EDUCACIÓN Y SOCIEDAD RAZONABLE

Que la educación está en crisis es un hecho, aunque algunos lo nieguen apelando al alto nivel de cobertura del sistema. El modelo educacional en todo sentido, y desde sus bases, está quebrantado y genera fracturas posteriores. Esto no es nuevo en realidad, pero los efectos se hacen notar cada vez más. La olla esta hirviendo. Lo peor, está siendo un atentado con lo razonable de la sociedad.

Una sociedad razonable se define como “un sistema de cooperación justa” donde los individuos –racionales- establecen términos justos –previa discusión de tales términos- que todos aceptan de manera reciproca e imparcial –en base al altruismo y la ventaja mutua- a favor de beneficiarse en conjunto. Esta idea, que plantea Rawls, se hace relevante al analizar la crisis educacional chilena en todos sus niveles.

Primero, nuestro sistema educacional, ha tendido a crear individuos racionales pero no necesariamente razonables –aquellos que tienen en cuenta las consecuencias de sus actos para el bien de los demás-. Desde los primeros años de educación, ha tendido a desvalorizar lo razonable como eje esencial, para llevar a cabo lo racional de cada individuo. Y eso se refleja en diversos niveles, desde la violencia escolar, la prepotencia al volante, la intolerancia y la falta de diálogo.

En otras palabras, el modelo educacional ha ido sistemática e históricamente en contra de la idea de “cooperación social justa” (fair), y con ello ha pasado a llevar lo que se podría considerar como los cimientos básicos, que permiten lo razonable en una sociedad, entendido como reciprocidad (que no es necesariamente altruismo ni egoísmo, sino ambos).

A partir del sistema educacional, los fines propios de cada individuo –racionales- se encuentran en medio de una casi total ausencia de términos justos, que harían razonable el sistema en su conjunto. Nadie confía en nadie ni en la escuela ni fuera de ella.

Es decir, el sistema educacional –tanto público como privado- ha suspendido lo que Rawls llamaba el “universo público establecido” –donde se supone puedo identificar los términos justos que todos respetan, para así respetarlos individualmente-. Eso se refleja claramente en otros ámbitos sociales, con episodios cada vez más frecuentes de falta de ética pública y privada por parte de diversos individuos, sin depender de ningún tipo de distinción, tenga o no corbata.

Si la educación, mediante la cual se pretende instruir a los individuos (¿Qué es la educación?), parte por destruir tal idea de lo razonable desde los primeros años de aprendizaje, no es raro ver que tal noción de lo razonable no exista en otros ámbitos, como la política, el actuar corporativo, o las formas de expresar descontento.

Lo interesante de aplicar este análisis al plano educativo, es que lo anterior también se ve reflejado en los actores en pugna en torno al problema educativo, tanto en quienes parecen oponerse a corregir las fallas, como en aquellos que dicen querer hacerlo.

Los diversos actores o sectores, más bien parecen maximizar aspectos racionales –por su propio bien- y no necesariamente razonables –tomando en cuenta efectos en otros en base a términos justos-. Ninguno está siendo razonable en términos estrictos.

En otras palabras, parecen estar dispuestos a “participar en determinados esquemas cooperativos pero no están dispuestos a respetar, o siquiera a proponer —salvo como un pretexto necesario a nivel público—, ningún principio o criterio general para especificar los términos justos (fair) de cooperación. Y están prestos a violar dichos términos en función de sus intereses, cuando las circunstancias lo permitan” (Rawls). Este fue claramente el actuar de la clase política y otros representantes, en su conjunto, ante la primera “revolución pingüina”. En ningún caso fueron razonables.

Ante la crisis educacional, lo razonable sería apuntar directamente a corregir la Educación en su globalidad, es decir, desde los primeros años de escolaridad. Porque es ahí,  en el sistema educacional básico y medio donde se rompe lo que podríamos llamar el primer consenso sobrepuesto –traducido en igualdad de oportunidades sin depender de la cuna o el capital social- y que finalmente termina con un sistema de educación superior de claro carácter segregado y elitista, financiado por los menos favorecidos.

Eso sería lo razonable, sobre todo si tomamos en cuenta que según los propios dirigentes de universidades regionales, “los quintiles socioeconómicos más altos, terminan por recibir mayor cantidad de Aporte Fiscal Directo y altos ingresos por el Aporte Fiscal Indirecto (AFI)”.

Porque siguiendo la idea de Rawls, “ni lo racional ni lo razonable pueden subsistir el uno sin el otro”