LA MENTIRA DE LA SANGRE AZUL QUE LA PRENSA VENDE

No dejó de sorprenderme ver en el noticiero central de Canal 13, una nota que hablaba sobre Kate Middleton, la futura esposa de Guillermo, donde sea aludía a que ella no tenía “sangre azul”. ¿Sangre azul? ¿En un noticiero en el año 2011, en el siglo XXI?

Que los ingleses veneren desaforadamente a su familia real puede ser hasta cierto punto entendible debido a la fuerte tradición que rodea a la monarquía –aunque casi provoque el vómito que los no privilegiados fomenten el privilegio- pero que una mexicana haga huelga de hambre para ir a la boda, me parece detestable. Una muestra penosa de servidumbre voluntaria.

Por eso me parece aún más detestable que la prensa chilena, implícitamente trate de reforzar una mentira, que es la idea de la divinidad de algunos humanos, debido a la gracia de dios. Porque apelar a la idea de sangre azul es apelar al derecho divino.

No me extraña que el canal católico pretenda apelar al derecho divino, sobre todo considerando que los últimos acontecimientos en la Iglesia, a más de alguno le han iluminado la mente como para no creer en la mentira de la infalibilidad del Papa, y por tanto dudar de cualquier sacerdote que le diga que es un “iluminado por dios”. Aún así, el Vaticano insiste en esa mentira de la sangre sagrada, y ahora un poco de humor circulatorio de Juan Pablo II  será elemento de veneración.

Hablar de sangres azules o sagradas en el noticiero central es simplemente mentir, sobre todo porque muchos sabemos que eso no existe, que es un mito, un sofisma. Porque sabemos que cuando Diana lamentablemente murió, su sangre “real” era tan roja como la del árabe Dodi o su chofer plebeyo.

Hablar de sangre azul o divina como noticia, no es informar, es levantar un mito que hace siglos fue derribado, cuando la cabeza de Luis XVI rodó, salpicando una sangre roja, casi violácea, debido a la gran cantidad de carne consumida mientras el pueblo ni siquiera tenía pan.

En el fondo y esto es lo clave, a lo largo de las semanas, la prensa ha reavivado los principios del derecho divino, que Locke refutó. Es alentar el mito monárquico, esa vieja mentira -muy vigente lamentablemente incluso aunque votemos- sobre las supuestas cualidades divinas de ciertos líderes y sus familias, sean reyes, políticos, curas, o lo que sea.

A través de una boda, está fortaleciendo la mentalidad de vasallo, tan vigente, mediante la cual el poder se ejerce no sólo en las monarquías y dictaduras, sino también en las democracias, haciendo que los incautos plebeyos (les llamen pueblo, ciudadanos, electores, camaradas o súbditos) crean que sus gobernantes y líderes son humanamente superiores, iluminados, que tienen un carisma único mediante el cual captan la voluntad popular, que son infalibles, héroes de la patria, salvadores del pueblo, o que simplemente tienen sangre azul.

Y lo ha hecho de manera oculta, subrepticia, pero sencilla, apelando a la servidumbre voluntaria del común de la gente, mostrando los diversos souvenirs en torno a la boda de dos jóvenes con la sangre tan roja como la del resto.

Incluso ridículamente –y apelando al snobismo chilensis tan mayoritario- han mostrado los que se venden en Chile. 

Y luego nos quejamos que los poderosos abusan.

SORTEO PARA SENADORES Y DIPUTADOS

Mientras se llevaba a cabo un interesante debate en torno al voto y la ciudadanía, propuse sortear los cargos políticos, es decir, usar un mecanismo utilizado en la vieja democracia ateniense, para mejorar nuestra elitista  y oligopólica democracia.

Como era esperable, la idea generó más anticuerpos que apoyos, debido una cierta aura conservadora en torno a la elección como mecanismo, y al carácter polisémico del concepto de democracia; que nos lleva desde una concepción como simple gobierno de mayorías, hasta una concepción como contrapesos institucionales al poder.

La propuesta –que es debate- fue puesta en duda sin analizarse de manera profunda la alta implicancia democrática que tal mecanismo tiene, y sus aportes para destrabar y ayudar a respirar a una democracia ahogada por el elitismo y la partitocracia. Debido a eso, me propuse redactar esta primera reflexión-propuesta.

LA DEMOCRACIA COMO STATO QUO

Partiendo por lo esencial, en la actualidad pocos -de manera abierta- se plantean contrarios a la democracia -aunque las estadísticas antes decían otra cosa-. Todos parecen entender lo que decía Churchill, que “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás”. Eso ya es un buen indicio, pero no suficiente. ¿Por qué?

Porque aún cuando nadie plantea abiertamente como ideal un sistema autoritario, pocos definen la democracia de manera concreta. La mayoría relaciona el concepto simplemente con elecciones y voto, agregando incluso en muchos casos, anexos abstractos que contradicen criterios básicos para poder hablar de democracia.

Conceptos como separación de poderes, igualdad ante la ley, derechos civiles y políticos, controles institucionales al poder, federalismo, o mecanismos como referéndums y plebiscitos y revocatorios, a algunos suenan a exclusividades, incluso contrarios a la democracia, o términos academicistas. Lo mismo ocurre con el sorteo de cargos. Para muchos, parece algo imposible e incluso descabellado.

En lo anterior, hay una cierta postura conservadora en cuanto a la democracia, sobre todo cuando se plantean mecanismos democráticos poco convencionales, que a priori se consideran arriesgadas o poco viables.

Se olvida que ese mismo sesgo operaba cuando se proponía el sufragio universal, o el derecho a voto para las mujeres. Sin embargo, y a la luz de los hechos, queda claro que dichos reparos contravenían el carácter perfectible de la democracia como sistema (hoy nadie plantea negar el derecho a voto a las mujeres o el voto universal).

Vemos entonces que la democracia no es sólo el acto de votar y elegir, sino que es una especie de condición abierta al cambio pacífico, perfectible, que no sólo se debe sustentar en un sistema electoral y político democrático que respete derechos básicos de las personas, sino también en una sociedad democrática, abierta al debate. Una sociedad abierta en todo sentido. Todo eso marca la diferencia con las sociedades cerradas donde se impide el libre desarrollo de los individuos al fomentar el autoritarismo y dominio de ciertos líderes -algunos octogenarios- sustentados en el colectivismo, lo tribal, las supersticiones o lo mágico.

Si bien nuestras sociedades y democracias son más abiertas que esos ordenamientos, se mantienen ciertas supersticiones relativas al poder político. Así, aún cuando las revoluciones liberales planteaban romper con el antiguo régimen monárquico y sus principios fundantes, como decía Rudolf Rocker, nuestras democracias siguen operando bajo el principio monárquico de antaño, que el despotismo ilustrado reprodujo.

No es raro entonces que las elecciones se lleven a cabo como un ritual vertical, basado en una superstición: atribuir a los líderes y representantes supuestas cualidades excepcionales que nadie más tendría para gobernar. Esa superstición es invariable, se le llame democracia popular, socialista, liberal o representativa.

No es raro tampoco que esos mismos líderes, derivados en élites, asuman lo anterior como una verdad, y vean a la gente común, a los electores, como parte de una masa incapaz de autogobernarse y conocer sus propios fines, que debe ser guiada como un rebaño, ser iluminada -incluso obligada a ser libre- hasta en las más ínfimas decisiones.

Esa es la lógica elitista y paternalista que impera de manera subrepticia en nuestra democracia.

Vemos entonces que una condición –incoherente- de nuestras actuales democracias es su profundo elitismo, heredero del despotismo ilustrado de antaño, promovido tanto por las élites –que desconfían de los ciudadanos- como por los ciudadanos –que desconfían de si mismos-.

Nuestra democracia es por tanto incongruente, porque mientras en el discurso político y democrático se apela a la ciudadanía, su capacidad de decisión, y la importancia de su opinión y participación en los asuntos públicos, en la práctica los ciudadanos se enfrentan a barreras de entrada formales e informales, con las que son relegados e excluidos, por parte de los agentes del campo político, de la toma de decisiones a todo nivel.

Barreras de entrada no sólo en cuanto a la posibilidad de postular a cargos de elección popular sino también en cuanto a la organización interna de los partidos políticos. Es decir, toda la estructura democrática, partidaria y electoral es elitista y no fomenta la ciudadanía sino que la mera disciplina electoral. Obviamente, las élites niega esto.

EL SORTEO ES MÁS DEMOCRÁTICO

El sorteo de cargos -que incluso Aristóteles proponía-, es una posibilidad de romper con tal stato quo, pues permite romper las barreras de entrada formales e informales imperantes en nuestra actual democracia. Como decía Montesquieu: “el sufragio por sorteo está en la índole de la democracia; el sufragio por elección es el de la aristocracia”

Establecer el sorteo implica fortalecer mecanismos de control y limitaciones en cuanto al ejercicio mismo del poder, que incluyan la destitución por veto. La competencia y calidad política se elevaría porque el acceso a cargos dependería del azar y no de formas de popularidad que pueden ser forzadas por el cohecho.

Se establecería una Demarquía, donde quienes ejercen cargos de gobierno son seleccionados de manera aleatoria, al modo de los jurados en ciertos sistemas judiciales. Esto evitaría el hecho de que –como decía Thomas Jefferson- “Todo gobierno degenera cuando se confía solamente a los dirigentes del pueblo”. (THOMAS JEFFERSON, Notas sobre Virginia, cuestión XIV. Autobiografía y otros escritos. Editorial Tecnos, 1987. Traducción de A. Escohotado y M. Sáenz de Heredia).

Dejo abierto el debate… 

CHOCOLATES Y BURKA

Mientras en Francia se aplica una ley de veto contra el tradicional Burka, en Chile un proyecto de ley plantea prohibir la venta de chocolates en los colegios. Ambas medidas exceden las facultades estatales de control, son claramente autoritarias y representan una invasión a la libertad individual.

La idea de que el Estado nos dicte que vestir y que comer parece una idea sacada de 1984 de Orwell o de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. No obstante, eso es lo que parece estarse constituyendo solapadamente tanto en Francia como en Chile.

Una ley ya aprobada en Francia, prohíbe indirectamente el uso del burka, al prohibir “disimular el rostro” en todo espacio público, y considera multas de 150 euros a quién lo use. Lo más irónico, un curso de ciudadanía para quienes lo usen.

En Chile un proyecto de ley busca establecer la prohibición de vender productos altos en "algún descriptor nutricional" como chocolates o papas fritas, en establecimientos educacionales. Además de restringir la publicidad de dichos productos hasta después de las 22:00 horas. 

Ambas medidas representan una invasión estatal en dimensiones que son de exclusiva injerencia de los individuos, como es el acto de vestirse y de comer. Es inevitable que surjan diversas preguntas en cuanto a la aplicabilidad de tales medidas.

En el caso chileno, el argumento central de las autoridades para establecer la prohibición es resguardar la salud de los infantes y propiciar una población más sana. Muchos argumentan que los más pequeños, al no tener discernimiento, no elijen bien sus comidas y por tanto es mejor prohibir el chocolate para evitar externalidades negativas costosas. Pero entonces, en base a esa lógica, también deberían prohibirse ciertos dibujos animados, juguetes, cierta ropa, etc.

No obstante, a todas luces sería más óptimo educar en cuanto a una dieta balanceada que prohibir el chocolate.

La prohibición no favorece ni resguarda la salud de las personas, porque es probable que surja un mercado negro del chocolate, donde los propios niños se dediquen a la venta de golosinas. Por ejemplo, ¿Qué harán con los abuelos que regalan chocolates a sus nietos por un cumpleaños? ¿Registrarán cada día a los alumnos para evitar el tráfico de cacao? ¿Qué pasará los días lunes después de Pascua de Resurrección y los chocolates que entrega el conejo? ¿Tendrán perros olfateando?

El absurdo se hace evidente cuando comenzamos a pensar en situaciones en torno a la medida. Por ejemplo, y considerando que la prohibición del chocolate apunte a tener una población más sana y delgada a largo plazo, un estudio reciente demostró que la vida en pareja engorda. ¿Se prohibirá en el futuro vivir en pareja también, para mantener delgada y sana a su población?

¿No es acaso todo esto, el inicio de una especie de ingeniería social pretender que la población alcance una talla estándar?

Y siendo más desconfiados ¿No será este el primer paso del Estado, para favorecer a las Isapres, permitiéndoles en el futuro encarecer los servicios de salud como castigo a quienes no cuiden su peso en la infancia y adolescencia? ¿No les parece totalitario?

En el caso de Francia, la prohibición del burka se ha defendido como una medida que fomenta la tolerancia, la libertad y el laicismo. No obstante, es todo lo contrario.

Así como en la Alemania nazi probablemente era delito usar una cruz de seis puntas o estar circuncidado, la ley del burka criminaliza el uso de cierta vestimenta relacionada a una religión, y no necesariamente el acto de oprimir a una mujer en base a un dogma. De hecho, hace más complejo el panorama para aquellas mujeres cuyos esposos embrutecidos por el fanatismo, las obligan a usar el burka en todo momento.

Ambas medidas exceden las facultades estatales de control, son claramente autoritarias y representan una invasión a la libertad individual, que más que beneficios, generarán problemas.

ELECCIÓN EN PERÚ Y LA FLORIDA, UN MISMO DILEMA

La elección en Perú y el mes sin alcalde de La Florida, tienen muchas cosas en común, la principal, reflejan que la política sigue entrampada en una pregunta antigua pero fútil ¿Quienes deben gobernar?

Hay un viejo pero siempre latente dilema –la paradoja de la Libertad que usa Platón como argumento contra la democracia- que tiene relación con qué ocurre si los votantes eligen por mayoría a un dictador como gobernante, o si eligen tener un régimen autoritario a través de elecciones libres.

Ese dilema tiene relación con lo que Popper llamaba la teoría de la soberanía, que presume que el poder político está o debe estar libre de todo control, y que origina la pregunta más antigua e inútil del pensamiento político ¿Quiénes deben gobernar?

Por siglos esa pregunta ha imperado en la política, dando énfasis -erradamente- en quienes ejercen el gobierno, dejando de lado un aspecto esencial, relativo a qué instituciones permiten a los ciudadanos protegerse de un mal gobernante y destituirlo en caso necesario, evitando el derramamiento de sangre.

Ese mayor o menor énfasis en controles y contrapesos al poder, es el que permite distinguir una democracia de una tiranía. También permite ver cuándo un sistema democrático o que al menos intenta establecerse sufre una reversión.

La elección en Perú, donde el candidato que lidera los comicios, Ollanta Humala tiene -aunque diga que ya no- un claro discurso chauvinista, estatista y por ende bélico, no debería dejar a nadie indiferente en ese sentido.

Porque tomando en cuenta su posible elección es inevitable que surja una duda ¿La institucionalidad democrática del Perú, entrega garantías a sus ciudadanos ante la potencial llegada de un mal gobernante elegido por ellos mismos? ¿Hay contrapesos y controles fuertes sobre los gobernantes? No lo sé.

En lo personal me preocupa el ascenso de Humala por dos aspectos, no sólo porque a lo largo de la historia quienes han ascendido al poder político con esa clase de discurso ultranacionalista –aunque lo suavicen para las elecciones- han sido nefastos contra la democracia, libertad individual y los derechos de las personas; sino también porque los electores peruanos parecen avalarlo como una opción viable democráticamente.

Es el dilema de la libertad platónico. Los ciudadanos tienen el derecho y la libertad de elegir. El riesgo y la pregunta  previa es si esa elección no coloca en riesgo su propia libertad.

¿Y qué tiene que ver esto con el espectáculo en La Florida? La Florida vive el dilema platónico en carne propia.

La Florida y sus vecinos están entrampados en esa misma pregunta -¿Quién debe gobernar? desde hace más de un mes. Y ese enredo denota que nuestra democracia a nivel local no entrega los medios institucionales para que los ciudadanos destituyan malos gobernantes y reelijan nuevamente a sus representantes. No cuentan con una institucionalidad que los proteja de malos representantes, sean alcaldes o concejales, que capturan el poder para sí de manera personal o colectiva.

Y entonces, hoy aún están a merced del criterio de unos cuantos miembros de un concejo municipal, sin poder ejercer ningún control sobre éstos, y sin ningún poder para cambiar a sus representantes con el voto, es decir de manera pacífica.

Los propios miembros del concejo municipal –tanto de la Alianza como la Concertación- en una actitud claramente autoritaria están entrampados en la pregunta de ¿Quiénes deben gobernar?

De ambos sectores, y de manera claramente soberbia, sin consultar al electorado, se consideran los más aptos para hacerlo. Ese es eje de la disputa y la inmovilidad que mantiene a La Florida sin alcalde.

Es decir, aprovechando la falta de una institucionalidad democrática, los propios representantes les niegan el derecho de ejercer la democracia a sus ciudadanos, mientras ellos se baten en un duelo por el poder.

Como decía Karl Popper “Si no se coloca la preservación de la democracia por encima de toda otra consideración…las tendencias antidemocráticas latentes que nunca faltan puede provocar la caída de la democracia”.

Por eso, el enfoque desde el que debe ser abordado la política para salvar o fortalecer la Democracia tiene relación con preguntarse ¿Qué instituciones nos garantizan o nos protegen de malos gobernantes? 

LAS REDES DE PODER, SIN VERGÜENZAS

Para nadie debería ser novedad que las redes de poder, las diversas camarillas, y las diversas élites se relacionan, comparten e intercambian espacios e influencias. Ejemplos, incluso muy en boga hay muchos. Lo novedoso es cuando algunos de los miembros de la élite reconocen estas redes públicamente.

Todos sabemos que si un ciudadano común y corriente, sin influencias ni poder, solicita una entrevista con alguna “autoridad”, las posibilidades de que se la concedan son bajas, por no decir nulas. La igualdad ante la ley en esa dimensión es una quimera, si comparamos con alguien que tiene muchas influencias o redes.

En las últimas semanas, el Ministerio Público, un organismo autónomo que no depende de los otros poderes del Estado, ha sido un claro ejemplo de cómo las redes de relación –formales e informales- entre las diversas élites, cruzan constantemente las instituciones públicas y ha generado el debate en torno a la independencia entre los poderes del Estado y sus organismos.

La reunión –sin previa solicitud de carnet como parece ser “el mecanismo regular de audiencias”, con café incluido- entre el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y Eliodoro Matte, causó una polémica –casi cínica- en torno a la independencia de las instituciones gubernamentales con respecto a quienes tienen influencias en otras esferas sociales.

Cínica, porque probablemente no es la primera vez que un miembro de las élites no gubernamentales, se reúne con alguien de las élites estatales o políticas e intercambian influencias. ¿Cuál es la diferencia?

La diferencia radica en que un miembro de las élites reconoce abiertamente a través de un medio, tener y ejercer su poder e influencia sobre un alto funcionario, de un poder del Estado, que supuestamente debería ser independiente.

En el fondo, reconoce lo que autores como G. William Domhoff y Charles Wright Mills plantearon hace años, y que las élites han negado siempre: que existen una serie de redes de relaciones entre los miembros de la élite y las diversas esferas de poder.

Así, G. William Domhoff “considera la élite del poder como servidora de los intereses de la alta clase social; es su brazo ejecutor, en la medida en que son los miembros de esta clase alta quienes definen la mayoría de las cuestiones políticas, forman las propuestas de política general del país y, en definitiva, influyen y dominan completamente al gobierno (Domhoff, 1968, p. 258).

Por otro lado, Mills plantea que la élite se reproduce y ejerce su poder gracias a la acción directa que unos y otros llevan a cabo para coordinar sus actuaciones conjuntas, al igual que en toda la red de relaciones sociales que mantienen entre sí los miembros de cada uno de los sectores de la élite (idénticos orígenes sociales, relaciones familiares y personales, intercambio de individuos de las posiciones de un sector a otro, etc.) (Mills, 1956, p. 18 y 55).

Lo que hace Matte con su carta de disculpas con respecto a su reunión con Chahuán, es sólo tratar de refrendar el uso inadecuado de su influencia, pero no el uso de su influencia y sus redes de relaciones.

Con ello, ratifica no sólo su posición de élite, sus nexos y privilegios como tal, sino que naturaliza y legitima la relación imbricada entre las diversas camarillas del poder. Las redes de poder, se asoman sin vergüenzas ante los ciudadanos. 

UNA MENTIRA LLEVA A OTRA

Parece ser que no sólo Van Rysselbergue mintió, sino también quienes le dijeron a la opinión pública que su mentira rayaba en lo ilegal, que ameritaba una acusación constitucional, y que ahora, sin previo aviso desisten de ejercer la legalidad en “pro de la verdad”.

La mentira, esa conducta humana de la que quizás nadie escapa  ha sido un problema humano y filosófico desde hace siglos. Una cuestión ética y moral que ha sido foco de diversas alegorías y cuentos infantiles, donde se indica que mentir no es bueno, o al menos no recomendable.

Filósofos y pensadores de todos los tiempos la han tratado de abordar, analizar y criticar. Algunos la han justificado como un medio válido, cuyo uso depende de los fines pretendidos; otros la han cuestionado a priori como una falta ética, por ser una falta a la verdad o al menos a su búsqueda.

Cualquiera sea el caso, la mentira es un asunto complejo, en cuyo en torno siempre encontraremos justificaciones diversas -filosóficas, legales, técnicas- según quién la use, y el fin que con que lo haga. La actividad política no escapa a esos pretextos.

Cuando se desató la polémica en torno a las mentiras de Van Rysselbergue para obtener subsidios para no damnificados, algunos políticos enarbolaron diversas justificaciones en su favor, y otros levantaron sendas acusaciones en su contra. En todos los casos, se apeló a la ética, la probidad, la legalidad, la piedad, lo habitual que es mentir en política, y un largo etc. Todo parecía girar en torno a la doxa política, el mero sentir.

En esa dimensión, la discusión parecía no tener fin, porque en realidad no existe una sanción concreta para la mentira en política, cuestión no poco habitual, que va desde las promesas de campaña hasta las supuestas rivalidades entre élites políticas. Porque lo cierto es que la mentira es una práctica habitual en política y poco sancionada, se quiera o no.

No obstante, cuando se enarboló la posibilidad de una acusación constitucional, de inmediato se pasó del aspecto meramente político al legal. Entonces, la discusión comenzó a girar en torno a los límites jurídicos por los que camina la mentira en política y cuándo se podría constituir en una falta.

La posibilidad de una acusación constitucional implicaba que existían razones más allá de la mera doxa política para sancionar a la ahora ex intendenta de la octava región. Eso al menos parecía ser la situación hasta que los mismos que levantaron esa posibilidad legal, la descartan ante la renuncia de Van Rysselbergue.

Pero entonces surgen dudas ¿Si la gravedad de la mentira ameritaba una acusación constitucional por un imperativo ético, por qué se deja sin efecto ante la renuncia de la intendenta?

¿Es que acaso el tema jurídico no era tal o pierde importancia con la mera renuncia? ¿La acusación constitucional sólo fue otra mentira más dentro la natural mentira del show business político?

Peor aún ¿Eso no hace prácticamente cómplices de la mentira de Van Rysselbergue, a sus propios acusadores, los miembros del Congreso?

En el fondo parece ser que en todo esto, no sólo Van Rysselbergue mintió, sino también quienes le dijeron a la opinión pública que esa mentira rayaba en lo ilegal, que ameritaba acusación constitucional, y que ahora, sin previo aviso desisten de ejercer la legalidad en “pro de la verdad”.

Como es habitual en política, siempre tras una discusión hay dos dimensiones del debate: una que se reduce a la trinchera simplona de la política; y otra, la discusión profunda, donde se encuentran los temas de importancia radical, la Política. El caso Van Rysselbergue ha mostrado como la primera termina por dominar el debate público, mientras que la segunda pasa al olvido ante los ojos desatentos del público, aunque es la más importante.

Quizás no debería extrañarnos, porque lo que nunca se reconoce es que la mentira está presente siempre en política, en esa discusión de trincheras que tanto atrae al público y que tanto lo distrae. 

CAPITALISMO Y SOCIALISMO ¿ECOLÓGICOS?

Según Hugo Chávez “no sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta". Luego, exhorta a seguir un patrón "socialista" de consumo: más comedido y ecológico.

Pero detrás de esa supuesta ironía –suponiendo que es eso- surgen las dudas ¿Qué es un patrón socialista de consumo comedido y ecológico? ¿Han sido más ecológicos los proyectos socialistas? ¿Es ecológico el ideario socialista?

Si uno analiza los orígenes del socialismo, en torno a los cambios sociales que la Revolución Industrial generaba en la sociedad, la cuestión ecológica era una idea prácticamente marginal. En términos estrictos, la crítica al modo de producción capitalista se realiza dentro de los propios marcos de la ilustración racionalista.

Incluso los promotores del socialismo originario, como Fourier o Robert Owen, no se oponían al desarrollo industrial y productivo.  Mucho menos lo hacía Saint Simon. Tampoco Marx aborda el problema ecológico como eje central en su teoría (aunque algunos dicen que sí). No obstante, en general no existía conciencia de la necesidad de cuidar el medioambiente.

En la actualidad, la mayor parte de la discusión en torno a temas medioambientales parece basarse en la idea de que el “socialismo”, por si mismo, es más ecológico que el “capitalismo”. Pero ¿Qué hay de cierto en ello?

Hay varios supuestos –ilusorios- que se desprenden de lo anterior, como por ejemplo, que el carácter colectivo de un bien es más efectivo -que el carácter privado- a la hora proteger el medio ambiente o el ecosistema; o que las empresas estatales son más responsables que las privadas con el entorno natural. Ejemplos que contradicen estos supuestos hay muchos, tanto en otros países como en Chile.

Todas estas ideas se basan en una dicotomía ficticia y errada, que supone que los agentes del campo corporativo están desligados de los agentes del campo estatal; o que los últimos son más responsables con el medio ambiente que los primeros, sobre todo cuando el Estado se alza como único monopolio productivo e industrial.

Algunos dirán que la diferencia radica en la visión con respecto a la producción, que el capitalismo da prioridad a la acumulación, mientras que el socialismo al interés colectivo y humano.

Dicotomía falsa, porque tanto lo que se llama habitualmente el modelo industrial capitalista –crony capitalista o mercantilista- como el modelo industrial socialista –de economía planificada y estatal- mantienen o han mantenido como eje central de sus sistema económicos, la expansión productiva a gran escala –al costo que sea- y cuyo trasfondo es el Estado como promotor -encubridor-. El mejor ejemplo de esto, es la producción armamentista, la carrera atómica y espacial durante la Guerra Fría, que ambas potencias desarrollaron a niveles extremos. Eso sin mencionar el secretismo a costa de la vida y seguridad de las personas.

Algunos dirán que comparativamente las potencias ricas de Occidente –sin mencionar China obviamente, el segundo emisor de dióxido de carbono en el mundo- han sido más depredadoras y desconsideradas con el medio ambiente a lo largo de los siglos en todo el mundo. Nadie discute eso en realidad. Pero, ese hecho no hace más ecológicos a los estados socialistas o los países pobres, sólo menos depredadores. Y hasta por ahí.

Porque más allá de una apreciación netamente ideológica, una cosa es el compromiso con el ecologismo, y otra es que la economía de un Estado se deprima, haciendo que su expansión productiva e industrial se detenga o disminuya junto con su consumo interno, disminuyendo con ellos sus pretensiones de poder.

Eso no es ecologismo ni compromiso con el medio ambiente, es pobreza. Y está demostrado que una economía empobrecida tampoco es ecológica.  

La única idea que podría ser más ecológica y a la vez socialista, podría ser la que proponía Henry David Thoreau en Walden o la vida en los bosques.

¿Por qué entonces Chávez habla de un socialismo comedido y ecológico desde su puesto estatal y de poder? ¿A qué refiere específicamente?

Creerá por ejemplo que “¿el papel, los lápices y los muebles comunistas consumirán menos árboles que el papel, los lápices y los muebles mutualistas?”    

APOLOGÍA DE LA NO VIOLENCIA

Para muchos hablar de no violencia como ideal y como forma de acción, suena a utopía, algunos lo ven como una cuestión imposible, otros como un discurso que esconde inacción. Qué equívocos más grandes. 

Los mayores problemas de nuestras sociedades siguen relacionados directa o indirectamente con el uso (legítimo e ilegítimo) de la violencia o con la amenaza de su uso, ya sea por parte de los Estados, grupos armados, u otros grupos criminales organizados.

Aún hoy, en la mayoría de los casos, las personas, consciente e inconscientemente, en base a sus propios fines, dogmas o paradigmas, justifican el uso de la violencia contra otros, ya sea por parte de un grupo, una organización, o el Estado en cualquiera de sus formas y nombres.

Lo que muchos olvidan es que de esa forma conceden a otros individuos, muchas veces organizados para ejercer la fuerza, una especie de excusa ética para ejercer la violencia contra otros, que no obstante, ningún ser humano tiene, y que ninguno de nosotros tiene en realidad.

Detrás de eso se encuentra una falencia ética profunda que traspasa todo tipo de cuestiones y apreciaciones; el no reconocimiento de la autoposesión de las personas y con ello su valor supremo como individuos. Uno es dueño de su vida y su cuerpo, y su vida vale lo mismo que cualquier otra. Negar eso implica decir que uno puede ser dueño de la vida de otros, o que otros pueden ser dueños de la vida de nosotros.  

Si reconocemos el derecho a la autoposesión de cada individuo y con ello su valor intrínseco como personas, concluimos que todos tienen derecho a estar libre de violencia y a la vez nadie -sea una persona o un grupo de éstas- tiene derecho a iniciar la violencia sobre otro bajo, ni directa ni indirectamente, ni bajo ninguna justificación (excepto en legítima defensa). El axioma de no agresión.

Para muchos lo anterior puede sonar a argumento filosófico poco práctico e incluso rebuscado, pero en sí es la base de una especie de decálogo, de una praxis realmente ética, que irónicamente es usualmente vista como universal muchas veces, pero técnicamente poco profesado en nuestra cotidianeidad diaria.

Muchos dirán, la no violencia es utópica porque siempre habrán personas violentas, crimen, fraude y violencia; y que por tanto es necesario el Estado y su fuerza monopólica para controlarlas (el argumento de Hobbes al que todos recurren sin distinción).

Y claro, es cierto que siempre habrá mentes más violentas o criminales. No obstante, también es cierto que es mucho peor si esas potenciales mentes criminales, llegan a tener a su disposición todo un contingente de recursos para ejercer violencia; desde personas entrenadas para matar o miles seguidores fanáticos dispuestos a morir bajo sus órdenes, hasta armas con capacidad de destruir sin discriminación.

Lo peor no obstante, es cuando esas mentes cuentan con el beneplácito o la justificación del resto de los seres humanos, para llevar a cabo sus actos e impulsos violentos más allá de la legítima defensa, a nombre de lo que sea.

Si juzgamos éticamente -como juzgamos el actuar de cualquier individuo- el actuar de los gobiernos o grupos que ejercen violencia de manera organizada, podemos ver que muchas veces actúan de manera criminal y que ejercen la violencia de manera ilegítima sobre otros individuos.

“El Estado habitualmente comete asesinatos masivos, que llama "guerras", y a veces "supresión de la subversión" Rothbard.

Pero, asesinar por una billetera es igual de aborrecible que un asesinato llevado a gran escala, por la seguridad, la patria, el pueblo, por la revolución, el bien común, el bienestar, o la raza.

Lo cierto es que ni el Estado, ni los gobiernos y sus instituciones, ni los gobernantes, ni las personas comunes, solas u organizadas, como individuos o como grupos, tienen el derecho a agredir a otros individuos. Eso sin importar el nombre que le pongan a sus acciones o la entelequia que digan defender.

Si juzgamos éticamente a todos por igual, las acciones violentas no son virtuosas.

“La no-violencia no es una virtud monacal destinada a procurar la paz interior, sino una regla de conducta necesaria para vivir en sociedad, que asegura el respeto a la dignidad humana”. Gandhi 

REFLEXIONES EN TORNO A CHILE 2030

Luego de leer el texto Chile 2030, hay varias conclusiones previas –como primera apreciación- que se pueden establecer en términos generales.

El primer y más importante desafío político y ciudadano es democrático institucional. Sin eso, el resto es discusión fútil, porque todo está relacionado con el tema democrático, en cuanto a la necesidad de que existan contrapesos al poder político y corporativo, tan claramente asociados. En eso concuerdo con Lagos, aunque él también fue parte de esa asociación en su momento.

Se necesita distribuir el poder político, no concentrarlo en los partidos, el gobierno de turno y sus caudillos impuestos a dedo y sus amigos corporativos. Se debe descentralizar el poder. La toma de decisiones políticas y económicas debe competer a los ciudadanos, en sus comunas, sus ciudades y regiones.

Por eso, un factor determinante es el fortalecimiento de las instituciones democráticas a todo nivel, y eso no es sólo rol de los partidos políticos sino de los ciudadanos. Ya vemos lo que ocurre en La Florida donde la democracia ha sido derrotada por todos los flancos.

Porque algo que no menciona Ricardo Lagos en su escrito, es que las propias élites políticas -aquellos que toman decisiones desde los partidos y el poder político- son un factor de la desigualdad, política y económica. Aunque se digan igualitaristas en sus discursos.

Porque la dura realidad es que: mientras aquellos que toman decisiones de orden político, a nivel central y local, sigan estableciendo privilegios de todo tipo para sí mismos y sus amigos, es difícil avanzar en cualquiera de los temas propuestos, o evitar la imposición política de intereses particulares gracias al lobby político-corporativo, por sobre derechos de otros ciudadanos comunes sin poder real.

Por lo mismo, mientras no se constituya un sistema electoral altamente competitivo que incluya: contrapesos al poder; la elección de gobernadores e intendentes; la posibilidad de remover malos gobernantes; que impida cupos garantizados para coaliciones y arreglos entre élites como trueques descarados; no tiene ningún sentido establecer un voto obligatorio amparado en inscripción automática.

Ese voto obligatorio, sin evitar los males anteriores, convertirá a los ciudadanos comunes, en prisioneros de las élites político-corporativas reinantes, y fortalecerá aún más la partidocracia imperante, que seguirá compitiendo con los intereses ciudadanos.

Debemos ser lo suficientemente honestos para distinguir una democracia efectiva de una pseudo democracia. Chile tiene los elementos para desarrollar lo primero, recursos de acción, crecientes valores de autoexpresión y una base mínima de instituciones democráticas. Falta la voluntad política de las élites y de los ciudadanos.

Porque el deber del ciudadano es proteger la democracia desde sus diversas instituciones e instrumentos, no proteger a las élites políticas. Si las élites representantes son mediocres o se alejan de sus representados, el deber y derecho del ciudadano es no votar por éstas, y propiciar nuevos liderazgos más allá de los partidos incluso. El voto es un instrumento democrático no un deber democrático.

Para todo ese proceso, se necesitan nuevos espacios y liderazgos más allá de élites tradicionales, y ciudadanos más autónomos, independientes, con valores de auto expresión (léase Christian Welzel y Ronald Inglehar), dispuestos a exigirle al poder, y no simples feligreses de partidos, líderes y caudillos políticos.

La tarea es compleja en ese sentido.

Es claro que en el texto falta el Cómo...

Para responderlo, lo primero que se debe hacer es propiciar y fortalecer más instituciones democráticas y a la vez ampliar el debate más allá de partidos políticos y los caudillos de turno...Son los ciudadanos los llamados a responder al cómo, mediante el diálogo democrático constante y abierto, que es la base de la política. 

SI ESO PASA EN JAPÓN, OLVÍDATE DE CHILE

El historial de irregularidades de la empresa Electric Power Company -a cargo de la planta nuclear de Fukushima hoy en riesgo a causa del terremoto- indican que una institucionalidad como la chilena es absolutamente inadecuada como para pretender implementar ese tipo de energías. 


Con casi un año de diferencia, Chile y Japón, han debido reaccionar ante un terremoto y posterior tsunami devastadores. Pero hay una diferencia clave: Japón, la tercera economía del mundo, con una institucionalidad formal e informal mucho más desarrollada que Chile, enfrenta una emergencia nuclear de riesgo para su población, donde las responsabilidades parecen no sólo ser naturales, sino también humanas.

Es a partir de esa diferencia, desde la cual debemos reflexionar de manera global, el tema atómico para Chile.

Si somos honestos, ante el terremoto del 27 de febrero de 2010, Chile reaccionó como lo que es: un país en vías de desarrollo. La mayor parte de la institucionalidad que debía actuar ante un peligro, para proteger a los ciudadanos, fracasó. Sólo bomberos y los servicios de urgencia, respondieron correctamente ante la catástrofe. Al resto le costó algunas horas, e incluso días reaccionar ante el shock. Otros todavía creen que lo hicieron excelente…

Esa institucionalidad deficiente y “a la chilena”, ha permitido que muchos “responsables” tanto estatales como particulares –dueños de constructoras- no asuman ningún tipo de responsabilidad o costo a causa de sus negligencias. Y los costos de la irresponsabilidad gubernamental o corporativa, los siguen asumiendo los ciudadanos comunes y corrientes.

Nuestras instituciones siguen siendo ineficientes en cuanto a proteger a los ciudadanos, aunque el actual gobierno trate de mostrar lo contrario.

¿Podría una institucionalidad así, sustentar un programa de energía nuclear y los riegos que ello implica? Lo dudo. Como siempre ocurre, ante una falla, los ciudadanos terminaríamos pagando las externalidades negativas –debiendo ser evacuados, expropiados o contaminados- mientras otros se llevan las ganancias y toman un avión cuando la radiación se acerque.

Y lo dudo aún más, tomando en cuenta que incluso la desarrollada institucionalidad japonesa, al parecer mucho más eficiente y disciplinada que la nuestra, presenta graves irregularidades en torno al tema del manejo de la energía nuclear.

Porque algo que pocos medios mencionan es que Electric Power Company (TEPCO) la empresa a cargo de la planta dañada Fukushima Daiichi, antes del terremoto tenía antecedentes de graves irregularidades, como falsificación de informes de seguridad y falta de fiscalización. 

En 2002 el gobierno japonés cerró algunas centrales gestionadas por dicha empresa, después que TEPCO reconociera llevar veinte años falsificando informes de seguridad. A pesar de los harakiri, en 2004, una explosión en una planta, nuevamente fue omitida de los informes de seguridad, y la investigación posterior reveló que la zona donde ocurrió el accidente no había sido revisada en 28 años, por nadie. No es raro entonces que el terremoto causara daños graves.

Por eso, no es raro que el sismólogo de la universidad de Kobe, Katsushiko Ishibashi, especialista en seguridad nuclear, diga que la falla en Fukushima Daiichi no sea sólo culpa del terremoto: "Si la central estuviera correctamente revisada y actualizada no debería haber tantos problemas, pero parece que no es así".

Como siempre ocurre en estos casos, las culpas e irresponsabilidades eran compartidas –o encubiertas- entre la empresa y el Estado. En todos los casos, sin sonrojarse, el gobierno japonés reconoció poca rigurosidad en el otorgamiento de permisos, que en el caso TEPCO, se habían aprobado de acuerdo a estudios de los años setenta.

¿Les suena conocido eso de estudios dudosos y otorgamientos pasando a llevar la normativa que luego tienen resultados negativos para personas o ecosistemas?

No obstante, como en todas partes se cuecen habas, esos antecedentes, y como siempre ocurre, en febrero, la empresa había logrado los permisos del gobierno nipón, para prolongar durante 10 años la actividad de la central de Fukushima, hoy dañada.

Y como siempre, el costo de la irresponsabilidad no lo asumen el gobierno y sus amigos de algunas empresas, sino que los ciudadanos comunes.

¿Se imagina lo que ocurriría en Chile con una planta nuclear, si ya cuesta transparentar la información por la compra de un puente; o la fiscalización es deficiente en diversos ámbitos, porque el lobby se impone a cambio de apoyos económicos para campañas?

Todo lo anterior no deja de sonar “muy chileno”, si pensamos en tantos proyectos aprobados por comisiones de expertos lobbistas, gerentes-burócratas y viceversa; o sin estudios previos o de dudosa calidad, donde finalmente los responsables no asumen ningún costo. Todo lo asumen otros ciudadanos, como pescadores, pequeños campesino, vecinos, etc. Claro que mucho peor sería si ese costo es tener más radiación de lo normal en el cuerpo.

Los antecedentes previos con respecto al manejo de algunas centrales nucleares niponas, indican que hablar de plantas nucleares en Chile es irresponsable tomando en cuenta lo deficiente de nuestra institucionalidad a nivel ambiental, en materia de políticas públicas y defensa de derechos.

Es insensato a pesar del lobby del gobierno chileno, y los acuerdos que se quieren imponer despóticamente a los ciudadanos desde el poder, mientras los medios nos estarán enfocando la sonrisa de Obama.

En términos simples, si pasa en Japón, ni pensar lo que pasaría en Chile con una planta nuclear.

DICTADORES Y COHERENCIA ÉTICA

El tambaleo de la dictadura de Gadafi, ha dejado en evidencia la generalizada incoherencia e hipocresía de varios, a la hora de juzgar dictadoras y déspotas.

Cuando se iniciaron las movilizaciones ciudadanas contra los regímenes autócratas en países como Túnez y Egipto, muchos hablaron de un levantamiento de parte de pueblos oprimidos contra “los regimenes autoritarios árabes, los intereses del imperialismo en la región”.

No obstante, irónicamente frente a las revueltas en Libia contra el dictador Gadafi, esas primeras expresiones de confianza en “el pueblo movilizado”, han derivado en que “la movilización está concertada por el imperialismo y por interés sospechosos”.  

De manera claramente incoherente, en torno a la situación de la autocracia de Gadafi, llamada “La República Árabe Libia Popular y Socialista”, algunos han levantado muchos adornos retóricos para justificar la brutalidad del régimen autócrata contra los manifestantes y la tozudez del dictador Gadafi para dejar el poder. Llegando al absurdo de decir que hay dictaduras buenas y malas, según el “enemigo” que ésta tenga.

Según ese punto de vista –incoherente- a diferencia de lo ocurrido en Egipto, en Libia los ciudadanos movilizados no serían personas enfrentadas a una dictadura nefasta, sino que detrás, estaría “una mano negra” favorable a interés cuestionables, en contra de un líder “legítimo y revolucionario como Gadafi”. ¿Incoherente no?

Pero más allá de este juego retórico absurdo de posiciones y explicaciones varias, se aprecia la falta de un criterio ético a la hora de juzgar a cualquier régimen político y el actuar de los gobiernos. Con ello, se aprecia de mejor forma, la incoherencia e hipocresía en cuanto a la Democracia de muchos.

Si uno juzga éticamente el actuar de los Estados y gobiernos, sea cual sea el nombre que tengan dichos regímenes, ninguna dictadura puede ser buena, siempre es infame, porque ningún Estado y menos aún un gobernante, tienen el derecho a monopolizar el poder, despojar de sus derechos civiles a los ciudadanos, silenciarlos y menos masacrarlos.

Por otro lado, si juzgamos éticamente el actuar de las grandes potencias, además de Venezuela y Cuba, en cuanto a la situación Libia, todos han sido sumamente hipócritas en cuanto a la democracia, el derecho a rebelión, y los derechos humanos de miles de libios.

Y aunque algunos, ante las evidentes incoherencias de sus líderes y caudillos, jueguen al empate diciendo que tal o cual potencia también han justificado dictaduras; o traten de camuflar la hipocresía gubernamental en base al justificativo brutal de “las razones de Estado, el interés nacional o la estrategia”; la conclusión desde un punto de vista ético, es que todos los Estados han sido hipócritas, llámense como sea.

Entonces vemos que el problema en torno a las dictaduras y como las juzgamos, sigue siendo un problema ético, que la mayoría de las personas -desde políticos, pasando por analistas hasta gente común y corriente- ensucia con cuestiones semánticas y acomodos discursivos, para justificar lo injustificable.

Y se resuelve de un modo ético, porque lo cierto, es que no hay dictaduras buenas y malas, sino que todas son infames, incluso si surgen de haber derribado a otro déspota.

El error central de todo esto, es que la mayoría juzga una misma cosa, el autoritarismo, el poder dictatorial y la prepotencia, según el color del uniforme del dictador, el largo de su barba o pelo, o el vocablo al que más recurre en sus discursos.

Peor aún, en base a eso entregan a esos gobernantes el derecho y los recursos para usar la fuerza a su antojo contra las personas, en nombre de "la seguridad mundial, la revolución proletaria, la libertad, el socialismo" o lo que sea.

Y en el fondo, lo que hacen, es conceder derechos y facultades a una persona o grupo de sujetos (llámense presidente, comandante, líder, profeta, vanguardia o lo que sea), que ningún ser humano por sí solo tiene, sobre todo en cuanto al uso de la fuerza.

Peor aún es, cuando esa facultad no tiene ninguna clase de contrapeso legal, material o ético, en una dictadura cuyo líder dice que todos lo aman. 

NUEVOS BRÍOS PARA LA LIBERTAD

La segunda década del siglo XXI parece iniciarse con nuevos bríos para libertad, donde el espíritu de los únicos y anónimos se alza nuevamente contra las ansias de los déspotas. El riesgo sigue siendo que termine derrotada por el despotismo de unos cuantos o de todos juntos. Por omisión o prepotencia.

Durante el siglo XX, los Estados, manejados por la apetencia de poder de unos cuantos, se enfrascaron en  sangrientas guerras fratricidas, llevando al silencio eterno a millones de anónimos únicos. Desde las ruinas provocadas por la codicia de esos cuantos, se alzaron de manera nefasta, sendas dictaduras, bajo diversas etiquetas y fines, que simplemente escondían nuevas apetencias de poder de otros tantos.

La disputa entre voracidades se volvió eterna y brutal por años. La bomba asesina, lanzada para supuestamente apagarlas definitivamente, con su fuego incandescente, no sofocaría las codicias sino que despertaría un fuego aún más intenso, en las nuevas apetencias.

Bajo entelequias y etiquetas diversas, el despotismo desplegado, desde el más evidente hasta el más sutil, se esparció por el mundo, sometiendo a los únicos y anónimos, a los designios de diversos déspotas. Aquellos, en su mayoría amparados en la fuerza bruta y sobre todo en la complacencia de masas inconscientes que les concedía una superioridad autoimpuesta, se sentían con el derecho de disponer de los individuos y sus vidas como quien dispone de piedras, no como fines en sí mismos.

Como en los siglos anteriores, la libertad fue derrotada en todos los frentes, sin distinción. El despotismo nuevamente se alzó imparable por todos lados. Se impuso con fuerza en las mentes, escondido tras nuevos espejismos.

Comenzando el siglo XXI, el mundo parecía obnubilado bajo sus quimeras. El despotismo, el dogmatismo de diversa índole, y el abuso de poder, siempre traducidos en belicismo, nacionalismo, intolerancia, guerras y violencia, seguían presentes. Nunca se fueron. Se pudo constatar que las apetencias humanas de los déspotas, multiplicadas por la podredumbre del poder, seguían sometiendo a anónimos personajes, a los designios de codiciosos de diverso discurso, amparados en fuerzas diversas, y peor aún con la venía de muchos otros únicos, convertidos en borregos.

Lo seguimos constatando. No importa el paraíso que nos prometan ni a quién digan defender, ni cuantos los apoyen, siempre es el designio personal del déspota, el que se impone con la fuerza, sobre nosotros como fines en sí.

Aunque el despotismo siempre se siente triunfante y eterno, amparado en las apetencias de los déspotas de turno y la autocomplacencia de las masas convertidas en dictaduras de mayoría, las ansías de libertad de los únicos y anónimos nunca desaparecen, aunque parezcan derrotadas u olvidadas. Nunca terminan, siempre hay, en algún lugar, un espíritu radical dispuesto a defender su libertad.

La segunda década del siglo XXI parece iniciarse con nuevos bríos para libertad, donde el espíritu de los únicos y anónimos se alza nuevamente contra las ansias de los déspotas. El riesgo sigue siendo que termine derrotada por el despotismo de unos cuantos o de todos juntos.

IGLESIA, AUTORIDAD E IMPOSICIÓN

Max Pavez plantea que: es una falacia decir “él (o ella) tiene su visión, pero no puede imponérsela al resto", y que la Iglesia sí puede hacerlo en temas morales. No obstante, su conclusión es errada.

Según Pavez, decir que una visión no se puede imponer, es una idea impracticable si la empleamos en diversos espacios de nuestra vida porque en todo momento existe “autoridad”, basada en “un saber socialmente reconocido”. Por tanto, negar la imposición nos llevaría a concluir que todo sería injustamente impuesto, lo que finalmente –y aunque no lo dice directamente- debilitaría toda noción de autoridad.

Bajo esa idea, concluye que el argumento –que extrañamente cataloga de progresista aunque es liberal clásico- es malo, pues no entrega razones, y sólo sería una falacia usada en el debate valórico, contra personas de inspiración cristiana.

Ergo, plantea que, “sí puede imponerse criterios, pero para eso se debe tener un "autoritas" o un "saber socialmente reconocido" o reconocido por otros. Y eso se llama "autoridad".

Y agrega, “De esta forma, la Iglesia ofrecerá sus criterios para decir qué es mejor, el matrimonio, el "triomonio" o el "homomonio",  o  sí es lícito defender la vida del que está por nacer, pues los temas morales son su competencia”.

Dos elementos centrales cruzan el argumento de Pavez para concluir que la Iglesia si puede imponer criterios morales al resto. La autoridad (que emanaría de un saber socialmente reconocido); y la imposición (que sería legítima para lo que el denomina autoridad). No obstante, la conexión argumentativa entre ambos elementos, es errada.

En primer lugar hay una clara confusión entre imponer con convencer. Para imponer no necesito dar razones, para convencer sí, y muchas, sobre todo en el debate público.

El médico, el profesor o el entrenador pueden ser consideradas autoridades reconocidas en el ámbito que les compete, pero no tienen la facultad de imponer algo socialmente. No entender esto, lleva a la segunda confusión de Pavez, en cuanto a las facultades que tienen ciertas instituciones o personas socialmente reconocidas, en una sociedad abierta.

No todas las “autoridades” socialmente reconocidas pueden pretender imponer sus criterios. Incluso aquellas con el poder para ello, debe cumplir y respetar ciertos protocolos, y la ciudadanía puede desobedecer si lo considera una imposición arbitraria. De lo contrario, estaríamos en una dictadura donde algunos imponen sus decisiones por fuerza. En este sentido, ninguna autoridad, sea religiosa o política, puede imponer -por fuerza o ley- una moral a sus súbditos. Aquí radica el principio liberal.

Pavez no logra explicar por qué la Iglesia tendría autoridad para imponer sus criterios sobre otros, en el ámbito moral. Sobre todo considerando que muchos ciudadanos no siguen sus doctrinas ni profesan la religión católica.

Lo cierto es que la Iglesia no es una institución con la facultad de imponer a la sociedad sus criterios. Puede imponerlos a quienes reconocen su autoridad, pero bajo ningún punto de vista a toda la sociedad, menos a quienes no la consideran como tal,  ya sea porque no la siguen, tienen otras religiones, y por tanto otras autoridades.

Como todos, en la discusión pública, la Iglesia puede tratar de convencer con argumentos, pero no imponer su moral socialmente. Porque además, la Iglesia no tiene el monopolio en cuanto a los asuntos morales.

La misma regla se aplica para partidos políticos, el gobierno, los jueces, conservadores, progresistas, liberales, socialistas, y un largo etc.