Alcalde Zalaquett y vendedores ambulantes: un análisis mutualista

Más de cien comerciantes ambulantes fueron detenidos en un operativo policial en la comuna de Santiago, por no contar con el permiso municipal respectivo. ¿Será pertinente dicha medida, en un año de crisis económica donde el desempleo ha aumentado?

El alcalde Pablo Zalaquett ha declarado una política de tolerancia cero en contra del comercio ambulante, con lo que busca erradicar más de 4.000 comerciantes que deambulan por las calles de la comuna de Santiago. Por lo mismo, no ha otorgado autorización alguna para el desarrollo de actividades de comercio ambulante, manteniendo sólo los permisos otorgados por anteriores administraciones.

El argumento principal de la autoridad municipal para llevar a cabo su política es que los "vendedores ambulantes" están relacionados con la delincuencia y la estafa.

Si bien es probable que algunos de los detenidos tengan dicha relación delictual, también es probable que muchos de esos vendedores ambulantes sean parte de los desempleados que la crisis económica ha generado en nuestro país, y que ante la falta de empleo, buscaron formas alternativas de subsistencia, no necesariamente delictivas.

¿Qué pasa si analizamos el problema desde un punto de vista mutualista?

Desde un punto de vista mutualista, y considerando el actual contexto económico de crisis y desempleo, la medida más bien parece ser contraproducente.

No sólo no se entregan permisos para que la gente pueda autoemplearse mientras se recupera la economía, sino que además se generan incentivos para hacer aún más ilegal el actuar de los individuos, volviéndolos, tal como decía Proudhon, los “mercenarios de la concurrencia”.

Desde un punto de vista mutualista, aquí tendríamos un ejemplo claro de cómo el Estado y su aparataje son funcionales a los intereses corporativos de las grandes empresas, impidiendo a las personas ganarse la vida de forma independiente.

Así por ejemplo, ocurrió con las personas que instalan el carro de sopaipillas, de churros, empanadas, pizzas (fabricadas por ellas mismas y por lo tanto no asimilables con aquellos que venden productos robados), y que fueron algunos de los detenidos en la operación llevada a cabo por el alcalde Zalaquett (perteneciente a un sector político que dice defender el libre mercado).

Sin embargo, la medida más bien coincide con el planteamiento mutualista que indica que, no es el libre mercado radical lo que defienden algunos vulgo liberales, sino más bien el capitalismo corporativo, donde el Estado sirve únicamente a los intereses de aquellos que controlan mayor capital, evitando que la gente se gane la vida por sus propios medios, para así tener dispuestos para éstos, un contingente de potenciales empleados, hambrientos y desesperados.

Como plantea Roderick Long, "gran parte del aparato regulador actual –incluyendo aquellas regulaciones que no son en absoluto percibidas como restricciones en el poder corporativo- es vigorosamente apoyado, respaldado, y en muchos casos incluso redactado por la élite corporativa".

Así por ejemplo, entre las medidas de la municipalidad está la de cobrar multas de 100 mil pesos a los ambulantes. No sólo se les detiene, dejándoles con antecedentes (que luego les hacen más costoso encontrar empleo) sino que se les quita el poco capital que tienen.

Desde un punto de vista mutualista, esto claramente concuerda con el modo con que se pretende disuadir al trabajador no calificado y desempleado, de que se haga independiente, instalando una venta callejera de comida, por ejemplo.

En otras palabras, le obligan a esperar la "beneficencia" de un empleador mayor. Es decir, le obligan a hacerse parte del "ejército industrial de reserva" del capitalismo corporativo.

KAREN, TVN Y ¿LA POLICIA POLÍTICA DC?

Las críticas a Karen Doggenweiler, rostro de TVN, son un claro ejemplo de despotismo blando, de hegemonia elitista, de persecusión política y sobre todo, de las formas sucias con que se pretende debilitar a otro candidato como Marco Enriquez Ominami.

La política se está poniendo más sucia de lo normal y eso se ve en cómo -al igual que en Rebelión en la Granja de Orwell- los presidenciables y sus equipos se van poniendo más "cerdos" en su actuar.

El mejor ejemplo: los cuestionamientos a la esposa de Marco Enriquez Ominami (MEO), por parte de miembros del comando de Frei como Sebastián Bowen y Paula Narváez, quienes plantearon un supuesto choque de interes e incompatibilidad entre su rol como rostro de TVN y su participación en la campaña de MEO.

Sin embargo, el choque de intereses está en otro lado. Claro, porque en el directorio de TVN están Francisco Frei (hermano del ex presidente) y la periodista Marcia Scantlebury, miembro del comité estratégico del comando.

Por otro lado, hay que ver de donde partieron las críticas. Pues bien, éstas surgieron del vicepresidente de la DC, Andrés Palma, un ex diputado olvidado por los electores, que entre sus conceptos políticos, considera que hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Por lo tanto, probablemente, también piensa lo mismo en cuanto a quienes pueden ser candidatos y quienes no.

Lo cierto es que las críticas a Doggenweiler carecen de todo fundamento, puesto que en elecciones presidenciales anteriores, el área dramática completa de TVN apoyo a los candidatos de la Concertación en sus campañas. Nunca se planteó la necesidad de una "revisión institucional", ni nadie habló de "ventajas" al usar rostros conocidos, como lo hicieron Bowen y Narváez.

Sin embargo, la "ventaja" de la que éstos hablaron, y que tendría MEO a través de su esposa -que es uno de los puntos de la crítica- es algo totalmente azaroso. Ella era conocida mucho antes de casarse con Enriquez Ominami y que éste decidiera ser primero candidato a diputado y ahora presidencial.

¿Acaso alguien casado con un famoso o famosa, no puede ser después candidato por tener "ventaja"? Absurdo totalmente.

No es sólo majadero, sino que antidemocrático, pues atenta contra la libertad de trabajo, la vida privada y la libertad de conciencia de un ciudadano. Es un claro acto de despotismo blando. Parecen purgas o guillotinazos jacobinos pero sin sangre.

Cualquiera que se precie de demócrata y rechace la persecución política contra quien sea, debería considerar esto inaceptable. Puede ser que no les agrade Karen, pero eso no significa justificar pasar a llevar un derecho civil y político, menos aún aspectos democráticos básicos.

Desde un punto de vista democrático y republicano, Karen tiene todo el derecho a apoyar a su esposo (esa es la parte más personal de su vida) y a la vez cumplir con su trabajo como rostro de TVN. No hay incompatibilidad, sobre todo porque lo que hace en TVN no es un programa de política.

Tiene todo el derecho por dos cosas obvias: 1) porque MEO es su esposo y 2) porque TVN se supone el canal de todos los chilenos, por lo tanto, la afinidad política no debería ser requisito para trabajar ahí. En ningún trabajo, al menos en teoría.

CANDIDATOS Y NUEVA CONSTITUCIÓN

DESPOTISMO BLANDO EN CHILE

Un nuevo proyecto de ley -aprobado por el Senado chileno- plantea hacer responsable de los desmanes a quienes llamen, por cualquier medio, a reunirse o manifestarse. Este no sólo debilita aún más el actuar de la sociedad civil sino también al sistema democrático.

“No tengo inconveniente en reconocer que la paz pública es un gran bien, mas no quisiera olvidar, sin embargo, que es a través del orden por donde todos los pueblos han llegado a la tiranía” Alexis de Tocqueville.

La frase del pensador francés es hoy muy pertinente si tomamos en cuenta el nuevo proyecto de ley, ya aprobado por el Senado chileno, que plantea enjuiciar a quienes convoquen u organicen –de forma oficial o no- reuniones o manifestaciones públicas, en caso de ocurrir desmanes.

El documento establece que “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo".

Según los parlamentarios, el proyecto de ley -que es una reforma al Decreto Supremo 1086 (promulgado en 1983) que prohíbe la reunión en lugares públicos sin permiso previo- busca robustecer el papel de las policías en la mantención del orden público.

Sin embargo, es claro que la medida atenta de lleno contra varios derechos civiles consagrados, como la libertad de expresión, “garantizada” por en la Constitución, y criminalizando acciones legitimas que la sociedad civil puede desarrollar en cuanto al poder estatal o cualquier otro poder, como la libertad de reunión, de expresión, de asociación y de circulación.

Desde el punto de vista filosófico y del pensamiento político en general, pasa a llevar la soberanía ciudadana, la autonomía individual y la sociedad civil en cuanto a su relación con el gobierno y el Estado.

Por lo mismo, la advertencia que hacía Tocqueville en cuanto al peligro del despotismo blando en la democracia se hace enormemente pertinente: «Parece que si el despotismo llegase a establecerse en las naciones democráticas de nuestros días, tendría otros caracteres [distintos de los de las sociedades antiguas]: sería más extenso y más suave, y degradaría a los hombres sin atormentarlos».

Claro despotismo blando, porque el proyecto de ley inhibe –no por la fuerza sino mediante la mera amenaza- el actuar público de los ciudadanos y los fuerza a ejercer sus derechos ciudadanos de forma particular y en espacios privados, debilitando entonces el espacio democrático y la capacidad asociativa de los ciudadanos, que para Tocqueville eran clave para prevenir el absolutismo y el despotismo.

Entonces, el espacio público pierde a sus protagonistas (que se ven reducidos a sus quehaceres diarios y particulares) y su esencia –que muy bien describe Hanna Arendt- como núcleo de lo político y como lugar donde los sujetos se encuentran como iguales mediante el diálogo.

El proyecto de ley de alguna forma también cumple con la profecía de Néstor García Canclini, donde los ciudadanos abandonan totalmente esa condición para convertirse exclusivamente en consumidores.

Entonces, y tal como planteaba Tocqueville, el despotismo blando, deja a los hombres sin vínculos comunes, aislados unos de otros y por tanto, débiles e incapaces de proteger su libertad, poniendo en riesgo al sistema democrático, en manos del despotismo.

«Este poder no destruye las voluntades, pero las ablanda, las doblega y las dirige; rara vez obliga a actuar, pero se opone sin cesar a que se actúe; no destruye, pero impide nacer; no tiraniza, pero mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y, al cabo, reduce a toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobierno» Alexis de Tocqueville.

En este sentido, sería bueno recordar que tal como el mismo Tocqueville planteaba, no es lo mismo la democracia política en términos formales, donde se eligen los gobernantes mediante el voto, que un estado social democrático.

La primera siempre tiene más riesgo de desarrollar un despotismo blando. El segundo aún no existe en Chile.

CIPER CHILE: Diputados asegurados: $120 millones al año paga la Cámara en pólizas para ellos y sus familiares

El Congreso quiere debilitar la Sociedad Civil en Chile

En el blog Bomba en camino, cuyo autor usa el seudónimo de Juan Emar, leí un artículo (que reproduzco íntegramente) donde se explica que el Congreso chileno quiere promulgar un proyecto de ley (4821) donde se hace responsable de los daños y destrozos que se produzcan a quienes convoquen públicamente al evento. Si no hay convocatoria, el responsable será quien pida el permiso para usar la vía pública.

Esto va claramente en contra varias libertades y derechos políticos y civiles, como la libertad de expresión, de reunión, de movimiento, derecho a protestar pacíficamente, y sobre todo al principio de desobediencia civil.

Por otro lado, esto hace manifiesto que hay mucho autoritario camuflado de liberal, o sea mucho vulgo liberal.

Los Milagros de José María Nº 10: "El que convoca, paga"
Hermanas y hermanos: tiempo llevaba San José María sin sorprendernos con sus milagros. Y si a eso le sumamos la muerte de Michael Jackson, resultaba aún más difícil ver su obra milagrosa.

Pues bien, la gracia de José María a impregnado la voluntad y reflexión de nuestras autoridades (legislativas y ejecutivas) con el proyecto de ley 4821 que seguramente acabará con las marchas y manifestaciones públicas.

La palabra de San José María Escrivá de Balaguer era sabia y piadosa. Y al parecer Ministerio del Interior y Senadores se inspiraron en la Máxima 672 de "Camino":
"Está seguro de que eres hombre de Dios si llevas con alegría y silencio la injusticia."

Así es, de ahora en adelante (si los diputados aprueban la ley que ya aprobó el Senado) si usted considera que hay una injusticia que merece ser reclamada, deberá hacerlo en silencio. No se le ocurra ocupar la vía pública. Le puede salir muy caro.

El artículo clave de la ley (que además eleva penas de cárcel y multas a encapuchados) es aquél que hace responsable de los daños y destrozos que se produzcan a quienes convoquen públicamente al evento. Si no hay convocatoria, el responsable será quien pida el permiso para usar la vía pública.

Claro, porque el Decreto Supremo 1086 del Dictador ceniciento, promulgado en septiembre de 1983, "impide la reunión en lugares públicos sin permiso previo y el derecho a la libertad de expresión garantizados por la Constitución Política en el artículo 19 Nos 12 y 13".

Este Decreto ha sido mantenido por la "democracia protegida" concertacionista, ejerciéndose como método de control de las manifestaciones y funcionando -de facto- como aparato represor de la libre expresión y uso de espacios públicos: los permisos pueden darse incluso el día antes de la marcha (y pueden no darse) poniendo en suspenso la organización de la misma. A esto se suma que los lugares por donde transite estarán acotados y acordonados por Carabineros armados y vestidos para la ocasión. De este modo, si la marcha se desvía o dura más que lo que dice el permiso, se puede justificar el presupuesto para guanacos y lacrimógenas.

Este artículo responde a una demanda entendible: la protección de la sacra propiedad privada (más garantizada que la salud o la educación en nuestro país). Seguramente diversos locatarios y vecinos han elevado sus quejas ya que "nadie responde" por los daños que vándalos hacen aprovechando la ocasión de una protesta o marcha.A esa demanda el Estado dice ahora: el que convoca, paga.

La "reflexión" tras la intencionalidad de la ley puede tener -a mi criterio- tres lecturas:

1) Gobierno y parlamentarios creen de verdad que los vándalos son parte de la protesta:Con esta ley comprenderán que si están dispuestos a llevar una "fuerza de choque", van a tener que juntar harta plata para darse el gustito de destruir los vidrios de una farmacia coludida o rayar una consigna en un muro, por ejemplo.

2) Gobierno y parlamentarios creen de verdad que los organizadores de la protesta pueden controlar a los vándalos:El supuesto es que los destructores serían capaces de obeder las órdenes de no destruir y acatarían pacíficamente.Creo que cualquiera que haya visto como actúa el lumpen lo pensará varias veces antes de interponerse en ese despliegue de violencia y agresividad.

3) Gobierno y parlamentarios no creen en los boicots:Asumen que cualquiera que va a una marcha lo hará porque comulga con lo que se convoca. Y que esta ley no será utilizada por quienes se oponen a los convocantes justamente para dañarlos.

Un breve ejemplo: suponga ud. que trabaja para una minera que desea explotar un yacimiento gigantesco de oro bajo unos glaciares en el Norte de Chile.

Su imagen está por los suelos ya que diversas organizaciones se han opuesto al daño ecológico que generará, al derretimiento de los glaciares y a la contaminación de las aguas de un valle que vive de la agricultura. Además, nada de esa riqueza explotada quedará en el país que la alberga.

Suponga ahora que las organizaciones que tanta bulla meten para oponerse a su actividad extractiva convocan a una marcha/manifestación en el centro y que sus asesores jurídicos le alertan sobre esta ley. ¿Acaso no sería tentador pagarle un millón de pesos a 10 personas para que se encapuchen y destruyan la mayor cantidad de cosas costosas posible?

Suponga que logran generar daños por 100 millones de pesos ¿Eso no sería llevar a la quiebra a sus oponentes?Pero claro, esto es pensar muy mal de entidades tan filantrópicas como las mineras...

Ahora, estas 3 lecturas antes descritas parten de un supuesto común: nuestras autoridades son estúpidas.

Y a pesar de que muchas veces lo demuestran, es ingenuo pensar que no son capaces de ver (o contratar gente que vea) colaterales como el recién descrito.

En ese acaso, habríamos de agregar una cuarta lectura, una "maquiavélica" (y que me perdone Maquiavelo por el abuso):

4) Gobierno y parlamentarios saben como son las cosas y buscan justamente evitar las manifestaciones públicas:Saben que en las marchas hay infiltrados, saben que los organizadores no pueden controlar lo que hace cada una de los cientos o miles de personas que asisten y sabiendo todo eso, tiran esta ley para desincentivar la realización de marchas o protestas.

Estamos entonces frente a una ley que restringe libertades civiles. De manera indirecta e hipócrita, pero restrictiva al fin.

Un paso más cerca de la mediocridad y un paso más lejos del eufemismo del "gobierno ciudadano".

No defiendo ningún tipo de destrozo, pero creo que hay que preocuparse más del origen de esa violencia que es capaz de estallar incluso en situaciones de celebración (como los recientes partidos de la selección).

El problema es que puede que a muchos no les guste que le digan por qué hay gente con rabia en este país (y no sólo este país: véase Argentina, España y Francia, por citar algunos ejemplos).

Mediocridad porque el gobierno le está haciendo el quite a hacer la pega de la seguridad pública y en vez de buscar y castigar a los culpables, tendrá listos los chivos expiatorios incluso antes de que se hagan destrozos. Sin jamás enfrentar el tema de fondo que genera estos hechos.

Pero claro, tendremos un país más silencioso, menos rayado y sin destrozos. Sin embargo en ese silencio forzado, en ese toque de queda permanente, en ese Estado de Sitio encubierto, puede incubarse un malestar mucho más peligroso....y claro, silencioso.

Gracias San José María por favor concedidoPor Favor, reAcciones

P.S.1: Les dejo aquí una carta de algunas federaciones de estudiantes sobre el proyecto de ley.

P.S.2: Agradezco al anónimo que me dejó este link y al mail que amigos me enviaron con esta preocupante noticia.

Honduras ¿Dónde están los demócratas?

El golpe de Estado en Honduras revela que en Latinoamérica los actores políticos de distintos sectores y espectros -aún cuando se declaran demócratas- todavía validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo cambios o para evitarlos.

La discusión en torno a la crisis política que se vive en Honduras se ha centrado en definir si se están ante una transición legal, un gobierno de facto, o uno interino; o que si las causas que llevaron a tal situación fueron la polarización ideológica, el intervencionismo, etc.

Explicaciones y resquicios legales hay para todo. Tanto para llevar a cabo consultas no contempladas en la constitucionalidad, como para justificar alzamientos militares.

Lo único preciso es que en Honduras sí hubo un golpe de Estado. Con todas sus letras. Un golpe de Estado cuyo pretexto es proteger la legalidad y la democracia, pero que sin embargo, claramente ha pasado a llevar a la primera y ha puesto en riesgo a la segunda. A eso es a lo que debemos poner ojo.

Lo cierto es que aún cuando Zelaya haya pasado a llevar la constitución, bajo ningún punto de vista se justificaba suspender la legalidad, negándole el debido proceso judicial, o para expulsarle de Honduras. Ahí hay un factor clave del porque estamos ante un claro golpe y no un frente aun proceso de transición legal.

Por otro lado, tampoco se justifica que los medios de comunicación y la prensa no puedan ejercer su tarea de forma libre y sin controles, al ser suspendidas temporalmente por el gobierno de facto.

Lo concreto es que los hechos en Honduras revelan un trasfondo complicado en cuanto a la forma de hacer política en nuestro continente. Muestran que todavía existen actores políticos en Latinoamérica, de distintos sectores y tendencias -aún cuando se declaran demócratas- que validan la violencia como forma de acción política, ya sea para llevar a cabo los cambios que pretenden o para evitarlos.

No sólo eso. Lo ocurrido en Honduras demuestra que para muchos, el Estado de Derecho, sólo debe ser respetado según su funcionalidad a la posición política que se defiende y según el individuo al que se le aplica, y no como un marco de acción para el juego político.

La precipitada acción de fuerza por parte de los militares hondureños, respaldada por el Congreso de dicho país, demuestra que en la solución de conflictos políticos aún se contempla, como primer gran recurso, la agresión y el uso de la fuerza. No sólo como un modo legítimo a nivel ideológico, sino también institucional.

En este sentido, la propia institucionalidad –y esa es una falla del presidencialismo en general- no permite solucionar problemas de índole político de forma política, sino de forma judicial y en muchos casos y lamentablemente violenta. De esa falla, en América Latina y a lo largo de la historia, han surgido la mayor parte de las justificaciones a golpes militares, como forma de solucionar conflictos de índole política. Nunca como último recurso, sino como el primero y único.

Artículo publicado en OBSERVA, Observatorio de la Realidad Ciudadana y en Par de Jorges