El historial de irregularidades de la empresa Electric Power Company -a cargo de la planta nuclear de Fukushima hoy en riesgo a causa del terremoto- indican que una institucionalidad como la chilena es absolutamente inadecuada como para pretender implementar ese tipo de energías.
Con casi un año de diferencia, Chile y Japón, han debido reaccionar ante un terremoto y posterior tsunami devastadores. Pero hay una diferencia clave: Japón, la tercera economía del mundo, con una institucionalidad formal e informal mucho más desarrollada que Chile, enfrenta una emergencia nuclear de riesgo para su población, donde las responsabilidades parecen no sólo ser naturales, sino también humanas.
Con casi un año de diferencia, Chile y Japón, han debido reaccionar ante un terremoto y posterior tsunami devastadores. Pero hay una diferencia clave: Japón, la tercera economía del mundo, con una institucionalidad formal e informal mucho más desarrollada que Chile, enfrenta una emergencia nuclear de riesgo para su población, donde las responsabilidades parecen no sólo ser naturales, sino también humanas.
Es a partir de esa diferencia, desde la cual debemos reflexionar de manera global, el tema atómico para Chile.
Si somos honestos, ante el terremoto del 27 de febrero de 2010, Chile reaccionó como lo que es: un país en vías de desarrollo. La mayor parte de la institucionalidad que debía actuar ante un peligro, para proteger a los ciudadanos, fracasó. Sólo bomberos y los servicios de urgencia, respondieron correctamente ante la catástrofe. Al resto le costó algunas horas, e incluso días reaccionar ante el shock. Otros todavía creen que lo hicieron excelente…
Esa institucionalidad deficiente y “a la chilena”, ha permitido que muchos “responsables” tanto estatales como particulares –dueños de constructoras- no asuman ningún tipo de responsabilidad o costo a causa de sus negligencias. Y los costos de la irresponsabilidad gubernamental o corporativa, los siguen asumiendo los ciudadanos comunes y corrientes.
Nuestras instituciones siguen siendo ineficientes en cuanto a proteger a los ciudadanos, aunque el actual gobierno trate de mostrar lo contrario.
¿Podría una institucionalidad así, sustentar un programa de energía nuclear y los riegos que ello implica? Lo dudo. Como siempre ocurre, ante una falla, los ciudadanos terminaríamos pagando las externalidades negativas –debiendo ser evacuados, expropiados o contaminados- mientras otros se llevan las ganancias y toman un avión cuando la radiación se acerque.
Y lo dudo aún más, tomando en cuenta que incluso la desarrollada institucionalidad japonesa, al parecer mucho más eficiente y disciplinada que la nuestra, presenta graves irregularidades en torno al tema del manejo de la energía nuclear.
Porque algo que pocos medios mencionan es que Electric Power Company (TEPCO) la empresa a cargo de la planta dañada Fukushima Daiichi, antes del terremoto tenía antecedentes de graves irregularidades, como falsificación de informes de seguridad y falta de fiscalización.
En 2002 el gobierno japonés cerró algunas centrales gestionadas por dicha empresa, después que TEPCO reconociera llevar veinte años falsificando informes de seguridad. A pesar de los harakiri, en 2004, una explosión en una planta, nuevamente fue omitida de los informes de seguridad, y la investigación posterior reveló que la zona donde ocurrió el accidente no había sido revisada en 28 años, por nadie. No es raro entonces que el terremoto causara daños graves.
Por eso, no es raro que el sismólogo de la universidad de Kobe, Katsushiko Ishibashi, especialista en seguridad nuclear, diga que la falla en Fukushima Daiichi no sea sólo culpa del terremoto: "Si la central estuviera correctamente revisada y actualizada no debería haber tantos problemas, pero parece que no es así".
Como siempre ocurre en estos casos, las culpas e irresponsabilidades eran compartidas –o encubiertas- entre la empresa y el Estado. En todos los casos, sin sonrojarse, el gobierno japonés reconoció poca rigurosidad en el otorgamiento de permisos, que en el caso TEPCO, se habían aprobado de acuerdo a estudios de los años setenta.
¿Les suena conocido eso de estudios dudosos y otorgamientos pasando a llevar la normativa que luego tienen resultados negativos para personas o ecosistemas?
No obstante, como en todas partes se cuecen habas, esos antecedentes, y como siempre ocurre, en febrero, la empresa había logrado los permisos del gobierno nipón, para prolongar durante 10 años la actividad de la central de Fukushima, hoy dañada.
Y como siempre, el costo de la irresponsabilidad no lo asumen el gobierno y sus amigos de algunas empresas, sino que los ciudadanos comunes.
¿Se imagina lo que ocurriría en Chile con una planta nuclear, si ya cuesta transparentar la información por la compra de un puente; o la fiscalización es deficiente en diversos ámbitos, porque el lobby se impone a cambio de apoyos económicos para campañas?
Todo lo anterior no deja de sonar “muy chileno”, si pensamos en tantos proyectos aprobados por comisiones de expertos lobbistas, gerentes-burócratas y viceversa; o sin estudios previos o de dudosa calidad, donde finalmente los responsables no asumen ningún costo. Todo lo asumen otros ciudadanos, como pescadores, pequeños campesino, vecinos, etc. Claro que mucho peor sería si ese costo es tener más radiación de lo normal en el cuerpo.
Los antecedentes previos con respecto al manejo de algunas centrales nucleares niponas, indican que hablar de plantas nucleares en Chile es irresponsable tomando en cuenta lo deficiente de nuestra institucionalidad a nivel ambiental, en materia de políticas públicas y defensa de derechos.
Es insensato a pesar del lobby del gobierno chileno, y los acuerdos que se quieren imponer despóticamente a los ciudadanos desde el poder, mientras los medios nos estarán enfocando la sonrisa de Obama.
En términos simples, si pasa en Japón, ni pensar lo que pasaría en Chile con una planta nuclear.
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