LA MARCHA DE LOS BASTONES

Las próximas manifestaciones no tendrán a jóvenes estudiantes secundarios y universitarios como protagonistas, sino a quienes luego de años de trabajo diario, al momento de jubilar se sentirán estafados por el sistema de AFP, amparado de manera mercantilista por el Estado chileno. La próxima gran marcha será la de los bastones.

Cuando en los 80´se implementó el sistema de AFP en Chile, se prometió a miles de personas que sus pensiones serían mejor administradas y más altas que en el antiguo sistema, pues la misión principal del sistema según la Superintendencia de Pensiones, era “asegurar un ingreso estable a los trabajadores que han concluido su vida laboral, procurando que dicho ingreso guarde una relación próxima con aquél percibido durante su vida activa”.

La cruda realidad de muchas personas que ahora comienzan a jubilar, y que comenzaron sus vidas laborales cuando se les impuso el sistema de AFP, es otra. Luego de trabajar años de manera estable, recibiendo sueldos relativamente decentes e incluso considerados altos, la mayoría terminará recibiendo pensiones al filo del sueldo mínimo. Según algunas estadísticas, del 1,5 millón de pensionados en Chile, más del 80% tiene jubilaciones de menos de 250 mil pesos. Y eso es sólo la punta del iceberg.

¿Qué tienen en común un médico, una enfermera universitaria, una profesora de castellano y una ex funcionaria de la Tesorería General de la República? Todos hace poco jubilaron y han visto reducidos de manera drástica sus ingresos.

El panorama para muchos como ellos que comienzan a jubilar y debutar como jubilados bajo el sistema de AFP no es alentador ni maravilloso, como en la publicidad donde se muestra a adultos mayores trotando en hermosos parques junto a sus nietos. Ahora no sólo están viejos, sino que más pobres, sin posibilidad de empleo, y en el peor de los casos, además enfermos, pagando Isapres que los castigan por ser adultos mayores.

No por nada, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, planteó que el problema venidero es cómo hacer que la clase media logre jubilaciones con las cuales mantenga su nivel de vida. Sobre todo porque el año 2021, comenzarán a jubilar masivamente los pensionados puros del sistema de AFP (en 1981, se cambiaron de sistema casi un 70% de los trabajadores. Actualmente, un 98 por ciento de los trabajadores están en el sistema de AFP).

Según el economista Alberto Arenas, el 2021 habrá "un choque de expectativas, porque las personas pensaban que iban a jubilar con el 80% de su sueldo y eso dista mucho de la realidad".

El Fondo Monetario Internacional, en su reporte de Evaluación de Estabilidad del Sistema Financiero de Chile, hizo un análisis de los fondos de pensiones de los chilenos, haciendo notar el bajo retorno de las AFP, diciendo que: “Incluso los miembros con contribuciones consistentes a lo largo de sus vidas laborales podrían enfrentar problemas para alcanzar un 70% de tasa de reemplazo con sólo el 10% de contribución sobre los salarios”. Según algunos datos, la remuneración promedio de un cotizante dependiente es de alrededor 500 mil, mientras que el promedio de una pensión no supera los 180 mil.

Por ejemplo, según estimaciones de expertos, las mujeres que cotizan en AFP y que actualmente tienen 50 años, a los 60 años obtendrán una pensión cercana a los 92 mil pesos. Es decir, 14 mil más que la Pensión Básica Solidaria, a la que accede un millón de chilenos, sin haber cotizado un solo peso.

Es decir, contrario a lo que “soñaba” José Piñera, la población activa si tendrá que subsidiar las pensiones de los jubilados, lo que implica la eventual bancarrota a medida que envejece la población. Según el economista del CENDA, Gonzalo Cid; “el 60 por ciento de las pensiones pagadas por las AFP entre 1982 y 2009, supuestamente con fondos privados, han sido con fondos del Estado”.

En otras palabras, con las AFP se cumple lo que José Piñera atribuía al antiguo sistema de pensiones: “el resultado final para el trabajador jubilado es el mismo: ansiedad en su edad avanzada, creada, paradójicamente, por la inseguridad inherente del sistema al que se llama de seguridad social”.

Lo anterior, aunque el sistema de AFP presenta altos porcentajes de rentabilidad para un grupo de 6 empresas (en septiembre de 2011, alcanzaban los 132.661 millones de dólares, tres veces el presupuesto de Chile). La ganancia por cotizante —que suman 4.726 millones— es de casi 200 millones de dólares en utilidades netas. No obstante, las primeras generaciones de jubilados bajo el sistema van a pasar a engrosar las filas de ancianos pobres del país.

Eso, aún cuando en 2012, y en cifras dadas por el propio José Piñera: “el sistema de AFP ha generado un capital de 190.000 millones de dólares, equivalente a un 80% del PIB de Chile”.

Según el economista, Alejandro Maureira, “en base a cifras de la superintendencia de Pensiones, entre 2004 y 2011 la rentabilidad de las AFP superó en casi cinco veces lo obtenido por los ahorros de las personas que cotizan obligatoriamente en el sistema”.

 Alguien se está haciendo muy rico a costa de las personas comunes, y el Estado es cómplice de ese asalto institucionalizado. Esto no es libre mercado.

Pensionados cautivos del mercantilismo

El sistema de AFP no es libre mercado, no sólo por estar concentrado en 6 entidades (Capital con 1.920.586 afiliados; Cuprum con 612.458; Habitat con 2.169.113; Modelo con 350.084; Planvital con 393.289 y Provida con 3.490.68); sino también porque el Estado establece una demanda cautiva para las Asociaciones de Fondos de Pensión. No hay libertad de elegir qué hacer con el dinero para la pensión.

Según José Piñera, el sistema ideado por él y fundado en noviembre de 1980 mediante los decretos leyes 3.500 y 3.501, sustituyó su sistema de pensiones de reparto operado por el Estado, por un sistema de capitalización individual administrado por empresas privadas, en el marco de una economía de libre mercado (sic).

¿Libre mercado? ¿Qué tiene de libre mercado el hecho que el Estado obligue a las personas a aportar mensualmente el 10% de sus sueldos brutos a entidades que sólo el Estado habilita o “certifica” para tales efectos, y que además, una vez jubiladas deben pagar impuestos a la renta sobre la cantidad que retiran como pensión?

Peor aún, los cotizantes cautivos no tienen ninguna clase de herramienta ante las pérdidas –a costa de su patrimonio- que en las sucesivas crisis económicas producen los especuladores financieros, como en 1982-83; en 1998-99; 2008-2009. Las AFP cobran a sus usuarios comisiones aunque sus fondos pierdan.

Incluso, les cobran aún cuando invierten sabiendo el riesgo de pérdidas como ocurrió cuando algunas entidades (Cuprum y Capital) invirtieron al margen de la ley en Bonos de La Polar, siendo la propia Superintendencia de pensiones la que dictaminó que deben indemnizar a sus afiliados del Fondo E por las pérdidas generadas.

O sea, los cotizantes tampoco tienen herramientas para determinar en qué forma se usan sus dineros. Así, por ejemplo, según el economista Gonzalo Cid, el año 2008 el 70% se invirtió en 10 empresas, entre las que destacan: el grupo Matte, Cencosud, Entel, Copec, Endesa, CMPC, Falabella, D&S y Soquimich. Entre las empresas en que se invirtió se encuentra La Polar, una empresa que a todas luces presentaba problemas serios de caja. El caso de AFP Capital es decidor. Compró 60 millones de dólares en acciones de La Polar a $2.600 pesos por acción, dos días después de hacerse pública la posible quiebra de la empresa, haciendo perder a sus afiliados 35 millones de dólares.

Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, explica que esta lógica se debe al carácter obligatorio de la cotización y a que la gran mayoría de los clientes de AFP no conocen la situación de sus fondos como para cambiarse de una mala AFP antes de un descalabro. Entonces, “los fondos pueden desplomarse e incluso evaporarse, producto de la lógica de Casino que impera en este negocio, y, ello no significa mella alguna en las utilidades de las AFP: gana la empresa, pierden los clientes de las AFP, es decir los trabajadores”.

¿Quién asume la responsabilidad por ese mal uso del dinero de miles de cotizantes cautivos, cuyos dineros son usados en empresas enfermas o irresponsables? Nadie.

Una ironía. Jose Piñera decía que el día que se funda el sistema de AFP “fue el día en que los trabajadores ganaron la libertad de controlar sus recursos para el retiro y se liberaron de "las cadenas" del seguro social estatizado”. Pero la verdad es que los trabajadores cayeron en un sistema mercantilista, no un sistema libre de pensiones.

En el sistema de AFP, no existe el necesario vínculo entre derechos y deberes, que José Piñera decía no tener el antiguo sistema, y que supuestamente iba a generar el sistema de AFP. Y eso que planteaba que: “Estas empresas no pueden realizar ningún otro tipo de actividades y están sujetas a una vigilancia estricta por parte de una superintendencia técnica creada para ejercer esta labor”.

Por eso, Gonzalo Durán dice que básicamente las AFP se enriquecen gracias a tres factores: es una inversión sin riesgo, que se lleva a cabo en un mercado altamente concentrado y con escasa información para sus clientes. Por lo mismo, el economista Alejandro Maureira plantea que  la comisión que nos cobran las AFP, “debiera fijarse en función de la rentabilidad de los fondos de pensiones”, porque que aunque las AFP no rentabilicen, “siguen teniendo los márgenes provenientes de las comisiones que pagan sus afiliados”. Pero en un sistema mercantilista, eso es mucho pedir.

Y esa lógica está amparada por el Estado. Mercantilismo puro o capitalismo de amigotes.

Por eso mismo, el informe del FMI indica que “los menores retornos podrían requerir incrementos en las tasas de contribución y en la edad de retiro (…) las altas ganancias de las administradoras de fondos de pensión podrían ser objeto de escrutinio”.

El sistema de AFP es el mejor ejemplo del mercantilismo moderno. Quienes controlan a las 6 entidades, están ligados al poder político de manera transversal –algunos antiguos ejecutivos de AFP ahora son funcionarios en Previsión- y han estructurado una red de la cual hacen usufructo del sistema compañías de seguros, bancos, multitiendas.  Todo a costa de los sueldos de miles de trabajadores.

“Lo que aquí ha ocurrido es que nuestra salud y nuestras pensiones están en manos de financistas y especuladores que no responden a las víctimas de sus maniobras y sí influyen en los políticos”, dice Ricardo Hormazábal, autor del libro El gran engaño: 30 años del sistema de AFP.

La respuesta de la sociedad civil: Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Previsionales, AFP.

Una pregunta frecuentes es: Si el sistema de AFP era tan prometedor ¿Por qué las FF.AA y la policía no pasaron al sistema de AFP? Porque hoy, las pensiones de los uniformados son casi diez veces superiores a la de un afiliado a AFP. Un jubilado del ex INP obtiene una pensión 4 ó 5 veces superior a las de un jubilado de las AFP.

En muchos casos, el argumento para justificar las bajas pensiones se basa en las mayores expectativas de vida; el ingreso más tardío al mercado laboral por estudios; periodos de ausencia de cotizaciones por desempleo; abandono del mercado laboral para el cuidado de los hijos; o bajos niveles de renta e informalidad.

Cualquiera sea el caso, la lógica imperante es culpar al propio cotizante de su baja pensión. En ningún caso, la culpa sería de la empresa encargada de rentabilizar los aportes que por ley –bajo coacción- debe hacer el trabajador a las entidades que el Estado determina.

El Consejo asesor presidencial para la reforma previsional del 2008 (Comisión Marcel) concluyó que la rentabilidad de los Fondos era de 4,5 al 6%, y que para alcanzar una jubilación equivalente al 70% del sueldo, era necesario que los fondos renten un 5% real anual.

Según el Presidente de la Asociación de AFP, “han rentabilizado 9,2% anual más del doble de lo que se pensaba en el año 1981”.

¿Y por qué entonces son bajas las pensiones? ¿Por qué ahora están surgiendo casos de personas que sin tener los antecedentes que se usan para justificar bajas pensiones, comenzarán a recibir pensiones miserables o al filo de esto?

No hay explicación, sobre todo tomando en cuenta que José Piñera prometió en 1981 que serían el 70% de la última remuneración, con una rentabilidad del 4%. O sea lo mismo un porcentaje más bajo que planteó la comisión Marcel.

Piñera decía y aún dice: “El nivel de ahorro obligatorio del 10 por ciento fue calculado asumiendo un rendimiento real durante toda la vida laboral del 4 por ciento anual, de tal manera que el trabajador común acumule dinero suficiente en su cuenta de AFP como para obtener una pensión de alrededor del 70 por ciento de su salario final”.

¿O acaso las cifras de rentabilidad no son ciertas? ¿Han mentido las AFP? ¿Y si no rentabilizan, de quién es la culpa entonces? No es del cotizante claramente, es de las AFP que no hacen buenas inversiones.

Sin embargo, y aunque las pensiones que entrega el sistema de AFP son inferiores al 30% de la última remuneración, se sigue culpando al cotizante, diciéndole que no hizo APV, o que su falta de productividad o informalidad laboral -traducida en cesantía- incidió en su pensión.

 Mentiras, y eso lo demuestran las bajas pensiones que reciben personas que trabajaron toda su vida en un mismo trabajo y con altas remuneraciones. Y no es el caso de personas con remuneraciones bajas, sino el caso de médicos, que incluso cotizando el 100% del tiempo, reciben pensiones igualmente bajas, sólo 425 mil pesos.

Contrario a lo que dice José Piñera: el sistema no ha “incrementado la certeza y el valor de las pensiones de vejez, de viudez, orfandad, e invalidez”.

El sistema mercantilista hace ganar a sus asociados, con crecimiento económico a costa de sus clientes cautivos. No es una “secuencia virtuosa”, ni ha permitido a los trabajadores tener mayor control sobre sus vidas, ni convertirse en propietarios, ni beneficiarse del aumento en la productividad de compañías privatizadas, ni capturar una parte apreciable de la riqueza creada.

LA TRADICIÓN DEMOCRÁTICA Y LA TRADICIÓN AUTORITARIA

En política, se podría decir que fluctuamos entre dos maneras de entender la Política: La tradición político-elitista y la tradición político-ciudadana.

La tradición elitista se relaciona con la idea del Filósofo Rey, ligada -quizás de mala forma- a Platón, que idealiza como el mejor régimen, aquel donde los gobernantes son los más virtuosos o sabios.

Según esta visión, las virtudes y sabiduría del buen gobernante escasean, pues se presume que una gran mayoría carece de areté (la virtud griega), no son capaces de conocer y defender sus intereses, y por tanto requieren de conductores, guías, o de líderes sabios, que establezcan el orden correcto y armónico en la polis. Bajo esa concepción, el poder concentrado en manos de aquel gobernante más sabio y virtuoso, sería mejor que el poder atomizado entre todos los miembros de la polis.

De ese juicio, han surgido diversas concepciones elitistas del poder (aunque algunas se presuman incluso igualitarias o democráticas) como la concepción del gobierno de los sabios; de los elegidos por dios; de los técnicos o científicos –versión moderna del gobierno de los sabios-; la del gobierno de los ideólogos revolucionarios (también sigue la línea del gobierno de los sabios), con el Politburó o el partido, que supuestamente capta el devenir histórico y social mejor que el resto.

Bajo esta concepción de poder concentrado, se hace imposible la idea de contrapesos y separación de poderes, puesto que el filósofo rey -como Salomón- concentra todos los poderes, incluso ejerce la asignación de Justicia (cuestión que John Locke muy bien cuestionó al decir que el rey absolutista no podía ser juez y parte). Pero, como bien dice Fernando Mires: Si la justicia se subordina a un partido, un gobierno o un líder, ya no es justicia.

Esa concepción elitista se ha mantenido a pesar de las diversas revoluciones. Quizás por eso, Rudolf Rocker tenía razón al decir que tenemos autoritarios de “derecha e izquierda”, que mantienen el principio divino de las antiguas monarquías, pues plantean el ejercicio del poder concentrado, autoritario, de sus caudillos o líderes, a través de mecanismos elitistas, absolutistas, o incluso dictatoriales. Y lo justifican en base a supuestas leyes divinas o históricas.

Las élites y castas políticas de manera transversal –da lo mismo como se autodenominen, qué orden o régimen digan defender, o con cuánto apoyo “popular” cuenten- enarbolan estos argumentos para oponerse a la mayor desconcentración del poder o para promover la asunción de otros (sus hijos o hermanos) al poder mismo, como es el caso de las autocracias hereditarias, basadas en el derecho divino o “el derecho revolucionario”. Incluso, para justificar sus propias faltas.

Así, la mala política, las fallas del poder, y los vicios de los gobernantes, según las propias élites dominantes, radican en la falta de virtud de alguno de sus miembros, y no en la concentración del poder que poseen. Lo peor, es que los propios dominados enarbolan el mismo argumento para justificar el poder que les han concedido a gobernantes ineptos o tiránicos. En otras palabras, niegan o ignoran lo que planteaba sabiamente Lord Acton: que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más.

Esta concepción elitista del poder (aunque adopte tintes colectivos como en el caso de los totalitarismos del siglo XX) no concibe el autogobierno, ni el libre albedrío, ni la autonomía individual, ni la asociación voluntaria. Por tanto, tampoco acepta la idea de democracia entendida como espacio polémico de la Política donde se ejerce la libertad de la palabra.

Los déspotas que imponen su opresión a nombre de la democracia, lo que hacen es instrumentalizar la idea de democracia, para imponer el paternalismo religioso o ateo, y por tanto, el control moral por parte de los “virtuosos” (ellos mismos) sobre aquellos a los que consideran carentes de virtud o herejes del credo del déspota o el credo mayoritario. Obviamente, ese control se impone generalmente por medios no políticos, es decir de manera coactiva. Lo que Hannah Arendt muy bien denominaba el poder que nos oprime.

La otra tradición, que podemos llamar político-ciudadana, contradictoriamente la menos promovida, está basada en la constante desconfianza en cuanto a los gobernantes y el poder, que plantea que lo esencial no es esperar al o los gobernantes ideales (porque simplemente no existen), sino que fortalecer el autogobierno, la libre asociación, y lo que entendemos como sociedad civil, aquel espacio ciudadano independiente del poder estatal y los gobiernos de turno.

En base a esta concepción, que implica el reconocimiento del principio de autoposesión, el respeto mutuo entre los sujetos y el ejercicio de una ética de la argumentación, han surgido a lo largo de los siglos: el concepto de persona e individuo; las ideas de secularización; pluralismo; tolerancia; libertades civiles-políticas; y los derechos humanos. También, en base a ello surge la idea de democracia moderna representativa, como respuesta a la antigua forma de poder concentrado, despótico y autocrático, el absolutismo monárquico, con su elitismo aristócrata (que nada tenía de virtuoso) y las estructuras oligárquicas y mercantilistas ligadas a éste.

Con el resurgir de la idea democrática, se plantea la necesidad de establecer mediante mecanismos institucionales y democráticos, contrapesos y controles constantes al ejercicio del poder en cualquiera de sus formas y sin depender del carácter de sus detentadores. Es decir, evitando al máximo su concentración y por ende los abusos que ello implica. Como dice Fernando Mires, el sentido de la democracia es resguardar la existencia de la política al interior de ciertos límites.

Por eso, contrario a lo que muchos podrían presumir y plantean a menudo, la desconcentración del poder a través de la democracia, no implica caer en el asambleísmo, que es una desviación más bien tribal de la democracia, que sin los contrapesos y controles necesarios, conlleva peligrosamente el germen de la dictadura de mayorías, y que los griegos definían muy bien como la oclocracia o gobierno de la muchedumbre. Sócrates decía: “Si un barco estuviera a punto de naufragar, ¿Darías el timón a un capitán experto o te pondrías a deliberar?”.

Si no se establecen criterios básicos como la ética de la argumentación y el respeto a derechos humanos básicos, el asambleísmo siempre tiene el riesgo de caer en la concentración del poder en una mayoría que finalmente se torna elitista y despótica. No por nada, Robert Michels sentenciaba que la ley de hierro de las oligarquías se manifiesta incluso en organizaciones que dicen basarse en la democracia popular, la igualdad o el asambleísmo.

Es claro que en el asambleísmo, que es una forma de poder concentrado, el poder numérico unido en una mayoría -la voluntad general- tarde o temprano puede dar lugar a la despolitización del grupo, y con ello a formas de dominación tribales, pre políticas y anti democráticas como el caudillismo, la dominación carismática, y con ello a la autocracia. 

Como muy bien describía Rudolf Rocker: “Los jacobinos, siguiendo esas huellas, amenazaron con la pena de muerte ante los primeros ensayos de los obreros franceses para agruparse en asociaciones profesionales, y declararon que la representación nacional no podía soportar un Estado dentro del Estado, pues, con esas alianzas, sería perturbada la expresión pura de la voluntad general. Hoy se apropian el bolchevismo en Rusia y el fascismo en Alemania y en Italia de la misma doctrina, y suprimen todas las asociaciones particulares incómodas y hacen, de las que dejan en pie, órganos del Estado”.

La atomización del poder, mediante procesos democráticos, implica por ejemplo, la no perpetuación de los cargos. Por algo los griegos utilizaban el sorteo como forma democrática de acceso a cargos políticos.

Me parece que en el debate general, aún sigue primando la noción político-elitista de la Política, incluso en actores no estatales o políticos- sólo que se dice que a través de ésta se busca promover la Democracia hablando de la voluntad popular. Pero no hay que olvidar lo que Rudolf Rocker planteaba:

“Frente a la soberanía ilimitada de una voluntad general imaginaria, toda independencia del pensamiento se convirtió en crimen, toda razón, como para Lutero, en prostituta del diablo. También para Rousseau se convirtió el Estado en creador y conservador de toda moralidad, frente a la cual no podía existir ninguna otra concepción moral. Era sólo una repetición de la misma antiquísima y sangrienta tragedia: ¡Dios es todo, el hombre nada!”.

MEDICAMENTOS: TENSIÓN PERMANENTE ENTRE SALUD Y DINERO

Por Jorge Cienfuegos Silva, Químico Farmacéutico

Cuando hablamos de medicamentos necesariamente tenemos que hablar de salud, aunque algunos economicistas prefieran hablar de éstos, solo como productos. Esto, pues son una herramienta sanitaria importante cada vez más necesarias, para una población que envejece y que aumenta el número de enfermedades crónicas, como lo corroboran estudios oficiales como la  Encuesta Nacional de Salud.

Ahora, cuando hablamos de farmacias es difícil pensar en salud, ya que en las condiciones actuales solo falta que vendan cigarrillos. Y como es costumbre en Chile, evadimos el tema de fondo buscando a los culpables más fáciles… en este caso, las cadenas de farmacia.

No es que defienda a las cadenas de farmacias, sino que creo que no se les puede pedir peras al olmo. Las cadenas  farmacéuticas son empresas que buscan ganar dinero, y si existe un Estado ausente que no coloca las reglas claras, no sé cómo nos sorprendemos cuando una vez más, la autorregulación no sirve.

Es por esto que creo que el tema de fondo, el acceso a medicamentos de calidad, debería tratarse como una política de Estado y no como se ha tratado hasta hoy: como una tierra de nadie, donde las farmacias no son vistas como un centro  de salud y por ende no se les exige como tal; donde no existe fiscalización suficiente, y la Superintendencia de Salud no considera a las farmacias; y donde existe un departamento, la Agencia Nacional de Medicamentos (DANAMED), que no tiene las facultades ni los recursos para hacer cambios reales.

Entiendo completamente la molestia de los chilenos, me incluyo en dicha molestia, pero el camino para mejorar la situación no radica en culpar a los vendedores de farmacias, quienes reciben sueldos muy bajos y los obligan a vender para tener un sueldo digno; tampoco en culpar a los farmacéuticos, quienes estamos atrapados en un sistema que no nos utiliza para lo que estudiamos;  incluso tampoco en culpar a las farmacias y los laboratorios.

Esto es un problema de abandono por parte del Estado y una mala regulación de los involucrados en el sistema. Todos: los usuarios, los médicos, los farmacéuticos, y por sobre todo la autoridad regulatoria, deben crear un sistema que permita tener un acceso a los medicamentos de calidad, con un uso racional y a precios justos.

El problema no es del empedrado, sino del cojo. Tenemos que hacernos cargo de una realidad que no da para más, donde no tenemos que pensar solo en los PRECIOS, sino en los VALORES.

Para hacernos cargo de los medicamentos debemos hacernos cargo de la salud, la atención primaria y de las personas que realmente necesitan los medicamentos y no dar placebos por falta de voluntad política para hacer bien las cosas.

Conceptos sobre medicamentos que deberíamos manejar

Bioequivalencia: En pocas palabras es un sello… una autorización donde una autoridad “competente” certifica que un medicamento es igualmente efectivo que el original (de marca). Para lograr esta certificación existen estudios que se deben hacer. Es importante hacer la diferencia con un genérico.

Genérico: Luego de que una patente se termina, se libera la posibilidad de que otros medicamentos con el nombre de la molécula “genérica” salgan al mercado. Ósea primero que todo un genérico debe tener el nombre de la molécula y no un nombre de fantasía (PARACETAMOL, no TAPSIN; ATORVASTATINA, no LIPITOR o LIPOX), y segundo un genérico puede ser o no ser bioequivalente, solo depende si fue certificado o no.

Estudios para obtener bioequivalencia: Sólo son realizados en medicamentos sólidos (comprimidos). Estos pueden ser de dos tipos. Biológicos, ósea que necesiten sujetos vivos y una serie de pruebas, por lo que son caros. Los otros son de disolución, que son estudios simplificados que pueden realizarse a algunos medicamentos, por lo tanto son más baratos.

Buenas Prácticas de Manufactura: Ó GMP en ingles. Son reglas que en pocas palabras aseguran que siempre se realiza de la misma manera el mismo medicamento. OJO, no asegura que se haga bien, ósea si lo hacemos mal…siempre lo haremos igual de mal, pero, si agregamos la bioequivalencia implica que todos los medicamentos que hagamos serán igualmente efectivos que el original.

CHILE, LA CORRUPCIÓN DE LA REPÚBLICA

En estas últimas semanas, varios episodios ligados a las élites, nos recuerdan que la democracia hace rato parece haber derivado en otra cosa (quizás siempre ha estado extraviada), más cercana a una ligazón entre la partitocracia con su nepotismo endémico marcado por la ley de hierro de la oligarquía; y la plutocracia.

Montesquieu decía “Una democracia degenera cuando los gobernantes tratan de corromper al pueblo, comprando sus votos con los fondos públicos, para ocultar de este modo su propia corrupción…”.

Días atrás, Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, decía haber sufrido fuertes presiones de parte del ex presidente del Senado, Guido Girardi, para que contratara a ciertas personas –indicadas por él- en ciertos cargos de importancia de esa cartera.

Lo anterior no sólo ha generado gran revuelo, sino que ha derivado en el reconocimiento por parte de varias ex altas autoridades de la Concertación -como Ricardo Lagos y el ex ministro Pedro García- de prácticas que rayan en el clientelismo, el privilegio y el favoritismo más burdo. Y que continúan aún con otro gobierno  que entre otras cosas, había prometido poner fin al nepotismo.

En ello, denotan la clara incoherencia de quienes –desde el poder mismo- dicen promover la igualdad, pero no dudan ejercer con prepotencia el privilegio para sí y sus cercanos, y de usar ese poder en favor propio hasta convertirse en una nueva élite donde ellos son los amos y privilegiados.

Tomando en cuenta el actuar de una parte de la élite del poder que usa el poder a favor propio, tampoco debería sernos extraño el impertérrito reconocimiento por parte de Herman Chadwick, en relación al lucro en un sistema de educación superior casi perverso, en crisis, y que además, hace usufructo del dinero fiscal: “si no les gusta el sistema, que lo cambien, pero este siempre ha funcionado así”.  

En ambos casos, existe la inmutable confesión de la burla sistémica de la ley en cuanto a la educación superior y en cuanto al acceso a altos cargos en la Administración del Estado. En ambos casos existe un uso descarado del poder y de la estructura institucional por parte de las élites político-corporativas, a favor de sus intereses.

Las presiones de Girardi a Velasco y los dichos de Chadwick, denotan el círculo virtuoso de una estructura claramente plutocrática y oligárquica de nuestro régimen político y económico, que va directamente contra el principio de Politeia, la igualdad ante la ley y la idea de Poliarquía.

Bajo esa lógica, tampoco es extraña la clara diferencia de trato por parte del Estado, a través del SII, entre una corporación como Johnson´s y las pequeñas y medianas empresas.

Como decía Thomas Paine, “Como la facultad de imponer contribuciones se hallan en manos de quienes pueden eludir una parte tan grande de ellas, por eso se han impuesto sin freno”.

Lo que rige en Chile, y que en las últimas semanas se nos ha mostrado con una claridad poco habitual en los medios, es que la alta concentración corporativa, basada en el claro favor del poder político estatal también concentrado (hegemonía representativa), no tiene nada que ver con un mercado libre, ni con lo que podríamos llamar República o Democracia, sino más bien con un Crony Capitalismo o un Mercantilismo moderno.

Sería bueno recordar lo que decía Montesquieu. “La democracia tiene que evitar dos excesos: el espíritu de desigualdad, que la hará desembocar en la aristocracia, o en el Gobierno de uno solo, y el espíritu de igualdad extremada, que la llevará al despotismo de uno solo, al igual que el despotismo de uno termina por la sumisión”. 

IZQUIERDAS Y DERECHAS ¿CUÁL ÉTICA?

Hoy, decirse de derecha o izquierda es lo más perezoso en el debate político.

Las nomenclaturas de izquierda y derecha son una especie de fachada discursiva, que no sólo fomenta la pereza intelectual en cuanto a definir cómo se piensa políticamente, sino que esconde las similitudes que existen entre quienes se dicen de izquierda y quienes se dicen de derecha.

Decirse de izquierda o derecha se ha tornado el camino fácil para muchos, que simplemente no se dan el trabajo de investigar o entender qué implican tales palabras en términos ideológicos, discursivos, históricos y éticos. Decirse de izquierda o derecha esconde la pereza de pensar, de darse el trabajo de analizar y entender las ideas que supuestamente se tienen y defienden.

Generalmente, esa pereza se traduce en una falta de rigor a la hora del debate, cuando se deben definir criterios éticos en cuanto lo político. De ello, derivan errores e incoherencias en relación a ideas centrales del debate político en cualquier tiempo, como son la libertad y las libertades, la igualdad, los derechos y deberes, el poder, la coacción, lo justo, el rol del Estado.

Cuando la gente se define de derecha o izquierda para definirse como buenos o mejores, generalmente lo hace en base a ciertas nociones que son más bien ambiguas o erradas. Eso, si analizamos el origen y evolución histórica de la nomenclatura divisoria.

En la izquierda de la Asamblea, que se oponía al Antiguo Régimen, había liberales defensores del libre mercado, anarquistas y socialistas utópicos, que para nada defendían la idea de un Estado fuerte u omnipotente, planificador o interventor que expolia a punta de impuestos a los propietarios.

En la derecha, por el contrario, había conservadores, defensores del Antiguo Régimen que entre otras cosas, defendían el Estado absoluto y el mercantilismo que tantos privilegios les había generado, como las exenciones tributarias.

Por ese desconocimiento, un error frecuente y simplista es creer que ser de izquierda y derecha se define en base a la idea de más o menos Estado que se tenga. Pero eso es desconocer la amplitud de planteamientos, que muchos autores radicales como Proudhon, Bastiat y otros, tenían sobre el Estado, la libertad y la igualdad.

No considerar eso, ha llevado a otro error garrafal, el de definirse de izquierda simplemente por considerarse marxista y sus derivados. Pero Bakunin y otros muchos anarquistas, también se consideraban y definían de izquierda, y no obstante hacían sendas y certeras críticas a los planteamientos de Marx, como por ejemplo, su idea de dictadura proletaria. Sabían que esa autoridad exacerbada, llevaría a un nuevo déspota. La experiencia histórica del estalinismo finalmente les dio la razón.

De hecho, el error de quienes se definen perezosamente como de izquierda o derecha, es basar sus argumentos en ser meros defensores de la igualdad o la libertad, como si ambos principios fueran contrapuestos.

Lo cierto, es que no puede haber igualdad sin libertad y el ejercicio de la libertad exige el reconocimiento de un mínimo de igualdad. Es decir, la libertad y la igualdad requieren una base ética. De ello surge todo lo demás en cuanto a derechos y deberes.

La existencia de esclavos es ejemplo de lo que genera la ausencia de esta conjunción entre libertad e igualdad. Quien es esclavizado –ya sea por otro ser humano o por un gobierno- se le niega la libertad porque no se le reconoce como un igual. Esa sutileza, aún no la captan derechistas e izquierdistas de diverso corte.

La confusión en base a la nomenclatura izquierda y derecha (que finalmente permite a los perezosos prescindir de la necesaria y estricta definición ética basada en la razón) se ha ampliado a diversos espectros, por ejemplo en relación al poder estatal militar, al uso de la fuerza, el medio ambiente, derechos sexuales, la educación, la economía, etc.

Entonces pregunto Izquierdas y derechas ¿Cuál ética? 

UN DOCUMENTAL, ORWELL, FAHRENHEIT 451, Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La presentación del documental “Pinochet”, en un acto en el teatro Caupolicán,  ha generado un fuerte debate en torno a que permite el ámbito democrático, el respeto a los derechos humanos, y la libertad de expresión.

En el prólogo a Rebelión en la Granja, George Orwell planteaba lo siguiente: El tema que se debate aquí es muy sencillo: ¿Merece ser escuchado todo tipo de opinión, por impopular que sea?

La misma pregunta se puede aplicar en cuanto al estreno del ya polémico documental sobre Pinochet, dirigido por director Ignacio Zegers Blachet, que según plantean algunos, exalta la figura del dictador chileno.

La polémica ya está desatada en este sentido. Muchos se preguntan cuán legítimo sería este tipo de actos. Otros, han dicho que una democracia no puede permitir actos donde se glorifique a personas que cometieron delitos contra los Derechos Humanos, y que por tanto, un gobierno que se precia de democrático, debería prohibir tales actos u homenajes. Algunos han dicho que se debe prohibir ciertas ideas, opiniones o argumentos negacionistas o revisionistas, que justifican o avalan delitos contra los Derechos Humanos. 

Por cosas de la vida, este martes, murió Ray Bradbury, autor entre otros libros de Fahrenheit 451, donde los bomberos por orden del gobierno, se dedican a quemar libros para que los seres humanos sean más felices. Un gobierno considerado, pensará alguno.

Lo cierto, es que un gobierno que se arroga la facultad de prohibir, censurar o dictar qué se lee, se ve, se publica, se edita, o se escucha, o se dice, es un gobierno dictatorial. Porque es un régimen que pasa a llevar la libertad de opinión, porque teme a la opinión pública finalmente.

¿Defendemos la democracia y el pluralismo censurando opiniones o formas de pensar que consideramos erradas o aberrantes? No.

El supuesto errado de que el poder debe protegernos de malas ideas u opiniones, ha llevado a poderosos de diverso corte, a la quema de libros, a las proscripciones de partidos políticos, a leyes malditas, al macartismo, a las persecuciones religiosas, la caza de brujas, guerras preventivas, inquisiciones, etc. Todos, hechos que finalmente pasaron a llevar de manera brutal los derechos civiles y políticos como la libertad de pensamiento, opinión y expresión, y por tanto los derechos humanos.

Un detalle importante que muchos olvidan al plantear censuras por considerar tal o cual opinión como aberrante o inadecuada, es que la libertad de opinión es parte componente de los derechos humanos y civiles- políticos básicos de cualquier ser humano. Una sociedad que no permite la libertad de opinión –por erradas que éstas se consideren- difícilmente puede promover el respeto concreto y efectivo a los derechos humanos.

Esa incoherencia en la defensa de los derechos humanos es un grave problema ético, que el propio Orwell muy bien hacía notar: Las interminables ejecuciones llevadas a cabo durante las purgas de 1936 a 1938 eran aprobadas por hombres que se habían pasado su vida oponiéndose a la pena capital.

Entonces, negar la libertad de expresión para salvaguardar la democracia o para promover los derechos humanos, es negar  el “tener pleno derecho a decir y a imprimir lo que él cree que es la verdad, siempre que ello no impida que el resto de la comunidad tenga la posibilidad de expresarse por los mismos inequívocos caminos” como decía Orwell.

Es decir, plantear que el poder, la ley o la mayoría tengan la facultad de censurar, de restringir el derecho a reunión, o de determinar qué opiniones o ideas son aceptadas en el debate público en un momento dado, es subyugar la defensa de los derechos humanos a situaciones contextuales y temporales. Porque como decía el propio Orwell, Haced una costumbre del encarcelamiento de fascistas sin juicio previo y tal vez este proceso no se limite sólo a los fascistas.

La defensa irrestricta de los derechos humanos implica incluso –y aunque parezca contradictorio- garantizar la libertad de opinión de aquellos que con sus ideas y sentires, se plantean contrario a tales derechos. No es una cuestión política ni legal, sino una cuestión ética. 

Orwell decía, el resultado de predicar doctrinas totalitarias es que lleva a los pueblos libres a confundir lo que es peligroso y lo que no lo es. Lo peligroso no es el documental en sí. Lo peligroso es que producto de ese documental –que homenajea a un dictador que pasó a llevar derechos humanos- terminemos por validar la censura y el control por parte del Estado, en cuanto a lo que piensan las personas.

Como muy bien decía Orwell: Si la libertad significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír. 

SALVEMOS A LA POLÍTICA DE LAS FAUCES DEL PODER

Prácticamente dos años antes de las elecciones presidenciales, los más hambrientos de poder ya nos quieren imponer sus candidatos a como dé lugar. ¿Cómo? Con los recursos más peligrosos para una Democracia, el personalismo, las encuestas y la propaganda.

Para ser gobernante, se requiere tener una idea, o al menos un proyecto con respecto a cuál será el objetivo por el que se quiere tener el poder de gobernar. Pero sobre todo, se necesita una noción de qué es la Política. No basta sólo con querer el poder, tener alta adhesión, o contar con mucha propaganda.

No obstante, hoy es claro que entre las clases y castas políticas chilenas, no hay propuesta ni debate, ni tampoco una idea clara sobre la Política en sentido estricto. Pero sí, muchas ansias de poder y mucha propaganda mediante.

Es tal el apetito de poder por el poder que han mostrado en el último tiempo las clases políticas, que en el proceso han suprimido a la Política, entendida como discusión constante de los asuntos de la Polis. La han arrinconado, ya sea desde su posición como parte de un gobierno, o como oposición. Sólo hablan de sí mismos y del por qué algunos de sus caudillos o actuales altos funcionarios, merecen gobernar al resto.

La imposición indirecta –y cada vez más directa- de los candidatos y potenciales gobernantes, por parte de las castas políticas, ya sea mediante el argumento de la mera popularidad basada en encuestas, o la propaganda descarada mediante el uso desvergonzado de las investiduras y cargos (financiadas por todos para uso gubernamental), no es una acción Política,  tampoco democrática.

Es una acción despótica del poder mismo en su conjunto ¿Sobre quién? Sobre la sociedad civil, a la que ven no como un conjunto plural de ciudadanos, sino como un conjunto de súbditos a los cuales se les puede imponer un nuevo rey.

La idea de Democracia en sentido ideal y objetivo, irremediablemente se ve horadada, suprimida y disminuida, bajo ese criterio del poder, que esconde los apetitos exacerbados por parte de quienes ejercen el poder político o lo desean recuperar.

Pero, la idea de Democracia, también se ve acribillada por la flojera intelectual de muchos ciudadanos, que al momento de elegir a quienes les gobiernan, sólo se guían por la propaganda impuesta desde esas castas políticas, o votan según criterios vagos originados a partir de ésta, como la popularidad.

El apetito exacerbado de poder es siempre una amenaza para la Política (entendida como diálogo constante y polémico en y desde la sociedad) y para cualquier Democracia (desarrollada o incipiente), pues finalmente esas apetencias dan paso no sólo al caudillismo, al culto a la personalidad y el populismo (siempre tan de la mano), sino a diversas formas de barbarie y de autocracia.

Es lo que pasa con Chávez y su particular “democracia” en Venezuela, quien a pesar de su grave enfermedad, no quiere dejar de pretender el poder, no quiere soltar ni un centímetro de éste, argumentando que su “sacrificio es por la patria”. Personalismo puro ¿No sería más patriota y democrático dejar espacio a otros? Claro, pero él ni siquiera confía en sus subalternos o las instituciones que ha implementado. Igual que Luis XIV, el Estado es Chávez.

En Chile, el caudillismo y con ello el populismo, comienzan a arrinconar a la Política de su lugar central en la sociedad civilizada. Por eso, nuestras clases dirigentes, no están centradas en el debate ni dialogando sobre cuestiones democráticas. Están enfocados en sí mismos, ahí radica en énfasis en la propaganda y la popularidad.

En la historia, ha quedado claro que cuando las clases dirigentes olvidan el sentido esencial de la Política, el último bastión de ésta yace en la Sociedad Civil.

Sí la sociedad civil pierde ese sentido, la Democracia desaparece o se corrompe. Es momento de asumir nuestras responsabilidades no como súbditos sino como ciudadanos.

EL PODER SIEMPRE IMPUNE

Hay un sabio dicho: El hilo siempre se corta por lo más delgado. Ese refrán se aplica muy bien al poder en sus más diversas escalas. Todos lo sabemos por experiencia.

La mayoría de las veces, los buenos actos, los beneficios, los aciertos, son atribuidos a la capacidad de quienes tienen poder, autoridad o mando. Los malos actos, los errores, las fallas, son desligados de los mismos y atribuidos a terceros, personas o circunstancias. El poder siempre es irresponsable.

Está lógica de la impunidad del poder -y su apelación- la vemos en distintos ámbitos, la vemos en la discusión con respecto las responsabilidades que llevaron a la crisis institucional de 1973, la represión criminal posterior; lo vemos también en las responsabilidad en cuanto al actuar ante una emergencia como un terremoto y tsunami.

También lo hemos visto en cuanto a casos de corrupción, pagos indebidos, la incitación a la guerra, los campos de concentración, los gulags, desastres, y un largo etc. El poder siempre es irresponsable.

La impunidad del poder es una vieja lógica ligada al poder mismo. Es parte de su naturaleza. No es una práctica nueva o exclusiva de algunos, sino que es milenaria. Quien tiene poder, puede ser insensato  y torpe. Gobernantes muy irresponsables e ineptos han existido siempre, gracias a ello Incitatus, un caballo, llegó a ser senador.

Un viejo adagio decía: “Un rey no puede hacer mal”. El rey como soberano absoluto, era impune, lo que daba paso a la autocracia, el voluntarismo personal y el arbitrio, que son finalmente, fuentes de abuso de poder.

La Democracia Moderna, entre otras cosas, intentaba romper con esa vieja lógica monárquica, y con la históricamente potencial irresponsabilidad o ineptitud de algunos gobernantes, planteando como elementos esencial del nuevo régimen la responsabilidad pública de éstos, ante su soberano, los ciudadanos.

¿Cómo? Fomentando contrapesos institucionales diversos al poder de los gobernantes, donde hay uno muy esencial, la igualdad ante la ley.

El problema actual, es que la impunidad del poder, que es un ataque directo a la igualdad ante la ley, es sustentada, fomentada y defendida por los propios dominados, gobernados, ciudadanos. Siempre con una salvedad, la impunidad e irresponsabilidad sólo es aceptable para el caudillo.

Entonces surgen frases casi de molde como: “el líder x no sabía qué pasaba eso…”; “el caudillo x nunca tuvo esa intención…”, “el problema fueron los subalternos…”, “estás acusaciones son una infamia…”.

Lo irónico, es que esos mismos ciudadanos, que permiten, obvian o pasan por alto la exigencia de responsabilidad para sus líderes y caudillos, luego se extrañan, se quejan, o sufren con la irresponsabilidad de otros gobernantes. Exigen el rigor de la ley, que no obstante, ya han horadado con sus propias ambigüedades previas frente al poder y acción de sus cabecillas.  

Todas las discusiones del debate público actual –lo del terremoto del 27F, lo del golpe de 1973, los desaparecidos de la dictadura militar- giran en torno a este dilema, donde unos y otros desligan de responsabilidad a sus héroes.

En otras palabras, no les exigen coherencia ética, ni responsabilidad en su actuar. El deber ser político, el ideal como tal ligado al poder ejercido de manera responsable, sólo se exige a los otros.

El poder entonces, y con ello los gobernantes, siempre siguen teniendo la posibilidad de ser nuevamente irresponsables.

GOLBORNE Y BACHELET, CANDIDATOS DEL STATUS QUO

Interesante ver como ante el apetito presidencialista y las peticiones de primarias al interior de las coaliciones, de más competencia y democracia en definitiva, algunos líderes de la Alianza y la Concertación reaccionan de manera similar, se niegan a éstas.

Las declaraciones de algunos de estos “líderes” no sólo son muy parecidas en cuanto a una posición a favor del status quo político imperante, con una clara desconexión con la realidad, sino que son de antología.

Osvalde Andrade invitó a quienes desean primarias que consigan adhesión ciudadana. Y agrega: “tenemos una candidata que desde la tranquilidad está instalada en la ciudadanía. ¡Si les gana a todos y por amplio margen! Y además es la que menos rechazo provoca, siendo la más conocida. Eso da una fortaleza que nos permite mirar con tranquilidad”.

Melero por otro lado plantea "si son tan evidentes los resultados en favor de un candidato que no son necesarias primarias, ok; lo importante es que la ciudadanía hoy día impone las candidaturas presidenciales, y los partidos  de la Coalición lo que tenemos que hacer es escuchar muy bien lo que la ciudadanía quiere".

Vamos arando dijo la mosca. Andrade y Melero olvidan que la Concertación y la Alianza tienen muy poca aprobación y   sí mucho rechazo entre la ciudadanía. Que Bachelet o Golborne sean los miembros de las castas políticas que menos rechazo generan, no implica que la Concertación o la Alianza no generen alto rechazo entre los votantes.

El que alguno de ellos resulte electo como presidente, tampoco implica que automáticamente ese gobierno cuente con alta legitimidad como Andrade presume, menos aún si sus respectivas coaliciones no se renuevan internamente, eliminando el nepotismo interno y sus prácticas oligárquicas.

Andrade y Melero confunden a ciertos personajes más populares con sus respectivas coaliciones. Confunden la popularidad –o más bien el menor rechazo- de aquellos con la poca popularidad de sus sectores. Ilusos.

Esa confusión, Andrade la refleja en otra frase (aludiendo a las críticas de Andrés Velasco a las cúpulas partidarias concertacionistas): “sólo se hace parte del coro de los que desprestigian a la política y yo le pediría en eso un poquito más de lealtad”.

Andrade desbarra nuevamente. En primer lugar, la política en Chile ha sido desprestigiada por las propias castas políticas, tanto en la Alianza como en la Concertación. Desbarra igual que Ignacio Walker ante los dichos del ministro de Salud, pidiendo que “se proteja a las instituciones” al referirse a la DC.

Pero los escándalos, muchos en la DC, de los cuales los ciudadanos se enteran cada tanto, los llevan a cabo miembros de esas instituciones. Han sido las propias castas políticas las que han desprestigiado a la política. Son éstas las que han sido desleales con sus electores y sus bases. Y lo siguen siendo al negarse a primarias. Al defender el status quo a toda costa.

Y la frase de antología la pone Andrade: "Con una candidata tan desplegada, una primaria opositora puede ser un ejercicio inútil". ¿Inútil?

Andrade olvida que la democracia nunca es un ejercicio inútil porque implica un debate constante, un cuestionamiento permanente al status quo mismo. Con su frase, refleja que tanto en la Alianza como en la Concertación, gobiernan según las encuestas, y no salen de eso.  

Lo que Andrade no quiere ver o no ve, es que la verdadera oposición es entre la sociedad civil plural y demócrata, y el poder (anti)político hegemónico, ese status quo que componen la Alianza y la Concertación, de la cual él y Melero son parte. 

POLÍTICA NO BARBARIE

El cambio es una cualidad connatural de las sociedades porque los seres humanos, que son los que las componen son cambiantes, como también sus relaciones. Eso conlleva finalmente, constantes transformaciones, institucionales, culturales y valóricas.

A lo largo de los siglos, los diversos grupos y conjuntos humanos han sufrido rupturas y cambios de todo tipo, paulatinos, superficiales, a veces incluso imperceptibles; otras veces tremendamente abruptos, brutales, violentos. De esa forma, las sociedades han evolucionado, pero también muchas veces han retrocedido.

Ese avance o retroceso ha dependido mucho de cómo los miembros presentes de una sociedad, canalizan y asimilan los cambios en el presente, teniendo en consideración las experiencias del pasado y lo que esperan del futuro.

Siglos de cambios, conflictos, guerras, matanzas, hambrunas, parecen haber indicado que las sociedades prosperan de mejor manera desde la paz, no desde el aniquilamiento y la destrucción mutua. La guerra en cualquiera de sus formas no es progreso realmente. El cambio derivado en un fin destructivo, finalmente se convierte en el dios Saturno devorando a sus propios hijos.

La Política es una respuesta a la necesidad de canalizar el cambio y el antagonismo mediante la deliberación, sin tener que llegar al aniquilamiento y la destrucción. Es decir, y tal como dice Fernando Mires, surge para evitar la barbarie, y constituir “un medio de intercomunicación entre subjetividades múltiples”. Esto no implica ausencia de antagonismo y divergencia, sino que el reconocimiento de las disputas y la búsqueda de soluciones dentro de un marco pacífico, donde el argumento marca la pauta.

La Democracia surge de la ética de la argumentación. De reconocer a otros como igualmente respetables en el debate público. De la idea de que las partes se persuaden mediante la fuerza de los argumentos, mediante la palabra, y no a través de la fuerza del garrote.

Surge entonces como un mecanismo para establecer una sociedad política, y así salir de la barbarie que implica el antagonismo traducido en guerra. Como un instrumento para evitar que las discrepancias -siempre presentes entre los seres humanos- sean canalizadas de manera violenta y destructiva. En otras palabras, de manera inhumana.

Cuando la violencia y la agresión surgen en medio de la política, no puede haber Política porque no es posible la ejercer la palabra, porque no hay deliberación, y por tanto no hay paz entre los seres humanos, y mucho menos democracia. Por eso, una dictadura fascista, comunista o militar, jamás puede ser considerada una democracia, porque siempre suprimen la palabra y el debate.

Nuestras clases políticas han cometido un error garrafal. Han buscado mantener de manera tozuda, un orden general que fue funcional para propiciar un proceso de cambios pacífico, pero que después de veinte años de cambios, ha derivado en un stato quo inviable para los ciudadanos.

Su error ha sido considerar –al igual que todo dictador- que el orden vigente es la última palabra, que es un orden último, final e inalterable, y no un orden momentáneo que puede y debe ser debatido, polemizado, y que puede cambiar según cambia la sociedad y los ciudadanos mismos.

Contrario a lo que piensan, con su actitud no protegen la paz social, ni a la democracia, ni el orden, ni la estabilidad, sino que alejan al debate político del uso de la palabra, y lo acercan al filo del garrote y la barbarie.

Esa erosión, que es la degradación de la sociedad política -que significa nada más ni nada menos que la paulatina primacía del uso del garrote por sobre el de la palabra- conlleva el riesgo de que grupos y sujetos anti políticos, que consideran erróneamente la coacción y la destrucción como principios políticos válidos de ejercer (es decir, que no aplican la ética de la argumentación en ningún caso), tomen parte e incluso control de un proceso de cambios que, para ser exitoso, debería ser esencialmente pacífico.

Las reversiones autoritarias o el surgimiento de dictaduras siempre han surgido y han estado marcadas por la supresión paulatina del uso de la palabra en el debate público, a favor del uso del garrote, de la violencia, el terror y la coacción, que no son más que expresión de la barbarie humana.

Quienes valoramos la Democracia, la Libertad y la Política, debemos reencauzar los cambios -sus conflictos y antagonismos- hacia la Política. Es decir, hacia el debate y la polémica constante en el espacio público. Debemos guiarnos como ciudadanos hacia el uso de la Palabra.

Para ello, con lo primero –y quizás lo único- que debemos ser consecuentes es con la ética de la argumentación, que no es otra cosa que el respeto a los derechos humanos, ante cualquier prepotencia de los gobiernos presentes y futuros. Cualquiera que sea éste y el lugar donde nos encontremos. Esa es la única forma de ser consecuentes con lo que profesamos. 

ES EL PRIVILEGIO…

Todos conocen el cuento de Robin Hood, pero muchos lo mal entienden. La mayoría lo resume a una idea simplona de justicia –aunque muy presente- en que el héroe de Sherwood roba a los ricos para darles a los pobres. Y listo, se hizo justicia.

Pero la leyenda anónima no narra eso, sino la oposición de un noble contra la prepotencia del Estado a manos de un gobernante, el príncipe Juan sin Tierra, que entre otras cosas recurría a la coacción y la amenaza en el uso de la fuerza, para hacerse de las riquezas de campesinos, sobre todo de aquellos que se oponían a su dominio o cuestionaba sus métodos.

Es decir, Robin Hood no se oponían a la desigualdad o la pobreza como la mayoría presume erróneamente. Se enfrentaba esencialmente al privilegio que el tiránico Juan construía a punta de coacción sobre la gente, para él y su séquito de seguidores, a quienes prometía tierras e inmunidades varias (pues “estaba convencido de que los normandos eran una clase superior y de que sólo a ellos les correspondía el poder”).  ¿Le suena?

Todos esos privilegios los construía, pasando a llevar derechos tan básicos de las personas -que campesinos y artesanos respetaban de manera consuetudinaria desde hace siglos- como el respeto a la propiedad de otro, el ser dueño del producto del trabajo, y el derecho a llevar a cabo libres intercambios. Es decir, pasando a llevar los medios económicos voluntarios y pacíficos. Y desconociendo el valor del trabajo y del esfuerzo.

Por eso, contrario a lo que se piensa, Robin Hood no era un igualitarista sino un libertario. No robaba a quienes tenían más por el hecho de tener más, sino a quienes se habían adueñado de la riqueza de otros, por medio del uso o amenaza en el uso de la fuerza, ya sea mediante invasión, robo o fraude, como eran los impuestos arbitrarios del rey Juan.

Robin Hood finalmente parecía defender una especie de cláusula lockeana o una teoría de la intitulación, donde la propiedad es ilegitima si surge del fraude, la invasión o el robo; y es legítima sólo si surge del trabajo, la herencia, la donación y el libre intercambio. Por ello, al asaltar los cargamentos con tributos para el rey Juan (que no es lo mismo que salir a asaltar a cualquiera por tener más) estaba  ejerciendo el principio de rectificación.

La discusión actual en torno a la desigualdad y la igualdad conlleva el mismo error de interpretación en cuanto a la historia de Robin Hood. La mayoría cree que el problema de la desigualdad se soluciona “reasignando recursos” –incluyendo coacción-, quitándoles a unos –a los que se considera ricos- para darles a otros –que se considera pobres- como si todo fuera estático.

Un error habitual ligado con lo anterior, es culpar al abstracto libre mercado –la falta de Estado, regulación- de las desigualdades, sin tomar en cuenta la propia acción estatal en favor de los privilegios existentes. Se olvida que el rey Juan y sus amigotes mercantilistas, no se hacían ricos por actuar en el libre mercado, sino por su monopolio en el uso de la fuerza, para, entre otras cosas, cobrar impuestos a destajo a quienes se les antojaba (nunca a sus amigos obviamente).

El rey Juan -al igual que muchos vulgos liberales- no era un genuino defensor del libre mercado y la propiedad privada, sino al contrario, era un estatista perverso, que usaba el poder coactivo para apropiarse de manera ilegítima de lo que otros producían -cobrando impuestos- mientras al mismo tiempo favorecía a sus círculos cercanos con lo típico, exenciones tributarias y subsidios.

Pocos visualizan que el problema de fondo que aqueja a nuestras sociedades, es el mismo que ha aquejado a todas las sociedades en la historia, y ese inconveniente no es la desigualdad, sino que la estructura de privilegios que se ha constituido históricamente desde el poder, tal como lo hacía el rey Juan. Es decir, desde un poder organizado y coactivo, surgen toda clase de privilegios y por ende desigualdades. Y en esto, da lo mismo quien detenta ese poder o los creativos nombres que se coloque (líder revolucionario, eterno, el mejor gobernante, el libertador, etc).

Las cargas impositivas como las que el rey Juan imponía, y que Robin Hood recuperaba, se sustentaban no en un orden espontáneo, sino en una vieja forma de “captación de riqueza, ahora llamada regulación económica”, el derecho a cobrar impuestos, primero por gracia divina, ahora por gracia del derecho positivo.  Todos, mecanismos de poder, a favor de de las castas y élites dominantes y parasitarias del rey de turno. Y en eso, lo que erróneamente se llama desregulación, más bien opera la mano de lo que llamamos  Estado, o sea, el monopolio en el uso de la fuerza.

A lo largo de la historia, los privilegios de clase y de las castas de diversa índole, no surgen de un supuesto orden espontáneo, ni de un estado de naturaleza, ni del darwinismo económico, ni del libre mercado, sino de la acción notoria y coactiva del Estado  (sin importar las formas y nombres que este ha tomado a lo largo de los siglos). Piense en los monarcas de antaño como el rey Juan ¿Cómo surgían sus privilegios y su poder y riqueza, que aún son vigentes? ¿Por una cuestión espontánea, por libre competencia y libre intercambio?

Estos errores de interpretación llevan a errores en las soluciones propuestas, incluso al filo del totalitarismo en nombre de la igualdad. Equívocamente, la respuesta que algunos ven ante la coacción, es más coacción. Así, algunos plantean que las ciudades simplemente ardan. Otros, de manera textual llaman a “erradicar el individualismo” de la sociedad, para alcanzar mayores niveles de igualdad y para acabar con la pobreza.

Pero ¿Cómo harán eso, por ejemplo? La respuesta no es otra que desde la prepotencia estatal. Así lo fue durante el totalitarismo soviético, por ejemplo. Probablemente Robin Hood también habría sido perseguido por la KGB.