa ocasión la Corte Suprema, estimó que el Servicio de Salud de la entonces Región de Tarapacá conocía perfectamente la existencia de este acopio desde 1984 y que antes de 1997 nunca hizo nada por salvar la vida de los pobladores.

Hoy la doctora Asela, Jefa del Servicio de Salud de Arica, sigue insistiendo en que no hay contaminación. El Servicio de Salud del Ambiente ha dicho que no existe intoxicación con plomo, sólo exposición a éste.

Lo cierto es que tanto el DICTUC de la UC como la Universidad de Tarapacá, han corroborando la alta contaminación que sufren las personas de Cerro Chuño, Los Industriales y Sica Sica, y que sobrepasan las normas internacionales.

El gobierno miente descaradamente. ¿Dónde están los grupos pro vida o los defensores de los derechos humanos? ¿Dónde están los presidenciales? ¿Dónde están aquellos que se preocupan de los problemas reales de la gente?

La gente debería demandar al Estado chileno ante las Cortes Internacionales y varias autoridades deberían pagar con cárcel este acto criminal.

Tomando en cuenta que las autoridades prácticamente siguen siendo las mismas, es claro que el gobierno ha mentido, ha ocultado información y ha pasado a llevar derechos como el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente limpio de miles de personas.

Más datos sobre los responsables con nombre y apellido

Pd:Para que hablar de los "honorables" que transgreden la ley excediendo la velocidad permitida o usando balizas.

Alcalde Zalaquett y vendedores ambulantes: un análisis mutualista

Más de cien comerciantes ambulantes fueron detenidos en un operativo policial en la comuna de Santiago, por no contar con el permiso municipal respectivo. ¿Será pertinente dicha medida, en un año de crisis económica donde el desempleo ha aumentado?

El alcalde Pablo Zalaquett ha declarado una política de tolerancia cero en contra del comercio ambulante, con lo que busca erradicar más de 4.000 comerciantes que deambulan por las calles de la comuna de Santiago. Por lo mismo, no ha otorgado autorización alguna para el desarrollo de actividades de comercio ambulante, manteniendo sólo los permisos otorgados por anteriores administraciones.

El argumento principal de la autoridad municipal para llevar a cabo su política es que los "vendedores ambulantes" están relacionados con la delincuencia y la estafa.

Si bien es probable que algunos de los detenidos tengan dicha relación delictual, también es probable que muchos de esos vendedores ambulantes sean parte de los desempleados que la crisis económica ha generado en nuestro país, y que ante la falta de empleo, buscaron formas alternativas de subsistencia, no necesariamente delictivas.

¿Qué pasa si analizamos el problema desde un punto de vista mutualista?

Desde un punto de vista mutualista, y considerando el actual contexto económico de crisis y desempleo, la medida más bien parece ser contraproducente.

No sólo no se entregan permisos para que la gente pueda autoemplearse mientras se recupera la economía, sino que además se generan incentivos para hacer aún más ilegal el actuar de los individuos, volviéndolos, tal como decía Proudhon, los “mercenarios de la concurrencia”.

Desde un punto de vista mutualista, aquí tendríamos un ejemplo claro de cómo el Estado y su aparataje son funcionales a los intereses corporativos de las grandes empresas, impidiendo a las personas ganarse la vida de forma independiente.

Así por ejemplo, ocurrió con las personas que instalan el carro de sopaipillas, de churros, empanadas, pizzas (fabricadas por ellas mismas y por lo tanto no asimilables con aquellos que venden productos robados), y que fueron algunos de los detenidos en la operación llevada a cabo por el alcalde Zalaquett (perteneciente a un sector político que dice defender el libre mercado).

Sin embargo, la medida más bien coincide con el planteamiento mutualista que indica que, no es el libre mercado radical lo que defienden algunos vulgo liberales, sino más bien el capitalismo corporativo, donde el Estado sirve únicamente a los intereses de aquellos que controlan mayor capital, evitando que la gente se gane la vida por sus propios medios, para así tener dispuestos para éstos, un contingente de potenciales empleados, hambrientos y desesperados.

Como plantea Roderick Long, "gran parte del aparato regulador actual –incluyendo aquellas regulaciones que no son en absoluto percibidas como restricciones en el poder corporativo- es vigorosamente apoyado, respaldado, y en muchos casos incluso redactado por la élite corporativa".

Así por ejemplo, entre las medidas de la municipalidad está la de cobrar multas de 100 mil pesos a los ambulantes. No sólo se les detiene, dejándoles con antecedentes (que luego les hacen más costoso encontrar empleo) sino que se les quita el poco capital que tienen.

Desde un punto de vista mutualista, esto claramente concuerda con el modo con que se pretende disuadir al trabajador no calificado y desempleado, de que se haga independiente, instalando una venta callejera de comida, por ejemplo.

En otras palabras, le obligan a esperar la "beneficencia" de un empleador mayor. Es decir, le obligan a hacerse parte del "ejército industrial de reserva" del capitalismo corporativo.

KAREN, TVN Y ¿LA POLICIA POLÍTICA DC?

Las críticas a Karen Doggenweiler, rostro de TVN, son un claro ejemplo de despotismo blando, de hegemonia elitista, de persecusión política y sobre todo, de las formas sucias con que se pretende debilitar a otro candidato como Marco Enriquez Ominami.

La política se está poniendo más sucia de lo normal y eso se ve en cómo -al igual que en Rebelión en la Granja de Orwell- los presidenciables y sus equipos se van poniendo más "cerdos" en su actuar.

El mejor ejemplo: los cuestionamientos a la esposa de Marco Enriquez Ominami (MEO), por parte de miembros del comando de Frei como Sebastián Bowen y Paula Narváez, quienes plantearon un supuesto choque de interes e incompatibilidad entre su rol como rostro de TVN y su participación en la campaña de MEO.

Sin embargo, el choque de intereses está en otro lado. Claro, porque en el directorio de TVN están Francisco Frei (hermano del ex presidente) y la periodista Marcia Scantlebury, miembro del comité estratégico del comando.

Por otro lado, hay que ver de donde partieron las críticas. Pues bien, éstas surgieron del vicepresidente de la DC, Andrés Palma, un ex diputado olvidado por los electores, que entre sus conceptos políticos, considera que hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Por lo tanto, probablemente, también piensa lo mismo en cuanto a quienes pueden ser candidatos y quienes no.

Lo cierto es que las críticas a Doggenweiler carecen de todo fundamento, puesto que en elecciones presidenciales anteriores, el área dramática completa de TVN apoyo a los candidatos de la Concertación en sus campañas. Nunca se planteó la necesidad de una "revisión institucional", ni nadie habló de "ventajas" al usar rostros conocidos, como lo hicieron Bowen y Narváez.

Sin embargo, la "ventaja" de la que éstos hablaron, y que tendría MEO a través de su esposa -que es uno de los puntos de la crítica- es algo totalmente azaroso. Ella era conocida mucho antes de casarse con Enriquez Ominami y que éste decidiera ser primero candidato a diputado y ahora presidencial.

¿Acaso alguien casado con un famoso o famosa, no puede ser después candidato por tener "ventaja"? Absurdo totalmente.

No es sólo majadero, sino que antidemocrático, pues atenta contra la libertad de trabajo, la vida privada y la libertad de conciencia de un ciudadano. Es un claro acto de despotismo blando. Parecen purgas o guillotinazos jacobinos pero sin sangre.

Cualquiera que se precie de demócrata y rechace la persecución política contra quien sea, debería considerar esto inaceptable. Puede ser que no les agrade Karen, pero eso no significa justificar pasar a llevar un derecho civil y político, menos aún aspectos democráticos básicos.

Desde un punto de vista democrático y republicano, Karen tiene todo el derecho a apoyar a su esposo (esa es la parte más personal de su vida) y a la vez cumplir con su trabajo como rostro de TVN. No hay incompatibilidad, sobre todo porque lo que hace en TVN no es un programa de política.

Tiene todo el derecho por dos cosas obvias: 1) porque MEO es su esposo y 2) porque TVN se supone el canal de todos los chilenos, por lo tanto, la afinidad política no debería ser requisito para trabajar ahí. En ningún trabajo, al menos en teoría.

CANDIDATOS Y NUEVA CONSTITUCIÓN

DESPOTISMO BLANDO EN CHILE

Un nuevo proyecto de ley -aprobado por el Senado chileno- plantea hacer responsable de los desmanes a quienes llamen, por cualquier medio, a reunirse o manifestarse. Este no sólo debilita aún más el actuar de la sociedad civil sino también al sistema democrático.

“No tengo inconveniente en reconocer que la paz pública es un gran bien, mas no quisiera olvidar, sin embargo, que es a través del orden por donde todos los pueblos han llegado a la tiranía” Alexis de Tocqueville.

La frase del pensador francés es hoy muy pertinente si tomamos en cuenta el nuevo proyecto de ley, ya aprobado por el Senado chileno, que plantea enjuiciar a quienes convoquen u organicen –de forma oficial o no- reuniones o manifestaciones públicas, en caso de ocurrir desmanes.

El documento establece que “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo".

Según los parlamentarios, el proyecto de ley -que es una reforma al Decreto Supremo 1086 (promulgado en 1983) que prohíbe la reunión en lugares públicos sin permiso previo- busca robustecer el papel de las policías en la mantención del orden público.

Sin embargo, es claro que la medida atenta de lleno contra varios derechos civiles consagrados, como la libertad de expresión, “garantizada” por en la Constitución, y criminalizando acciones legitimas que la sociedad civil puede desarrollar en cuanto al poder estatal o cualquier otro poder, como la libertad de reunión, de expresión, de asociación y de circulación.

Desde el punto de vista filosófico y del pensamiento político en general, pasa a llevar la soberanía ciudadana, la autonomía individual y la sociedad civil en cuanto a su relación con el gobierno y el Estado.

Por lo mismo, la advertencia que hacía Tocqueville en cuanto al peligro del despotismo blando en la democracia se hace enormemente pertinente: «Parece que si el despotismo llegase a establecerse en las naciones democráticas de nuestros días, tendría otros caracteres [distintos de los de las sociedades antiguas]: sería más extenso y más suave, y degradaría a los hombres sin atormentarlos».

Claro despotismo blando, porque el proyecto de ley inhibe –no por la fuerza sino mediante la mera amenaza- el actuar público de los ciudadanos y los fuerza a ejercer sus derechos ciudadanos de forma particular y en espacios privados, debilitando entonces el espacio democrático y la capacidad asociativa de los ciudadanos, que para Tocqueville eran clave para prevenir el absolutismo y el despotismo.

Entonces, el espacio público pierde a sus protagonistas (que se ven reducidos a sus quehaceres diarios y particulares) y su esencia –que muy bien describe Hanna Arendt- como núcleo de lo político y como lugar donde los sujetos se encuentran como iguales mediante el diálogo.

El proyecto de ley de alguna forma también cumple con la profecía de Néstor García Canclini, donde los ciudadanos abandonan totalmente esa condición para convertirse exclusivamente en consumidores.

Entonces, y tal como planteaba Tocqueville, el despotismo blando, deja a los hombres sin vínculos comunes, aislados unos de otros y por tanto, débiles e incapaces de proteger su libertad, poniendo en riesgo al sistema democrático, en manos del despotismo.

«Este poder no destruye las voluntades, pero las ablanda, las doblega y las dirige; rara vez obliga a actuar, pero se opone sin cesar a que se actúe; no destruye, pero impide nacer; no tiraniza, pero mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y, al cabo, reduce a toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobierno» Alexis de Tocqueville.

En este sentido, sería bueno recordar que tal como el mismo Tocqueville planteaba, no es lo mismo la democracia política en términos formales, donde se eligen los gobernantes mediante el voto, que un estado social democrático.

La primera siempre tiene más riesgo de desarrollar un despotismo blando. El segundo aún no existe en Chile.

CIPER CHILE: Diputados asegurados: $120 millones al año paga la Cámara en pólizas para ellos y sus familiares

El Congreso quiere debilitar la Sociedad Civil en Chile

En el blog Bomba en camino, cuyo autor usa el seudónimo de Juan Emar, leí un artículo (que reproduzco íntegramente) donde se explica que el Congreso chileno quiere promulgar un proyecto de ley (4821) donde se hace responsable de los daños y destrozos que se produzcan a quienes convoquen públicamente al evento. Si no hay convocatoria, el responsable será quien pida el permiso para usar la vía pública.

Esto va claramente en contra varias libertades y derechos políticos y civiles, como la libertad de expresión, de reunión, de movimiento, derecho a protestar pacíficamente, y sobre todo al principio de desobediencia civil.

Por otro lado, esto hace manifiesto que hay mucho autoritario camuflado de liberal, o sea mucho vulgo liberal.

Los Milagros de José María Nº 10: "El que convoca, paga"
Hermanas y hermanos: tiempo llevaba San José María sin sorprendernos con sus milagros. Y si a eso le sumamos la muerte de Michael Jackson, resultaba aún más difícil ver su obra milagrosa.

Pues bien, la gracia de José María a impregnado la voluntad y reflexión de nuestras autoridades (legislativas y ejecutivas) con el proyecto de ley 4821 que seguramente acabará con las marchas y manifestaciones públicas.

La palabra de San José María Escrivá de Balaguer era sabia y piadosa. Y al parecer Ministerio del Interior y Senadores se inspiraron en la Máxima 672 de "Camino":
"Está seguro de que eres hombre de Dios si llevas con alegría y silencio la injusticia."

Así es, de ahora en adelante (si los diputados aprueban la ley que ya aprobó el Senado) si usted considera que hay una injusticia que merece ser reclamada, deberá hacerlo en silencio. No se le ocurra ocupar la vía pública. Le puede salir muy caro.

El artículo clave de la ley (que además eleva penas de cárcel y multas a encapuchados) es aquél que hace responsable de los daños y destrozos que se produzcan a quienes convoquen públicamente al evento. Si no hay convocatoria, el responsable será quien pida el permiso para usar la vía pública.

Claro, porque el Decreto Supremo 1086 del Dictador ceniciento, promulgado en septiembre de 1983, "impide la reunión en lugares públicos sin permiso previo y el derecho a la libertad de expresión garantizados por la Constitución Política en el artículo 19 Nos 12 y 13".

Este Decreto ha sido mantenido por la "democracia protegida" concertacionista, ejerciéndose como método de control de las manifestaciones y funcionando -de facto- como aparato represor de la libre expresión y uso de espacios públicos: los permisos pueden darse incluso el día antes de la marcha (y pueden no darse) poniendo en suspenso la organización de la misma. A esto se suma que los lugares por donde transite estarán acotados y acordonados por Carabineros armados y vestidos para la ocasión. De este modo, si la marcha se desvía o dura más que lo que dice el permiso, se puede justificar el presupuesto para guanacos y lacrimógenas.

Este artículo responde a una demanda entendible: la protección de la sacra propiedad privada (más garantizada que la salud o la educación en nuestro país). Seguramente diversos locatarios y vecinos han elevado sus quejas ya que "nadie responde" por los daños que vándalos hacen aprovechando la ocasión de una protesta o marcha.A esa demanda el Estado dice ahora: el que convoca, paga.

La "reflexión" tras la intencionalidad de la ley puede tener -a mi criterio- tres lecturas:

1) Gobierno y parlamentarios creen de verdad que los vándalos son parte de la protesta:Con esta ley comprenderán que si están dispuestos a llevar una "fuerza de choque", van a tener que juntar harta plata para darse el gustito de destruir los vidrios de una farmacia coludida o rayar una consigna en un muro, por ejemplo.

2) Gobierno y parlamentarios creen de verdad que los organizadores de la protesta pueden controlar a los vándalos:El supuesto es que los destructores serían capaces de obeder las órdenes de no destruir y acatarían pacíficamente.Creo que cualquiera que haya visto como actúa el lumpen lo pensará varias veces antes de interponerse en ese despliegue de violencia y agresividad.

3) Gobierno y parlamentarios no creen en los boicots:Asumen que cualquiera que va a una marcha lo hará porque comulga con lo que se convoca. Y que esta ley no será utilizada por quienes se oponen a los convocantes justamente para dañarlos.

Un breve ejemplo: suponga ud. que trabaja para una minera que desea explotar un yacimiento gigantesco de oro bajo unos glaciares en el Norte de Chile.

Su imagen está por los suelos ya que diversas organizaciones se han opuesto al daño ecológico que generará, al derretimiento de los glaciares y a la contaminación de las aguas de un valle que vive de la agricultura. Además, nada de esa riqueza explotada quedará en el país que la alberga.

Suponga ahora que las organizaciones que tanta bulla meten para oponerse a su actividad extractiva convocan a una marcha/manifestación en el centro y que sus asesores jurídicos le alertan sobre esta ley. ¿Acaso no sería tentador pagarle un millón de pesos a 10 personas para que se encapuchen y destruyan la mayor cantidad de cosas costosas posible?

Suponga que logran generar daños por 100 millones de pesos ¿Eso no sería llevar a la quiebra a sus oponentes?Pero claro, esto es pensar muy mal de entidades tan filantrópicas como las mineras...

Ahora, estas 3 lecturas antes descritas parten de un supuesto común: nuestras autoridades son estúpidas.

Y a pesar de que muchas veces lo demuestran, es ingenuo pensar que no son capaces de ver (o contratar gente que vea) colaterales como el recién descrito.

En ese acaso, habríamos de agregar una cuarta lectura, una "maquiavélica" (y que me perdone Maquiavelo por el abuso):

4) Gobierno y parlamentarios saben como son las cosas y buscan justamente evitar las manifestaciones públicas:Saben que en las marchas hay infiltrados, saben que los organizadores no pueden controlar lo que hace cada una de los cientos o miles de personas que asisten y sabiendo todo eso, tiran esta ley para desincentivar la realización de marchas o protestas.

Estamos entonces frente a una ley que restringe libertades civiles. De manera indirecta e hipócrita, pero restrictiva al fin.

Un paso más cerca de la mediocridad y un paso más lejos del eufemismo del "gobierno ciudadano".

No defiendo ningún tipo de destrozo, pero creo que hay que preocuparse más del origen de esa violencia que es capaz de estallar incluso en situaciones de celebración (como los recientes partidos de la selección).

El problema es que puede que a muchos no les guste que le digan por qué hay gente con rabia en este país (y no sólo este país: véase Argentina, España y Francia, por citar algunos ejemplos).

Mediocridad porque el gobierno le está haciendo el quite a hacer la pega de la seguridad pública y en vez de buscar y castigar a los culpables, tendrá listos los chivos expiatorios incluso antes de que se hagan destrozos. Sin jamás enfrentar el tema de fondo que genera estos hechos.

Pero claro, tendremos un país más silencioso, menos rayado y sin destrozos. Sin embargo en ese silencio forzado, en ese toque de queda permanente, en ese Estado de Sitio encubierto, puede incubarse un malestar mucho más peligroso....y claro, silencioso.

Gracias San José María por favor concedidoPor Favor, reAcciones

P.S.1: Les dejo aquí una carta de algunas federaciones de estudiantes sobre el proyecto de ley.

P.S.2: Agradezco al anónimo que me dejó este link y al mail que amigos me enviaron con esta preocupante noticia.

Honduras ¿Dónde están los demócratas?

El golpe de Estado en Honduras revela que en Latinoamérica los actores políticos de distintos sectores y espectros -aún cuando se declaran demócratas- todavía validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo cambios o para evitarlos.

La discusión en torno a la crisis política que se vive en Honduras se ha centrado en definir si se están ante una transición legal, un gobierno de facto, o uno interino; o que si las causas que llevaron a tal situación fueron la polarización ideológica, el intervencionismo, etc.

Explicaciones y resquicios legales hay para todo. Tanto para llevar a cabo consultas no contempladas en la constitucionalidad, como para justificar alzamientos militares.

Lo único preciso es que en Honduras sí hubo un golpe de Estado. Con todas sus letras. Un golpe de Estado cuyo pretexto es proteger la legalidad y la democracia, pero que sin embargo, claramente ha pasado a llevar a la primera y ha puesto en riesgo a la segunda. A eso es a lo que debemos poner ojo.

Lo cierto es que aún cuando Zelaya haya pasado a llevar la constitución, bajo ningún punto de vista se justificaba suspender la legalidad, negándole el debido proceso judicial, o para expulsarle de Honduras. Ahí hay un factor clave del porque estamos ante un claro golpe y no un frente aun proceso de transición legal.

Por otro lado, tampoco se justifica que los medios de comunicación y la prensa no puedan ejercer su tarea de forma libre y sin controles, al ser suspendidas temporalmente por el gobierno de facto.

Lo concreto es que los hechos en Honduras revelan un trasfondo complicado en cuanto a la forma de hacer política en nuestro continente. Muestran que todavía existen actores políticos en Latinoamérica, de distintos sectores y tendencias -aún cuando se declaran demócratas- que validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo los cambios que pretenden o para evitarlos.

No sólo eso. Lo ocurrido en Honduras demuestra que para muchos, el Estado de Derecho, sólo debe ser respetado según su funcionalidad a la posición política que se defiende y según el individuo al que se le aplica, y no como un marco de acción para el juego político.

La precipitada acción de fuerza por parte de los militares hondureños, respaldada por el Congreso de dicho país, demuestra que en la solución de conflictos políticos aún se contempla, como primer gran recurso, la agresión y el uso de la fuerza. No sólo como un modo legítimo a nivel ideológico, sino también institucional.

En este sentido, la propia institucionalidad –y esa es una falla del presidencialismo en general- no permite solucionar problemas de índole político de forma política, sino de forma judicial y en muchos casos y lamentablemente violenta. De esa falla, en América Latina y a lo largo de la historia, han surgido la mayor parte de las justificaciones a golpes militares, como forma de solucionar conflictos de índole política. Nunca como último recurso, sino como el primero y único.

Artículo publicado en OBSERVA, Observatorio de la Realidad Ciudadana y en Par de Jorges

Michael Jackson y el Golpe en Honduras

La prensa chilena -sobre todo la televisiva- ha demostrado su carácter de instrumento hegemónico: la muerte del rey del Pop ha sido el nuevo sedante informativo.

Se supone que las funciones de la prensa son informar, educar y entretener. No sólo eso, se supone que un régimen de prensa libre (a diferencia de uno monopolizado) las personas se pueden informar desde distintas fuentes acerca de distintos temas. Es decir, no hay monopolio en cuanto al emisor ni tampoco en cuanto a los contenidos. Eso al menos en teoría.

Sin embargo, este fin de semana largo, en Chile, la prensa nacional, sobre todo la TV, ha demostrado que tiene una clara tendencia al monopolio en cuanto a los contenidos informativos que se emiten (todo los canales se copian), lo que en definitiva termina por desinformar a los ciudadanos.

Como si no existieran otros hechos importantes, todos los canales y programas (incluidos improvisados shows especiales) han dedicado largos espacios de sus noticieros para hablar de la muerte de Michael Jackson. Incluso programas, por cuyo perfil editorial no deberían, lo ha hecho. De otros hechos, nada.

La prensa, sobre todo la televisión (que es el medio por el cual se informa la mayor parte de la población) se ha encargado de bombardear y monopolizar el contenido de la información mediante una redundancia exagerada acerca de la muerte del ídolo pop, generando entropía y ruido.

¿Sabrá la gente qué es lo que pasa con el precio de los combustibles, el desempleo, los procesos a parlamentarios por irregularidades? ¿Sabrá que ocurrió un golpe de Estado en Honduras?

Más allá de las posiciones políticas, las opiniones que se tengan, y las causas y trasfondos del golpe en Honduras, lo cierto es que los chilenos “en general” ni se han enterado y parece que “no les interesa” saber qué ocurre en dicho país.

Algunos dirán que es por la distancia, o porque se trata de un “país bananero” y nosotros somos los “ingleses de América”, etc. Otros incluso, probablemente dirán que el golpe se justifica, que es una medida necesaria, etc. Otros dirán que la muerte de Michael Jackson es mucho más importante, etc.

Lo concreto y probable es que la mayoría sí sabe que Michael Jackson murió y todos conocen los entretelones del hecho. La prensa no ha dejado espacios para no saberlo.

Y en eso no hay nada malo. Algunos probablemente eran más fanáticos que otros y es válido que todos quieran saber qué pasó con su ídolo o el cantante que escucharon de niños.

El problema radica en que la prensa –una vez más- ha logrado reducir los espacios de realidad y necesidad de los sujetos en términos informativos. Una vez más también ha logrado determinar qué es importante y qué no para los ciudadanos.

Un fin de semana completo de información monopolizada ha reducido la realidad de un importante número de sujetos a la muerte del cantante. Ahí radica la falla y el riesgo, puesto que entonces, un golpe de Estado, donde se censuran medios y se aplica la violencia contra civiles, es visto por la mayoría de las personas como algo sin importancia noticiosa, del que ni siquiera vale la pena enterarse.

La prensa –ahora con la muerte de Jackson- ha logrado generar una nueva especie de sedante informativo en la ciudadanía. No hay otra realidad que la que se vive en Bel Air. Y sin embargo, es una realidad mucho más ajena de la que probablemente se vive en Honduras.

Es más, la prensa frente a dos hechos similares (Irán y Honduras) e igualmente graves, actúa de forma distinta, por un tema ideológico.

Este fin de semana, la prensa chilena ha demostrado que dedica pequeños espacios para informar y educar. La mayor parte lo usa para entretener, entretener, entretener, entretener, entretener, entre, ent, en, eeeee…(alienar).

Internet sigue siendo el nicho más libre para informarse.

El ESTABLISHMENT, SUS ENCUESTAS Y LOS CIUDADANOS

En esta ocasión, la encuesta CEP ha sido más bien una forma de legitimar y fortalecer -mediante el encauzamiento de las expectativas ciudadanas- un sistema político anquilosado, poco competitivo, y cada vez más cuestionado por la gente en general. Por lo mismo, la alta competitividad de las elecciones presidenciales entre Piñera y Frei, que pretende mostrar el estudio, es más bien ilusoria.

Más allá de los típicos análisis, hay que ver que la encuesta del Centro de Estudios Públicos, quizás la más esperada de las encuestas políticas (y eso que la opinión pública no existe) pretende mostrar una opinión pública cuyo principal interés político estaría centrado en cuán simpático es un candidato.

Pero ¿Cuán cierto es esto y qué se esconde detrás de ese mensaje?

La última encuesta del CEP publica ayer, enfocó parte importante de sus consultas a determinar cómo perciben los ciudadanos a los candidatos presidenciales, preguntándoles si los veían preparados para ser presidente, simpáticos, inseguros o manipuladores.

En este sentido, la consulta no tomó en cuenta ni puso en el tapete cuestiones programáticas ni de trasfondo político en cuanto a la próxima elección presidencial.Es decir, eliminó de la “opinión pública” lo más importante que debería tomarse en cuenta a la hora de elegir a un futuro gobernante; sus propuestas y programas.

Algunos dirán que eso ocurre por un tema netamente metodológico. Quizás. Pero no. Y es que hay algo detrás de toda encuesta: y es que estás no reflejan tanto la realidad, sino que más bien pretenden construirla.

Por lo mismo, y en esa pretensión de construir la realidad, la encuesta CEP ha pretendido mostrar que el único cambio concreto y posible –en el actual sistema político- será relativo a tener un presidente más simpático, menos inseguro o menos manipulador. Nada más allá de eso.
Es decir, con la encuesta se pretende enmarcar las esperanzas y márgenes de opción del electorado, no en torno a asuntos programáticos y políticos, sino a cuestiones subjetivas como la simpatía o seguridad del candidato. O sea, a expectativas dentro de lo que el establishment del poder permite.

A través de la encuesta se les dice indirectamente a los ciudadanos –a sus subconscientes- no pidan más allá, pues éste es el sentir general de la opinión pública.

Lo anterior, aún cuando la encuesta CEP –que es parte del establishment- construye esa ficción, esa opinión pública, a partir de un universo de sólo 1.505 personas, cuando en la realidad existe un total de 8 millones 100 mil inscritos para votar.

Si uno lo analiza bien, la encuesta –aunque no es explícita en decirlo y tampoco pretende hacerlo- también muestra claramente que “el cambio”, la “renovación de la política” y la inclusión de jóvenes en las campañas de la Concertación y la Alianza, son sólo una ficción, una estrategia de marketing, y no una pretensión política y programática.

Es decir, que los cambios profundos y de fondo no están considerados por los candidatos de dichas coaliciones, y que tampoco deben estarlo en las expectativas de los ciudadanos.

Una vez más, el establishment se refuerza y se reproduce a si mismo mediante sus instrumentos, guiando las expectativas y opiniones de los ciudadanos.

Es claro que en esta ocasión, la encuesta del CEP ha sido más bien una forma de legitimar y fortalecer mediante el encauzamiento de las opiniones y expectativas ciudadanas -sobre todo a través de los medios de comunicación masivos- un sistema electoral y político anquilosado, poco competitivo, y cada vez más cuestionado por la ciudadanía en general.

Es por esto que la alta competitividad de las elecciones presidenciales entre Piñera y Frei, que pretende mostrar la CEP, es más bien ilusoria.

Lo cierto es que los bandos políticos ya están armados hace rato en torno a la Alianza y la Concertación, pero el votante medio -aquel independiente que deben pelearse los partidos políticos- en la realidad no quiere optar por ninguno de esos candidatos, pues en el fondo perciben a Piñera y Frei como iguales, como parte del mismo establishment y orden político basado en la Alianza y la Concertación, que no aprueban.

De lo anterior surge gran parte del creciente apoyo a la candidatura de Marco Enríquez-Ominami (que no sólo cuenta con simpatizantes entre inscritos sino también entre no inscritos).

Si se analiza con detalle, se puede ver que existe un número importante de personas que no vota o no le interesa hacerlo en éstas próximas elecciones.

Ya en las pasadas elecciones, de 8 millones de inscritos, más de un millón (un 16%) prefirió no votar, mientras que hay 3 millones de no inscritos en edad de hacerlo. En otras palabras no sólo no les gustan las opciones que se les ofrecen, sino que ponen en tela de juicio la legitimidad de éstas para gobernar y de todo el orden político.

Por lo mismo, como instrumento del establishment y en la función de revertir ese fenómeno, la encuesta CEP no aportó nada nuevo y más bien reforzó lo que otras encuestas, medios de comunicación y partidos políticos han hecho y han estado haciendo en los últimos meses: tratar de reducir o atraer las opciones, expectativas y opiniones de los ciudadanos a las que ofrecen las coaliciones hegemónicas (La Concertación y la Alianza).

Da lo mismo cuál. Es el mismo establishment.

¿Quién es dueño de las ideas de Sócrates?

El proyecto de ley sobre propiedad intelectual –también propuesta por el gobierno chileno- es una clara arremetida de las elites a nivel mundial, para evitar la democratización del conocimiento y la información.

En el siglo XV, cuando se desarrolló la imprenta en Europa, rápidamente esta fue prohibida por algunas elites medievales, debido al claro riesgo que implicaba para el statu quo, el acceso de un número importante de personas al saber escrito, sobre todo si ese conocimiento era contrario al orden vigente.

Lo anterior, porque la imprenta rompió no sólo con la tradicional transmisión oral del conocimiento -contribuyendo con ello a su mayor desarrollo- sino también con la idea de que el pueblo en general no tenía derecho a la información, menos a difundir o desarrollar ideas.

Por lo mismo, la imprenta trajo consigo profundas transformaciones en la política, la religión, las artes y el conocimiento de la época, y fue un instrumento importante para el posterior desarrollo del movimiento ilustrado, que terminó por derribar el antiguo orden social, político y económico medieval.

El saber ya no era exclusivo de las elites y los grupos religiosos, sino que podía ser patrimonio de la población en general. Con ello se inician los procesos de alfabetización de las personas y la necesidad de su instrucción pública.

Al igual que con la imprenta, el Internet -con el paso del tiempo- ha roto las barreras elitistas en torno al conocimiento, permitiendo a miles de ciudadanos en todo el mundo, acceder a la más diversa información, desde música hasta libros (que son muy costosos, o no se publican en su propios países, ya sea por prohibición o porque el mercado no lo demanda) sin necesidad de moverse de su escritorio.

Les ha permitido a millones enterarse de hechos de los que nunca se hubieran enterado a través de las prensas de sus países; o denunciar a través de sus blogs y sitios a gobiernos o corporaciones corruptas; o simplemente conocer opiniones y desarrollar ideas propias, e incluso organizarse en torno a ellas. Todo por internet y sin el control gubernamental ni la censura de grupos de presión específicos.

Con el Internet, la gente puede leer prensa de diverso tipo, difundir (sus) poemas, reseñas, tesis, revistas; o escuchar y difundir (su) música; hacer parodias de películas, intercambiar ideas y datos o mejorar las de otros. Todo a un precio accesible y de forma libre. Pueden leer a muchos autores –desde los clásicos hasta los más contemporáneos- que sirven de inspiración para cuestionar el orden vigente, oponerse a los gobiernos, al capital corporativo, a grupos de presión, etc.

Al igual que la imprenta en su tiempo, Internet ha revolucionado el acceso y creación de información entre las personas. Ha derribado viejas barreras y limitaciones de orden geográfico, económico y cultural.

Ahí radica el porque para aquellos que tienen el poder, Internet se ha vuelto cada vez más riesgoso. He ahí porque ahora quieren ejercer mayor control sobre éste, sobre su uso, acceso y sobre la información que circula en éste.

Una vez más, las elites ven que el mayor y libre acceso a información de las personas, esta vez a través del Internet, implica un serio riesgo para su poder. No sólo las desmitifica, sino que de lleno pone en tela de juicio la legitimidad de su dominio.

El proyecto de ley que modifica la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, según se nos dice, busca equilibrar el uso de las nuevas tecnologías con los derechos de autor, protegiendo a los creadores y la innovación.

Sin embargo, al igual que con la imprenta, lo que se pretende en realidad es mantener el conocimiento y la capacidad de innovación bajo en control de unos pocos, criminalizando a la vez a quienes accedan o difundan libremente a información a través de medios digitales.

Por lo menos eso se logrará si se aprueba la idea de que las empresas proveedoras de acceso a internet sean jueces, pudiendo exigir bloquear o terminar el servicio a clientes presuntamente infractores de la Ley de Propiedad Intelectual. Todo sin mediar resolución de un tribunal calificado.

¿Qué pasa con el derecho constitucional a un juicio justo? ¿Qué pasa con evitar arbitrariedades en estos casos? ¿Qué pasa si publico una crítica en mi blog contra la empresa que me facilita el internet y me desconecta por supuestamente infringir la ley?

Claramente se pretende devolver el patrimonio del conocimiento a las elites y alienar a la población. Porque la modificación también estipula exigir a los proveedores de Internet un pago por derecho de autor por los contenidos que transitan en sus redes.

En definitiva, esto no se trata de proteger a los autores, ni sus derechos, ni sus obras, ni la innovación, sino más bien de evitar una segunda y más masiva aún ilustración bajo el alero de Internet.

En definitiva, estas leyes se tratan de una lucha por el control de la información. Pero sobre todo, de evitar la difusión de ideas entre la población.

En el caso de Chile, una de las trabas principales al acceso al conocimiento han sido los altos costos de los libros, debido a los altos impuestos, que han mantenido por años, al margen del saber, a una gran cantidad de ciudadanos. La modalidad del impuesto ha sido una técnica para evitar el desarrollo de una masa crítica y una sociedad civil informada.

Internet rompió con esa modalidad elitista del conocimiento y la gente ahora puede leer prensa más independiente o se informan por blogs. Pero sobre todo, pueden leer libros que antes, por un tema de costo (simplemente no tenían el dinero para comprar uno o no podían viajar fuera para comprar) no podían ojear.

Tal como explica Kevin Carson, “La propiedad intelectual sólo puede existir si se infringen los derechos de la propiedad privada tangible. Los copyrights y las patentes conceden al tenedor de éstos una apropiación de facto de la propiedad física de otras personas, impidiéndoles usar esa propiedad en las formas y modos que determine el monopolio que el tenedor de esos derechos posee”.

En otras palabras, la modificación de la ley de propiedad intelectual termina por matar la libre creación, la innovación y el desarrollo del conocimiento. El proyecto de ley destruye la dialéctica de Hegel, el falsacionismo de Karl Popper, y las revoluciones de Kuhn.

Este proyecto de ley da por sentado que las ideas surgen tal cual las conocemos, son estáticas, inmodificables y exclusivas. Peor aún, considera que las ideas constituyen propiedad como un lápiz.

Entonces, alguien me puede decir ¿Quién es propietario de las ideas de Sócrates?

No votar, una forma de votar

En varios canales –sobre todo de TV pagada- se ha hecho habitual ver campañas donde se llama a votar a los no inscritos, para que “nadie hable por ellos”, se “Mojen por Chile”, y “se hagan grandes”. Sin embargo, detrás de estos mensajes se esconde la simple legitimación del orden isonómico existente a través del encauzamiento de las preferencias políticas de las personas.

Los (ahora) constantes llamados a inscribirse y votar -sobre todo por parte de algunos candidatos presidenciales- en el fondo sólo pretenden reemplazar la clientela electoral ya envejecida, para así asegurarse legitimidad futura, y de pasada de justificar la totalidad del sistema político imperante.

Estas invitaciones no pretenden ampliar o diversificar las opciones de participación de los ciudadanos, sino que (cual pastor con sus ovejas) encauzar por y hacia el buen camino del voto, sus preferencias políticas y electorales. Te invitan a participar, pero sólo votando, y no de cualquier forma.

Lo anterior, responde a la constante y oculta pretensión (una vez más) de que las opciones ofrecidas a los electores (las ofertas), sean menos de las que realmente podrían existir y estén dentro de la gama de lo posible y permitido en el sistema isonómico, es decir, la estructura electoral y partidaria.

Por ello el no votar, el votar blanco o nulo es sancionado, aún cuando deberían ser opciones válidas para expresar preferencias políticas de los ciudadanos. Contradictoriamente, te obligan a que te guste el sistema.

En este sentido, en el último año, el universo político ha dado señales claras de tal situación. En su interior la competencia política está más que controlada y restringida; y sus actores dominantes son claramente contrarios a cualquier innovación y nueva oferta y forma de hacer política (y eso que muchos se llenan la boca con esas palabras).

Las tecnologías del poder y el encauzamiento de los individuos

El encauzamiento de los individuos, mediante la restricción de las ofertas en el universo político se produce en diversas dimensiones, y a través del uso de variadas tecnologías -que Foucault llamaría de disciplinamiento-. En el fondo pretenden evitar el desarrollo de fisuras dantescas en el discurso constituyente del orden actual.

La más básica de estas dimensiones es la coacción física, cuya tecnología es la fuerza física. Si la persona no quiere votar, se ejerce la coacción estatal sobre ésta: se le multa o se le recluye.

Otra dimensión, claramente más subjetiva, es la apelación a los sistemas de creencia y situación de vida de cada persona, a través de “la incertidumbre de los castigos” en cuanto a su voto, sobre todo a no ejercerlo. Esto se hace en varios sentidos y espacios. A la gente se le dice que si no vota por éste, podría ocurrir tal cosa, o si no lo hace por éste otro, podría pasar esta otra cosa.

Lo anterior es la base de la lógica del mal menor y del discurso de la alternancia (Que coincidencia). Si no votamos por X vendrán los otros y con ellos el debacle. Si no votamos por los otros, los que ahora están nos llevarán a la hecatombe. El mensaje es el mismo, si no votan por nadie, todo se destruirá. En definitiva, es la apelación al miedo a la anarquía.

De la lógica anterior, también se desprende la apelación a la racionalidad del elector, que en el fondo también es un instrumento de disciplinamiento en torno al voto -léase locura versus razón- que se aprecia claramente a nivel de disciplina partidaria interna y también en cuanto al ejercicio de la ciudadanía.

Si alguien va a votar por X y no por la opción que se propone en la coalición, es un díscolo, un rebelde, o está loco. Si una persona no vota o vota nulo porque no le gustan las opciones, es un mal ciudadano.

En definitiva, si vota, debe votar por lo que se le ofrece dentro de lo “racional”, sea lo que sea, le guste o no. Nunca votar nulo, blanco, menos aún no votar. Sino, es irracional, utópico, un voto perdido, etc.

Que nadie hable por ti, ni tú, sólo nosotros

Las campañas para incentivar el voto han apelado a varios mensajes: Moja la camiseta por Chile, Házte grande (ambas del candidato presidencial Sebastián Piñera) y No dejes que otros hablen por ti (del canal de cable Vía X).

Todos estos mensajes tienen una característica en común (muy acorde a los sistemas de disciplinamiento): apelan al compromiso irrestricto de los electores con el voto. Lo clave es que simultaneamente suprimen el deber de los candidatos con respecto al voto.

Así, nunca mencionan la obligación que deben asumir los elegidos con respecto al acto electoral, en cuanto a cumplir con el mandato posterior que eso les implica.

Ahí esta la clave del porque estas campañas son claramente un instrumento de encauzamiento y disciplina electoral, además de un modo de legitimación del orden político vigente: el único deber es votar. Cualquier otra expresión política –como no votar- no es válida.

Por lo mismo, cuando se habla de Mojar la camiseta, lo que se pretende es entregar total responsabilidad al elector, desligando de toda responsabilidad a los gobernantes, aún cuando son éstos quienes toman realmente las decisiones. Una vez más, el único deber del ciudadano es votar. Si no lo haces, no diste todo de tí...

Por otro lado, Hacerse grande, también apela a la responsabilidad del elector, pero va mucho más allá. Implica que el votante debe aceptar, sin cuestionamiento alguno, las reglas del juego electoral imperante y dejar atrás las “bobadas” y rebeldías juveniles contra el sistema (como no votar, no inscribirse). En el fondo es un llamado a la conformidad, es decir, a convertirse ahora en el conservador del mañana.

No dejes que otros hablen por ti, es ciertamente un mensaje aún más contradictorio, tomando en cuenta que el acto del voto en sí implica la delegación del derecho a la palabra hacia un otro. Es decir, a que otro hable en nombre de uno, que es en definitiva la representación. He ahí porque la eliminación de la responsabilidad del electo en cuanto al voto es tan peligrosa.

Y que importante es tomar en cuenta todo lo anterior, sobre todo si se considera que mediante el voto se constituye un contrato sin garantía alguna en cuanto a su cumplimiento, y que sin embargo, es la forma de legitimar el actuar de los políticos y gobiernos.

Tal como en otro blog se plantea, con el voto legitimamos en nombre de otros, que ni siquiera han acudido a las urnas (niños por ejemplo), un contrato que ni siquiera han aceptado hacer.

Por eso, no votar también es una forma legítima de votar. Aunque al sistema en general no le guste. Pero sobre todo, si lo que nos ofrecen no nos gusta.

Chile tiene una isonomia a medias, no una democracia

En su libro Ciudadanía y democracia, un enfoque republicano, el profesor Andrés de Francisco, plantea que un problema actual de las democracias modernas es que algunas de ellas entregan derechos civiles pero no derechos políticos.

En Chile, la Constitución establece que todos los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos como gobernantes. Sin embargo, todos sabemos que no todos los chilenos pueden ejercer tal principio. No por falta de capacidad, sino esencialmente por carencia de recursos materiales, capital social e influencia.

Es decir, nuestra democracia más bien sería una oligarquía isonómica, donde existen derechos civiles iguales, pero no derechos políticos iguales.

Tal como plantea Andrés de Francisco, la isonomia no es lo mismo que la democracia. Es una condición necesaria, más no suficiente para su existencia.

En su libro hace un análisis histórico de este fenómeno, el cual se origina en la antigua Grecia, con Clístenes, donde tanto pobres como ricos contaban con iguales derechos políticos, pero cuya puesta en práctica quedaba determinada por el nivel de influencia e independencia en cuanto recursos materiales.

De esa idea, se desprenden posteriormente algunos planteamientos –entre los que se encuentran los de Benjamín Constant- relativos a decir que como los pobres no tienen intereses materiales, no les es necesario participar de la vida pública, y que sólo los ricos tienen tal derecho al compartir intereses comunes.

De esas ideas se desprende que los hombres pobres deben ser relegados a sus espacios privados, preocupándose individualmente de todos sus asuntos y que los hombres ricos (que constituirían la comunidad política), deben valerse de intendentes –y por ende del Estado- para representar sus intereses conjuntos (hoy día podríamos decir corporativos). Que mejor ejemplo que los rescates multimillonarios ante la crisis económica.

A partir de lo anterior, se plantea que los hombres pobres entonces deben conformarse con una civitas sine sufragio, es decir, acceso a derechos civiles pero no a derechos políticos.

Andrés de Francisco explica que la civitas sine sufragio fue creada en Roma, con el objetivo de permitir la anexión de otros territorios y la integración de sus habitantes conquistados, pero sin alterar el poder político de las elites romanas.

Tan antigua es está lógica, que de ella también deriva el voto censitario que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX.

Algo que no menciona Andrés de Francisco, es que la diferencia con los tiempos romanos y los del voto censitario, radica en que hoy en día, la civitas sine sufragio no es impuesta por ley alguna, sino que es producto de la propia lógica de la estructura isonómica del sistema político, que desincentiva a los ciudadanos “comunes”, primero a querer participar de la política en cuanto ser gobernantes, reduciéndolos primero al rol de electores, para luego terminar por disminuir incluso, sus estímulos para el ejercicio del voto.

Sin embargo, es claro en plantear que puede haber una elite en el poder, una oligarquía, mantenida no ya pese a la perfecta igualdad de derechos políticos, sino gracias a ella. Una oligarquía isonómica, donde todos tienen derecho, pero gobiernan los ricos.

Por lo mismo cita a Rawls, quien decía una cosa son las libertades políticas iguales y otra el valor equitativo de dichas libertades.

Esta claro que en Chile la equidad no existe.

En relación a esto también pueden leer www.pardejorges.blogspot.com con artículos referidos al reportaje de Informe Especial acerca de la Cámara de Diputados.

Lavín escapó de Piñera a la Quinta Región

Por Jorge Gómez Arismendi

La eventual candidatura de Joaquín Lavín, por la Quinta Región Costa, más bien parece esconder una táctica de éste, para desligarse diplomáticamente de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera, y no tanto una pretensión electoral personal.

Cuando Pablo Longueira se desligó por la prensa del comando presidencial de Sebastián Piñera, la señal era clara: apoyaba la candidatura del empresario, pero dejaba clara su distancia política con éste.

Esa distancia, que quedó en clara evidencia en 2007 en torno a la discusión del salario mínimo ético, parece no ser exclusiva del senador, sino también de otros miembros importantes de la UDI, que aunque no la hacen tan explícita como Longueira, si la dejan clara en discusiones privadas. Eso se notó en la demora que pusieron los gremialistas en cuanto a darle el apoyo de manera oficial y definitiva a la candidatura de Piñera.

Lo cierto es que las diferencias de estilo y de hacer política entre Sebastián Piñera y líderes importantes de la UDI, parecen no desaparecer a medida que se acercan las elecciones presidenciales de diciembre, sino más bien agudizarse.

La ahora eventual candidatura de Joaquín Lavín por la Quinta Región Costa parece confirmar ese ambiente tenso pero solapado. En este sentido, más bien parece una táctica del ex alcalde, para desligarse diplomáticamente de la candidatura de Sebastián Piñera, y mantener su independencia y capacidad de discreción política en un espacio propio como lo es una senatoria. Eso sí, sin generar daños a la Alianza y sus pretensiones de llegar a ser gobierno.

En el fondo, algunos altos líderes UDI quieren evitar ser cooptados y absorbidos por RN en caso de llegar al gobierno, al verse en la obligación de constituir una coalición gobernante. Por lo mismo, durante el cónclave gremialista, Lavín fue enfático en decir que el gobierno de Piñera debería tener el sello de la UDI.

En este sentido, la UDI apoya a Piñera en base a una ética de resultados (ganar las elecciones en diciembre y con ello llegar al gobierno) y no en base a una ética de principios. En esa línea, Longueira fue claro en declarar en la prensa que Piñera era el vehículo para que el proyecto gremialista llegara a la Moneda, y que prefiere más ver a Lavín como presidente que como senador o ministro de Sebastián Piñera.

Lavín siendo más realista que Longueira, claramente ve que la senatoria le ofrece un espacio mucho más propicio para mantener un punto de poder propio e independiente, pero manteniendo los apoyos netamente políticos con Piñera. No así un puesto como ministro.

En lo anterior, probablemente también incide el que Lavín tampoco olvida que hace cuatro años, el consejo general de RN le quitó el respaldo como candidato de la Alianza, proclamando a Piñera, y que este último le negó la posibilidad de ir a primarias. Por lo tanto, el riesgo de sufrir una “desconocida” por parte de Piñera es real. Muerte política segura para Lavín si la sufre siendo ministro del empresario.

*Artículo publicado en Observatorio de la Realidad Ciudadana, OBSERVA. También pueden leer QUINTA COSTA: Clave en la disputa Presidencial, de Jorge Montecinos.