IGLESIA, AUTORIDAD E IMPOSICIÓN

Max Pavez plantea que: es una falacia decir “él (o ella) tiene su visión, pero no puede imponérsela al resto", y que la Iglesia sí puede hacerlo en temas morales. No obstante, su conclusión es errada.

Según Pavez, decir que una visión no se puede imponer, es una idea impracticable si la empleamos en diversos espacios de nuestra vida porque en todo momento existe “autoridad”, basada en “un saber socialmente reconocido”. Por tanto, negar la imposición nos llevaría a concluir que todo sería injustamente impuesto, lo que finalmente –y aunque no lo dice directamente- debilitaría toda noción de autoridad.

Bajo esa idea, concluye que el argumento –que extrañamente cataloga de progresista aunque es liberal clásico- es malo, pues no entrega razones, y sólo sería una falacia usada en el debate valórico, contra personas de inspiración cristiana.

Ergo, plantea que, “sí puede imponerse criterios, pero para eso se debe tener un "autoritas" o un "saber socialmente reconocido" o reconocido por otros. Y eso se llama "autoridad".

Y agrega, “De esta forma, la Iglesia ofrecerá sus criterios para decir qué es mejor, el matrimonio, el "triomonio" o el "homomonio",  o  sí es lícito defender la vida del que está por nacer, pues los temas morales son su competencia”.

Dos elementos centrales cruzan el argumento de Pavez para concluir que la Iglesia si puede imponer criterios morales al resto. La autoridad (que emanaría de un saber socialmente reconocido); y la imposición (que sería legítima para lo que el denomina autoridad). No obstante, la conexión argumentativa entre ambos elementos, es errada.

En primer lugar hay una clara confusión entre imponer con convencer. Para imponer no necesito dar razones, para convencer sí, y muchas, sobre todo en el debate público.

El médico, el profesor o el entrenador pueden ser consideradas autoridades reconocidas en el ámbito que les compete, pero no tienen la facultad de imponer algo socialmente. No entender esto, lleva a la segunda confusión de Pavez, en cuanto a las facultades que tienen ciertas instituciones o personas socialmente reconocidas, en una sociedad abierta.

No todas las “autoridades” socialmente reconocidas pueden pretender imponer sus criterios. Incluso aquellas con el poder para ello, debe cumplir y respetar ciertos protocolos, y la ciudadanía puede desobedecer si lo considera una imposición arbitraria. De lo contrario, estaríamos en una dictadura donde algunos imponen sus decisiones por fuerza. En este sentido, ninguna autoridad, sea religiosa o política, puede imponer -por fuerza o ley- una moral a sus súbditos. Aquí radica el principio liberal.

Pavez no logra explicar por qué la Iglesia tendría autoridad para imponer sus criterios sobre otros, en el ámbito moral. Sobre todo considerando que muchos ciudadanos no siguen sus doctrinas ni profesan la religión católica.

Lo cierto es que la Iglesia no es una institución con la facultad de imponer a la sociedad sus criterios. Puede imponerlos a quienes reconocen su autoridad, pero bajo ningún punto de vista a toda la sociedad, menos a quienes no la consideran como tal,  ya sea porque no la siguen, tienen otras religiones, y por tanto otras autoridades.

Como todos, en la discusión pública, la Iglesia puede tratar de convencer con argumentos, pero no imponer su moral socialmente. Porque además, la Iglesia no tiene el monopolio en cuanto a los asuntos morales.

La misma regla se aplica para partidos políticos, el gobierno, los jueces, conservadores, progresistas, liberales, socialistas, y un largo etc.

ELITISMO PROGRESISTA

Las declaraciones por parte de las dirigencias de la Concertación, donde afirman haber resuelto una apertura a más participación, denotan el arraigado elitismo en las organizaciones supuestamente promotoras de la igualdad.

No hay nada más elitista que decir: hemos resuelto abrir más espacios de participación.

En esa frase, queda implícito que el debate y las decisiones siguen siendo un espacio exclusivo, controlado por unos pocos caudillos, que a su antojo, abren o cierran la entrada al campo político, según sus necesidades contextuales. La ley de hierro de la oligarquía, se hace manifiesta.

Lo irónico es que este elitismo se produce en organizaciones que supuestamente proclaman más igualdad, participación y pluralismo.

No obstante, aunque la mayoría de los líderes y sus más férreos seguidores nieguen tal elitismo en dichas organizaciones, en la práctica éstas conllevan un supuesto elitista del que no pueden escapar jamás, creer que la mayoría de los ciudadanos es incapaz de “conocer sus intereses reales”. Lo que se camufla con la idea de poseer mayor conciencia moral, revolucionaria, popular, altruismo, compromiso, vocación de servicio o sacrificio, y un largo etc.

Entonces, aunque la mayoría de los caudillos plantea confiar en las personas apelando constantemente a entelequias colectivas, siempre consideran que sólo ellos -y sus camarillas- conocen las verdaderas necesidades del resto, y por tanto que son los únicos aptos para aportar al debate político y público. Sólo ellos y sus cercanos pueden ser representantes. Elitismo puro.

Bajo esa lógica la única facultad política de los ciudadanos es darles la venía –con el voto- para luego cumplir con su principal deber, obedecer.

Por eso no es extraño que incluso organizaciones que claman por la participación y la igualdad, le nieguen sistemáticamente a los ciudadanos, el derecho a decidir en diversos temas.  Ejemplos de ello hay muchos.

Lo más irónico de esta lógica, es que cuando el elitismo está más anquilosado en una organización y comienza a debilitar su poder, son las propias élites las que llaman a acabarlo en pro del pluralismo. Una señal clara de que el elitismo fagocitó toda legitimidad de las élites mismas.

El problema es que ese elitismo es reproducido sistemáticamente por los ciudadanos, lo que se traduce irremediablemente en una especie de feligresía generalizada y dogmática hacia ciertos líderes, tremendamente perjudicial para desarrollar un debate político y público abierto y plural. Es decir, para la democracia.

Así, mientras algunos ciudadanos proclaman su oposición al autoritarismo y el elitismo en ciertos temas o áreas, no escatiman en defender a destajo –casi de forma autoritaria- el elitismo institucionalizado y casi monárquico de sus caudillos favoritos. 

Es decir, mientras proclaman una actitud crítica ante el poder, en base a un supuesto pensamiento progresista, pluralista y democrático, descartan a priori, de manera dogmática, cualquier crítica a sus caudillos, sus camarillas, sus paradigmas y organizaciones. Sobre todo si están en el poder. Un elitismo igualitario.

Es más, muchos proclamados progresistas e igualitaristas, sin siquiera tener alguna cuota de poder o sin ser parte de la camarilla, se creen con la facultad de discernir a priori, sin discusión mediante, qué ideas son o no aportes al debate público.

Nada más elitista y conservador que eso. 

MAGALLANES: SOCIEDAD CIVIL FORTALECIENDO EL CENTRALISMO ESTATAL

Para la mayoría, las movilizaciones en Magallanes contra el alza en el precio del gas, establecido por el Gobierno, es una muestra de la acción de los ciudadanos contra el gobierno. No obstante, esa acción más bien fortalece la discrecionalidad del poder central del Estado en cuanto al destino de las regiones.

La petición en Magallanes por parte de la sociedad civil es simple y clara: mantener las subvenciones y evitar el alza en el precio del gas.

Hasta el momento, nadie ha hablado o exigido mayor independencia en la toma de decisiones políticas y económicas para la región, ni mayor descentralización y desconcentración del poder estatal, o independencia productiva y económica, y mucho menos federalismo.

De hecho, la petición, apelando casi exclusivamente a la decisión presidencial, sus promesas previas y los votos entregados, en el fondo sólo fortalecen el excesivo presidencialismo y el centralismo político del país.

Y es que, sea cual sea la decisión que se tome en torno al tema -mantener el precio o subirlo- el poder excesivamente centralizado del Estado y su dominio sobre el destino de los ciudadanos, saldrá fortalecido en desmedro de la autonomía e independencia de las regiones. Y también con ello, se fortalece la clara dependencia -prácticamente clientelar- de algunas regiones en función de las motivaciones de los gobernantes y sus ofertas electorales.

Hasta el momento, no se ha cuestionado que la clara estructura de dependencia regional (de subvenciones desde el centro ) permite generar un intercambio nefasto de promesas políticas por votos. Un "clientelismo regional" con respecto al gobierno central.

Nada de raro, porque siendo sinceros, de todos los sectores fomentan centralismo estatal y el presidencialismo exacerbado, aunque después algunos se espantan ante la arbitrariedad del poder -dependiendo del lado que sea siempre-.

Así, el centralismo del Estado, en desmedro de la mayor independencia de las regiones, lo defienden moros y cristianos. Por eso, nadie plantea que por ejemplo, asambleas ciudadanas o el electorado en general, deberían tener atribuciones en elección de Intendentes y Gobernadores.

Si el gobierno accede a la petición, la aparente torcedura de mano en realidad sólo ratificaría el claro personalismo presidencial, que amparado en el centralismo estatal prácticamente deriva en paternalismo: Toda decisión pasaría por el Ejecutivo, que sería el salvador de sus hijos. Del resto de la institucionalidad democrática, nada. Menos de fomentar políticas de desarrollo que ojo, no pasan por subvencionar eternamente a una región, pues finalmente termina por hacer totalmente dependiente del poder político a la zona. Eso ocurre con Magallanes y podría pasar con la frontera norte, como es el caso de Arica.

Por eso, el trasfondo de las protestas no es como muchos creen, una oposición ciudadana a la discrecionalidad del gobierno –sea cual sea- sino más bien el fortalecimiento de la discrecionalidad del poder central del Estado en cuanto a la vida económica y política de las regiones y sus ciudadanos.

Es decir, la petición ciudadana en Magallanes no promueve su mayor independencia regional, sino que fortalece su extrema dependencia del centralismo político y paternalista del Estado chileno. Cuando los ciudadanos piden al gobierno no elevar el precio del gas y cumplir promesas, no le tuercen la mano, le entregan todo el poder de decisión sobre sus destinos en sus manos.

Magallanes tiene dos opciones: fortalece su clara y creciente dependencia pidiendo subvención al Estado; o se fortalece de manera independiente aprovechando el impulso para tener más participación en las decisiones que conciernen a sus propios habitantes.

En base a eso, cuando la crisis del gas en Magallanes pase, su destino lo seguirá decidiendo un solo hombre, que llaman presidente, sea del gobierno que sea. 

ABORTO Y DEFENSA DE LA VIDA, DOS CRITERIOS ESPARTANOS

Lanzar a alguien a un precipicio por considerarlo incapaz de sobrevivir -como lo hacían los espartanos- es un criterio brutal en cuanto a la vida. No obstante, parece ser ferozmente más honesto que el discurso culposo que impera en nuestras sociedades modernas.

En Esparta, el derecho a la vida de los recién nacidos estaba supeditado a su capacidad de enfrentar la vicisitudes de la existencia. No cumplir tal requisito –y servir al duro sistema espartano- implicaba ser considero una carga para la polis, y ser abandonado a la suerte en un barranco.

La lógica espartana de selección “casi natural”, partía de una honestidad prácticamente grosera: el reconocimiento de que la sociedad y valores espartanos carecían de espacios para débiles o desvalidos. Parecía decir sin anestesia: Si no eres sano o fuerte, no podemos hacer nada por ti más que dejarte a tu suerte, pues nuestra sociedad no garantiza tu existencia posterior.

Aquel criterio -una moral guerrera según Nietzsche- claramente brutal y arbitrario, hoy es considerado por nuestras sociedades -que se perciben “más civilizadas y humanitarias”- no sólo incivilizado, sino una eugenesia e infanticidio inhumanos.

No obstante, parece ser ferozmente más honesto que el discurso culposo, que impera en nuestras sociedades modernas.

¿Por qué dirán muchos? La diferencia la encontramos en la misma lógica espartana.

A diferencia de los espartanos, nuestras sociedades, al presumirse más avanzadas y modernas, sufren constante culpabilidad ante la situación de los desvalidos y desafortunados -el triunfo de la moral de los débiles, diría Nietzsche-.

El problema no es en sí ese sentimiento, sino que la mayor parte del tiempo, aquella compasión es más bien retórica y no práctica.  

En este sentido, el argumento “provida” que plantea que la vida -y el derecho a ésta- son valores superiores a cualquier otra consideración, ya sea legal, ideológica, religiosa, económica o clínica, y que por tanto deben ser protegidos a toda costa, es en sí impecable. Nadie podría decir lo contrario en cuanto al valor máximo de la vida humana.

Pero, hay un vacío no saldado, que ninguno de los autoproclamados provida aborda de frentón, y que al parecer los espartanos si enfrentaban -quizás no de forma civilizada- pero si más valiente:

¿Qué ocurre con los individuos después de nacer, sobre todo con aquellos cuya existencia podría ser más difícil una vez fuera del útero de sus madres? ¿Quién los protege realmente? ¿Qué hace nuestra sociedad ante ellos?

Ahí radica la falencia –casi cínica- del argumento de los sectores autoproclamados provida-. Al igual que aquellos que proclaman el igualitarismo, parecen hacerlo de forma más bien abstracta. De manera ilusoria. Nunca concreta. 

Porque, aunque plantean que la vida debe ser protegida desde la concepción y sin escatimar recursos, en sus argumentos se desligan casi absolutamente de lo que implica la vida más allá del vientre materno. Sobre todo, la de aquellos menos afortunados por los cuales la sociedad actual parece no hacer nada.

Es decir, aunque no lo quieran, su lógica es igual a la de los espartanos –e incluso a la de quienes están a favor del aborto-: Defendemos tu derecho a nacer, pero te dejaremos a tu suerte, pues nuestra sociedad, no garantiza tu existencia posterior.

Entonces, la vida –tan defendida de forma abstracta- en la práctica, y una vez fuera del útero materno, en muchos casos, y sobre todo cuando la existencia posterior se dilucida compleja o trabajosa, queda irremediablemente a la deriva y la suerte. Es decir, a los designios de “la selección natural”.

Aquellos que se protegió antes de nacer, una vez fuera del útero, literalmente quedan abandonados a su suerte, lanzados metafóricamente a un barranco simbólico.

EL FIN DEL MITO DEL GOBIERNO DE LOS MEJORES

La solicitud de Ximena Ossandón de reabrir el concurso de Alta Dirección Pública para mantener su cargo, y las dudas del gobierno ante ésto, revelan que “el gobierno de los mejores” y la “nueva forma de gobernar” son un mito.

Platón creía que el mejor gobierno era el de los sabios. Esa idea, aunque ilusa e impracticable, se ha mantenido por siglos en las mentes humanas, bajo diversas denominaciones, donde las personas se vuelven devotos de sus líderes, atribuyéndoles cualidades que no tienen, creyendo que están llenos de virtudes y se encuentran libres de los vicios del poder.

En Chile, en la última campaña presidencial una de las promesas claves fue formar un “gobierno de los mejores” en base a competencias, y no en base a prebendas políticas y nepotismo.  Una nueva forma de gobernar.

Varios cayeron redonditos ante tan linda promesa. Nada de raro, tomando en cuenta que los gobiernos anteriores de la Concertación no habían sido ejemplos de virtud en el último tiempo.

Pero como decía Honoré de Balzac: “Todo poder es una conspiración permanente”.

Así, la solicitud –sin sonrojarse- de Ximena Ossandón de reabrir el concurso de Alta Dirección Pública para mantener su cargo en la Junji, y las dudas del gobierno ante esa petición, tomando en cuenta que el Presidente Piñera tiene hace tres meses a cuatro candidatos seleccionados, revelan que “el gobierno de los mejores” es un mito.

Un cuento que ha sido derribado de forma contundente, no por la oposición, sino por el diputado UDI Gustavo Hasbún, quien en un ataque de sinceridad (¿inconsciente?) ha dicho: "¿Pero por qué se va a ver mal? A la larga estos son cargos políticos…”. Eso sin mencionar que defiende el viejo subterfugio de declarar desierto el concurso, para mantener en su cargo, a la hermana del alcalde de Puente Alto.

Fin del mito. La nueva forma de gobernar es siempre la misma forma de gobernar.

SOCIEDAD ABIERTA Y ATMÓSFERA CONSERVADORA

En Chile se vive una extraña atmósfera conservadora, que no tiene relación con pertenecer a determinados sectores políticos o religiosos, sino más bien con un modo de debatir dogmático.

Una sociedad abierta es aquella donde existe pluralismo en todo sentido, con una constante actitud crítica y abierta a puntos de vista diversos, donde se parte de la premisa que el conocimiento humano es falible y provisional, y que por tanto, no hay una verdad absoluta, lo que implica el respeto mutuo y la tolerancia.

En Chile, la sociedad parece más abierta, pues los individuos exigen mayores espacios para tomar decisiones personales, la mayoría se declara tolerante, y  discuten temas diversos antes considerados tabúes. No obstante, si se analiza el modo en que esos temas se discuten, más bien parece seguir siendo una sociedad cerrada y conservadora.

La atmósfera conservadora se aprecia en la mayoría de los individuos, los cuales argumentan como si fueran a priori poseedores de una verdad absoluta, no en términos lógicos, sino en términos dogmáticos.

En base a eso, no argumentan en términos individuales, sino que siempre apelando a entelequias colectivas, como la patria, el pueblo, la nación, los hijos de dios, los creyentes, las minorías sexuales, etc. Como si los respaldara una racionalidad colectiva infalible.

Siempre creen que sus ideas son “más colectivas”, y por tanto más válidas que otras, por lo que también se presumen moralmente superiores al resto y se tornan intolerantes.  

Así, surgen sectarismos de diversas índole, siempre autoritarios, ya sea de la mano de prejuicios, intereses, o privilegios, que suprimen el diálogo de manera imperceptible.

En lo anterior radica el problema esencial. Esa atmósfera conservadora transversal a nivel de ciudadanos, se puede traducir irremediablemente en una excesiva confianza en la autoridad y el poder. La sociedad abierta entonces tiene el riesgo de comenzar a cerrarse.

Surge una especie de religión política, una mentalidad de feligrés en torno a gobernantes afines, a los cuales se les concede una confianza prácticamente ciega para imponer valores. En este sentido, el culto a la personalidad (o las personalidades) no es exclusivo de las izquierdas, y se encuentra muy latente en las derechas también.

Esa fe ciega puede dar paso rápidamente al autoritarismo camuflado de diversas formas, en orden, vigilancia, protección, igualitarismo. Siempre traducido en poderes discrecionales según los objetivos supuestamente defendidos por el gobernante.

Cualquiera sea el caso, bajo la atmósfera conservadora, a las personas les importa más quién gobierna, y no qué limitaciones deben existir para quien gobierna, sea quien sea.

Lo anterior implica claramente que algunos -que se dicen tolerantes, pluralistas o demócratas- acepten y justifiquen de forma soterrada y peligrosa, la imposición por fuerza o ley, de determinadas valoraciones, en base a algún dogma, moral, religioso o ideológico.

CUANDO ROBAR ES UN TRABAJO

Las cárceles seguirán atestadas y probablemente se seguirán construyendo más en los próximos años, porque nadie se ha preocupado de los códigos del Hampa.

Los altos índices de reincidencia y la alta presencia de menores en actos delictivos, tiene relación con la poca atención a los aspectos informales que operan en la comisión de un delito.

Es claro que el marco institucional -formal e informal- determina las pautas de acción de todo individuo en un campo de actividad específico.

En el caso de la delincuencia como campo de acción, se produce una dualidad -una pugna- entre un marco formal amplio y totalizante, que es la legalidad del Estado de Derecho, y un marco informal, "los códigos del hampa" al que los sujetos que delinquen se someten individual y contextualmente.

ROBAR ES UN TRABAJO

Frecuentemente, las políticas anti-delincuencia se centran mayoritariamente en acciones posteriores a la comisión de un delito, y poco a prevenir éstos.

Se plantea aplicar con fuerza el marco formal del derecho sobre el cuerpo de los sujetos -la prisión, la detención- pero muy poco se hace en torno al marco informal en el que la mayoría de éstos fueron educados, se criaron, desarrollaron y se desempeñan en el medio libre.

Dicho marco informal es el que prevalece por sobre el respeto al marco formal legal, y la aplicación por parte del Estado del mismo mediante la privación de libertad, lo que se ve reflejado en la poca reinserción social y los altos índices de reincidencia delictiva.

Los bajos índices de escolaridad –no sólo por la ineficiencia estatal en ese ámbito- es un reflejo de esa pugna, con las prácticas del entorno social delictivo, internalizadas desde la infancia por los niños en riesgo social, que terminan por ser aceptadas y muchas veces naturalizadas por los sujetos en su vida adulta.Robar es un trabajo.

Es decir, el gobierno físico de los sujetos, su control mediante el marco institucional legal, se vuelve de corto alcance tanto en la reclusión y como en el medio libre, donde el campo delictual –el habitus- es hegemónico, debido a la existencia de un marco informal que gobierna psicológicamente las prácticas, intereses, acciones y contextos.

No es extraño entonces, que delincuentes encarcelados, aprovechando los vacíos e incongruencias del sistema penal, sigan delinquiendo a través de diversos medios que les permiten romper las barreras físicas de la prisión, como celulares, familiares, etc. Tampoco es infrecuente, que una vez cumplidas sus condenas, retomen sus actividades delictivas y se "reinserten a sus medios delictuales libres".

Lo anterior incide, en que el marco informal que se desarrolla en torno a actividades delictivas -que en definitiva lo son por ser contrarias al marco legal imperante- se conviertan en el marco formal que sustenta la instauración de una verdadera moral delictual.

Se produce entonces una especie de dimensión paralela a los espacios simbólicos donde el Derecho impera y donde la mayoría trata de desenvolverse.

CARCÉL, LA MORAL DELICTUAL FORMALIZADA

Bajo el punto de vista anterior, la cárcel se vuelve un espacio material donde las instituciones informales de la delincuencia se vuelven formales, y se convierten en ley interna para los reclusos e incluso de los agentes del Estado insertos en ella, como los gendarmes. En las cárceles impera la ley del hampa, la moral delictual, por sobre el Estado de Derecho.

La prisión se vuelve entonces, una especie de isla, donde la pugna entre la institucionalidad del Estado es vencida por la institucionalidad informal del hampa, que encuentra un espacio para expandirse, naturalizarse, fortalecerse y sobre todo reproducirse.

La cárcel deja de ser el lugar donde se pretenden transformar o eliminar las prácticas que son base del comportamiento delictual.

Con eso se rompen definitivamente los principios básicos de la cárcel, como lugar punitivo y de reinserción.

PD: ¿Cuán viable es un Política Pública que considera la utilización de la masa penal como mano de obra a concesión a empresas, mediante la racionalización del uso de la cárcel tanto para procesados como para condenados?

Es decir, cuan viable sería crear cárceles industria. 

DEFENSA DEL VOTO VOLUNTARIO DESDE EL AXIOMA DE NO AGRESIÓN

Desde la libertad como no agresión, el voto obligatorio hace que el Estado disponga de mi voluntad obligándome a votar bajo amenaza del uso de la fuerza. Eso es antiliberal. Por eso, separar libertad de acción de libertad política es errado. Si una dictadura me lleva encadenado a votar, eso no me hace libre políticamente.

El axioma como no agresión implica estar libre de coacción –salvo legítima defensa-. Entre otras cosas tiene relación con la autoposesión, con disponer de mi voluntad siempre.

En general se ha argumentado que la obligatoriedad se justifica pues sería un resguardo a la libertad política y “la responsabilidad del ciudadano con la comunidad”, expresada en el voto. En base a esto, quienes defienden el voto obligatorio plantean que la defensa de la libertad requiere ciertas restricciones, dando ejemplos algo irrisorios, como el uso del cinturón de seguridad.

Pero el error central en el argumento de los defensores de la obligatoriedad es que separar libertad de acción de libertad política. Craso error cuando dicen “Es bien diferente decir que el voto obligatorio afecta mi libertad de acción que decir que afecta mi libertad política –tendemos a pensar en la libertad política como una libertad fundamental-“.

Craso error porque la libertad política depende de la libertad de acción del individuo, es decir, de disponer de tu voluntad sin riesgo de coacción, de la autoposesión. De lo contrario, una dictadura podría obligar –llevando con esposas- a sus disidentes, y así legitimarse. Eso no los hace libres políticamente.

Por eso, el otro error es creer que la libertad política consiste en “elegir libremente entre las distintas opciones disponibles para ejercer el poder del Estado”.

Lo cierto es que la libertad política implica incluso, expresar rechazo incluso a un sistema electoral o político, no votando. De lo contrario, el mismo ejemplo anterior en cuanto a una dictadura se aplica nuevamente.

El voto voluntario respeta la voluntad del ciudadano y además le permite ejercer su libertad política de forma amplia. Nadie le impide ir a votar si así lo desea, y nadie lo obliga a hacerlo si no quiere.

Lo anterior implica algo más importante, permite al individuo ejercer su derecho y elegir de forma verdaderamente libre ¿Por qué verdaderamente libre? 

Porque ninguna acción bajo amenaza del uso de la fuerza es libre y racional.  

SI LE DAS MÁS PODER AL PODER

Las noticias de las últimas semanas, en diversos temas, tienen un factor común, los ciudadanos parecen mostrarse sorprendidos ante el poder, olvidando que ellos mismos alimentan sus propios Leviatán.

Las revelaciones de Wikileaks, no deberían causarnos mucho impacto. Es sabido que los Estados se espían mutuamente, de diversas formas, y que siempre buscan conocer detalles íntimos de sus adversarios (no existen los amigos en las RRII), sus gobernantes y ciudadanos.

En este sentido, el realismo en las Relaciones Internacionales –la pugna por monopolio del poder- sigue siendo el principio rector.

La lógica del poder no es otra que su preservación, lo que implica su concentración. Por eso, diversas formas de poder (eclesiástico, político, corporativo, militar) a lo largo de la historia, siempre han tendido a concentrarse en busca del mayor monopolio posible, para extenderse e imponerse sobre los individuos en todo sentido. Sea cual sea el carácter y la tendencia ideológica de quienes lo detentan, tiene el riesgo de abrirse paso como un monstruo.

Para cumplir tal propósito, se ha sustentado en entelequias como la palabra de dios, la razón de Estado, el bien común, la voluntad popular, la patria, o lo que sea, adoptando en todos los casos una filosofía pragmática, que como diría Rothbard, es su inclinación natural.

Se revela entonces una fuerza brutal al servicio del poder en sí, que pasa a llevar toda lógica moral, ética e incluso espacial y temporal en desmedro de los individuos.

Pero ¿Quiénes concentran el poder?

La paradoja se hace evidente como una ironía, porque la respuesta no es otra que, nosotros.

Irónicamente, las personas tienden a favorecer la concentración del poder, en vez de propiciar la atomización de éste. Con eso, a largo plazo le conceden todo el poder al poder mismo.

En general las personas pidiendo más policías, o más regulación, o más ejércitos, o más impuestos, o más leyes, y en definitiva más control, fortalecen a ese monstruo, que luego monopólico e indómito, los impacta en algún momento, y dispone de ellos como si fueran simples instrumentos suyos.

Y los golpea más aún, cuando el impacto del poder rompe con esa extraña e ilusa adoración y confianza, que las personas en general tienen en ciertos detentadores del poder, a los que convierten primero en sus príncipes y luego en sus Leviatán.

Aún cuando despojados de todo poder, desnudos ante el poder concentrado, para los individuos “no hay libre ejercicio, ni de juicio ni de sentido moral, sino que se colocan en el mismo plano que la madera, la tierra y las piedras; y quizá se pudieran fabricar hombres de madera que sirviesen tan bien a ese fin”. Henry David Thoreau.

En este sentido, todos somos maquiavélicos.  

EL DIOS VOTO

Los argumentos en torno a la obligatoriedad del voto, parecen más una defensa del voto en sí, que una defensa a favor de la participación de los ciudadanos, la democracia, o la libertad.

Leyendo un interesante escrito intitulado Liberalismo y voto voluntario, me encontré nuevamente con que los argumentos a favor del voto obligatorio, al igual que todos los textos que he leído hasta ahora, se basan básicamente en plantear los supuestos males que traería el voto voluntario (aumento en la desigualdad de oportunidades; déficit de representatividad; baja legitimidad).

Bajo estos argumentos, que por lo demás, en ningún caso parece evitar el voto obligatorio, la validez de la obligatoriedad más bien se considera un preventivo para evitar supuestas hecatombes políticas, que un bien político en sí.

Pero hay algo más profundo e importante en todo esto, que tiene relación con la idea que se tiene de Democracia, Participación política y Libertad.

Decir que de la voluntariedad del voto surgirá más desigualdad, un déficit de representatividad y baja legitimidad, es reducir el espacio político y con ello la participación ciudadana, a una dimensión estatal, electoral y partidista, acotada en términos reales para los ciudadanos, a un espacio temporal específico y reducido, la urna.

Así, queda fuera de lo político cualquier otra forma de participación política no violenta (la violencia suprime la política). Esa exclusión es tanto para los individuos como agentes políticos independientes, como para sus diversas formas de asociación no partidaria -la sociedad civil como espacio democrático- mediante las cuales pueden expresar ideas, demandas e incidir en la toma de decisiones.

Irremediablemente, así también se reduce la noción de Democracia –y todo lo que implica- a ese espacio físico y temporal tremendamente acotado que es el acto del voto en la urna. Y se deja fuera el sustento que -en teoría- una sociedad abierta debería tener, es decir, una discusión constante y fluida entre los ciudadanos, sobre los asuntos públicos en diversos espacios y tiempos. Entre los líderes de opinión en sentido estricto, no sólo de las élites sino de cada ámbito.

Con la contracción de la Democracia y la participación política a la urna, el resto del tiempo, los individuos –anulados para actuar como agentes políticos y por tanto como ciudadanos- pasarían a ser súbditos del poder político estatal y partidario. Estarían obligados a someterse bajo un despotismo blando legal y electoralmente legitimado, que les otorga un único derecho político, un sacramento simbólico cada cuatro años, el voto.

Porque una cosa es defender el voto –y obligatorio- per se, y otra muy distinta defender la Democracia –y la participación- o la libertad como principios esenciales. Las distancias entre ambos elementos, no sólo en términos ordinales sino que nominales son enormes. Como el mismo Rawls decía: una cosa son las libertades políticas iguales y otra el valor equitativo de dichas libertades.

¿Por qué insisto en esto? Porque lo que muchos olvidan es que podemos tener democracias de Partido Hegemónico, como hubo en México, e incluso dictaduras (democracias de un partido único para ser irónicos), donde cada cierto tiempo se llamaba a votar (o se obligaba), y donde aún así, se cumplían fatalmente los tres argumentos esenciales esgrimidos contra la voluntariedad. (Aumento en la desigualdad de oportunidades; déficit de representatividad; baja legitimidad).

Y entonces entramos en un terreno complejo, de lo normativo ¿Es el voto la base central de la Democracia? ¿Qué implica y significa realmente la participación política en un Democracia? ¿Cuáles son sus límites o espacios? ¿Qué función cumplen los ciudadanos en una Democracia?

EL SACRAMENTO CADA CUATRO AÑOS

Creer que la voluntariedad del voto haría colapsar el sistema democrático o la libertad, es sustentar la Democracia y la Libertad en ese acto, sin tomar en cuenta otras dimensiones de lo social y político.

Los defensores del voto obligatorio no obstante, argumentan en base antecedentes técnicos y estadísticos electorales, y simultáneamente apelan a aspectos normativos en cuanto a lo político –como la igualdad de oportunidades, representatividad- que posteriormente obvian, o parecen dar por hechos, o salvaguardados por la obligatoriedad del voto.

Así por ejemplo, el hecho que muchos o pocos voten, no define un sistema democrático como tal, ni determina la real representatividad de los ciudadanos y sus diversos intereses, ni la legitimidad de un gobierno o mandato, menos aún los espacios de libertad de los individuos.

El respeto de la autoridad electa a la institucionalidad democrática y sobre todo a los derechos de los ciudadanos son elementos que no dependen del voto necesariamente sino de una institucionalidad, donde los propios ciudadanos pueden actuar como agentes políticos independientes, que controlan al poder, se contraponen a éste, y donde hacen competir sus ideas e intereses sin depender de sus representantes.

La sobrevaloración del voto en sí, sin considerar la necesidad de ciudadanos participantes e instituciones democráticas más allá de lo estatal, electoral y partidario, sólo es un paso hacia una especie de dictadura de mayorías –con muchos o pocos votantes-; una especie de religión electoral donde el dios es el voto, y los ciudadanos se limitan a cumplir un ritual cada cierto tiempo, para luego esconderse en sus casas, lo que se traduce irremediablemente en un despotismo electoral.

Por eso no es raro que en defensa de la libertad, la mayoría de los defensores del voto obligatorio repitan el dilema de Rousseau, y justifiquen la coacción sobre los individuos para mantener la libertad.  La pregunta es ¿Qué clase de libertad se defiende con coacción?

SUPUESTOS ERRADOS EN DEFENSA DEL VOTO OBLIGATORIO

En dos columnas a favor de la obligatoriedad del voto hay argumentos que apelan al deber ciudadano, la democracia y el bien común. No obstante se basan en supuestos errados.

Tanto Jorge Costadota como Daniel Mansuy escriben en El Mostrador en defensa del voto obligatorio, basando sus argumentos en ciertos tópicos que analizaremos:

1) El deber de los ciudadanos con el bien común y la comunidad.

2) El riesgo de aumentar la desafección política debilitando la democracia.

1) EL DEBER DE LOS CIUDADANOS CON EL BIEN COMÚN Y LA COMUNIDAD

Ambos autores apelan –aunque con énfasis distintos- al deber de los ciudadanos con la comunidad, el bien común, y el destino nacional.

Costadota dice: “conviene revisar un mecanismo jurídico que puede menoscabar la capacidad de alcanzar la unidad con la que hemos podido construirnos…que liberará a los chilenos de uno de los deberes más importantes con el bien común”. 

Por otro lado Mansuy dice: “el voto voluntario podría agravarlos…lo público no puede reducirse a lo privado…hacernos cargo de nuestro destino común importa asumir ciertas responsabilidades sin las cuales no tendremos ni comunidad ni libertad ni (casi) nada”.

Estos argumentos basan erróneamente el bien común en la obligatoriedad legal del voto. Es decir, presumen que sin la obligación de votar no habría política alguna ni valor democrático por parte de un número sustancial de ciudadanos.

Como dice Costadota: “El cambio legal en cuestión sacrifica a un mal liberalismo la educación cívica de los chilenos. Es una señal de exención de responsabilidad a los jóvenes, antes que una invitación a comprometerse con el futuro de la patria”.

El error es mayúsculo. Creen que la Democracia y la Política, y con ello lo cívico, dependen del voto obligatorio. Al hacer eso, reducen la Democracia y la Política al mero instante de votar. Peor aún, reducen a los ciudadanos (individuos racionales y dialogantes) a meros votantes (una masa de electores alterables).

Pero hay algo más interesante en estas apelaciones al deber de los ciudadanos, que tiene relación con el disciplinamiento y un tufillo autoritario. Todos estos mensajes invocando al deber del votante con “la patria o el bien común”, tienen una característica en común: solicitan el compromiso irrestricto de los electores con el voto y simultáneamente suprimen un deber primordial para la sanidad democrática y política; el deber de los candidatos con respecto a ese mismo voto. Es decir, el compromiso que deben asumir los elegidos, los políticos, con respecto a sus electores.

Entonces, esos mensajes irremediablemente se traducen en términos reales, en deber con el sistema político imperante, sea como sea. No defienden ampliar las opciones electorales de los ciudadanos, sino a mantener la disciplina de participar sólo votando y no de cualquier forma.

No es extraña entonces la frase de Costadota: “Esta democracia a la chilena que tenemos, ha sido un factor decisivo de la prosperidad actual de Chile. Los progresos del país se deben en mayor medida a una sociedad trabajadora, disciplinada y ordenada, y al sentido cívico de nuestro pueblo. En nuestra historia, el sentido de unidad y de responsabilidad política ha sido clave”.  

Esto no es lleva directamente al segundo punto.

2) EL RIESGO DE AUMENTAR LA DESAFECCIÓN DEBILITANDO LA DEMOCRACIA

Uno de los argumentos más usados contra el voto voluntario, apela a que con éste, los pobres quedarán subrrepresentados, al no tener incentivos para votar porque muchos dejarán de hacerlo, y el sistema democrático se debilitará más.

Mansuy dice: “no parece que la solución pase por la voluntariedad del voto —que terminará de debilitar a un sistema ya alicaído— sino por reformar más profundamente el sistema político, partiendo quizás por la ley electoral”.

Pero si somos sinceros, la obligatoriedad no ha garantizado la participación política, menos aún una responsabilidad cívica con la democracia. El año pasado en Chile 3,9 millones de chilenos en condiciones de votar no estaban inscritos en los registros electorales y sólo un 8% de los jóvenes menores de 30 años en edad de votar (que conforman el 36% del padrón electoral) lo hicieron.

La pregunta es ¿Por qué? ¿Por flojos, ignorantes, irresponsables, faltos de compromiso, egoístas como dicen algunos? No necesariamente.

La alta desafección electoral –no sólo entre pobres sino también entre profesionales- existe por diversas razones. Una de ella es porque el sistema político (sistema electoral y los partidos políticos) no está generando representación, y peor aún se vuelve cada vez más elitista y partidocrático.

En otras palabras, la apatía no se origina necesariamente por falta de interés sino más bien por un diagnóstico desfavorable, que hacen los ciudadanos en cuanto al sistema político, y al cual las propias élites políticas han contribuido a fortalecer. No es necesario dar ejemplos.

Por otro lado, si las estadísticas están indicando -como replican varios- que ahora “los más pobres votan menos que los más ricos”, el argumento de que los pobres votarán menos si hay voto voluntario, involucra para quienes lo usan, reconocer algo previo y peor.

Implica aceptar que en el régimen actual con voto obligatorio, la intención de voto de los pobres no depende de su raciocinio político personal (como ciudadano) sino del impulso que le da el temor a la sanción al no cumplir la obligación de votar (es decir una cuestión instintiva). Implica reconocer que los estaría convirtiendo en un electorado cautivo por ley, de la oferta política populista de candidatos gustosos del clientelismo electoral.

Es decir, el voto obligatorio estaría creando un falso escenario de compromiso ciudadano con la democracia, de participación y bien común. Y lo que hace es reemplazar la clientela electoral ya envejecida, y de pasada de justificar la totalidad del sistema político imperante.

Un internauta contra argumentó: “Cuando el voto es obligatorio, se elimina la posibilidad de su compra, cuando es voluntario se facilita la corrupción al permitir que se ofrezca ventajas para que alguien vote”.

Pero ¿Cómo impide eso el voto obligatorio en el escenario descrito antes? 

Lo cierto es que el voto voluntario eleva el costo de soborno sobre los más pobres, porque el ciudadano tiene al menos la libertad de negarse a votar, si el ofrecimiento que implica el cohecho es bajo. El voto obligatorio en cambio facilita el clientelismo pues la multa por no votar es más cara que una canasta familiar ganada por votar.

Entonces ¿Qué clase de elector es ese, que crea el voto obligatorio?  ¿Eso se defiende con el voto obligatorio? ¿Un clientelismo garantizado por ley? ¿Un electorado cautivo?

Costadota nos da la respuesta, y nos muestra claramente la verdadera idea del disciplinamiento detrás de la defensa del voto obligatorio: “De aquí que estimemos que el voto voluntario constituye un paso en contrario a estos valores culturales profundos. Permitir la posibilidad de desentenderse políticamente de la suerte del país, que es exactamente el peligro que advertimos, puede desviar y acarrear un perjuicio grave a nuestra tradición cultural”.

Raro concepto del voto. Lo cierto es que el voto no es una mecanismo para mantener tradiciones culturales, ni para generar “unidad nacional”. Es un mecanismo para transferir el poder pacíficamente en una democracia, nada más (y supuestamente para asignar representación, aunque eso me genera cada vez más dudas).    

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA: UNA DEFENSA DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL

“La guerra contra las drogas es una política fracasada que ha herido a más personas de lo que lo ha protegido” John Gray.

El referéndum acerca de la marihuana en el estado de California (donde el consumo de cannabis bajo prescripción médica ya es legal) para dirimir la si se autoriza (Proposición 19) o no su cultivo, posesión, consumo y compra a mayores de 21 años, nuevamente ha incitado el debate entre prohibicionistas y liberalizadores de las drogas.

Un detalle. En las discusiones entre ambos “bandos”, pocas veces se incluyen como argumento y eje  principal de la discusión la defensa de la libertad individual, aquella idea de que “cada hombre debe necesariamente juzgar y determinar por sí mismo qué le es necesario y le produce bienestar y qué lo destruye”. Lysander Spooner en Los vicios no son delitos.

Los prohibicionistas basan sus argumentos en dos ideas esenciales conjuntas:

1. Que la liberalización dará paso a un aumento de la criminalidad.
2. Que el gobierno o el Estado deben prevenir el vicio, y castigarlo como un delito, para evitar otros delitos.

1. En cuanto a que la liberalización dará paso a un aumento de la criminalidad

Es la  idea que prima en la opinión de varios. Así, según los últimos sondeos, la mayoría de la población de California se opondrá al consumo libre de marihuana, ante los temores de que se incremente el riesgo de accidentes, o cree una plataforma legal para los narcotraficantes en California. Pero esa idea es errada en todo sentido.

El fracaso de la prohibición de las drogas para evitar el crimen es un hecho -ya sea el surgimiento de carteles y mafias que controlan o más bien evitan la competencia con violencia; o la comisión de delitos bajo la influencia de sustancias-. Como explica Gary Becker, los costos de su aplicación exceden en mucho los beneficios. 

En este sentido, existen muchos argumentos a favor de la liberalización que demuestran que la prohibición más que un beneficio genera o acrecienta externalidades negativas. El caso de México es un ejemplo muy actual. Y todos sabemos que ha ocurrido con la famosa ley seca en los lugares donde se ha aplicado.

2. En cuanto a la idea de que el Estado debe prevenir el vicio para evitar otros delitos

Es la idea que enarbolan casi todos los gobiernos y prohibicionistas, del color que sean, bajo una autopercepción de superioridad moral.

En contra de este punto, hay un argumento libertario a favor de la legalización, más potente aún que el fracaso mismo de la prohibición*, que como decía Spooner, tiene relación con que “del hecho de que un hombre se vuelva pendenciero y peligroso después de beber alcohol y de que sea un delito darle o venderle licor a ese hombre, no se sigue que sea un delito vender licores a los cientos y miles de otras personas que no se vuelven pendencieros y peligrosos al beberlos”.

Si es como plantean los prohibicionistas, que la legalización de las drogas aumentaría el vicio (el número de drogadictos) y con ello el crimen, entonces también deberían ser ilegales otros “vicios”, y por tanto la venta y consumo de alcohol pues muchos manejan borrachos y matan gente, o golpean a sus esposas y las matan.

Ilógico, dirán algunos que rechazan legalizar la marihuana pero disfrutan de unos buenos tragos de whisky o cerveza cada fin de semana y manejan igual. No es lo mismo dirán. Que son “vicios” distintos. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Quién o cómo se establece esa diferencia entre “vicios”? ¿Por qué en unos casos el Estado debe entrometerse y en otros no?

Quizás dirán que los efectos son distintos. Pero ¿Es distinto acaso matar a alguien drogado que borracho con alcohol? ¿Cuál es la diferencia de tal fatalidad?

Probablemente dirán que uno es más adictivo que el otro, y que uno es más destructivo que el otro. Pero ¿Acaso los grupos de AA son ficciones? ¿El alcohol no es un vicio potencialmente adictivo y destructivo también?

Que el Estado tenga la facultad de prevenir “el vicio” prohibiéndolo (y con ello la pretensión de suprimirlo), para garantizar nuestra seguridad o para evitar el delito, nos trae algunos problemas prácticos, pero sobre todo conlleva un fuerte atentado a nuestra libertad individual.

Porque ¿Aquellos que practican deportes extremos, o cualquier otro acto que implique riesgo, no rayan en la línea de la autodestrucción, exponiendo la vida por un poco de adrenalina o placer, su vicio? ¿Les prohibimos entonces practicar su vicio para protegerles? ¿Puede hacer eso un gobierno? ¿Difícil responder?

Lo cierto es que “un gobierno con el poder de prohibir sustancias dañinas o prácticas inmorales es un gobierno con el poder de prohibir cualquier sustancia o práctica. No habría nada que fuera una sustancia controlada”. Lawrence Vance. He ahí porque la legalización es un punto a favor de la libertad.

* Nota aparte: El fracaso de la prohibición es la base del argumento de algunos a favor de la liberalización. No obstante, al ser meramente utilitario surge la duda ¿Si no hubieran mafias y crimen, apoyarían la legalización?

Links interesantes para profundizar sobre el tema:

http://mises.org/Community/blogs/euribe/archive/2010/10/14/la-ley-seca-y-los-economistas.aspx

http://prodavinci.com/2009/01/04/fernando-savater-le-propone-a-obama-despenalizar

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/sep/13/legalise-drugs-john-gray