EL DIOS VOTO

Los argumentos en torno a la obligatoriedad del voto, parecen más una defensa del voto en sí, que una defensa a favor de la participación de los ciudadanos, la democracia, o la libertad.

Leyendo un interesante escrito intitulado Liberalismo y voto voluntario, me encontré nuevamente con que los argumentos a favor del voto obligatorio, al igual que todos los textos que he leído hasta ahora, se basan básicamente en plantear los supuestos males que traería el voto voluntario (aumento en la desigualdad de oportunidades; déficit de representatividad; baja legitimidad).

Bajo estos argumentos, que por lo demás, en ningún caso parece evitar el voto obligatorio, la validez de la obligatoriedad más bien se considera un preventivo para evitar supuestas hecatombes políticas, que un bien político en sí.

Pero hay algo más profundo e importante en todo esto, que tiene relación con la idea que se tiene de Democracia, Participación política y Libertad.

Decir que de la voluntariedad del voto surgirá más desigualdad, un déficit de representatividad y baja legitimidad, es reducir el espacio político y con ello la participación ciudadana, a una dimensión estatal, electoral y partidista, acotada en términos reales para los ciudadanos, a un espacio temporal específico y reducido, la urna.

Así, queda fuera de lo político cualquier otra forma de participación política no violenta (la violencia suprime la política). Esa exclusión es tanto para los individuos como agentes políticos independientes, como para sus diversas formas de asociación no partidaria -la sociedad civil como espacio democrático- mediante las cuales pueden expresar ideas, demandas e incidir en la toma de decisiones.

Irremediablemente, así también se reduce la noción de Democracia –y todo lo que implica- a ese espacio físico y temporal tremendamente acotado que es el acto del voto en la urna. Y se deja fuera el sustento que -en teoría- una sociedad abierta debería tener, es decir, una discusión constante y fluida entre los ciudadanos, sobre los asuntos públicos en diversos espacios y tiempos. Entre los líderes de opinión en sentido estricto, no sólo de las élites sino de cada ámbito.

Con la contracción de la Democracia y la participación política a la urna, el resto del tiempo, los individuos –anulados para actuar como agentes políticos y por tanto como ciudadanos- pasarían a ser súbditos del poder político estatal y partidario. Estarían obligados a someterse bajo un despotismo blando legal y electoralmente legitimado, que les otorga un único derecho político, un sacramento simbólico cada cuatro años, el voto.

Porque una cosa es defender el voto –y obligatorio- per se, y otra muy distinta defender la Democracia –y la participación- o la libertad como principios esenciales. Las distancias entre ambos elementos, no sólo en términos ordinales sino que nominales son enormes. Como el mismo Rawls decía: una cosa son las libertades políticas iguales y otra el valor equitativo de dichas libertades.

¿Por qué insisto en esto? Porque lo que muchos olvidan es que podemos tener democracias de Partido Hegemónico, como hubo en México, e incluso dictaduras (democracias de un partido único para ser irónicos), donde cada cierto tiempo se llamaba a votar (o se obligaba), y donde aún así, se cumplían fatalmente los tres argumentos esenciales esgrimidos contra la voluntariedad. (Aumento en la desigualdad de oportunidades; déficit de representatividad; baja legitimidad).

Y entonces entramos en un terreno complejo, de lo normativo ¿Es el voto la base central de la Democracia? ¿Qué implica y significa realmente la participación política en un Democracia? ¿Cuáles son sus límites o espacios? ¿Qué función cumplen los ciudadanos en una Democracia?

EL SACRAMENTO CADA CUATRO AÑOS

Creer que la voluntariedad del voto haría colapsar el sistema democrático o la libertad, es sustentar la Democracia y la Libertad en ese acto, sin tomar en cuenta otras dimensiones de lo social y político.

Los defensores del voto obligatorio no obstante, argumentan en base antecedentes técnicos y estadísticos electorales, y simultáneamente apelan a aspectos normativos en cuanto a lo político –como la igualdad de oportunidades, representatividad- que posteriormente obvian, o parecen dar por hechos, o salvaguardados por la obligatoriedad del voto.

Así por ejemplo, el hecho que muchos o pocos voten, no define un sistema democrático como tal, ni determina la real representatividad de los ciudadanos y sus diversos intereses, ni la legitimidad de un gobierno o mandato, menos aún los espacios de libertad de los individuos.

El respeto de la autoridad electa a la institucionalidad democrática y sobre todo a los derechos de los ciudadanos son elementos que no dependen del voto necesariamente sino de una institucionalidad, donde los propios ciudadanos pueden actuar como agentes políticos independientes, que controlan al poder, se contraponen a éste, y donde hacen competir sus ideas e intereses sin depender de sus representantes.

La sobrevaloración del voto en sí, sin considerar la necesidad de ciudadanos participantes e instituciones democráticas más allá de lo estatal, electoral y partidario, sólo es un paso hacia una especie de dictadura de mayorías –con muchos o pocos votantes-; una especie de religión electoral donde el dios es el voto, y los ciudadanos se limitan a cumplir un ritual cada cierto tiempo, para luego esconderse en sus casas, lo que se traduce irremediablemente en un despotismo electoral.

Por eso no es raro que en defensa de la libertad, la mayoría de los defensores del voto obligatorio repitan el dilema de Rousseau, y justifiquen la coacción sobre los individuos para mantener la libertad.  La pregunta es ¿Qué clase de libertad se defiende con coacción?

SUPUESTOS ERRADOS EN DEFENSA DEL VOTO OBLIGATORIO

En dos columnas a favor de la obligatoriedad del voto hay argumentos que apelan al deber ciudadano, la democracia y el bien común. No obstante se basan en supuestos errados.

Tanto Jorge Costadota como Daniel Mansuy escriben en El Mostrador en defensa del voto obligatorio, basando sus argumentos en ciertos tópicos que analizaremos:

1) El deber de los ciudadanos con el bien común y la comunidad.

2) El riesgo de aumentar la desafección política debilitando la democracia.

1) EL DEBER DE LOS CIUDADANOS CON EL BIEN COMÚN Y LA COMUNIDAD

Ambos autores apelan –aunque con énfasis distintos- al deber de los ciudadanos con la comunidad, el bien común, y el destino nacional.

Costadota dice: “conviene revisar un mecanismo jurídico que puede menoscabar la capacidad de alcanzar la unidad con la que hemos podido construirnos…que liberará a los chilenos de uno de los deberes más importantes con el bien común”. 

Por otro lado Mansuy dice: “el voto voluntario podría agravarlos…lo público no puede reducirse a lo privado…hacernos cargo de nuestro destino común importa asumir ciertas responsabilidades sin las cuales no tendremos ni comunidad ni libertad ni (casi) nada”.

Estos argumentos basan erróneamente el bien común en la obligatoriedad legal del voto. Es decir, presumen que sin la obligación de votar no habría política alguna ni valor democrático por parte de un número sustancial de ciudadanos.

Como dice Costadota: “El cambio legal en cuestión sacrifica a un mal liberalismo la educación cívica de los chilenos. Es una señal de exención de responsabilidad a los jóvenes, antes que una invitación a comprometerse con el futuro de la patria”.

El error es mayúsculo. Creen que la Democracia y la Política, y con ello lo cívico, dependen del voto obligatorio. Al hacer eso, reducen la Democracia y la Política al mero instante de votar. Peor aún, reducen a los ciudadanos (individuos racionales y dialogantes) a meros votantes (una masa de electores alterables).

Pero hay algo más interesante en estas apelaciones al deber de los ciudadanos, que tiene relación con el disciplinamiento y un tufillo autoritario. Todos estos mensajes invocando al deber del votante con “la patria o el bien común”, tienen una característica en común: solicitan el compromiso irrestricto de los electores con el voto y simultáneamente suprimen un deber primordial para la sanidad democrática y política; el deber de los candidatos con respecto a ese mismo voto. Es decir, el compromiso que deben asumir los elegidos, los políticos, con respecto a sus electores.

Entonces, esos mensajes irremediablemente se traducen en términos reales, en deber con el sistema político imperante, sea como sea. No defienden ampliar las opciones electorales de los ciudadanos, sino a mantener la disciplina de participar sólo votando y no de cualquier forma.

No es extraña entonces la frase de Costadota: “Esta democracia a la chilena que tenemos, ha sido un factor decisivo de la prosperidad actual de Chile. Los progresos del país se deben en mayor medida a una sociedad trabajadora, disciplinada y ordenada, y al sentido cívico de nuestro pueblo. En nuestra historia, el sentido de unidad y de responsabilidad política ha sido clave”.  

Esto no es lleva directamente al segundo punto.

2) EL RIESGO DE AUMENTAR LA DESAFECCIÓN DEBILITANDO LA DEMOCRACIA

Uno de los argumentos más usados contra el voto voluntario, apela a que con éste, los pobres quedarán subrrepresentados, al no tener incentivos para votar porque muchos dejarán de hacerlo, y el sistema democrático se debilitará más.

Mansuy dice: “no parece que la solución pase por la voluntariedad del voto —que terminará de debilitar a un sistema ya alicaído— sino por reformar más profundamente el sistema político, partiendo quizás por la ley electoral”.

Pero si somos sinceros, la obligatoriedad no ha garantizado la participación política, menos aún una responsabilidad cívica con la democracia. El año pasado en Chile 3,9 millones de chilenos en condiciones de votar no estaban inscritos en los registros electorales y sólo un 8% de los jóvenes menores de 30 años en edad de votar (que conforman el 36% del padrón electoral) lo hicieron.

La pregunta es ¿Por qué? ¿Por flojos, ignorantes, irresponsables, faltos de compromiso, egoístas como dicen algunos? No necesariamente.

La alta desafección electoral –no sólo entre pobres sino también entre profesionales- existe por diversas razones. Una de ella es porque el sistema político (sistema electoral y los partidos políticos) no está generando representación, y peor aún se vuelve cada vez más elitista y partidocrático.

En otras palabras, la apatía no se origina necesariamente por falta de interés sino más bien por un diagnóstico desfavorable, que hacen los ciudadanos en cuanto al sistema político, y al cual las propias élites políticas han contribuido a fortalecer. No es necesario dar ejemplos.

Por otro lado, si las estadísticas están indicando -como replican varios- que ahora “los más pobres votan menos que los más ricos”, el argumento de que los pobres votarán menos si hay voto voluntario, involucra para quienes lo usan, reconocer algo previo y peor.

Implica aceptar que en el régimen actual con voto obligatorio, la intención de voto de los pobres no depende de su raciocinio político personal (como ciudadano) sino del impulso que le da el temor a la sanción al no cumplir la obligación de votar (es decir una cuestión instintiva). Implica reconocer que los estaría convirtiendo en un electorado cautivo por ley, de la oferta política populista de candidatos gustosos del clientelismo electoral.

Es decir, el voto obligatorio estaría creando un falso escenario de compromiso ciudadano con la democracia, de participación y bien común. Y lo que hace es reemplazar la clientela electoral ya envejecida, y de pasada de justificar la totalidad del sistema político imperante.

Un internauta contra argumentó: “Cuando el voto es obligatorio, se elimina la posibilidad de su compra, cuando es voluntario se facilita la corrupción al permitir que se ofrezca ventajas para que alguien vote”.

Pero ¿Cómo impide eso el voto obligatorio en el escenario descrito antes? 

Lo cierto es que el voto voluntario eleva el costo de soborno sobre los más pobres, porque el ciudadano tiene al menos la libertad de negarse a votar, si el ofrecimiento que implica el cohecho es bajo. El voto obligatorio en cambio facilita el clientelismo pues la multa por no votar es más cara que una canasta familiar ganada por votar.

Entonces ¿Qué clase de elector es ese, que crea el voto obligatorio?  ¿Eso se defiende con el voto obligatorio? ¿Un clientelismo garantizado por ley? ¿Un electorado cautivo?

Costadota nos da la respuesta, y nos muestra claramente la verdadera idea del disciplinamiento detrás de la defensa del voto obligatorio: “De aquí que estimemos que el voto voluntario constituye un paso en contrario a estos valores culturales profundos. Permitir la posibilidad de desentenderse políticamente de la suerte del país, que es exactamente el peligro que advertimos, puede desviar y acarrear un perjuicio grave a nuestra tradición cultural”.

Raro concepto del voto. Lo cierto es que el voto no es una mecanismo para mantener tradiciones culturales, ni para generar “unidad nacional”. Es un mecanismo para transferir el poder pacíficamente en una democracia, nada más (y supuestamente para asignar representación, aunque eso me genera cada vez más dudas).    

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA: UNA DEFENSA DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL

“La guerra contra las drogas es una política fracasada que ha herido a más personas de lo que lo ha protegido” John Gray.

El referéndum acerca de la marihuana en el estado de California (donde el consumo de cannabis bajo prescripción médica ya es legal) para dirimir la si se autoriza (Proposición 19) o no su cultivo, posesión, consumo y compra a mayores de 21 años, nuevamente ha incitado el debate entre prohibicionistas y liberalizadores de las drogas.

Un detalle. En las discusiones entre ambos “bandos”, pocas veces se incluyen como argumento y eje  principal de la discusión la defensa de la libertad individual, aquella idea de que “cada hombre debe necesariamente juzgar y determinar por sí mismo qué le es necesario y le produce bienestar y qué lo destruye”. Lysander Spooner en Los vicios no son delitos.

Los prohibicionistas basan sus argumentos en dos ideas esenciales conjuntas:

1. Que la liberalización dará paso a un aumento de la criminalidad.
2. Que el gobierno o el Estado deben prevenir el vicio, y castigarlo como un delito, para evitar otros delitos.

1. En cuanto a que la liberalización dará paso a un aumento de la criminalidad

Es la  idea que prima en la opinión de varios. Así, según los últimos sondeos, la mayoría de la población de California se opondrá al consumo libre de marihuana, ante los temores de que se incremente el riesgo de accidentes, o cree una plataforma legal para los narcotraficantes en California. Pero esa idea es errada en todo sentido.

El fracaso de la prohibición de las drogas para evitar el crimen es un hecho -ya sea el surgimiento de carteles y mafias que controlan o más bien evitan la competencia con violencia; o la comisión de delitos bajo la influencia de sustancias-. Como explica Gary Becker, los costos de su aplicación exceden en mucho los beneficios. 

En este sentido, existen muchos argumentos a favor de la liberalización que demuestran que la prohibición más que un beneficio genera o acrecienta externalidades negativas. El caso de México es un ejemplo muy actual. Y todos sabemos que ha ocurrido con la famosa ley seca en los lugares donde se ha aplicado.

2. En cuanto a la idea de que el Estado debe prevenir el vicio para evitar otros delitos

Es la idea que enarbolan casi todos los gobiernos y prohibicionistas, del color que sean, bajo una autopercepción de superioridad moral.

En contra de este punto, hay un argumento libertario a favor de la legalización, más potente aún que el fracaso mismo de la prohibición*, que como decía Spooner, tiene relación con que “del hecho de que un hombre se vuelva pendenciero y peligroso después de beber alcohol y de que sea un delito darle o venderle licor a ese hombre, no se sigue que sea un delito vender licores a los cientos y miles de otras personas que no se vuelven pendencieros y peligrosos al beberlos”.

Si es como plantean los prohibicionistas, que la legalización de las drogas aumentaría el vicio (el número de drogadictos) y con ello el crimen, entonces también deberían ser ilegales otros “vicios”, y por tanto la venta y consumo de alcohol pues muchos manejan borrachos y matan gente, o golpean a sus esposas y las matan.

Ilógico, dirán algunos que rechazan legalizar la marihuana pero disfrutan de unos buenos tragos de whisky o cerveza cada fin de semana y manejan igual. No es lo mismo dirán. Que son “vicios” distintos. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Quién o cómo se establece esa diferencia entre “vicios”? ¿Por qué en unos casos el Estado debe entrometerse y en otros no?

Quizás dirán que los efectos son distintos. Pero ¿Es distinto acaso matar a alguien drogado que borracho con alcohol? ¿Cuál es la diferencia de tal fatalidad?

Probablemente dirán que uno es más adictivo que el otro, y que uno es más destructivo que el otro. Pero ¿Acaso los grupos de AA son ficciones? ¿El alcohol no es un vicio potencialmente adictivo y destructivo también?

Que el Estado tenga la facultad de prevenir “el vicio” prohibiéndolo (y con ello la pretensión de suprimirlo), para garantizar nuestra seguridad o para evitar el delito, nos trae algunos problemas prácticos, pero sobre todo conlleva un fuerte atentado a nuestra libertad individual.

Porque ¿Aquellos que practican deportes extremos, o cualquier otro acto que implique riesgo, no rayan en la línea de la autodestrucción, exponiendo la vida por un poco de adrenalina o placer, su vicio? ¿Les prohibimos entonces practicar su vicio para protegerles? ¿Puede hacer eso un gobierno? ¿Difícil responder?

Lo cierto es que “un gobierno con el poder de prohibir sustancias dañinas o prácticas inmorales es un gobierno con el poder de prohibir cualquier sustancia o práctica. No habría nada que fuera una sustancia controlada”. Lawrence Vance. He ahí porque la legalización es un punto a favor de la libertad.

* Nota aparte: El fracaso de la prohibición es la base del argumento de algunos a favor de la liberalización. No obstante, al ser meramente utilitario surge la duda ¿Si no hubieran mafias y crimen, apoyarían la legalización?

Links interesantes para profundizar sobre el tema:

http://mises.org/Community/blogs/euribe/archive/2010/10/14/la-ley-seca-y-los-economistas.aspx

http://prodavinci.com/2009/01/04/fernando-savater-le-propone-a-obama-despenalizar

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/sep/13/legalise-drugs-john-gray

ESTADO, CORPORACIONES: NEPOTISMO VERSUS LOS CIUDADANOS

Si un campesino quiere hablar con un ministro de Estado, primero debe mandar una carta o entregarla en recepción a alguna secretaria, después de ser registrado con detector de metales. Si tiene suerte –y no la guardan en un cajón- esperar meses alguna respuesta. Si un alto ejecutivo de una gran empresa quiere hablar con un ministro, basta que levante el teléfono y marque el anexo directo…

La anécdota anterior refleja las claras y reales diferencias que establecen -en cuanto a los ciudadanos- quienes tienen o ejercen el poder político, y sobre todo el nepotismo entre las grandes corporaciones y los altos funcionarios de cualquier gobierno de turno, donde imperan los favores y privilegios “pactados entre el poder político y los grupos empresariales influyentes”.

Ratifica la idea que los nexos entre grandes corporaciones y altos funcionarios políticos, que favorecen a los primeros, en desmedro de ciudadanos comunes y corrientes, no es algo nuevo en la historia. Sobre todo, que estos son transversales a todo tipo de gobiernos, de derechas e izquierdas, o como sea que se llamen.

Todo lo anterior se hace más relevante si tomamos en cuenta lo denunciado por CNN Chile –una corporación también- y otros medios como CIPER CHILE en relación al mal manejo de materiales tóxicos mineros por parte de empresas mineras y el silencio indolente de autoridades, empresarios-ministros y políticos desde hace años.

Aunque ante estas denuncias algunos han tratado de mover la balanza de las frágiles percepciones políticas ciudadanas hacia un solo lado del espectro, culpando sólo al actual gobierno, lo cierto es que el nepotismo político y empresarial se ha manifestado desde mucho antes en la minería, durante los gobiernos de la Concertación, con dueños de mineras que dejaron depósitos clandestinos de arsénico sin ningún tipo de seguridad o impermeabilización, convertidos después en ministros de Minería o en altos directores de una empresa estatal como Codelco.

Lo peor, organismos encargados y ligados a esos ministerios, no han hecho nada para evitar afectar la salud de otros ciudadanos, como pequeños agricultores de las zonas contaminadas –aún cuando estudios internacionales desde hace años dan la alerta-

Y eso es la punta del iceberg en cuanto a nexos entre altos funcionarios políticos y empresas, en desmedro de ciudadanos comunes y corrientes sin contactos ni nexos e influencias, haciendo que –como plantea Merce Rampart- la “responsabilidad corporativa por daños a terceros está limitada automáticamente por decreto, y en segundo lugar, la responsabilidad se desplaza de las personas hacia una entidad ficticia”. 

En todos los casos, nunca nadie es culpable de botar contaminantes en las aguas de riego o en las tierras de pequeños agricultores, ni de construir casas sobre arsénico. Ni el Estado a través de sus funcionarios, ni las empresas involucradas o sus dueños, tan profundamente relacionados.

Como decía Charles Wright Mills en La élite del poder “En la cumbre de la economía, entre los ricos corporativos, es decir, entre los grandes accionistas de las grandes compañías anónimas, están los altos jefes ejecutivos; en la cumbre del orden político, los individuos del directorio político;”.

¿CUÁNTO APORTAN LAS MINERAS A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES?

El nepotismo empresarial-político no sólo implica que desde el poder político se favorece a ciertas empresas, “a antiguos empleadores desde posiciones de poder”, sino que conlleva un trasfondo más complejo aún, relacionado con el intercambio de recursos económicos para campañas electorales de diversos niveles, a cambio de favores políticos posteriores. Es decir, con la democracia.

A partir de esos nexos no transparentados entre políticos y altos ejecutivos empresariales, no es raro que se estructure lo que Diana Duque llama una Sinarquía, entendida como “el grupo de personas dueñas del capital financiero, de las corporaciones, de los monopolios, de los grandes negocios y del Estado, que deciden en beneficio propio los asuntos políticos y económicos de un país a través de ese Estado”.

En base a lo anterior nos debemos preguntar ¿A quiénes representan nuestros políticos y legisladores realmente? ¿A sus electores que sólo votan, o a quienes les financian sus campañas para alcanzar el poder político? ¿En base a qué legislan los parlamentarios si en muchos casos sus propias empresas están en medio de un asunto?

Y entonces surge la pregunta más importante ¿Pesa lo mismo un campesino dueño de media hectárea que un alto ejecutivo de una minera ante un político o un ministro? ¿Le surge alguna duda para responder?

Sí ya respondió, no le parecerá raro entonces que ningún parlamentario haya dicho nada sobre una situación más que grave y que podría estar afectando a varios ciudadanos. ¿Por qué no fiscalizan al Ejecutivo?

Tampoco le parecerá paradójico que el actual gobierno no tuviera impedimento alguno en el poder legislativo para tratar de eliminar del proyecto de ley para regular el cierre de las faenas mineras la obligación de la empresa de difundir el plan de cierre a la comunidad y la clausura como sanción definitiva de faenas e instalaciones.

Tampoco le parecerá raro que el célebre ministro Golborne dijera: "Hay ciertas materias respecto de la garantía que, como estaba originalmente planteada, tenía poco sentido económico poner una carga demasiado grande (a las mineras) en esa materia". ¿Una carga económica?

Un chiste a propósito de las cargas económicas. Las multas que se aplicaron en ese momento –y que probablemente aún se aplican- a “un sector que, en los últimos cinco años, ha percibido utilidades millonarias. Sólo en el primer semestre de 2010, registraron ganancias por USUS$ 2.300 millones”, sea de 25 UTM, poco más de 900 mil pesos al valor de hoy.

Como plantea Paul A. Moore en American Corporatocracy “Los centinelas de las corporaciones, los miembros de los lobbies, deambulan por los vestíbulos del gobierno haciendo respetar la disciplina entre sus manos asalariadas, permitiendo a los más serviles alimentarse abundantemente a costa del público”. Podríamos llamar a esto The Chilean Way…The Chilean Corporatocray.

Por eso tampoco es raro que el ministro de Energía, Ricardo Raineri, de su apoyo abiertamente sin esperar la respuesta a las observaciones al estudio de impacto ambiental, o que algunos parlamentarios viajen financiados por una gran empresa de refrescos.

Por eso la anécdota mencionada al principio es tan importante. Sobre todo porque nuestra democracia más bien sería una oligarquía isonómica, donde existen derechos civiles iguales, pero no derechos políticos iguales. Rawls decía: una cosa son las libertades políticas iguales y otra el valor equitativo de dichas libertades.

Claramente, para el político, el campesino que sólo vota, no vale lo mismo que el alto ejecutivo que financia su campaña. Como decía Charles Wright Mills en La elite del poder (1956): “Si nuestro interés por los muy ricos va más allá de su consumo pródigo o miserable, debemos examinar sus relaciones con las formas modernas de propiedad corporativa y con el Estado”.

Y esto no implica que uno esté en contra de las fábricas o de las industrias per se. 

THE CHILEAN WAY. NO WEY…

Desde el rescate de los mineros, la frase The Chilean way, se ha enarbolado como el nuevo slogan de propaganda política. No obstante, basta mirar un poco alrededor algunos casos, y ver que la frase es vacía y no es más que un producto marketero…

Veamos algunos ejemplos de cómo organismos, instituciones actúan con el verdadero The Chilean way, dependiendo de quiénes son los involucrados…

Desde que fue diagnosticado del Síndrome de Hunter (enfermedad metabólica degenerativa, que provoca la muerte sin medicamentos paliativos) un pequeño –hoy de cinco años-, ha solicitado ayuda al Ministerio de Salud, el Congreso de Chile y de los Presidentes de la República, Michelle Bachellet y Sebastian Piñera. No ha recibido ninguna respuesta, de nadie. Quizás alguno de ellos esperaba que su intuición le dijera algo…

Bueno, para no ser injustos, sí recibió una, una carta de la Presidencia y de la Primera Dama, en las cuales no se comprometen a entregar el tratamiento por razones de carácter económico. What? Problemas económicos. Ah claro, se me olvida que un niño pequeño, en un hospital, tomando un remedio, no concita la atención de la prensa internacional y ni de las diversas polillas caza focos.

No obstante, el Presidente Sebastián Piñera, al ser consultado por el caso del menor en Europa, dijo que "ya está solucionado". ¿Solucionado pidiendo asilo en España y Venezuela? The Chilean way…

Otro ejemplo del verdadero The Chilean way, es el caso de una parlamentaria formalizada por fraude al Fisco, que en una corta audiencia en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, llega a un acuerdo que consiste en restituir 30 millones 283 mil pesos al Estado, lo que implica la suspensión condicional del procedimiento en la investigación en su contra.  Ningún político, ni congresista ha dicho ni pío, ni ha rasgado vestiduras a favor de la transparencia…Ah, se me olvidaba que no les gusta eso.

Quizás con ese dinero para asesorías inexistentes, se podría pagar el tratamiento del pequeño que cuesta 12 millones mensuales. ¿Cuánto tendría que donar de su dinero cada “honorable”?

Y la ironía sigue. Los padres del pequeño de 5 años enfermo, también presentaron un recurso de protección ante el poder Judicial, la Corte de Apelaciones de Santiago y ante la Corte Suprema, pero el poder Judicial dictó un fallo negativo para las pretensiones del niño.

Ah claro, no era un “honorable diputado acusado de fraude por el pago de asignaciones por asesorías nunca realizadas y que se depositaron en la cuenta de su marido Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta, sino que un pequeño de 5 años, sin contacto, influencias ni poder. The Chilean way.

¿Igualdad ante la ley? ¿Justicia? ¿Mano dura contra la corrupción? ¿Protección de la vida? ¿Este es el The Chilean way?

Otro ejemplo de nuestro The Chilean way. Trabajadores de una gran cadena de farmacias (FASA) llevan 22 días de movilizaciones por mejoras salariales para mejorar su sueldo base, de 32 mil pesos.

La prensa no ha dicho mucho…es que están en la superficie. The Chilean Way. 

INTERVENCIÓN DEL DÓLAR: MERCANTILISMO CHILENSIS

Gary Becker y Joseph Stiglitz coinciden en que el Capitalismo de Amigotes consiste en una estructura de favores, privilegios y nexos entre las autoridades estales y el empresariado (privado o burocrático), mediante el cual las corporaciones empresariales (privadas o mixtas) obtienen poder económico no por su competitividad o innovación, sino que gracias a sus conexiones cercanas al gobierno de turno.

Las propuestas del sector agrícola, a través del Consejo Exportador de Alimentos y la Asociación de Exportadores, solicitando la intervención gubernamental (http://www.duna.cl/web/programa/dolar-diferenciado/) y la contratación de un seguro de cambio en el exterior, ahora que el dólar es bajo, denota claramente la mentalidad mercantilista que se oculta tras el disfraz liberal de algunos empresarios. 

Como ocurre en la lógica del Capitalismo de amigotes, la contratación del seguro sería con cargo al presupuesto de la Nación. O sea, pagada con los impuestos de todos, incluso los de los temporeros. Irónicamente, piden la eliminación del IVA en ciertos ámbitos de su sector.

Los mismos que luego proclaman a los cuatro vientos que el Estado no intervenga en el libre flujo del mercado, cuando por ejemplo se trata de mejorar las condiciones laborales de los temporeros agrícolas.

El argumento que usan ahora para solicitar descaradamente la intrusión estatal es aumentar la competitividad. Lo cierto es que esto contraviene el discurso de no intervención que éstos sectores defienden –cuando les conviene-.

Es decir, niegan la intervención del Estado y hablan de “libre mercado” cuando les conviene, y luego pretenden alterar las reglas del mercado a través del Estado, cuando no les conviene. Eso se llama Capitalismo, no libre mercado.

"Sí, lo digo en alto, son los propietarios de bienes raíces, aquellos que se consideran como los propietarios por excelencia, quienes han socavado el principio de la propiedad, puesto que han apelado a la ley para dar a sus tierras y a sus productos un valor ficticio. Son los capitalistas quienes han sugerido la idea del nivelamiento de las fortunas por la ley.

El proteccionismo es el precursor del comunismo; digo aún más, ha sido su primera manifestación. Porque, ¿qué demandan hoy las clases sufrientes? No demandan otra cosa que lo que han demandado y obtenido los capitalistas y los propietarios de bienes raíces. Ellos demandan la intervención de la ley para equilibrar, ponderar, igualar la riqueza. Lo que se hizo por medio de la aduana, quieren se haga por otras instituciones, pero el principio es siempre el mismo, tomar legislativamente de los unos para darle a los otros, y por cierto, puesto que son ustedes, propietarios y capitalistas, quienes han hecho admitir este funesto principio no exclamen luego si los más desdichados que ustedes les reclaman el beneficio". F. Bastiat.

Probablemente Bastiat nunca habló de Crony Capitalismo o Capitalismo de Estado, pero claramente entendía que, lo que algunos defendían (y defienden) como "libre mercado, gobierno mínimo y derecho de propiedad" no es más que una estructura de privilegios sustentada en el Estado.

LA DECEPCIÓN PERMANENTE

“Es un hecho significativo que los representantes del socialismo autoritario, en la lucha contra el liberalismo, tomaran prestadas sus armas, a menudo, del arsenal del absolutismo, sin que este fenómeno haya sido ni tan sólo advertido por la mayoría de ellos…otros sufrieron una influencia tan poderosa de la tradición del jacobinismo francés, que sólo podían concebir la transición al socialismo bajo la forma de dictadura; otros más, creyeron en una teocracia social, o en una especie de “Napoleón socialista”, que habría de aportar la salud al mundo”. Rudolf Rocker.

La reflexión de Rocker es sumamente pertinente hoy, cuando aún existen individuos que consideran válida y posible la idea marxista según la cual “todos los asuntos de los hombres deben ser manejados por el gobierno, independientemente de las preferencias individuales” Benjamin Tucker.

Esa idea (que hoy se vuelve profundamente irónica) y que considera que el modo de terminar con los monopolios y privilegios que dan paso a las clases sociales (parafraseando al mismo Tucker) es crear un vasto monopolio controlado por el Estado, donde el gobierno no debe sufrir ninguna competencia, y la tierra, máquinas, y todos los instrumentos de producción deben ser arrebatados de las manos individuales, y hechos propiedad de la colectividad.  

Irónica, porque tal como el mismo Marx planteaba “la fuerza política es, en verdad, la fuerza organizada de una clase para la opresión de otra clase”.

Y que mejor ejemplo vivo de esta ironía que la transferencia de poder monárquica, de tercera generación, que en estos tiempos ocurre en un país asiático que dice basarse en esa idea, y la otra transferencia monárquica entre hermanos ocurrida hace algunos años en una isla.

Y ya lo anticipaba Benjamin Tucker en 1886: “independientemente de lo que los Socialistas de Estado puedan reclamar o negar, sus sistema, si se adopta, está condenado, más tarde o más temprano, a terminar en una religión del Estado, a cuya manutención todos deberán contribuir y ante cuyo altar todos deberán postrarse…”

¿Qué tipo de igualitarismo es este? ¿Democracia real, igualdad, libertad, una sociedad sin clases, una fase de transición?

La ironía de Marx entonces se hace más latente, al hablar de su proyecto y si se analiza lo ocurrido: “En lugar de la vieja sociedad burguesa con sus clases y contradicciones de clases, aparece una asociación, en la que el libre desarrollo de cada uno está condicionado por el libre desarrollo de todos”.

No obstante, Bakunin ya había predicho ­lo que años después Robert Michels llamaría la Ley de Hierro de la Oligarquía: “El Estado pseudopopular, inventado por el señor Marx, no representa, en su esencia, nada más que el gobierno de las masas de arriba a abajo por intermedio de la minoría intelectual, es decir de la más privilegiada, de quien se pretende que comprende y percibe mejor los intereses reales del pueblo que el pueblo mismo”.

Rudolf Rocker tiempo después ratificaba esa predicción: “El experimento del bolcheviquismo en Rusia ha demostrado claramente que por medio de la dictadura se puede llegar al capitalismo de Estado, pero nunca al socialismo. También una sociedad sin propiedad privada puede esclavizar a un pueblo. La dictadura puede suprimir una vieja clase, pero siempre se vera obligada a acudir a una casta gobernante formada por sus propios partidarios, otorgándoles privilegios que el pueblo no posee.”

Trostky también menciona ese proceso: “El aumento del bienestar de las capas dirigentes comienza a sobrepasar sensiblemente al del bienestar de las masas. Mientras que el Estado se enriquece, la sociedad se diferencia”.

Y continuaba: “Por las condiciones de la vida cotidiana, la sociedad soviética actual se divide en una minoría privilegiada que tiene asegurado el porvenir y en una mayoría que vegeta en la miseria, pues la desigualdad de que hablamos produce en los dos polos contrastes marcadísimos. Los productos destinados al consumo de las masas, son, habitualmente y a pesar de sus altos precios, de muy baja calidad”.

Benjamín Tucker no se equivocó al decir en 1886 “La sociedad no estará fundada sobre la garantía del disfrute igualitario de la mayor libertad posible. Tal libertad, en caso de existir, sería muy difícil de ejercer y podría ser suprimida en cualquier momento”.

Por eso, “una de las grandes paradojas de nuestro tiempo: que el poderoso y normalmente indiscutible grito por "igualdad" es conducido por el decididamente anti igualitario objetivo de cabalgar sobre su espalda hacia el cada vez más absoluto poder político, un triunfo que desde luego convertiría a los mismos igualitarios en una elite gobernante en ingresos y en riqueza, así como en poder”. Murray Rothbard.

Lamentablemente, esa paradoja también se produce en nuestras democracias, donde las élites políticas “no parecen tropezar ni un paso en su escalada hacia la riqueza, la fama y el poder. En cambio, invariablemente se regodean en felicitaciones a sí mismos y a sus similares colegas de la elevada moral en la que se han envuelto a sí mismos” Rothbard.

No obstante, es preferible una democracia perfectible que una dictadura monárquica donde como decía Benjamin Tucker “la individualidad gradualmente desaparece y el gobierno o el Estado se convierten en la totalidad”. Sin duda alguna.

Lectura recomendada

• Bakunin Mijail. Estatismo y anarquía.

• Rocker Rudolf. Las ideas absolutistas en el socialismo.

• Rothbard Murray. Igualitarismo y élites.

• Trostky León. La Revolución Traicionada.

• Tucker Benjamin. Socialismo de Estado y anarquismo:
• En qué coinciden y en qué difieren. 

VULGO LIBERALES Y CONSERVADORES

Lejos una de las palabras más manoseadas en el ideario colectivo actual es la palabra liberal. Todos quieren ser liberales, todos se dicen liberales. Sin embargo, la mayoría no sabe explicar qué entienden realmente por libertad*.
El Liberalismo, como filosofía política, nunca se constituyó como un corpus de ideas establecido de forma concreta y delimitada, sino más bien como un proceso de desarrollo constante de ideas diversas, que iban a la par de los hechos que terminan por estructurar la Modernidad a partir del siglo XVIII.
Lo cierto es que en este sentido, el Liberalismo, desde sus inicios se ha expandido por diversas vertientes y corrientes, que trataremos de explicar brevemente, y que muchas veces parecen colisionar, generando claras contradicciones y pugnas entre quienes se hacen llamar liberales.
En esta reflexión, no se pretende criticar las posiciones que defienden estos diversos sujetos, sino más bien el hecho de que las blinden, protejan o disfracen con la insignia de liberal, para establecer a priori su infalibilidad, simplemente diciendo que ellos son liberales y por lo tanto todo lo que proponen también lo es –aunque sea una patraña antiliberal- y peor aún, sin manejar un concepto específico de lo que es la libertad, ni de los fundamentos filosóficos que usan para tales efectos.
Se podría decir que es una crítica de un escéptico, no del Liberalismo y sus principios generales, sino de su real objetivación en la praxis de los individuos en cuanto doctrina política. En otras palabras, cuando alguien se dice liberal, ya hay que desconfiar. Veremos por qué.
Lo concreto es que muchos de los actuales autodenominados liberales (ciertamente vulgo o falsos liberales e incluso conservadores), desconocen estas sutiles -aunque importantísimas- diferencias a la hora de enarbolar ciertos preceptos, defender ciertas ideas políticas, o simplemente definirse como liberales de forma clara y diferenciada.
Las reacciones que se podrían generar por parte de algunos son entendibles hasta cierto punto, puesto que nadie quiere que lo despojen de sus discursos y paradigmas –por errados que estén en cuanto al uso que hacen de éstos- ni tampoco nadie quiere quedar como autoritario.
Lo cierto es que muchos de estos vulgo liberales, en cuanto a lo que plantean, son en la mayoría de los casos todo lo contrario a lo que podría ser un liberal en varios sentidos –si es que realmente podemos hablar de la existencia de liberales verdaderos y concretos-.
Esto, debido a que mezclan en diversos debates y discusiones –sin saberlo o cínicamente, pero siempre groseramente- planteamientos y lineamientos que teóricamente son contrapuestos. Es decir, y en palabras muy sencillas, son liberales para algunas cosas y para otras no, incluso en una misma discusión.
Y vaya que esto es complejo porque en definitiva no se puede ser y no ser liberal a la vez. Sin embargo, la mayoría de los autodenominados liberales (vulgo liberales) cumplen a cabalidad con esta especie de dialéctica, sobre todo en términos discursivos y prácticos.
Existen diversas dimensiones en las cuales podemos detectar y desenmascarar un discurso vulgo liberal de este tipo: en cuanto a la defensa de la libertad política; en cuanto a la neutralidad de valores, tanto del Estado como de los individuos; y en cuanto a los límites e idoneidad de la racionalidad.


En cuanto a la defensa de la libertad política
El liberalismo clásico establece que debe existir la máxima libertad política para los sujetos en cuanto al Estado y sus acciones coactivas. Es decir, que deben existir límites a la acción de los gobiernos, los cuales no pueden actuar arbitrariamente en los asuntos privados de los sujetos.
Lo clave en este sentido, es que el Estado y sus agentes no deben actuar autoritaria y despóticamente, y sólo deben limitarse a garantizar los derechos básicos de sus ciudadanos, vida, propiedad y seguridad.
Esto sin embargo, como veremos, varía según el concepto de libertad que se defiende y se maneja en ciertos momentos.
Como la mayoría de los vulgo liberales desconocen tales conceptos de libertad a cabalidad, podemos tener vulgo liberales que en términos simples, defienden o toleran la falta de libertad política, es decir justifican la acción arbitraria del Estado sobre los individuos, simplemente porque se garantiza la libertad económica -aunque sea para algunos-. Es decir, pueden llegar a defender regímenes autoritarios, por el simple hecho de que existe libertad económica.
En otros casos, algunos pueden llegar a defender “defensas preventivas” o “defensivas” –que sin embargo son claras acciones coactivas y arbitrarias llevadas a cabo por el Estado y sus organismos- ante riesgos posibles o remotos, aún cuando los criterios para ello sean del todo subjetivos.
En ambos casos, sus posturas son claramente cercanas a posiciones conservadoras y autoritarias, en ningún caso emancipadoras.


En cuanto a la neutralidad de valores 
El ideal de tolerancia del liberalismo clásico surge en el contexto de los conflictos originados por las guerras religiosas, con el propósito de generar coexistencia pacífica entre comunidades de creencias  irreconciliables.
Pero, dentro de las vertientes del Liberalismo que se desarrollan posteriormente existen planteamientos que difieren en cuanto la existencia de valores superiores y la promoción de una ideal de vida o del bien. Esto también depende del concepto de libertad y tolerancia que se adopte y la lectura que se haga de éstos.
Desde la posición neutralista en cuanto a valores, muchos vulgo liberales promueven un liberalismo utilitarista, que confunden con una mal entendida idea de libertad negativa.
Así, erróneamente y veremos contradictoriamente, creen que la libertad negativa –como no interferencia- implica libertad de cualquier restricción y su concepción de tolerancia en realidad es extraña, pues sólo toleran lo que les es agradable.
Otros vulgo liberales, desde un punto de vista perfeccionista, intentan imponer y establecer la legitimidad y superioridad de ciertos modos de vida por sobre otros.
A partir de eso, generan discursos contradictorios como defender una cierta neutralidad de valores en cuanto a ciertas decisiones individuales en ciertos temas, pero simultáneamente asumen otras posiciones no-neutrales en torno a otras áreas donde la autonomía personal también es clave, como los sistemas de creencia o las ideas.
Esto, aún cuando cualquiera que maneja un leve conocimiento acerca del liberalismo clásico, sabe que la libertad religiosa es un elemento constitutivo del ámbito privado de los sujetos y por lo tanto también se le debería aplicar la neutralidad de valores.
Debido a esta falta de rigor, tenemos vulgo liberales que defienden el evolucionismo racionalista, pero simultáneamente acusan de imbéciles a todos los creyentes de diversos credos, debido a un mal entendido ateísmo militante, que raya en los límites del fundamentalismo religioso más virulento.
Es decir, aún cuando hablan de neutralidad de valores, asumen una posición de no neutralidad ante otros sistemas de valores y creencia, y asumen que los propios son superiores al resto por lo tanto tratan de imponerlos.
Por lo mismo, proclaman la no interferencia del Estado en ciertos asuntos privados, pero simultáneamente promueven –aunque solapadamente- su intervención en cuanto a otros, por considerarla un modus vivendi inferior, por ejemplo.
En ambos casos, las posturas son claramente intolerantes y no neutrales.


En cuanto a los límites de la racionalidad
Este es quizás el tema que más complejidades genera. ¿Cuáles son los límites y espacios de la racionalidad? ¿Dónde quedan las subjetividades más profundas de los sujetos? ¿Qué papel juega la experiencia?
Aquí se aprecia con más claridad las diferencias entre los diversos “liberales”. La diferencias en cuanto al valor y la utilidad de los procesos sociales espontáneos o no planeados frente a los procesos diseñados y planeados, es clave.
Mientras unos asumen una idea totalizante de la racionalidad en cuanto a las relaciones entre los individuos, sobre todo en cuanto a la racionalidad económica; otros valoran la experiencia y plantean la necesidad de tomar en cuenta las subjetividades de los sujetos.
Así, muchos de los actuales vulgo liberales, sin saberlo, están en posiciones cercanas al racionalismo constructivista –el marxismo y otras vertientes ideológicas también tiene de aquello-que deben sus bases a planteamientos originados en la ilustración francesa, que tienen una clara posición liberal de carácter teleológico.
Aquellos que asumen una idea totalizante de la racionalidad, tienen la concepción de que el orden social puede ser pensado y constituido racionalmente en un período determinado a partir de una racionalidad superior, mediante la ley. Por lo tanto, tampoco es extraño que asuman una posición de superioridad y constantemente hablen de los “elegidos”, de iluminar las mentes de los ignorantes y los creyentes, defendiendo la legitimidad de las mentes superiores, con capacidad y formación a decidir en nombre de y para toda la sociedad. O sea, son caudillistas.
Esto claramente los lleva a plantear lógicas que corresponden a métodos de clara planificación aunque simultáneamente hablan de defender las lógicas de ensayo-error.
Así, los mismos critican la idea de orden espontáneo por considerarlo una idea irracional en cierto modo, pero contradictoriamente defienden la idea de mano invisible de Adam Smith. Lo cierto es que Smith basa su idea de mano invisible en dicho paradigma.
No es extraño entonces que al desconfigurar el discurso de los vulgo liberales, nos encontremos con que algunos –y esto sin juicio de valor- son claramente cercanos a posiciones socialdemócratas, otros en algunos casos incluso están en el límite del totalitarismo intolerante (ya sea de izquierdas o derecha), y otros son claramente conservadores en cuanto a la contraposición entre modernidad y tradición, modos de vida y sistemas de valores –cuestión compleja por lo demás en algunos aspectos-. Todo esto, claramente va variando según los temas que aborden.


Lo único que podemos concluir es que cuando alguien se dice liberal, ya hay que empezar a desconfiar.

*Los diversos conceptos de libertad no serán explicados para hacer más interesante el debate y reflejar lo explicado en el artículo.