EN SENTIDO GRIEGO

El diputado Hugo Gutiérrez justificó haber tratado de idiota al presidente de la República, aludiendo al sentido griego del término. Más allá de la burda explicación, sería bueno revisar que decían los helenos sobre el ejercicio de la Política.

Efectivamente, el término idiotes, significa aquel que no participaba de los asuntos de la Polis, de la Política.

Pero, algo que olvida el diputado, es que los idiotas estaban entre aquellos considerados legos en los asuntos de la polis, y por tanto no eran considerados políticos (polítes). Es decir, eran los excluidos de la Política y la Democracia en Atenas. Los extranjeros, las mujeres y los esclavos.

Un detalle más importante, generalmente los idiotes eran aquellos miembros de la ciudad, considerados incapaces de usar la palabra, es decir, de ejercer la Isegoría en el ágora (por no saber deliberar o no conocer el idioma). Por tanto, los idiotes eran los que quedaban fuera de la isonomía, los que tenían derechos pero no derechos políticos. Los no ciudadanos.

Es más, aquellos que no eran considerados animales políticos, es decir, no eran polítes, eran entonces considerados bárbaros, salvajes, bestias carentes de virtud política (politiké areté).

Por eso la apelación del diputado Gutiérrez es un tanto contradictoria con lo que dice promover políticamente, pues finalmente justifica sus dichos en base a un concepto clásico muy elitista, donde no todos deberían ser participes de la democracia ni ser considerados ciudadanos. Argumento similar al de quienes defienden el voto censitario, como Benjamín Constant, por ejemplo.

¿Es ese tipo de criterios políticos, el que quiere promover el diputado Gutiérrez con sus palabras?

Aristóteles decía que la prudencia era una virtud práctica necesaria en el buen político, cuyo fin era apuntar a la eudaimonia (el buen vivir). En la politiké areté, se debía unir la acción y la palabra (su buen uso), porque somos animales políticos capaces de tener discurso.

Por eso, cuando los políticos –del color que sean- comienzan a mal utilizar el lenguaje en el debate público, a insultarse y desprestigiarse mutuamente mediante injurias, calumnias o infundios; o promueven o justifican la violencia contra otros mediante la palabra, finalmente comienzan a corromper la Política misma.

No por nada, Aristóteles también decía que la demagogia es la degeneración de la democracia –o mejor dicho la politia-, donde el demagogo es un mero adulador del pueblo. Es decir, es aquel que hace un mal uso del discurso y de la palabra, para granjearse el apoyo popular y así obtener poder.

Irremediablemente esa adulación descontrolada nos lleva a la oclocracia (concepto usado por Polibio), que es el gobierno de la muchedumbre, de la turba, donde es imposible el diálogo, donde hay ausencia de la palabra, donde prolifera el caudillaje. Por ende, surge el linchamiento, la barbarie y la tiranía.

Entonces, si queremos apelar al sentido griego clásico de los conceptos políticos, sería bueno empezar a promover la política en tal modo, como uso deliberativo y por tanto libre de la palabra. Sobre todo en estos tiempos donde proliferan muchos vociferantes incapaces de dialogar. 

Director de Contenidos Fundación Cientochenta!

CONFECH ¿ÉTICA DE LA CONVICCIÓN O DE LA RESPONSABILIDAD?

Las demandas estudiantiles pueden ser consideradas legítimas y en muchos sentidos uno puede concordar con éstas en varios aspectos. No obstante, la duda es ¿Hasta qué punto la resolución política de esas demandas está quedando subyugada a la necesidad personal de los dirigentes estudiantiles, de mostrarse constantemente como revolucionarios, como “radicales libres”, esa moléculas inestables y reactivas, haciendo analogía con la química?

Los dirigentes estudiantiles parecen haberse tomado en serio la frase de Allende que dice que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. No sólo parecen asumir –erróneamente- que la edad les determina a adscribir exclusivamente a ciertas ideologías como quien se convierte en feligrés de una fe determinada según la etnia (viejas e incluso conservadoras por lo demás); sino que eso parece hacerlos olvidar de que no se puede pasar toda la vida proclamando quemar la ciudad al final de cada día. 

Al parecer sin percibirlo, los actuales dirigentes estudiantiles parecen estar llegando a esa encrucijada donde todos quienes en la historia han promovido cambios radicales (como lo hicieron Mandela, Arafat y otros tantos) se han encontrado alguna vez. Esa etapa donde deben elegir entre ser razonables para dar prioridad a las demandas que se defienden, generando cambios desde la política; o dar prioridad al papel de revolucionarios, para seguir siendo unos románticos dogmáticos, como lo fue Che Guevara. 

El dilema no es menor, porque es mediante eso que definen si optan entre la ética de la convicción; o la ética de la responsabilidad, de la que hablaba Max Weber. Es decir, deben decidir entre mantenerse –parafraseando al célebre sociólogo- bajo la presión inflexible de sus seguidores (en función del grito de la calle); o asumir su responsabilidad política, que implica necesariamente comenzar a contrastar fines con medios, y por tanto medir las consecuencias de sus actos y palabras. 

Siempre es mucho más fácil ser un vociferante que alude todas las responsabilidades a otros sin asumir las propias; que empezar a hacer política con la cabeza. Es decir, siendo razonables. Y esto no implica abandonar la pasión política sino canalizarla. Como el propio Weber decía: “la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no son términos opuestos entre sí; son elementos complementarios que deben concurrir a la formación del hombre auténtico, a la formación del hombre que pueda tener vocación política”. 

Las declaraciones de Andrés Fielbaum y otros dirigentes universitarios, donde amenazan con radicalizar el movimiento estudiantil –sin indicar de forma clara en qué consiste aquello- si no hay respuesta del ejecutivo el 21 de mayo, parecen demostrar que dicha intransigencia absoluta, está más al servicio de sus principios personales, que de las demandas mismas. El romanticismo personal de los líderes está primando más que lo razonable políticamente para llevar a cabo los cambios que proclaman.

Su ultimátum denota que su posición, debido a su – ¿inconsciente?- auto exigencia de mostrarse cada vez más revolucionarios (incluso más allá de los procesos mismos)  ya se torna más discrecional y por tanto más autocrática. Porque en su llamado, incluso se sitúan como únicos interlocutores entre los ciudadanos –la calle- y el gobierno, saltándose a toda la estructura política legislativa de por medio.

Los dirigentes estudiantiles están en el momento de decidir si aplican la ética de la responsabilidad y de ellos deriva un movimiento político serio con proyección, que actúa dentro del espacio político y democrático, aceptando su carácter agonal, y por tanto la existencia de adversarios, disputas y diferencias; o siguen con la ética de la convicción, manteniéndose como una mera expresión contingente de descontento, es decir, como algo pre-político, que actúa fuera del espacio político.

Resolver ese dilema por parte de los dirigentes estudiantiles es clave. De lo contrario, el tren a toda velocidad puede terminar descarriado, con conductores y pasajeros aplastados por la gran mole que ellos comenzaron a acelerar sin pensar hacia donde iban realmente. 

Jorge Gómez Arismendi
Director de Contenidos Fundación 180!

IDEAS, CANIBALISMO Y BARBARIE

El canibalismo es quizás la expresión más pura de la latente propensión anti política del ser humano. No hay diálogo posible con quien está dispuesto en su más profundo interior, a desgarrarte y devorar tus entrañas. 

Las imágenes de un soldado rebelde sirio, engullendo el corazón de un adversario muerto, muestran que la violencia como forma de acción política (sea cual sea su justificación), siempre nos puede llevar al filo de la barbarie. 

Kant decía que lo que nos distingue de la existencia mecánica de los animales, era nuestra independencia con respecto a los instintos, gracias a la disposición natural hacia el uso de la razón que nos permite ser sujetos morales, y por tanto libres.

Sería esa tendencia, la que nos ha permitido a lo largo de los siglos, ir avanzando hacia formas más civilizadas y menos brutales de relacionarnos entre nosotros. Podríamos decir, tomando la tesis de Steven Pinker, que la violencia ha sido paulatinamente limitada, gracias al desarrollo de diversas reglas, prácticas y valores que han evolucionado en instituciones como el Estado de derecho, la democracia, el libre comercio y los derechos humanos, que implican finalmente, el respeto a la vida y la persona humana.

No obstante, como el mismo filósofo estadounidense dice: “La brutalidad no ha sido abatida”. Así, diariamente la prensa nos recuerda cuán largo es ese proceso de “humanización”, plagado de avances y retrocesos. 

El acto caníbal en Siria, televisado a todo el mundo, nos debe poner en alerta sobre el constante riesgo al que está expuesta nuestra especie, de retornar hacia la peor forma de barbarie. Aquella donde la brutalidad contra otros se ejerce de manera racional y consciente. 

Porque el corazón del enemigo caído, se devora ante las cámaras no sólo como una especie de capricho o fetiche personal, sino mientras se emiten mensajes de odio con claro carácter intolerante y sectario, llamando a masacrar a un grupo social determinado. Podríamos decir que la lucha revolucionaria contra un régimen supuestamente opresor, que era aparentemente el motivo que movía a ese soldado rebelde, ha derivado en barbarie pura, satisfaciendo sus instintos más bajos. Es decir, los supuestos altos fines han dado paso a meros actos de salvajismo. ¿Les suena la historia?

En ese sentido, el brutal festín humano nos muestra la necesidad de promover el uso de la fuerza dentro de ciertos límites -del derecho, el derecho internacional o de cierta ética- incluso en un proceso revolucionario o bélico (se esté o no de acuerdo con éste). Porque incluso la guerra o la rebelión –que siempre deben ser el último recurso- se deben regir por ciertas reglas para no terminar siendo una burda carnicería humana (como casi siempre ocurre).

Más importante aún, ese acto brutal nos plantea lo imperioso que es promover una ética que rechace la violencia indiscriminada y el asesinato en masa, como motor y eje de acción. Estemos en guerra o en paz. 

Es fundamental promover de manera constante ideas que rechazan la coerción como medio para imponer fines, sobre todo cuando los límites legales y jurídicos que permiten controlar la acción coactiva del Estado (como los tribunales independientes) y los afanes violentos de otros grupos, se ven mermados o disminuidos en una situación de crisis política y social.

Porque la violencia y brutalidad contra otros, siempre las cometen y las han cometido seres humanos como uno. En nombre de diversos fines, con la excusa precisa para justificar la agresión contra otros. Los han llevado a cabo, sobre todo cuando el único freno a dichos actos de barbarie, ha sido su propia conciencia, su ética y  su capacidad de autogobierno.

Difícil tarea la de promover una ética no violenta, pero necesaria para evitar retornos a la barbarie.

QUÉ HAY DETRÁS DEL FRACASO DE LAS PRIMARIAS

La nula presencia de primarias en las coaliciones políticas, irremediablemente deja una sensación amarga en un electorado que cada vez se siente más distanciado de éstas. Los políticos deben retomar la responsabilidad de convencer y atraer a los votantes, para así hacerlos participes del proceso político y frenar la apatía generada. De lo contrario, con su egocentrismo partidario, terminarán horadando la democracia misma, al convertir a los ciudadanos en una mera masa disponible para el caudillo de turno.

Ayer, hasta último momento se esperaba que la Concertación realizara primarias para definir a sus candidatos en la próxima elección parlamentaria. La promesa estaba hecha en base a formar una “Nueva Mayoría”. Pero el plazo llegó y las primarias quedaron como simple promesa en tiempos de campaña. ¿La justificación? Falta de acuerdo y el binominal. Por otro lado, la UDI tampoco quiso realizar primarias, para evitar roces internos, según argumentaron.

Las dirigencias de los partidos políticos parecen haber olvidado que en las últimas elecciones municipales, hubo cerca de un 60% de abstención. Es decir, más de la mitad de las personas en edad de votar no asistió a las urnas y se desligó totalmente del proceso electoral.  

¿En qué estarán pensando los dirigentes al asumir una medida que los distancia aún más de los ciudadanos? No sabemos. Pero probablemente piensan que gran parte de ese 60% no asistió porque se fueron de paseo, se quedaron acostados, o son unos desinteresados de la política.

Lo cierto es que a veces, la apatía política tiene razones más profundas que la pereza. Lo más probable es que gran parte de ese 60% no asistió porque no se siente representado por los partidos o porque no ve ideas en éstos, sino más bien lógicas cerradas, elitistas, clientelares y por tanto poco abiertas e importantes para el ciudadano. 

Ese proceso, que para muchos se revierte y soluciona multando o amenazando con cárcel a los ciudadanos, es más complejo, pues tiene un efecto sobre los propios políticos profesionales; el distanciamiento creciente de las cúpulas partidarias, con respecto a sus bases y el resto de los ciudadanos, los termina por convertir en una casta que se representa a sí misma. Y esa es la sensación que ya tienen algunos ciudadanos hoy en día, y no pocos.  

Si en una democracia, los partidos no son capaces de generar adhesión y representación de manera plural en los ciudadanos, éstos últimos quedan paulatina y crecientemente ajenos a lo político y la Política, es decir, dejan de ser ciudadanos, y terminan convertidos en una masa. Muchedumbre lista para que un demagogo le prometa la ciudadanía perdida, a cambio de fidelidad absoluta a su poder. Esa pérdida de lo político en la ciudadanía, ha sido notorio en el proceso previo al surgimiento de diversos gobiernos totalitarios o autoritarios en la historia reciente.

Ahí radica la responsabilidad política de los profesionales políticos, aquellos que se dedican a la política, y son remunerados para legislar y representarnos.

La ausencia de primarias, pero sobre todo de debate político abierto y serio hacia la ciudadanía, está reflejando la opinión que la ciudadanía hace tiempo tiene de la actividad política, como un espacio ajeno a la ética de principios, donde no importa el costo de las acciones, mientras los resultados favorezcan el control y el mayor acceso al poder, y por tanto reducido a clientelismos, favores y meros eslóganes sin contenido alguno.

Es tiempo de recuperar la responsabilidad perdida con respecto a la Política. Rescatarla como actividad que nos permite convivir y mantener la paz dentro de las diferencias. Pero sobre todo, es momento de asumir esa responsabilidad desde una ética de principios y no de meros resultados.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Hace tiempo en el debate político la responsabilidad ha brillado por su ausencia. Ejemplo hay muchos. El lenguaje bélico instalado entre diversos representantes del mundo político, académico y estudiantil va demostrando la creciente irresponsabilidad en ese sentido.

En la Antigua Grecia, la responsabilidad era un elemento central para ser considerado un ciudadano, comprometido con los asuntos de la polis. Hoy, la responsabilidad en términos políticos se confunde muchas veces con obstinación. Quien en cualquier tema público en el debate, plantee posiciones moderadas o discrepancias con lo que plantea “la mayoría” o la “opinión pública”, es inmediatamente descalificado (muchas veces sin argumento de por medio) y posicionado como enemigo de “el grito de las mayorías”, de “la calle”, “la Historia”, o “la justicia”, y por tanto es visto como un reaccionario.

Entonces, por efectos de la inercia y lo que el poder genera, el discurso de quienes dicen llevar la voz de las mayorías, se torna más agresivo, más intransigente y menos tolerante con la discrepancia y las desavenencias, cualquiera sean éstas. La retórica belicosa se hace constante con el objeto de "aleonar" aún más a las masas, “aislar” a los disidentes, deslegitimarlos en el debate, y censurarlos en la opinión pública en general.

Contrario a lo que en general se piensa cuando se confunde democracia con dictadura de mayorías, esa lógica (que algunos visualizan como el camino a una “democracia real y participativa”) no va en favor de la democracia, sino que va en su contra, de manera creciente y muchas veces imperceptible. Porque una mayoría suprimiendo la opinión de la minoría no es signo de que la democracia crece, sino de que está perdiendo sus cimientos centrales.

Ese es el inicio de los procesos de polarización, mediante la irresponsable retórica de los líderes, con la consigna fácil y la descalificación al voleo, que van paulatinamente suprimiendo los espacios de diálogo entre los diversos actores, ahogando el espacio público en sentido general.

A medida que las posiciones se radicalizan en dicho proceso, los extremos se tornan menos políticos (menos dialogantes) y más “militarizados”, proclives a aceptar la violencia y coacción como medios y fines. Los más responsables y sensatos –los políticos responsables- van quedando en medio del fuego cruzado de los extremismos políticos. Irremediablemente, la democracia por imperfecta o débil que se considere, también queda arrinconada.

Ese fuego cruzado no tiene relación con el binomio izquierda versus derecha, sino con el binomio libertad versus autoritarismo. Porque siendo sinceros, quien tiene como medio y fin a la violencia (se diga de izquierda o derecha) no puede más que terminar siendo un autoritario. Jamás será un demócrata en sentido estricto. Porque un demócrata valora el diálogo, pero sobre todo respeta la diferencia y la discrepancia, y con ello la libertad del otro para disentir.

Cuando los responsables –no sólo los políticos sino los ciudadanos en general- se quedan en sus casas, dejando el espacio público vacío (el físico y el de las ideas), las instituciones democráticas se oradan, se deslegitiman, y entonces se siembra el camino para los caudillos, los demagogos -esos bravucones que no gustan del debate sino de la consigna, que gustan del poder y lo quieren en exceso para sí mismos-.

El debilitamiento de la responsabilidad política como valor, es inversamente proporcional a la creciente turbulencia de los tiempos, el debilitamiento institucional y al surgimiento creciente de caudillos y ambicioso de poder. En ese sentido, no quiero ser alarmista sino responsable. Aún es tiempo para que quienes valoramos la democracia como medio para resolver nuestras diferencias.

Es cierto, ningún orden es eterno. Como ninguno es perpetuo, es nuestra responsabilidad política el que los cambios se lleven a cabo en paz y sobre todo respetando la libertad y dignidad de cada persona.

PAPISTAS POR TODOS LADOS

La muerte de Chávez, la elección del Papa y la llegada de Michelle Bachelet tienen algo en común: la presencia clara de la nefasta idea monárquica y divina del poder.

 

“Nosotros sabemos que nuestro comandante ascendió hacia esas alturas y está frente a frente a Cristo, alguna cosa influyó para que se convoque a un Papa suramericano”.

La frase de Nicolás Maduro, insinuando la influencia celestial de Hugo Chávez en la elección del nuevo Papa, fue la culminación del proceso de “beatificación” y divinización (incluida una fallida momificación) del recientemente fallecido líder venezolano. Chávez ahora ejercería su influjo en la tierra y en el cielo.

Con la muerte de Chávez afloraron aquellos aspectos religiosos que quienes han tenido el poder político han ejecutado por siglos de manera subrepticia. El culto a la personalidad, la pretensión de inmortalidad del líder, el carácter hereditario y divino de la autoridad, se hicieron claros desde el día de su muerte.

La idea de embalsamar al líder para la eternidad, que estaría sentado cerca de dios en el cielo, de que Maduro es su hijo, y que “todos son Chávez”, no es otra cosa que la pretensión de darle un carácter teocrático –y por qué no decirlo fetichista- al ejercicio del poder político, que adoptaría un cariz divino y hereditario. Como decía Rudolf Rocker con justa razón: “Todo sistema de gobierno, sin diferencia de forma, tiene en su esencia un cierto carácter teocrático”.

En ese sentido, el carácter que está tomando el ejercicio del poder en Venezuela de la mano de Nicolás Maduro, no es muy distinto del que existe desde hace siglos en el estado teocrático llamado Vaticano, y en otras naciones autocráticas como Corea del Norte donde el gobernante es considerado un semidios. El derecho divino en su máxima expresión.

Así, la palabra sagrada del líder fallecido, la Biblia bolivariana, sería el Plan de la Patria, que dejó escrito Chávez, y que para su yerno Jorge Arreaza, otro heredero del poder (designado “por su hermano Nicolás” como vicepresidente ejecutivo) es “un manual para las próximas décadas, incluso para este siglo”.

La política dando paso a la religión y el milenarismo. ¿Dominación racional legal; o dominación carismática y tradicional?

En ese sentido, Maduro ha asumido el rol de Pedro, al decir que es hijo de Chávez, el santo sentado junto a dios (y probablemente “sacrificado en nombre de la humanidad”), y por tanto, heredero legítimo de su poder y autoridad incuestionable en la tierra como representante del pueblo.

Un claro símil del culto fetichista al Cristo en la cruz (también muerto por la Humanidad), que el catolicismo ha explotado por siglos para generar adhesión irrestricta al Papa, la autoridad infalible con conexión directa con dios (la única), donde sus acólitos son –o eran hasta hace poco - vistos como semidioses.

¿Quién entonces podría cuestionar la autoridad designada por un líder ahora fallecido, que está sentado cerca de dios? Sólo un hereje víctima de dioses falsos; o alguien víctima de la ideología. En ambos casos, un blasfemo.

El principio monárquico es más que evidente. El retorno del derecho divino absolutista disfrazado de democracia popular está a un paso.

En torno a la llegada de Bachelet, la idea monárquica del poder también está presente, pero como una especie de césaro-papismo. Así, muchos de sus promotores presumen que su elección como presidenta será la solución a todos los males verdaderos y supuestos. No es raro entonces que el presidente del PS Osvaldo Andrade haya dicho que: “Bachelet es la solución a este mal paréntesis". Ni pensar en cuestiones institucionales, esto es personalismo puro.

Es decir, como diría Gramsci, Bachelet representa para sus adeptos: “la solución arbitraria, confiada a una gran personalidad, de una situación histórico-política caracterizada por un equilibrio de fuerzas de perspectivas catastróficas".

Y entonces, como sería la solución, Andrade no ha dudado en exigir fidelidad absoluta hacia la persona de Bachelet, a los parlamentarios electos para “representar a la ciudadanía” en el Legislativo. No duda en exigirles conformar “un parlamento para Bachelet”.

El principio monárquico que concentraba el poder en una sola persona, la del monarca absoluto, se intenta imponer y emular con el disfraz de la democracia, por sobre el principio democrático clave de la separación de poderes.

Entonces, el Congreso no es considerado el órgano para representar a los ciudadanos y sus diversos intereses, sino que es considerado un brazo en función del poder ejecutivo y sus intereses. El presidente hecho rey.

Entonces “el representante de la soberanía estatal es el supremo sacerdote del poder, que encuentra su expresión en la política, como la encuentra la veneración divina en la religión”. Rudolf Rocker.

El mayor problema de nuestros tiempos sigue siendo el de todos los tiempos, la creencia nefasta en la infalibilidad de la autoridad. 

LA FAMILIA NO ES UN MEDIO

En su respuesta a mi interlocución a su artículo "El error liberal y la politicidad de la familia", Gonzalo Letelier por fin aclara el punto central de toda su elucidación: no todo es familia. Por tanto, “se trata de proteger las familias reales y concretas tal como son”, lo que implica que las políticas sociales deben centrarse en “el bien social que constituyen los hijos y los padres” en tanto familias.

Su crítica a la subsidiariedad negativa liberal centrada en el individuo como agente moral, apunta esencialmente a que ésta obvia que la sociedad también es una entidad moral que tiene fines, sin los cuales no se constituiría como tal, y donde la familia sería el medio necesario para aquello. Soslayar esto, descompondría el concepto de familia tradicional o convencional, entendido como hijos y padres.

Letelier se centra en dos supuestas afirmaciones mías para construir su respuesta. Primero, que “los liberales creen que las sociedades son sólo eso: relaciones libres entre individuos”; segundo, que “las sociedades no tienen inteligencia ni voluntad”.

La primera alusión es incorrecta, pues en ningún caso afirme aquello, sino que: la familia es un espacio surgido de la libre interacción entre individuos (excepto si alguien es obligado a convivir con otro para “formar familia”), que compete exclusivamente a sus componentes. La familia es una institución que al igual que el lenguaje, surge en el proceso constante y espontáneo de interacción entre personas, sujetos o individuos. 

Los liberales tienen claro que en la sociedad existen relaciones de dominación que no necesariamente surgen de la libre interacción sino de la coacción o la amenaza en el uso de la fuerza. De hecho, luchan contra éstas, promoviendo la mayor cantidad de relaciones originadas de mutuo acuerdo –lo que implica el respeto y cumplimiento de los mismos-.

Lo anterior no significa necesariamente que los liberales crean que la sociedad surge de un contrato social, donde supuestamente los individuos atomizados constituyen la sociedad al dejar su estado de naturaleza. En general el contractualismo es visto por los liberales como un mecanismo, y no como un hecho histórico.

No obstante, tienen claro que muchas instituciones y convenciones sociales en realidad han surgido del proceso espontáneo de interacción entre los sujetos. Como la familia, que seguirá existiendo “y flotando”. Y eso no se debe ni deberá a un acuerdo o elección de la sociedad.

En cuanto al segundo punto: Si como Letelier -aceptando el punto de vista liberal- dice: “las sociedades no tienen inteligencia ni voluntad”. Surge la duda ¿Cómo entonces las sociedades definen sus fines como él plantea? ¿Cómo eligen y actúan sin inteligencia y voluntad como él afirma?

Decir que algo no tiene inteligencia ni voluntad pero elige como un todo, es un oxímoron.

Letelier plantea que “las sociedades existen porque muchos quieren lo mismo y deben ponerse de acuerdo en cómo obtenerlo. Esos acuerdos no pertenecen a cada uno de los miembros en particular, sino al todo como tal”.

En este punto, Letelier parece contradecirse su crítica inicial al contractualismo. Extrañamente también, al mismo tiempo que cuestiona la idea de voluntad general de Rousseau –siempre dudosa en cuanto a la libertad- plantea una especie de supuesta voluntad colectiva, pues dice que hay “decisiones colectivas cuyo sujeto es la sociedad y que, por lo tanto, son vinculantes para todos sus miembros”.

Según Letelier, esas decisiones vinculantes para todos, estarían ligadas con los fines de la sociedad, sin los cuales la sociedad no podría constituirse, por lo que la neutralidad estatal que promueve el liberalismo es impracticable. Por tanto, Letelier afirma que “ninguna sociedad puede ser realmente neutral respecto de los fines por lo que existe ni respecto de los medios necesarios para conseguirlos”.

Pero hay un detalle. La neutralidad que promueven los liberales refiere al Estado, el monopolio de la fuerza organizada, y no a la sociedad, que es el conjunto de interacciones entre sujetos. Estado y sociedad no son lo mismo.

Como no son lo mismo, entonces la neutralidad estatal se hace necesaria. Sobre todo en sociedades –ya constituidas- cuya interacción es tan compleja, que han cruzado el umbral de la primitiva homogeneidad tribal. Es decir, en sociedades abiertas donde sus miembros particulares (personas individuales de la especie humana) actúan en función de fines propios, muchos y diversos; comunes o contrapuestos a los de otros sujetos. La neutralidad estatal entonces es necesaria y viable.

Como Estado y sociedad no son lo mismo, el liberalismo no considera a la familia un instrumento, menos “un medio necesario para todo fin realmente social”. Pues eso sería finalmente instrumentalizar a la familia y sus componentes, en función de supuestas decisiones colectivas, que en realidad son decisiones tomadas por sujetos que ejercen el monopolio de la fuerza, en nombre de la patria, el pueblo, la voluntad general o el bien común. 

A quienes se consideran liberales o siguen sus preceptos, les interesa la familia, por una razón más importante que considerarla un tema público. Les interesa la familia porque todos nacemos y hemos crecido en familias, en las cuales nos vamos constituyendo como personas únicas -fines en sí- libres de formar nuevas familias.

LOS LIBERALES Y LA FAMILIA

En un artículo escrito por Gonzalo Letelier, El error liberal y la politicidad de la familia, se plantea que los liberales, debido a su supuesto atomismo, pondrían en riesgo a la familia como núcleo de la sociedad, al obviar su politicidad como eje de todos los asuntos. No obstante, el escrito –que se acerca a las críticas comunitaristas- parte de algunas premisas un tanto dudosas en cuanto al Liberalismo.

Efectivamente, los liberales son metodológicamente individualistas. Pero al contrario de lo que plantea Letelier, no niegan la existencia de relaciones y vínculos entre los individuos que interactúan. De hecho, reconocen en ese proceso de interacción, constantes influencias recíprocas en cuanto a valores y objetivos. Por lo mismo, los liberales plantean la posibilidad de llegar a establecer criterios justos de aplicación mutua, de manera cooperativa, voluntaria y pacífica. De ahí la promoción del axioma de no agresión, la autonomía personal, y la defensa de los libres intercambios entre las personas, individuos o como quiera denominarse al ser humano.

Lo que los liberales cuestionan es la idea de una sociedad como entidad u órgano con conciencia o voluntad propia, y por tanto con la facultad y el derecho de imponer sus criterios -por medio de la fuerza- sobre las personas. En ese sentido, el individualismo liberal se opone al colectivismo.

Como bien explica Rothbard (Seis mitos sobre el liberalismo): “El liberalismo, es una teoría que afirma que cada individuo debe estar libre invasiones violentas, debe tener derecho para hacer lo que quiera excepto agredir a otra persona o la propiedad ajena. Lo que haga una persona con su vida es esencial y de suma importancia, pero es simplemente irrelevante para el liberalismo”.

Como se puede apreciar, el liberalismo se refiere a los límites que debe tener el ejercicio del poder político en cuanto monopolio de la fuerza, no a los fines o valores que cada persona y sus familias respectivas, tienen y determinan en la vida. Es una teoría política, no moral.

En base a lo anterior, los liberales consideran que la familia, como espacio conformado y originado en la interacción voluntaria y cooperativa entre sujetos concretos con morales particulares, no puede estar supeditada ni sometida a lo que los líderes, la “sociedad” o el Estado, dicten como moral o modus vivendi colectivo en un momento dado.

Para los liberales, la familia sería el espacio de mayor autonomía y libertad para las personas. Ahí radica la idea liberal de neutralidad estatal, surgida en medio de las guerras de religión, en relación a súbditos organizados en diversas familias con creencias diversas. Tal principio plantea que ningún gobernante puede imponer -menos por fuerza- sus credos particulares. Por ende, no debe imponer de manera arbitraria un modus vivendi en base a una particular noción del bien común.

El principio de neutralidad es coherente con la idea de no intromisión del Estado en nuestra vida privada, en cuanto a qué rezamos, qué vemos, qué leemos, qué comemos, qué escribimos, con quién nos reunimos, qué hablamos y qué pensamos. Por ende, también en cuanto a cómo y con quién llevamos adelante nuestra vida –nuestra primera posesión- en definitiva. Es decir, es coherente con el principio de autonomía individual.

En ese sentido, Letelier olvida que son sujetos autónomos en acuerdo con otros sujetos  autónomos, lo que conforman familias de forma libre y voluntaria en base a sus intereses, deseos y creencias comunes. Sobre todo, en base a sus personales sentimientos mutuos. Las personas no conforman familia en base a los dictámenes de una mayoría, una colectividad, una élite, la sociedad o el Estado.

Como Letelier no toma en cuenta este detalle, no es raro que considere que el liberalismo es contrario a la familia y su politicidad. Es decir, a su particular concepción de politicidad familiar, que estaría ligada con la idea de “familias sanas” en función de que “cada sociedad cumpla por sí misma sus fines propios”.

En la concepción de Letelier, sólo las familias sanas estarían acordes a  los fines de de la sociedad. Sólo éstas estarían llevando a cabo su plena politicidad.

Pero ¿Cuáles son los fines propios de la sociedad?¿Qué es una familia sana? ¿Cómo promueve el Estado una familia sana?

Aquí hay un detalle importante, cualquier familia considerada “insana” –por no se sabe quién- sería contraria a los valores de la sociedad o el bien común. Por tanto sería anti-política. Y ya sabemos lo que surge del hecho de concebir a ciertos grupos o individuos como contrarios a los valores –de turno- de la sociedad o el bien común.

Contrario a lo que dice Letelier, los principios liberales son promotores de la familia y su eticidad, en mayor medida que aquellas sociedades tribales, tradicionalistas o fundamentalistas. Lo son al defender la libertad de asociación de los sujetos, en base al apoyo mutuo, sin depender de principios morales, ideológicos o de cualquier otra índole, sino en base a su condición de personas individuos, o seres humanos.

EL MAL SENTIDO DE LA POLÍTICA

En una columna se defiende el derecho a guardar silencio de los candidatos presidenciales Bachelet y Golborne, “para seguir mirando encuestas donde aparecen como victoriosos en sus respectivas primarias”. Se plantea que no habría razón alguna ni siquiera moral –pues las morales son diversas- para exigir a aquellos silenciosos, el uso de la palabra y debatir en el foro público.

Tal defensa, se sustenta en que las encuestas permitirían a los más valorados dentro de las mismas, desligarse de la necesidad del debate y del convencimiento, que sólo serían tareas imperiosas para aquellos con bajos números.

Como en la misma columna se pide una explicación que justifique el obligar al debate. He decidido dar una.

Desde el surgimiento de la democracia en Atenas, el sentido de la política se ha sustentado en la discusión y por tanto en el uso de la palabra. Es en torno al diálogo –y ya no en base a la fuerza- que los asuntos de la polis se abordan en las primeras democracias. No hay otro modo.

Quien guardaba silencio ante los asuntos públicos (por decisión propia o ajena) era excluido del ágora, y en muchos casos era considerado un idiotez (aquel que por motivos diversos no podía de-liberar); o un bárbaro (aquel que no usa la palabra).

Si se aprecia, quedarse callado -que es efectivamente un derecho y una libertad en muchos ámbitos- no es viable en el ámbito de la política. Por lo menos para quien quiere participar en ella.

Un político mudo ante los asuntos de su polis, es una contradicción ambulante. Un oxímoron con pretensiones de poder tanto en la antigua como en la moderna democracia. El político, a diferencia del ciudadano común -aunque también es un ciudadano- es alguien que ha decidido voluntariamente hacer uso de la palabra en el foro. Negarse a hablar, es negar su condición de político.

Creer que el simple hecho de contar con apoyos según las encuestas –que siempre son dudosas como decía Bourdieu- permite excusarse del debate público, es reducir la política y la democracia a una mera forma de dominación carismática. Es tener un concepto de la democracia como si fuera una religión. Es concebir a los ciudadanos como meros devotos que no cuestionan ni discrepan de sus sacerdotes. Es además, una noción extremadamente elitista de la democracia y la política.

Peor aún, es obviar que el juego democrático implica y exige una pugna constante en el espacio de las ideas entre todos los miembros del mismo. Es obviar el sentido deliberativo de la lucha por el poder, tan necesario para la salud de una democracia.

Como vemos, el silencio en política genera un vacío en el espacio político y no contribuye en nada a ampliar dicho espacio, sino a mantenerlo restringido exclusivamente para las cúpulas y las castas políticas. Entre cuatro paredes, tal como se elige un Papa.

La supresión del diálogo en el ámbito político, por parte de los propios políticos, implica el debilitamiento de la democracia y el mantenimiento de una política basada en la fuerza o el mero carisma.

En nuestro caso, nuestra política lleva mucho tiempo basándose en las sonrisas, los carteles fastuosos, y no en las ideas. 

DERECHOS HUMANOS Y DIGNIDAD HUMANA

El respeto y reconocimiento de la dignidad humana es la base para promover los derechos humanos. No obstante, algunos –incluso algunos de sus eventuales promotores- parecen defender tal dignidad sólo en algunos casos.

El vídeo de una golpiza a una adherente al dictador Pinochet luego del acto realizado en el teatro Caupolicán, la cual es escupida, pateada en el piso e insultada por un grupo de personas, en su mayoría mujeres, abrió nuevamente el debate en torno a los Derechos Humanos y la dignidad humana.

Lo paradójico es que muchos justificaron o “explicaron” el acto de coacción, aludiendo al contexto en que se realizó el escarnio a la mujer; o a la impunidad en que permanecen los crímenes contra los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura, lo que provocaría frustración y rabia entre familiares de las víctimas.

Otros, para eludir el claro problema discursivo que genera la clara incongruencia de algunos que, más allá de ejercer el derecho de manifestarse contra el homenaje, golpean y humillan a la mujer en nombre de la Dignidad Humana, aludieron que la agresión no podría enmarcarse en una discusión sobre D.D.H.H, pues éstos competen a relaciones entre el Estado, sus agentes, y los ciudadanos. Por tanto, el único violador de tales derechos sería el Estado.

Bajo ese argumento no habría incoherencia alguna en aquellos que manifestándose contra el homenaje a un violador de Derechos Humanos, golpean y humillan a una de sus adherentes. Sólo sería un delito, al que sería errado considerar como una violación de los D.D H.H. A lo más, podría hablarse de un atentado a los derechos fundamentales (Lo irónico, es que en otras ocasiones se alude a los Derechos Humanos para defender al acceso a ciertos bienes o servicios).

Desde el punto de vista jurídico, el argumento es impecable. Pero desde el punto de vista ético es deporable. La promoción de los Derechos Humanos, cuyo fundamento es el respeto de la dignidad humana, se reduce a una cuestión contextual y utilitaria. Como decía Orwell: habría algunos animales más iguales que otros.

No obstante, en el lamentable crimen de Daniel Zamudio, la posición fue distinta. Constantemente se apeló a los Derechos Humanos, se catalogó como un crimen de odio la brutal golpiza realizada por supuestos nazis, aludiendo que era responsabilidad del Estado y las autoridades gubernamentales evitar crímenes de ese tipo. En el caso de Daniel Zamudio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo repudió el hecho, aludiendo a la violación a los derechos humanos en su caso.

Entonces, y guardando las debidas proporciones ¿Cuál sería la diferencia de una golpiza y otra? ¿El hecho de morir en una de ellas? ¿Acaso el hecho de homenajear a un dictador (que puede ser considerado un acto errado y cuestionable) justifica recibir una golpiza? ¿Y si la mujer hubiera muerto por la golpiza?

Algunos dirán -como varios lo han hecho- que la mujer estaba apoyando el homenaje a un dictador que violó derechos humanos; o que en parte es culpable al hacer apología de una dictadura; que sabía a lo que iba; y que por tanto, la golpiza se explica (aunque no se justifica) pues ella estaba profesando el odio y yendo contra “el bien común”.

La pregunta es ¿El odio y la violencia se derrotan con más actos de odio y violencia? 

¿Sería legítimo entonces que otros golpeen  y humillen a quienes homenajean a otros dictadores como Stalin o Kim Jong-il; o que hacen apología de dictaduras, por ejemplo?

¿Sería legítimo que un grupo golpee y humille a una persona por considerar que sus creencias o actos -que podemos considerar erradas o de las que discrepamos- van contra el bien común?

¿No es acaso contrario al bien común y al ideal de tolerancia y pluralidad, dejar como precedente que en ciertos casos, algunos merecen golpizas y humillaciones por su credo o ideología por parte de otros? ¿No es eso fascista?

MAPUCHES ¿ES APLICABLE UNA RECTIFICACIÓN?

El recrudecimiento de actos de violencia en la Araucanía denotan que reducir el “conflicto mapuche” a mero problema terrorista[1], que se soluciona con fuerte (co)acción, es una estrategia deficiente y contraproducente, al no considerar la complejidad del asunto.

Mi propósito no es discutir la hegemonía estatal a la hora de proponer soluciones, sino plantear una reflexión amplia desde un punto de vista libertario.

Entre las demandas mapuches, están el derecho a la autodeterminación, autonomía jurisdiccional en relación al Estado chileno, respeto de tratados previos, y “reparación” por parte del Estado.

Dos argumentos principales se esgrimen para negar tales reclamos: que eran simples tribus dispersas sin organización (sin ley), y no trabajaban la tierra.

Bajo un concepto hobbesiano, se plantea que no eran dueños de la tierra pues no estaban conformados como Estado, carecían de gobierno con soberanía territorial, y nadie ejercía derechos de propiedad individuales.

Pero, como dice Robert LeFevre: “La acusación de que la propiedad privada del suelo no podría existir salvo con protección del gobierno no se sostiene a la luz de la evidencia. El papel del gobierno con respecto a la tierra ha sido más bien agresivo que protector”[2].

Que el derecho de propiedad (individual o colectiva[3]) dependa de mandatos del Estado[4] genera dilemas. Porque ¿Cómo podríamos rechazar que ese Estado suprima o no reconozca tal derecho, mediante fraude y coacción?

Bastiat decía: “la vida, la libertad y la propiedad existen con anterioridad a aquello que hizo a los hombres hacer leyes por primera vez”.

Presumir que sin Estado no hay derecho de propiedad, es aceptar que el Leviatán lo crea, obviando la espontánea interacción desde donde surgen instituciones que permiten el libre intercambio, como el trueque[5].  

Entonces ¿Es válido que el Estado ejerza coacción sobre la tribu Kayapó, sólo por no estar organizados estatalmente? ¿No es acaso eso una forma de servidumbre involuntaria?

La respuesta sería sí, sólo si -como dice Rothbard- alguien acepta que un sujeto A puede ser dueño de un sujeto B[6]. Lo que sería aceptar la esclavitud.

Los mapuches no tenían gobierno centralizado, pero sí sus ágoras, que llamaban “Koyang”. A través de éstos hicieron 28 tratados con la Corona Española[7], estableciendo límites y mutua independencia. Con el mismo mecanismo hubo 14 parlamentos con el Estado chileno[8], el último en 1872.

En 1819, O'Higgins[9] reconocía la autonomía mapuche; “Araucanos, cunchos, huilliches y todas las tribus indígenas australes: os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia”[10].

Los mapuches tenían conciencia de dicha independencia. En 1881, 40 caciques envían carta al ministro Recabarren: “¿Con que permiso quiere meterse aquí?; ¿Cuál de los caciques le ha dado permiso? Me parece que nadie le ha dado permiso”[11].

Por otro lado, es dudoso que sin alguna forma de producción (sin transformar el entorno), un pueblo sobreviva. La cláusula lockeana[12] no restringe el concepto de trabajo sólo al industrial o de gran escala.

La supuesta[13] falta de trabajo sobre la tierra, se liga con la noción de progreso y la idea (hegeliana) del Estado como fase ética superior. Bajo ese esquema, los mapuches son considerados atrasados por no producir industrialmente, y carentes de toda clase de derechos, por no tener Estado.

El Mercurio en 1859, en concordancia con dicha concepción, decía que: “no eran más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en bien de la civilización”[14].

No es raro entonces que el 4 de diciembre de 1866 “el carácter principalmente ganadero y comerciante del pueblo mapuche quedaba fuera de las consideraciones de la ley”[15].Por tanto, que los territorios mapuches fueran declarados por el Estado chileno, como baldíos[16].

En 1869, Manuel Antonio Matta criticaba la opinión dominante: “Como prueba de las mayores inconsecuencias que he oído en esta Cámara, se sostiene por parte del Gabinete, que respecto de la guerra de Arauco no rije el derecho de jentes, i que esto autoriza a tratar a los araucanos de un modo cruel e inhumano”. Y luego agregaba: “respecto de esa pretendida ocupación de la Araucania, veríamos, descartando todo lo que eso tiene de ridículo i pequeño, que lo que hemos hecho es más que suficiente para que se nos califique de bárbaros e ignorantes. I tan cierto es esto que en los mismos planes de las expediciones que se han hecho estaba prescrito el asesinato, el robo i el incendio”[17].

¿Tiene el Estado o quienes se organizan en torno a éste, el derecho de determinar qué pueblo es bárbaro o civilizado, para luego coaccionarlo y someterlo en base a aquello?

Desde un punto de vista libertario, no. En este punto, podemos hablar de rectificación[18]. No por los siglos de los siglos, sino desde que el Estado como monopolio de la fuerza y como entidad regida por derecho, se apropia de territorios que no le pertenecían[19]. Esa es la discusión que debemos tener.

Bibliografía

1.   1.  El Problema De La Propiedad De La Tierra En El Sur De Chile (1850-1930). Fabián Almonacid Z.*. Historia No 42, Vol. I, Enero-Junio 2009: 5-56.

2.     “Los Tratados celebrados por los Mapuche con la Corona Española, la República de Chile y la República de Argentina”. Carlos Contreras Painemal. der Freien Universität Berlin Altamerikanistik. (Tesis para la obtención del doctorado presentada en el Departamento de Estudios de Historia y la Cultura).

3.     La rectificación de la injusticia en Nozick: debates e implicaciones para los reclamos territoriales indígenas. Alejandra M. Salinas. Revista Co-herencia Vol. 9, No 16 Enero - Junio 2012, pp. 119-144. Medellín, Colombia (ISSN 1794-5887).

4.     La propiedad de la tierra. Robert LeFevre. [Capítulo 8 de The Philosophy of Ownership]. http://mises.org/community/blogs/euribe/archive/2010/03/17/la-propiedad-de-la-tierra.aspx

5.     Tratado hispano-mapuche de Negrete de 1803. Abelardo Levaggi. Estudios Histórico-Jurídicos 26, 553-559. Universidad de Buenos Aires.

[1] El Estado califica así las acciones de adversarios.

[2] La propiedad de la tierra. Robert LeFevre. [Capítulo 8 de The Philosophy of Ownership].

[3] Nadie podría decir que la administración comunitaria de un condominio, elimina el derecho de propiedad del conjunto de vecinos, sobre ese terreno comúnmente administrado.

[4] Rothbard dice: Tal como advirtió claramente el gran liberal del siglo XIX, Lord Acton, “la ley natural provee la única base segura para una continua crítica de las leyes y decretos gubernamentales”:

[5] Como indica Robert LeFevre: “La idea de la sacralizad de los límites del terreno aparece en creencias religiosas primitivas y costumbres tribales primarias y el gobierno, como tal, es un participante tardío”.

[6] “Mientras la Clase A merece los derechos de los seres humanos, la Clase B es en realidad infrahumana y por lo tanto no merece esos derechos. Pero como de hecho son ciertamente seres humanos, la primera alternativa se contradice a sí misma al negarle los derechos humanos naturales a un conjunto de hombres (B)”. Rothbard.

[7] Magñil Wenu, en una carta al presidente de la “Confederación Unidas del Río de la Plata” en 1860, le recordaba los acuerdos con la corona: “mando el rei una cedula de amparo, fechada en Madrid a 11 de mayo de 1697. El artículo 3° dice –Velar por la libertad de los naturales y protejerlos contra los avances de toda clase de personas por decorosas que sean.- El 5° dice –Conservar a los ulmenes y señores del país y a sus descendientes en la posesión de sus gobiernos y dominios” (en “Los Tratados celebrados por los Mapuche con la Corona Española, la República de Chile y la República de Argentina”).

[8] Tapihue firmado en 1825 que entregaba la soberanía al pueblo mapuche sobre su territorio, se reconocía una frontera y se ratificaba que todas las tieras quedaban protegidas bajo ese acuerdo

[9] O'Higgins sabía hablar Mapudungun pues estudio junto a hijos de caciques.

[10] “Los Tratados celebrados por los Mapuche con la Corona Española, la República de Chile y la República de Argentina”.

[11] “Los Tratados celebrados por los Mapuche con la Corona Española, la República de Chile y la República de Argentina”.

[12] La mezcla del trabajo y los recursos naturales justifican la propiedad.

[13] Los mapuches originalmente no sólo eran cazadores y recolectores, sino que domesticaban camélidos y practicaban la horticultura. http://www.precolombino.cl/culturas-americanas/pueblos-originarios-de-chile/mapuche/#/economia/

[14] Citado en El problema de la propiedad de la tierra en el sur de Chile (1850-1930).

[15] El problema de la propiedad de la tierra en el sur de Chile (1850-1930).

[16] Un aspecto interesante es que los territorios mapuches invadidos fueron ofrecidos en 1877 a los soldados chilenos, como parte de pagó por sus servicios al Estado. Como botín de guerra.

[17] Ambas citas de Matta se pueden leer “Los Tratados celebrados por los Mapuche con la Corona Española, la República de Chile y la República de Argentina”.

[18] Según Nozick, la rectificación se puede hacer por haber quitado a los indios las tierras que ocupaban; o por haberles prohibido permanecer como independientes del Estado.

[19] Para ello se debe tener presente que es probable que no todo territorio estuviera ocupado por mapuches, tomando en cuenta su escasa población y el carácter independiente de sus diversas comunidades. Es el Estado el que debe rectificar, no los propietarios particulares que compraron tierras al Estado.

> Para ello se debe tener presente que es probable que no todo territorio estuviera ocupado por mapuches, tomando en cuenta su escasa población y el carácter independiente de sus diversas comunidades. Es el Estado el que debe rectificar, no los propietarios particulares que compraron tierras al Estado.