LA ESTRUCTURA MERCANTILISTA DE LA EDUCACIÓN CHILENA

En la discusión el concepto de lucro se ha mal utilizado, y eso ha incidido en que el foco en torno a la crisis educacional no está bien planteado.

La discusión se ha centrado en demonizar el lucro como causa del problema. Efectivamente, en muchos casos ha derivado en clara usura, pero eso es más bien un síntoma, no la enfermedad. Y casi todos han caído en el error de creer que es la causa. Pero el problema no es la libertad de enseñanza, que es la crítica que se esconde detrás de la crítica al lucro (la respuesta no es suprimir la libertad de enseñanza). Hay algo más subterráneo.

El lucro -mal entendido como usura- se ha alimentado de una falencia más profunda que la falta de ética de algunos, que es la nula garantía de educación pública de calidad en el sistema primario y secundario. Repito, la base de todo el problema educacional es otro: la nula oferta de educación pública de calidad por parte del Estado a nivel primario y secundario.

Es ahí donde se estructura todo el resto de las trabas y se naturaliza un sistema de competencia (por puntajes y certificados) claramente desigual, que discursivamente se presume basado en el mérito y el esfuerzo, pero que en realidad no lo es.

Y en ello hay una clara paradoja (muy ad hoc a cualquier mercantilismo) porque el Estado exige a los padres -con sanciones incluidas- enviar a sus hijos a la escuela, porque la Educación “es un derecho constitucionalmente consagrado” (artículo 19, 10°), y simultáneamente no ofrece educación pública de calidad para todos. Eso aunque el papel lo indica y existan algunos colegios públicos (bastante elitistas por lo demás). Te obliga a enviar al colegio, pero no te ofrece escuelas.

Entonces, los padres tienen dos opciones para salvarse del castigo -ligadas a su capacidad de pago y endeudamiento-: o mandan a sus hijos al colegio municipal más cercano (que con el respeto a quienes laboran en ellos, en algunos casos parecen centros de reclusión); o se endeudan pagando algún colegio de la red particular subvencionada o particular, al que puedan acceder.

La lógica mercantilista (no confundir con libre mercado) se cumple a cabalidad: Una demanda (por certificados o entrenamiento) garantizada por ley para prestadores (que entregan tales certificados o tal entrenamiento). Tal como en cualquier otro mercantilismo (AFP e Isapres) el Estado por ley, garantiza a los prestadores privados una demanda constante y cautiva.

Es decir, eso que el papel consagra como derecho garantizado por el Estado, lo debes pagar tú. Es decir, el derecho se convierte en coacción. Negocio redondo para los diversos burócratas de la educación, que sin distinción política, han desarrollado desde hace años, sus emprendimientos usando la presión estatal sobre los padres (aunque algunos sufran amnesia tratando de sacar dividendos políticos aprovechando la contingencia). Porque lo cierto es que de esta lógica mercantil, han hecho usufructo no sólo la derecha, también la Concertación e incluso los que se presumen fuera de esos sectores o paladines de la igualdad.

Pero hay un detalle más “escalofriante”. Todo lo anterior, ha incidido en que la educación superior “tradicional” (que hegemoniza los saberes) se ha mantenido bajo control de prácticamente las mismas élites de siempre, por décadas, de manera invariable (y como decía Bourdieu, con algunos “casos” para decir que el sistema no es cerrado).

Y no sólo eso, todo lo anterior, ha alimentado crecientemente la compulsión extendida por años, de creer que el éxito y tu capacidad, se determinan en base a cómo te va en un examen de dos días (PAA, PSU o como quieran llamarlo), junto con la obtención de un título profesional “ojala en una carrera y universidad tradicional”. Con ello, se ha reducido el concepto de Educación, a la idea de recibir entrenamiento para tal examen, como quien entrena para obtener licencia de conducir. Con ello, han eliminado una serie de cuestiones –no sólo materias- ligadas con lo que es educación en sentido global, como la orientación, el desarrollo de intereses y talentos diversos, etc.

Y vaya que reducción, porque ese examen de dos días, al que a final de año todos ponen tanta atención y tanto le temen, no es más que una barrera de entrada a la educación superior controlada por las élites de siempre, no “meritocrática”, sino claramente elitista ¿Impuesta por quiénes? Por las mismas élites.

Barrera de entrada (y no puerta a la universidad como le llaman) porque en realidad legitima y naturaliza la exclusión previa instaurada en el sistema primario y secundario de educación. Es decir, quien gana la carrera ya está determinado antes de partir.

Y no sólo eso, con ello, justifica toda una estructura de dominio posterior en diversos ámbitos (Basta ver quiénes se llevan becas de doctorados, o controlan las propias Ues privadas, o quienes determina qué títulos son válidos, quiénes merecen tal cátedra, o quiénes acceden a cargos de poder, quienes acceden a ciertos trabajos según la universidad, etc).

Como vemos, el meollo del asunto es mejorar la calidad y oferta de educación pública de calidad a nivel primario y secundario para aumentar la competencia posterior a nivel social, para diversificar. Para hacerla de verdad, y no que siga siendo una carrera donde unos cuantos corredores compiten con varios que ya están cojos desde el punto de partida.

Educación ¿Guerra De Élites?

Ya dijimos que el sistema educacional en su totalidad está en crisis. Es algo que se viene incubando desde las primeras transformaciones a mediados de los 80´. Varias generaciones, en mayor o menor medida, han planteado sus reparos y sus demandas. Hoy, se ha alcanzado un punto de ebullición.

El sistema educacional chileno está estructurado desde su base, para preservar el privilegio, determinado por el capital social y el nivel socioeconómico. No sólo en cuanto a la calidad de los colegios a los que se accede, sino también a métodos de entrenamiento anexo –como preuniversitarios- para enfrentar las barreras de entrada al sistema universitario, que el Estado y las universidades tradicionales –qué controlan las élites- establecen, avalan y sustentan, y que lo convierten en un sistema de privilegio, y para nada meritocrático.

El detalle, es que aquellos que colocan las barreras de entrada, evalúan el conocimiento de los individuos, sin establecer o sin fijarse, si ese conocimiento está siendo adquirido –o entregado- de manera previa realmente. Que mejor ejemplo que las escuelas públicas municipales. Es decir, el control férreo y exigente aplicado al alumno, evaluado para ingresar al sistema universitario, no se condice para nada con el débil control en las etapas en que el evaluado se prepara para tal evaluación en la educación básica y media. El privilegio está asegurado desde la cuna gracias a nuestro sistema educativo.

Así, el sistema educativo en conjunto –sin tomar en cuenta el problema de qué entendemos por educación- se ha convertido y reducido- en un sistema que prepara netamente para responder un examen de dos días, al cabo de 12 años de escolaridad, que “supuestamente” determina el futuro de las personas en base a su acceso a las Ues tradicionales, mediante un certificado de “capacidad” que luego se publica en el diario.

Este ámbito, que en realidad es el de las certificaciones y reconocimientos, cuyo monopolio lo tiene el Estado, y quienes controlan sus entidades de conocimiento, y que validan un saber, son aspectos que pocos abordan a la hora de analizar y proponer soluciones a la crisis del sistema educativo de manera global. Sobre todo, a la hora de enfrentar el claro carácter elitista de la educación universitaria tradicional.

¿Qué clase de educación es esa que se centra en otorgar “certificados de capacidad” según el acceso de entrenamiento previo según capacidad de pago? ¿Por qué se ha hecho compulsivo en entrar a la universidad, sin valorar otras formas de conocimiento –sin tomar en cuenta otra cualidades- tan necesarias para el desarrollo de una nación y de las personas?

La respuesta está en el elitismo, tanto de quienes controlan el conocimiento, las certificaciones, el Estado y la productividad, como de aquellos que son excluidos por ese mismo sistema.

Ambos, mediante el falso discurso de la meritocracia, establecen y aceptan distinciones entre miembros de UES tradicionales, privadas buenas, regulares y malas, institutos profesionales, iletrados, etc.

Así, se reproduce el discurso de los “mejores” que accedieron al sistema ¿Por mérito? y que se sienten con el derecho de imponerse, discriminar, exigir privilegios, y establecer una batería de certificaciones y barreras de entrada para becas y otras dispensas, en desmedro de aquellos que quedaron fuera del sistema tradicional, por “su falta de mérito” y que se educan de manera privada a punta de endeudamiento.

Se estructura un sistema de dominio perverso que se ha reproducido de manera invariable a lo largo del tiempo. Así, el “mérito”, camufla el hecho de que el privilegio está asegurado desde la cuna gracias a nuestro sistema educativo.

No es raro entonces, que la mayoría de las personas –sobre todo aquellos cuyo único capital para heredar es invertir en educar a sus hijos- crean que el título profesional les permitirá a sus hijos, romper con ese elitismo anquilosado por décadas, que se reproduce invariablemente en el ámbito laboral, universitario privado y público, artístico y un largo, etc.

Lamentablemente, tal elitismo está sedimentado en las mentes de todos, incluso de los excluidos y sus representantes. Y surge la duda ¿Hasta qué punto, esto no es más que una pugna entre élites y no una lucha por una educación de calidad para todos?

La alternativa es colocar como eje central corregir la falla desde su raíz, es decir, en la educación básica y media, derribando esas barreras de entrada ficticias al sistema universitario, que las propias élites han impuesto. 

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD RAZONABLE

Que la educación está en crisis es un hecho, aunque algunos lo nieguen apelando al alto nivel de cobertura del sistema. El modelo educacional en todo sentido, y desde sus bases, está quebrantado y genera fracturas posteriores. Esto no es nuevo en realidad, pero los efectos se hacen notar cada vez más. La olla esta hirviendo. Lo peor, está siendo un atentado con lo razonable de la sociedad.

Una sociedad razonable se define como “un sistema de cooperación justa” donde los individuos –racionales- establecen términos justos –previa discusión de tales términos- que todos aceptan de manera reciproca e imparcial –en base al altruismo y la ventaja mutua- a favor de beneficiarse en conjunto. Esta idea, que plantea Rawls, se hace relevante al analizar la crisis educacional chilena en todos sus niveles.

Primero, nuestro sistema educacional, ha tendido a crear individuos racionales pero no necesariamente razonables –aquellos que tienen en cuenta las consecuencias de sus actos para el bien de los demás-. Desde los primeros años de educación, ha tendido a desvalorizar lo razonable como eje esencial, para llevar a cabo lo racional de cada individuo. Y eso se refleja en diversos niveles, desde la violencia escolar, la prepotencia al volante, la intolerancia y la falta de diálogo.

En otras palabras, el modelo educacional ha ido sistemática e históricamente en contra de la idea de “cooperación social justa” (fair), y con ello ha pasado a llevar lo que se podría considerar como los cimientos básicos, que permiten lo razonable en una sociedad, entendido como reciprocidad (que no es necesariamente altruismo ni egoísmo, sino ambos).

A partir del sistema educacional, los fines propios de cada individuo –racionales- se encuentran en medio de una casi total ausencia de términos justos, que harían razonable el sistema en su conjunto. Nadie confía en nadie ni en la escuela ni fuera de ella.

Es decir, el sistema educacional –tanto público como privado- ha suspendido lo que Rawls llamaba el “universo público establecido” –donde se supone puedo identificar los términos justos que todos respetan, para así respetarlos individualmente-. Eso se refleja claramente en otros ámbitos sociales, con episodios cada vez más frecuentes de falta de ética pública y privada por parte de diversos individuos, sin depender de ningún tipo de distinción, tenga o no corbata.

Si la educación, mediante la cual se pretende instruir a los individuos (¿Qué es la educación?), parte por destruir tal idea de lo razonable desde los primeros años de aprendizaje, no es raro ver que tal noción de lo razonable no exista en otros ámbitos, como la política, el actuar corporativo, o las formas de expresar descontento.

Lo interesante de aplicar este análisis al plano educativo, es que lo anterior también se ve reflejado en los actores en pugna en torno al problema educativo, tanto en quienes parecen oponerse a corregir las fallas, como en aquellos que dicen querer hacerlo.

Los diversos actores o sectores, más bien parecen maximizar aspectos racionales –por su propio bien- y no necesariamente razonables –tomando en cuenta efectos en otros en base a términos justos-. Ninguno está siendo razonable en términos estrictos.

En otras palabras, parecen estar dispuestos a “participar en determinados esquemas cooperativos pero no están dispuestos a respetar, o siquiera a proponer —salvo como un pretexto necesario a nivel público—, ningún principio o criterio general para especificar los términos justos (fair) de cooperación. Y están prestos a violar dichos términos en función de sus intereses, cuando las circunstancias lo permitan” (Rawls). Este fue claramente el actuar de la clase política y otros representantes, en su conjunto, ante la primera “revolución pingüina”. En ningún caso fueron razonables.

Ante la crisis educacional, lo razonable sería apuntar directamente a corregir la Educación en su globalidad, es decir, desde los primeros años de escolaridad. Porque es ahí,  en el sistema educacional básico y medio donde se rompe lo que podríamos llamar el primer consenso sobrepuesto –traducido en igualdad de oportunidades sin depender de la cuna o el capital social- y que finalmente termina con un sistema de educación superior de claro carácter segregado y elitista, financiado por los menos favorecidos.

Eso sería lo razonable, sobre todo si tomamos en cuenta que según los propios dirigentes de universidades regionales, “los quintiles socioeconómicos más altos, terminan por recibir mayor cantidad de Aporte Fiscal Directo y altos ingresos por el Aporte Fiscal Indirecto (AFI)”.

Porque siguiendo la idea de Rawls, “ni lo racional ni lo razonable pueden subsistir el uno sin el otro” 

Seis mitos sobre el libertarianismo

Seis mitos sobre el libertarianismo

GRACIAS GOBERNANTES Y LEGISLADORES

Señores gobernantes y legisladores, esta carta es para agradecer a ustedes, la gestión legislativa que llevan a cabo diariamente en beneficio de nosotros, sus representados, los ciudadanos.

En esta ocasión, les agradezco por sus largas y agotadoras sesiones legislativas en torno a “conceder” un post natal de 6 o más meses.

Mi hijo Santiago asiste a la sala cuna desde los 5 meses. Hace poco estuvo enfermo, pues como algunos de ustedes sabrán -como médicos o como padres- un pequeño de esa edad aún tiene un sistema inmunológico en formación. El jardín es una trampa sanitaria. Es cierto.

Pero como tantas parejas jóvenes que forman y valoran la familia y quieren su bienestar, ambos trabajamos, para darle con nuestro esfuerzo diario, lo mejor a nuestros hijos. El jardín permite que hagamos eso, ese es su valor, porque además aprenden y crecen como seres humanos. Pero, también es cierto que ir al jardín es el primer deber impuesto sin consentimiento a los niños pequeños. Ir al jardín es su primer trabajo, su primer aporte a la productividad del país. Muchos dirán que además “Así se hacen fuertes, resistentes”. Es verdad. Quedan listos para contribuir al empleo, la economía, la productividad…la patria, el pueblo, el sistema. La verdad es dura, la salud de nuestros pequeños es su primer tributo.

La madre de mi hijo, mi esposa, con su instinto (quizás mayor que el de todos ustedes juntos y que va más allá de las legalidades y subterfugios impuestos por simples seres humanos con demasiado soberbia) buscó las formas de extender al máximo el cuidado de su bebe, bajo sus manos, su calor, su manto. Eso, aunque la legalidad indirectamente sólo legítima hacerlo hasta los primeros 3 meses de vida.

La madre de mi hijo siguió el dictamen que la naturaleza indica a cualquier madre con sus crías en cualquier especie –sea humana o animal- que es ejercer la máxima protección con sus hijos. Las madres al querer cuidar por más tiempo a sus hijos siguen su instinto simplemente, no quieren abusar del sistema como algunos abyectos aluden.

En otras palabras, hizo algo que la legalidad de la cual ustedes se encargan, sanciona y ahora incluso busca criminalizar, cuando una madre –siguiendo su instinto- extiende una licencia para cuidar a un bebe que tiene 4 o 5 meses, que aunque sano, considera aún débil como para convertirlo en una especie de pequeño obrero.

Por eso quiero agradecerles. Porque esa misma legalidad con la que buscan criminalizar el instinto materno –que incluso ahora los hombres compartimos como padres responsables- permite que otras entidades supuestamente al servicio de la salud, deshagan la economía familiar cuando un hijo pequeño se enferma, aunque ambos padres trabajen.

La deshace, no sólo porque en esos casos la licencia (el permiso para cuidar al hijo) que los médicos conceden es de pocos días, debido a que muchos temen ser perseguidos como criminales, sino también porque los subterfugios legales que ustedes no enfrentan, permiten a esas entidades “al servicio de la salud”, pagar a su antojo, sólo una fracción de esas licencias de pocos días.

Nuestros hijos no tienen derecho a enfermarse y nosotros como padres no tenemos derecho a cuidarlos. Se nos dice que es costoso para “el sistema, la productividad”. Pero la verdad es otra. Es costoso para las ganancias de esas entidades, aunque esas ganancias las generamos nosotros cada mes con los descuentos respectivos que la ley permite.

Les agradezco porque mi hijo de 6 meses recién cumplidos, hoy yace en una cama conectado a ventilador mecánico, sedado, con sondas, con suero, en una clínica -cuya atención es probablemente tan excelente como costosa-. Todo a causa del virus sincicial.

Hoy, su madre no lo puede amantar, a riesgo de perder tan maravilloso don que la naturaleza y no ustedes con sus leyes, ha concedido a las mujeres.

No sé si el maldito virus lo contrajo en la sala cuna o no. Pero es probable que muchos otros niños tanto o más pequeños que mi hijo sí se hayan contagiado en sus salas cunas, porque van desde los tres meses a la sala cuna. Sus madres no pueden cuidarlos en casa porque la ley no se los permite.

Y peor aún, quizás no tienen la suerte de acceder a una atención de salud rápida por la simple falta de dinero. Eso, aunque sus madres probablemente los mandaban a la sala cuna para darles más bienestar, trabajando y tributando mensualmente.

Tal como dije, la salud y vida de miles de pequeños es el tributo que pagan sus padres. 

No pido protección para adultos como yo, que puedo trabajar en lo que sea y privarme de cosas, con tal de dar bienestar a mi familia. Pero exijo que mis tributos al menos sirvan para proteger a niños pequeños como hijo, sin importar su cuna, ni ninguna distinción impuesta por el hombre. Quiero que mis tributos sirvan para eso.

Tampoco exijo derechos para las mujeres. Exijo el derecho de los infantes a la maternidad. El mismo que tienen todas las especies sin costos alguno y que el ser humano parece negar a punta de sanciones. 

Por eso, les agradezco porque su prontitud y la urgencia que ponen en ciertos proyectos como el post natal, dista mucho de la urgencia que colocan para sus propios proyectos, sobre todo cuando se trata de ustedes mismos. Los felicito. 

POR UNA DEMOCRACIA FORMAL E INFORMAL

Son tiempos agitados a todo nivel. Nadie podría negarlo. Vivimos una fase de cambio institucional. En ese punto es donde las personas debemos mirar con atención y ver cómo contribuimos a que esos cambios –necesarios- sean graduales -incrementales-, y sobre todo pacíficos.

La Democracia –como las sociedades y las personas donde se instala- no es un régimen estático sino dinámico, en cuyas oscilaciones pueden generar avances o retrocesos en cuanto sus principios fundantes –respeto de derechos individuales, civiles y políticos-.

Se debe tener claro que la Democracia es una institución formal (basada en procedimientos y leyes) e informal (cuyo sustento depende de una sociedad democrática y sobre todo de individuos con mentalidades democráticas).  Y en ese sentido, sirve esencialmente para reducir la incertidumbre en cuanto a cómo se transfiere el poder político, quién lo ejerce y cómo lo hace.

La Democracia es fundamentalmente una limitación formal e informal que permite el cambio incremental (pacífico) y no discontinuo (violento) en la sociedad, y el ejercicio del poder de manera limitada y no autocrática.

Y aquí está el meollo del asunto. Hoy la Democracia a nivel formal e informal (en diversas latitudes) vive procesos de cambio profundo. Las clases políticas tradicionales –con sus partidos y modos de hacer política y ser gobierno- se encuentran deslegitimadas, mientras los ciudadanos, en general -de manera individual u organizada- parecen exigir mayor coherencia, transparencia, y también mayor autonomía en cuanto al poder.

La incertidumbre es creciente en ese sentido. Comparable con otras fases de cambio que luego quedan como trazos divisorios en las líneas de tiempo escolares. Nadie sabe hacia dónde llevarán los movimientos ciudadanos. Los individuos, y con ello las sociedades, enfrentan dicha fluctuación. No tenemos certeza de nada en términos estrictos. Cualquiera que dé un pronóstico, es sólo un soberbio.

Lo que sí podemos hacer es plantear ciertos consensos mínimos. Y es en ese punto es donde las personas debemos mirar con atención y ver cómo contribuimos a que esos cambios –necesarios- sean graduales –incrementales-, y sobre todo pacíficos.

Y entonces se hace necesario, no sólo hablar de Democracia en términos de limitaciones formales (constitucionalmente) como se ha hecho, sino también informales, es decir en cuanto a las normas de comportamiento no escritas, convenciones sociales, y sobre todo autogobierno, que cada cual promueve y ejerce en sus espacios inmediatos.

¿Por qué es importante esto?

Porque las ideas, prejuicios, mitos y dogmas (ideologías y credos), juegan un papel esencial al momento de determinar cómo interpretamos el medio, y con ello el cambio institucional, sobre todo porque prescriben a los individuos cómo debería ordenarse ese medio.

La fase de cambio institucional en curso, de alta y creciente incertidumbre, ofrece la oportunidad de establecer un cierto consenso mínimo en cuanto a la Democracia a partir del cual construir y establecer acuerdos. Pero, también conlleva el riesgo de dar paso al populismo o el caudillismo, e incluso el autoritarismo y la autocracia.

La idea es promover y hacer prevalecer lo primero.  

Entonces se hace relevante el tema de las ideas y principios que se promueven. Porque las ideas que prevalezcan en cuanto a las actuales exigencias sobre Democracia, determinarán el carácter de los nuevos incentivos y oportunidades, y con ello, si el cambio institucional será gradual y pacífico, sin altos costos, y por tanto beneficioso para todos en corto y largo plazo.

Para eso, es necesario no sólo promover normas formales en cuanto a la Democracia, sino promover fuertemente principios y limitaciones democráticas, que contribuyan a la promoción de una sociedad democrática, compuesta por individuos democráticos.

EL CLASISMO OCULTO DETRÁS DEL VOTO OBLIGATORIO

Algunos que apoyan obligatoriedad del voto reducen el debate a una falsa dicotomía: Si apoyas voluntariedad eres clasista. Si apoyas obligatoriedad eres paladín de la igualdad. Falsa, porque ellos mismos llevan detrás un claro sesgo clasista al querer obligar a votar.

Quienes apoyan el voto obligatorio apelan al deber y la responsabilidad. Bajo esas explicaciones que apelan esencialmente a la emotividad, es fácil que muchos vean en la obligatoriedad una especie de cura mágica para todos nuestros males políticos y sociales, que hará surgir la virtud. 

Pero esos argumentos son fáciles de descomponer y refutar. Por tanto, los defensores del voto obligatorio recurren al que suponen su argumento infalible:

Los menos favorecidos presentan bajos niveles de participación electoral. Con voluntariedad, los menos favorecidos serían incapaces de ejercer el voto, y defender sus intereses en comparación a más favorecidos. Ergo, se justifica obligarlos a votar.

Y coronan su demostración con un “la estadística nos respalda”. De ello derivan que oponerse al voto obligatorio sería entonces: ser un defensor de la oligarquía, del neoliberalismo, de los ricos, o que simplemente no te importan las desigualdades o la “asimetría social”. Irrefutable dirán muchos, sin razonar a fondo.

Pero si miramos más allá, vemos que detrás de ese argumento a favor de la obligatoriedad, hay un sesgo tremendamente clasista:

Los menos favorecidos serían unos inconscientes, a los que se les debe guiar –obligar- para votar.

Más directo aún, quienes defienden el voto obligatorio, porque “constatan que sectores menos favorecidos presentan bajos niveles de participación electoral”, están viendo a los más pobres como idiotas, en cuantos sujetos desinteresados de lo político.

OBLIGUEMOS A LOS IDIOTAS A VOTAR

Como vemos, quienes promueven el voto obligatorio desconfían del autogobierno de los más pobres para ejercer el sufragio libremente, desconfían de su conciencia individual. No confían en ellos. Y eso que muchos hablan de “la conciencia del pueblo”.

Si se analiza bien, ésta desconfianza es similar a la que tenían quienes se oponían al sufragio universal. Una desconfianza clasista.

¿No es clasista decir: usted es pobre, probablemente no votará si voto es voluntario, lo obligaremos “por si las moscas”? ¿No es clasista decirle, usted es idiota porque no se interesa por lo público, así que lo obligaremos a hacerlo?

Lo cierto es que es errado considerar a los individuos como idiotas, basándose en su condición económica o su comportamiento electoral. No sólo es un criterio sesgado y clasista, sino que un supuesto tremendamente errado e incluso contradictorio.

En primer lugar no se consideran otras variables por las cuales los individuos de sectores menos favorecidos -pero también de sectores medios- no ejercen el sufragio. Hay varias, un sistema político anquilosado, poco competitivo, partitocrático y elitista.

En este sentido, los defensores del voto obligatorio evaden explicar por qué creen que pobres votan menos y por qué obligatoriedad sería la solución a dicho fenómeno.

Y lo evaden porque terminarían contradiciéndose, porque no tienen forma de explicar: ¿Por qué suponen que el voto obligatorio romperá así sin más, con la lógica hereditaria y altamente elitista de los partidos que controlan el campo político?

¿Por qué creen que abrirá espacios en un sistema político hegemonizado por dos coaliciones? O ¿Por qué creen que romperá las asimetrías de información, y con ello la apatía cívica y la despolitización?

OBLIGADOS POR LA VANGUARDIA

En segundo lugar y más importante, consideran a todos los pobres como una masa inconsciente y despreocupada. Ciertamente resulta irónico que se quiera obligar a votar a aquellos que a la vez, se les considera una masa incapaz de ejercer el voto voluntariamente.

Y aquí entra en juego un sesgo ideológico más profundo, que explica el escondido discurso clasista de los defensores del voto obligatorio: consideran a los pobres como una sola clase alienada. No hay matices.

Claramente, detrás hay un concepto marxista de clases y de la democracia misma, donde consideran a los menos favorecidos una masa sin conciencia de sí y para sí, y que por tanto debe ser guiada –obligada incluso al modo rousseaniano- para defender sus intereses, “su libertad”. ¿Por quiénes? Por ellos, los iluminados con conciencia, por supuesto.

Pero aplicando la misma nomenclatura de Marx, surgen dudas:

¿Por qué “estos defensores del pueblo”, lo quieren obligar a entrar en las reglas del juego de una democracia que consideran burguesa, es decir de clase?

¿Por qué lo quieren obligar a votar por actores que provienen de sectores privilegiados y que hegemonizan el campo político? O ¿Por qué suponen que el voto obligatorio no es parte de lo que llaman la “hegemonía liberal conservadora” y el voluntario sí lo es?

¿Por qué suponen que el voto obligatorio romperá “mágicamente” con las asimetrías en la representación, si parten del supuesto que menos favorecidos están dominados por esa “hegemonía liberal conservadora”?

Nada de esto responden. La obligatoriedad es un acto conservador...como la conscripción militar obligatoria...

¿Por qué no hacer una campaña por el voto libre e informado? 

DEMOCRACIA SIN SABER QUÉ ES

Hace meses la palabra democracia se ha convertido en un concepto recurrente, en redes sociales, prensa nacional e internacional, y en manifestaciones públicas en todo el mundo. No obstante surge la duda ¿De qué habla cada uno cuando dice democracia?

La palabra democracia es un concepto polisémico, que a lo largo de la historia ha tenido diversas lecturas. Muchos pensadores han hablado sobre democracia -a favor como en contra- desde diversos enfoques, descriptivos, prescriptivos e históricos.

La palabra -que pertenece a un sistema de conceptos relativos a las formas de ejercer el poder político- ha sido usada para designar un régimen de gobierno en base al número de titulares del poder –en su uso clásico-; como régimen contrario a la autocracia, a partir de las revoluciones liberales y republicanas contra del absolutismo monárquico; como contraposición a las dictaduras totalitarias, en su revaloración positiva en el siglo XX.

En la actualidad, se podría decir que todos hablan de democracia, la exigen, la claman, la cuestionan, proponen mejorarla, reconstruirla, instaurarla. Todos somos demócratas. Pero como plantea Sartori, para debatir sobre democracia hay que tener presente que hay un ideal democrático y una democracia real que están en constante tensión, y que hacen de ésta un elemento perfectible.

No obstante, el concepto de democracia se ha convertido en un significante vacío. Aunque muchos hablan de democracia, la mayoría tiene un concepto más bien abstracto y no concreto de ésta. Eso incide en que hay juicio de valor sin juicio analítico. Eso lleva a errores conceptuales sobre la democracia, y sobre todo en cuanto a su defensa. Algunos de estos supuestos falsos son:

1.      La democracia es el simple gobierno de la mayoría:

Esta idea se relaciona con lo que Popper llama la teoría clásica de la democracia, que relaciona democracia con el concepto de soberanía del pueblo (demos), en cuanto su derecho a gobernar, que luego Rousseau llamó la Voluntad General.

Tal uso clásico surgiría en opción a la tiranía de uno o varios, y no basado en una especie de infalibilidad de la mayoría o en el supuesto derecho de la mayoría de imponer lo que se le ocurra, como muchas veces se cree.

Contrario a lo que muchos  consideran -incluidos los liberales utilitaristas- la mayoría también se puede equivocar o puede actuar de manera despótica. Como decía Stuart Mill: “El mejor gobierno no puede ejercer más derechos que el peor; es tan perjudicial, o aun más, la coacción impuesta de acuerdo con la opinión pública que la que se ejerce contra ella”.

Entonces, se hace necesaria la idea de contrapesos y controles institucionales, la politéia de Aristóteles (quien usaba el término democracia en sentido negativo) para evitar la tiranía de las mayorías, que según Stuart Mill, sería “un gobierno de privilegio en favor de una mayoría numérica”.

La democracia entonces no se define sólo por el simple número -que conlleva el riesgo del colectivismo o la oclocracia, la mala forma de democracia según Polibio- sino que por el nivel de libertad política e  individual que se permite a los individuos en un régimen dado. Esto es clave para defender la idea de igualdad intrínseca (Dahl), es decir, que los seres humanos son esencialmente iguales en lo fundamental, son fines en sí mismos y tienen derecho a la libertad (Kant), y un sentido de la justicia (Rawls).

2.      La democracia es simplemente un sistema de elección basado en partidos políticos:

Muchos consideran sólo la variable procedimental –el acto de votar- como razón suficiente para hablar de democracia, y no otras variables como las libertades civiles y políticas –de opinión, expresión, asociación, movimiento- que se deben ejercer en un estado y sociedad democrática.

La visión procedimental tiende a ser funcional a quienes sobrevaloran el rol de los partidos políticos (Kelsen), dentro de un mero sistema de competencia donde los ciudadanos sólo deben elegir ofertas entre caudillos (Schumpeter). No obstante, esto conlleva el riesgo de convertir la democracia en una partitocracia, donde parafraseando a Bobbio, el diputado se vuelve un mandatario, no de los ciudadanos que lo eligen, sino del partido que lo castiga quitándole confianza cuando no representa la disciplina partidaria.

“Todo ello desacredita seriamente la idea en que se fundamenta la representación proporcional: la idea de que la influencia ejercida por un partido cualquiera es forzosamente proporcional al número de votos que ese partido se ha ganado” Popper.

Porque no hay que olvidar que la representación es un elemento simbólico. Por tanto, la mera creencia en la delegación sin promover mecanismos de control sobre los representantes una vez electos, deriva en falta de representación. Stuart Mill planteaba: “Lo que agrava considerablemente estos males es la falta de igualdad en las democracias que hoy existen; véase en ellas hasta una desigualdad sistemática en favor de la clase dominante”. La clase política.

Se hace necesaria entonces mayor competencia a nivel electoral, para abrir espacios a representantes netamente ciudadanos y no sólo partidarios. Incluso considerar el sorteo como parte de los mecanismos democráticos, pues "Lo único que justifica gobernar a hombres libres e iguales es que cada uno gobierne por turno" Aristóteles, Libro III de la Política.

3.      La democracia equivale a omnipotencia del Estado:

Frecuentemente se presume que Democracia equivale a la existencia de un Estado como una entidad totalizante que absorbe a la sociedad, y desde la cual se impone –por ley o coacción- un modus vivendi, que sería el que la mayoría establece.

Esta idea tuvo su punto más álgido durante el siglo XX, cuando el concepto de democracia estuvo en el fragor de la disputa ideológica, y se le ligó con la idea marxista de dictadura proletaria, que implicaba que la democracia liberal como parte del dominio burgués, debía ser reemplazada una vez establecido el control “revolucionario” del Estado, para instaurar un orden totalmente nuevo, el dominio proletario. La dictadura ya no sería provisional -ejecutiva- como en el uso clásico sino soberana -ejecutiva, legislativa- (Carl Schmitt).

Pero es errado confundir democracia con estatismo o monopolio del poder, porque la democracia implica, según Tocqueville la necesaria existencia de un pluralismo asociativo, es decir, una sociedad civil activa, plural y tolerante, donde mayorías y minorías puedan expresarse pacíficamente y con libertad sin temor al Estado. Para ello es importante establecer límites al poder político y estatal. Se hace necesaria la separación de poderes que planteaba Montesquieu, quien decía: “Para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder frene al poder”.

Y aquí surge un principio clave de la democracia, el Estado de derecho, entendido esencialmente como el gobierno de las leyes -igualdad ante la ley (ya desde Pericles)- y “la subordinación de todo poder al derecho” (Bobbio). Es decir, ningún gobierno tiene el derecho -a través del Estado- a disponer de nosotros como se le antoje, aunque diga hacerlo a nombre del pueblo, la patria o lo que sea. Hay derechos que permanecen en cada individuo, como la autoposesión.

Eso es esencial para separar democracia, entendida como poliarquía (instituciones políticas democráticas) de la autocracia –el imperio de los hombres o el capricho personal-.

Alain Touraine, entre sus requisitos para una democracia considera necesaria la separación entre Sociedad Civil y Estado, y la existencia de diversos grupos de interés. Ergo, la existencia de un espacio político reconocido e independiente del Estado, la ciudadanía. Como se ve, el error sería creer que la democracia implica una racionalidad absoluta del Estado.

Esa creencia no desarrolló más democracia en la URSS, sino un Estado burocrático monopólico y luego totalitario, sobre la vida de los individuos.

Como decía Rudolf Rocker “La dictadura puede suprimir una vieja clase, pero siempre se vera obligada a acudir a una casta gobernante formada por sus propios partidarios, otorgándoles privilegios que el pueblo no posee”. Una minoría privilegiada que controlaba el poder y una masa empobrecida (Trostky).

4.      La democracia como el dominio de una clase o la autocracia de un líder:

Muy ligado con el error conceptual anterior, está el de ligar democracia con caudillismo (algún tipo de dominación carismática) o dominio de una clase, basado en el mito de que el líder o un clase en específico, captan o representan mejor que el resto, la voluntad popular. La democracia es contraria al culto a la personalidad.

Esta confusión se acentúa sobre todo en momentos de cambio o transformación donde se cuestiona el orden y poder imperantes, y proliferan diversos líderes que buscan monopolizar las demandas y con ello los liderazgos y el poder, ya sea mediante formas pacíficas o violentas.

En ese sentido, la lucha por la democracia -ya sea para instaurarla, ampliarla o defenderla- siempre conlleva el riesgo de derivar en una nueva tiranía, sobre todo si no existen ciudadanos celosos de sus espacios de libertad individual, como para evitar su desarrollo.

Porque esos líderes “revolucionarios, demócratas, liberales o progresistas” tampoco son inmunes a la ley de hierro de la oligarquía, es decir, tienen igual peligro de convertirse en los nuevos opresores (aunque digan que su poder es provisional) mediante auto investiduras y un creciente culto a la personalidad, donde nadie puede cuestionar las decisiones del líder porque es supuestamente el más sabio, moral, intelectual, técnico, iluminado, etc.

Bajo esa lógica, las democracias tienen el riesgo de convertirse en democracias cesaristas (Weber), donde los ciudadanos prácticamente no pueden cuestionar a los gobernantes, que a la vez buscan mediante diversos mecanismos y subterfugios perpetuarse en el poder porque se consideran los únicos capaces de ejercerlo. Ejemplos de ellos son el despotismo ilustrado y las vanguardias revolucionarias.

Contrario a lo anterior, la democracia implica un derecho esencial, que Dahl plantea en su poliarquía: el de oponerse a los gobernantes y sacarlos de sus cargos con el voto. Por tanto, como plantea Sartori, no son legítimos las auto investiduras ni el poder que derive de la fuerza.

Implica el traspaso constante y pacífico del poder. Ergo, obliga a un sistema electoral competitivo, abierto, donde todos los ciudadanos pueden acceder a cargos de representación y nadie es dueño de un cargo de representación o decisión. De lo contrario, se produce nepotismo, plutocracia o partitocracia.

“Todo dictador, por benévolo que pudiera ser, usurpa las responsabilidades y, con ellas, los derechos y los deberes de todos los demás hombres. Esta es una razón suficiente para decidirnos por la democracia -vale decir, por un gobierno cuyas leyes nos permiten incluso destituirlo. Ninguna mayoría, por amplia que sea, puede sentirse calificada para deshacerse de esas leyes.” Karl Popper.

Reflexión final

La sustitución de la democracia representativa por la directa es difícil en las grandes organizaciones, pero se pueden establecer formas mixtas, que permitan mayor ejercicio de la última a nivel local, como el sorteo de cargos y un mayor federalismo. En ese sentido, la democracia liberal y la democracia participativa son complementarias (Held). 

Estamos en una fase esencial, ya no basta exigir un Estado democrático, se debe promover siempre pacíficamente, una sociedad democrática, abierta. Es clave tener presente qué es democracia y qué no. 

DROGADOS CON EL PODER

No es necesario dar la cantinela sobre el valor de la democracia y la participación de los ciudadanos, para decir que lo que ocurre en La Florida no sólo es un triste espectáculo, sino que un claro síntoma de una especie de esquizofrenia que afecta a nuestro sistema político, entre una institucionalidad débil y el capricho de los representantes políticos.

En lo personal, me parece que el mecanismo para la “sucesión” -que es algo más bien monárquico, porque además sólo votan los concejales- es inadecuado e insuficiente. No es democrático. Tampoco lo es no asistir a ninguna sesión para saldar el asunto, incumpliendo con una responsabilidad explícita ante los ciudadanos.

Primeros culpables, los “honorables” en Valparaíso, que parecen creer que los miembros de la clase política son inmortales en sus cargos, y aún no legislan en cuanto a un mecanismo –que lógicamente es llamar a elecciones ciudadanas- para reemplazar a los que renuncian o mueren en el ejercicio de un cargo. Todavía recurren al capricho, hacen enroques y aplican la dedocracia sin ponerse rojos. De mejores instituciones, nada.

Y es que el problema en La Florida es un problema generalizado de nuestra democracia. Es una falla institucional endémica. La Democracia es prisionera de malos mecanismos que la dejan a merced del capricho personal de algunos.

Así, los vecinos de La Florida, hoy aún están a merced del antojo de unos cuantos miembros de un concejo municipal, sin poder ejercer ningún control sobre el capricho de éstos. De hecho, la ley acentúa esa arbitrariedad, al indicar que son los concejales y no los ciudadanos, los que deben elegir al sucesor del alcalde Gajardo. “La ley lo dice” exclamarán muchos que ven ahí la solución, pero que ni siquiera piensan si esa ley es adecuada para tal efecto.

No se preguntan ¿Por qué la ley les concede a unos cuantos concejales esa facultad que pertenece a los ciudadanos? ¿Acaso los electores los eligieron para designar sucesores en caso de fallecimiento del alcalde? Jamás. Los ciudadanos los eligieron para representarlos ante el alcalde, no para ser potenciales sucesores de éste. ¿O acaso algún concejal entre sus promesas habla de ser el mejor sucesor del alcalde si este renuncia o muere?

Y ahí está lo esquizoide de todo esto, porque los concejales están encerrados en una especie de burbuja ajena a La Florida misma, donde el hedor del poder les carcome toda racionalidad política y exacerba al máximo su capricho personal.  Y de eso están haciendo un ritual público, penoso, que camina al borde del absurdo. Sólo falta que propongan a un caballo para el cargo…

Todo es una locura si uno se pregunta ¿Qué esperan realmente los concejales de la Concertación y del PC, que por novena vez no acuden a la sesión extraordinaria? ¿Qué muera alguno de sus colegas que apoya a Carter para quedar empatados? ¿Cuántas veces asistirán los que apoyan a Carter, sabiendo que los otros no irán, si ya pasó “la tercera es la vencida”?

Entonces se aprecia claramente que la lucha en ese concejo floridano es por el mero ego del poder, no por la democracia y menos por los ciudadanos.

Lo peor, los vecinos de La Florida están entrampados en ese vacío entre una institucionalidad inútil y poco previsora, y el capricho de unos cuantos concejales, que no sólo han suprimido todo diálogo, sino que han colocado a la “democracia” en un limbo insalvable. Y con eso han subyugado a la ciudadanía.

En una actitud claramente autoritaria del concejo en general, sin querer realmente consultar al electorado, de ambos sectores se consideran los más aptos para asumir la alcaldía. Ese es eje de la disputa y la inmovilidad que mantiene a La Florida sin alcalde por casi tres meses.

En el fondo, la falta de una institucionalidad democrática a nivel comunal como la gente, hace que los propios representantes le nieguen el derecho de ejercer la democracia a sus ciudadanos. Es decir, no los protege de malos representantes, sean alcaldes o concejales, que capturan el poder para sí de manera personal o colectiva.

Perfectamente todos esos concejales podrían llegar a un acuerdo democrático, para luego llamar a elecciones de nuevo alcalde. Eso sería revolucionario, profundamente democrático. Pero no.

Están drogados con el poder, mientras La Florida sigue funcionando sin alcalde y sin concejales. Es que la democracia no depende de esos representantes, es más bien su prisionera.

LA MENTIRA DE LA SANGRE AZUL QUE LA PRENSA VENDE

No dejó de sorprenderme ver en el noticiero central de Canal 13, una nota que hablaba sobre Kate Middleton, la futura esposa de Guillermo, donde sea aludía a que ella no tenía “sangre azul”. ¿Sangre azul? ¿En un noticiero en el año 2011, en el siglo XXI?

Que los ingleses veneren desaforadamente a su familia real puede ser hasta cierto punto entendible debido a la fuerte tradición que rodea a la monarquía –aunque casi provoque el vómito que los no privilegiados fomenten el privilegio- pero que una mexicana haga huelga de hambre para ir a la boda, me parece detestable. Una muestra penosa de servidumbre voluntaria.

Por eso me parece aún más detestable que la prensa chilena, implícitamente trate de reforzar una mentira, que es la idea de la divinidad de algunos humanos, debido a la gracia de dios. Porque apelar a la idea de sangre azul es apelar al derecho divino.

No me extraña que el canal católico pretenda apelar al derecho divino, sobre todo considerando que los últimos acontecimientos en la Iglesia, a más de alguno le han iluminado la mente como para no creer en la mentira de la infalibilidad del Papa, y por tanto dudar de cualquier sacerdote que le diga que es un “iluminado por dios”. Aún así, el Vaticano insiste en esa mentira de la sangre sagrada, y ahora un poco de humor circulatorio de Juan Pablo II  será elemento de veneración.

Hablar de sangres azules o sagradas en el noticiero central es simplemente mentir, sobre todo porque muchos sabemos que eso no existe, que es un mito, un sofisma. Porque sabemos que cuando Diana lamentablemente murió, su sangre “real” era tan roja como la del árabe Dodi o su chofer plebeyo.

Hablar de sangre azul o divina como noticia, no es informar, es levantar un mito que hace siglos fue derribado, cuando la cabeza de Luis XVI rodó, salpicando una sangre roja, casi violácea, debido a la gran cantidad de carne consumida mientras el pueblo ni siquiera tenía pan.

En el fondo y esto es lo clave, a lo largo de las semanas, la prensa ha reavivado los principios del derecho divino, que Locke refutó. Es alentar el mito monárquico, esa vieja mentira -muy vigente lamentablemente incluso aunque votemos- sobre las supuestas cualidades divinas de ciertos líderes y sus familias, sean reyes, políticos, curas, o lo que sea.

A través de una boda, está fortaleciendo la mentalidad de vasallo, tan vigente, mediante la cual el poder se ejerce no sólo en las monarquías y dictaduras, sino también en las democracias, haciendo que los incautos plebeyos (les llamen pueblo, ciudadanos, electores, camaradas o súbditos) crean que sus gobernantes y líderes son humanamente superiores, iluminados, que tienen un carisma único mediante el cual captan la voluntad popular, que son infalibles, héroes de la patria, salvadores del pueblo, o que simplemente tienen sangre azul.

Y lo ha hecho de manera oculta, subrepticia, pero sencilla, apelando a la servidumbre voluntaria del común de la gente, mostrando los diversos souvenirs en torno a la boda de dos jóvenes con la sangre tan roja como la del resto.

Incluso ridículamente –y apelando al snobismo chilensis tan mayoritario- han mostrado los que se venden en Chile. 

Y luego nos quejamos que los poderosos abusan.

SORTEO PARA SENADORES Y DIPUTADOS

Mientras se llevaba a cabo un interesante debate en torno al voto y la ciudadanía, propuse sortear los cargos políticos, es decir, usar un mecanismo utilizado en la vieja democracia ateniense, para mejorar nuestra elitista  y oligopólica democracia.

Como era esperable, la idea generó más anticuerpos que apoyos, debido una cierta aura conservadora en torno a la elección como mecanismo, y al carácter polisémico del concepto de democracia; que nos lleva desde una concepción como simple gobierno de mayorías, hasta una concepción como contrapesos institucionales al poder.

La propuesta –que es debate- fue puesta en duda sin analizarse de manera profunda la alta implicancia democrática que tal mecanismo tiene, y sus aportes para destrabar y ayudar a respirar a una democracia ahogada por el elitismo y la partitocracia. Debido a eso, me propuse redactar esta primera reflexión-propuesta.

LA DEMOCRACIA COMO STATO QUO

Partiendo por lo esencial, en la actualidad pocos -de manera abierta- se plantean contrarios a la democracia -aunque las estadísticas antes decían otra cosa-. Todos parecen entender lo que decía Churchill, que “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás”. Eso ya es un buen indicio, pero no suficiente. ¿Por qué?

Porque aún cuando nadie plantea abiertamente como ideal un sistema autoritario, pocos definen la democracia de manera concreta. La mayoría relaciona el concepto simplemente con elecciones y voto, agregando incluso en muchos casos, anexos abstractos que contradicen criterios básicos para poder hablar de democracia.

Conceptos como separación de poderes, igualdad ante la ley, derechos civiles y políticos, controles institucionales al poder, federalismo, o mecanismos como referéndums y plebiscitos y revocatorios, a algunos suenan a exclusividades, incluso contrarios a la democracia, o términos academicistas. Lo mismo ocurre con el sorteo de cargos. Para muchos, parece algo imposible e incluso descabellado.

En lo anterior, hay una cierta postura conservadora en cuanto a la democracia, sobre todo cuando se plantean mecanismos democráticos poco convencionales, que a priori se consideran arriesgadas o poco viables.

Se olvida que ese mismo sesgo operaba cuando se proponía el sufragio universal, o el derecho a voto para las mujeres. Sin embargo, y a la luz de los hechos, queda claro que dichos reparos contravenían el carácter perfectible de la democracia como sistema (hoy nadie plantea negar el derecho a voto a las mujeres o el voto universal).

Vemos entonces que la democracia no es sólo el acto de votar y elegir, sino que es una especie de condición abierta al cambio pacífico, perfectible, que no sólo se debe sustentar en un sistema electoral y político democrático que respete derechos básicos de las personas, sino también en una sociedad democrática, abierta al debate. Una sociedad abierta en todo sentido. Todo eso marca la diferencia con las sociedades cerradas donde se impide el libre desarrollo de los individuos al fomentar el autoritarismo y dominio de ciertos líderes -algunos octogenarios- sustentados en el colectivismo, lo tribal, las supersticiones o lo mágico.

Si bien nuestras sociedades y democracias son más abiertas que esos ordenamientos, se mantienen ciertas supersticiones relativas al poder político. Así, aún cuando las revoluciones liberales planteaban romper con el antiguo régimen monárquico y sus principios fundantes, como decía Rudolf Rocker, nuestras democracias siguen operando bajo el principio monárquico de antaño, que el despotismo ilustrado reprodujo.

No es raro entonces que las elecciones se lleven a cabo como un ritual vertical, basado en una superstición: atribuir a los líderes y representantes supuestas cualidades excepcionales que nadie más tendría para gobernar. Esa superstición es invariable, se le llame democracia popular, socialista, liberal o representativa.

No es raro tampoco que esos mismos líderes, derivados en élites, asuman lo anterior como una verdad, y vean a la gente común, a los electores, como parte de una masa incapaz de autogobernarse y conocer sus propios fines, que debe ser guiada como un rebaño, ser iluminada -incluso obligada a ser libre- hasta en las más ínfimas decisiones.

Esa es la lógica elitista y paternalista que impera de manera subrepticia en nuestra democracia.

Vemos entonces que una condición –incoherente- de nuestras actuales democracias es su profundo elitismo, heredero del despotismo ilustrado de antaño, promovido tanto por las élites –que desconfían de los ciudadanos- como por los ciudadanos –que desconfían de si mismos-.

Nuestra democracia es por tanto incongruente, porque mientras en el discurso político y democrático se apela a la ciudadanía, su capacidad de decisión, y la importancia de su opinión y participación en los asuntos públicos, en la práctica los ciudadanos se enfrentan a barreras de entrada formales e informales, con las que son relegados e excluidos, por parte de los agentes del campo político, de la toma de decisiones a todo nivel.

Barreras de entrada no sólo en cuanto a la posibilidad de postular a cargos de elección popular sino también en cuanto a la organización interna de los partidos políticos. Es decir, toda la estructura democrática, partidaria y electoral es elitista y no fomenta la ciudadanía sino que la mera disciplina electoral. Obviamente, las élites niega esto.

EL SORTEO ES MÁS DEMOCRÁTICO

El sorteo de cargos -que incluso Aristóteles proponía-, es una posibilidad de romper con tal stato quo, pues permite romper las barreras de entrada formales e informales imperantes en nuestra actual democracia. Como decía Montesquieu: “el sufragio por sorteo está en la índole de la democracia; el sufragio por elección es el de la aristocracia”

Establecer el sorteo implica fortalecer mecanismos de control y limitaciones en cuanto al ejercicio mismo del poder, que incluyan la destitución por veto. La competencia y calidad política se elevaría porque el acceso a cargos dependería del azar y no de formas de popularidad que pueden ser forzadas por el cohecho.

Se establecería una Demarquía, donde quienes ejercen cargos de gobierno son seleccionados de manera aleatoria, al modo de los jurados en ciertos sistemas judiciales. Esto evitaría el hecho de que –como decía Thomas Jefferson- “Todo gobierno degenera cuando se confía solamente a los dirigentes del pueblo”. (THOMAS JEFFERSON, Notas sobre Virginia, cuestión XIV. Autobiografía y otros escritos. Editorial Tecnos, 1987. Traducción de A. Escohotado y M. Sáenz de Heredia).

Dejo abierto el debate… 

CHOCOLATES Y BURKA

Mientras en Francia se aplica una ley de veto contra el tradicional Burka, en Chile un proyecto de ley plantea prohibir la venta de chocolates en los colegios. Ambas medidas exceden las facultades estatales de control, son claramente autoritarias y representan una invasión a la libertad individual.

La idea de que el Estado nos dicte que vestir y que comer parece una idea sacada de 1984 de Orwell o de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. No obstante, eso es lo que parece estarse constituyendo solapadamente tanto en Francia como en Chile.

Una ley ya aprobada en Francia, prohíbe indirectamente el uso del burka, al prohibir “disimular el rostro” en todo espacio público, y considera multas de 150 euros a quién lo use. Lo más irónico, un curso de ciudadanía para quienes lo usen.

En Chile un proyecto de ley busca establecer la prohibición de vender productos altos en "algún descriptor nutricional" como chocolates o papas fritas, en establecimientos educacionales. Además de restringir la publicidad de dichos productos hasta después de las 22:00 horas. 

Ambas medidas representan una invasión estatal en dimensiones que son de exclusiva injerencia de los individuos, como es el acto de vestirse y de comer. Es inevitable que surjan diversas preguntas en cuanto a la aplicabilidad de tales medidas.

En el caso chileno, el argumento central de las autoridades para establecer la prohibición es resguardar la salud de los infantes y propiciar una población más sana. Muchos argumentan que los más pequeños, al no tener discernimiento, no elijen bien sus comidas y por tanto es mejor prohibir el chocolate para evitar externalidades negativas costosas. Pero entonces, en base a esa lógica, también deberían prohibirse ciertos dibujos animados, juguetes, cierta ropa, etc.

No obstante, a todas luces sería más óptimo educar en cuanto a una dieta balanceada que prohibir el chocolate.

La prohibición no favorece ni resguarda la salud de las personas, porque es probable que surja un mercado negro del chocolate, donde los propios niños se dediquen a la venta de golosinas. Por ejemplo, ¿Qué harán con los abuelos que regalan chocolates a sus nietos por un cumpleaños? ¿Registrarán cada día a los alumnos para evitar el tráfico de cacao? ¿Qué pasará los días lunes después de Pascua de Resurrección y los chocolates que entrega el conejo? ¿Tendrán perros olfateando?

El absurdo se hace evidente cuando comenzamos a pensar en situaciones en torno a la medida. Por ejemplo, y considerando que la prohibición del chocolate apunte a tener una población más sana y delgada a largo plazo, un estudio reciente demostró que la vida en pareja engorda. ¿Se prohibirá en el futuro vivir en pareja también, para mantener delgada y sana a su población?

¿No es acaso todo esto, el inicio de una especie de ingeniería social pretender que la población alcance una talla estándar?

Y siendo más desconfiados ¿No será este el primer paso del Estado, para favorecer a las Isapres, permitiéndoles en el futuro encarecer los servicios de salud como castigo a quienes no cuiden su peso en la infancia y adolescencia? ¿No les parece totalitario?

En el caso de Francia, la prohibición del burka se ha defendido como una medida que fomenta la tolerancia, la libertad y el laicismo. No obstante, es todo lo contrario.

Así como en la Alemania nazi probablemente era delito usar una cruz de seis puntas o estar circuncidado, la ley del burka criminaliza el uso de cierta vestimenta relacionada a una religión, y no necesariamente el acto de oprimir a una mujer en base a un dogma. De hecho, hace más complejo el panorama para aquellas mujeres cuyos esposos embrutecidos por el fanatismo, las obligan a usar el burka en todo momento.

Ambas medidas exceden las facultades estatales de control, son claramente autoritarias y representan una invasión a la libertad individual, que más que beneficios, generarán problemas.