APOLOGÍA DE LA NO VIOLENCIA

Para muchos hablar de no violencia como ideal y como forma de acción, suena a utopía, algunos lo ven como una cuestión imposible, otros como un discurso que esconde inacción. Qué equívocos más grandes. 

Los mayores problemas de nuestras sociedades siguen relacionados directa o indirectamente con el uso (legítimo e ilegítimo) de la violencia o con la amenaza de su uso, ya sea por parte de los Estados, grupos armados, u otros grupos criminales organizados.

Aún hoy, en la mayoría de los casos, las personas, consciente e inconscientemente, en base a sus propios fines, dogmas o paradigmas, justifican el uso de la violencia contra otros, ya sea por parte de un grupo, una organización, o el Estado en cualquiera de sus formas y nombres.

Lo que muchos olvidan es que de esa forma conceden a otros individuos, muchas veces organizados para ejercer la fuerza, una especie de excusa ética para ejercer la violencia contra otros, que no obstante, ningún ser humano tiene, y que ninguno de nosotros tiene en realidad.

Detrás de eso se encuentra una falencia ética profunda que traspasa todo tipo de cuestiones y apreciaciones; el no reconocimiento de la autoposesión de las personas y con ello su valor supremo como individuos. Uno es dueño de su vida y su cuerpo, y su vida vale lo mismo que cualquier otra. Negar eso implica decir que uno puede ser dueño de la vida de otros, o que otros pueden ser dueños de la vida de nosotros.  

Si reconocemos el derecho a la autoposesión de cada individuo y con ello su valor intrínseco como personas, concluimos que todos tienen derecho a estar libre de violencia y a la vez nadie -sea una persona o un grupo de éstas- tiene derecho a iniciar la violencia sobre otro bajo, ni directa ni indirectamente, ni bajo ninguna justificación (excepto en legítima defensa). El axioma de no agresión.

Para muchos lo anterior puede sonar a argumento filosófico poco práctico e incluso rebuscado, pero en sí es la base de una especie de decálogo, de una praxis realmente ética, que irónicamente es usualmente vista como universal muchas veces, pero técnicamente poco profesado en nuestra cotidianeidad diaria.

Muchos dirán, la no violencia es utópica porque siempre habrán personas violentas, crimen, fraude y violencia; y que por tanto es necesario el Estado y su fuerza monopólica para controlarlas (el argumento de Hobbes al que todos recurren sin distinción).

Y claro, es cierto que siempre habrá mentes más violentas o criminales. No obstante, también es cierto que es mucho peor si esas potenciales mentes criminales, llegan a tener a su disposición todo un contingente de recursos para ejercer violencia; desde personas entrenadas para matar o miles seguidores fanáticos dispuestos a morir bajo sus órdenes, hasta armas con capacidad de destruir sin discriminación.

Lo peor no obstante, es cuando esas mentes cuentan con el beneplácito o la justificación del resto de los seres humanos, para llevar a cabo sus actos e impulsos violentos más allá de la legítima defensa, a nombre de lo que sea.

Si juzgamos éticamente -como juzgamos el actuar de cualquier individuo- el actuar de los gobiernos o grupos que ejercen violencia de manera organizada, podemos ver que muchas veces actúan de manera criminal y que ejercen la violencia de manera ilegítima sobre otros individuos.

“El Estado habitualmente comete asesinatos masivos, que llama "guerras", y a veces "supresión de la subversión" Rothbard.

Pero, asesinar por una billetera es igual de aborrecible que un asesinato llevado a gran escala, por la seguridad, la patria, el pueblo, por la revolución, el bien común, el bienestar, o la raza.

Lo cierto es que ni el Estado, ni los gobiernos y sus instituciones, ni los gobernantes, ni las personas comunes, solas u organizadas, como individuos o como grupos, tienen el derecho a agredir a otros individuos. Eso sin importar el nombre que le pongan a sus acciones o la entelequia que digan defender.

Si juzgamos éticamente a todos por igual, las acciones violentas no son virtuosas.

“La no-violencia no es una virtud monacal destinada a procurar la paz interior, sino una regla de conducta necesaria para vivir en sociedad, que asegura el respeto a la dignidad humana”. Gandhi 

REFLEXIONES EN TORNO A CHILE 2030

Luego de leer el texto Chile 2030, hay varias conclusiones previas –como primera apreciación- que se pueden establecer en términos generales.

El primer y más importante desafío político y ciudadano es democrático institucional. Sin eso, el resto es discusión fútil, porque todo está relacionado con el tema democrático, en cuanto a la necesidad de que existan contrapesos al poder político y corporativo, tan claramente asociados. En eso concuerdo con Lagos, aunque él también fue parte de esa asociación en su momento.

Se necesita distribuir el poder político, no concentrarlo en los partidos, el gobierno de turno y sus caudillos impuestos a dedo y sus amigos corporativos. Se debe descentralizar el poder. La toma de decisiones políticas y económicas debe competer a los ciudadanos, en sus comunas, sus ciudades y regiones.

Por eso, un factor determinante es el fortalecimiento de las instituciones democráticas a todo nivel, y eso no es sólo rol de los partidos políticos sino de los ciudadanos. Ya vemos lo que ocurre en La Florida donde la democracia ha sido derrotada por todos los flancos.

Porque algo que no menciona Ricardo Lagos en su escrito, es que las propias élites políticas -aquellos que toman decisiones desde los partidos y el poder político- son un factor de la desigualdad, política y económica. Aunque se digan igualitaristas en sus discursos.

Porque la dura realidad es que: mientras aquellos que toman decisiones de orden político, a nivel central y local, sigan estableciendo privilegios de todo tipo para sí mismos y sus amigos, es difícil avanzar en cualquiera de los temas propuestos, o evitar la imposición política de intereses particulares gracias al lobby político-corporativo, por sobre derechos de otros ciudadanos comunes sin poder real.

Por lo mismo, mientras no se constituya un sistema electoral altamente competitivo que incluya: contrapesos al poder; la elección de gobernadores e intendentes; la posibilidad de remover malos gobernantes; que impida cupos garantizados para coaliciones y arreglos entre élites como trueques descarados; no tiene ningún sentido establecer un voto obligatorio amparado en inscripción automática.

Ese voto obligatorio, sin evitar los males anteriores, convertirá a los ciudadanos comunes, en prisioneros de las élites político-corporativas reinantes, y fortalecerá aún más la partidocracia imperante, que seguirá compitiendo con los intereses ciudadanos.

Debemos ser lo suficientemente honestos para distinguir una democracia efectiva de una pseudo democracia. Chile tiene los elementos para desarrollar lo primero, recursos de acción, crecientes valores de autoexpresión y una base mínima de instituciones democráticas. Falta la voluntad política de las élites y de los ciudadanos.

Porque el deber del ciudadano es proteger la democracia desde sus diversas instituciones e instrumentos, no proteger a las élites políticas. Si las élites representantes son mediocres o se alejan de sus representados, el deber y derecho del ciudadano es no votar por éstas, y propiciar nuevos liderazgos más allá de los partidos incluso. El voto es un instrumento democrático no un deber democrático.

Para todo ese proceso, se necesitan nuevos espacios y liderazgos más allá de élites tradicionales, y ciudadanos más autónomos, independientes, con valores de auto expresión (léase Christian Welzel y Ronald Inglehar), dispuestos a exigirle al poder, y no simples feligreses de partidos, líderes y caudillos políticos.

La tarea es compleja en ese sentido.

Es claro que en el texto falta el Cómo...

Para responderlo, lo primero que se debe hacer es propiciar y fortalecer más instituciones democráticas y a la vez ampliar el debate más allá de partidos políticos y los caudillos de turno...Son los ciudadanos los llamados a responder al cómo, mediante el diálogo democrático constante y abierto, que es la base de la política. 

SI ESO PASA EN JAPÓN, OLVÍDATE DE CHILE

El historial de irregularidades de la empresa Electric Power Company -a cargo de la planta nuclear de Fukushima hoy en riesgo a causa del terremoto- indican que una institucionalidad como la chilena es absolutamente inadecuada como para pretender implementar ese tipo de energías. 


Con casi un año de diferencia, Chile y Japón, han debido reaccionar ante un terremoto y posterior tsunami devastadores. Pero hay una diferencia clave: Japón, la tercera economía del mundo, con una institucionalidad formal e informal mucho más desarrollada que Chile, enfrenta una emergencia nuclear de riesgo para su población, donde las responsabilidades parecen no sólo ser naturales, sino también humanas.

Es a partir de esa diferencia, desde la cual debemos reflexionar de manera global, el tema atómico para Chile.

Si somos honestos, ante el terremoto del 27 de febrero de 2010, Chile reaccionó como lo que es: un país en vías de desarrollo. La mayor parte de la institucionalidad que debía actuar ante un peligro, para proteger a los ciudadanos, fracasó. Sólo bomberos y los servicios de urgencia, respondieron correctamente ante la catástrofe. Al resto le costó algunas horas, e incluso días reaccionar ante el shock. Otros todavía creen que lo hicieron excelente…

Esa institucionalidad deficiente y “a la chilena”, ha permitido que muchos “responsables” tanto estatales como particulares –dueños de constructoras- no asuman ningún tipo de responsabilidad o costo a causa de sus negligencias. Y los costos de la irresponsabilidad gubernamental o corporativa, los siguen asumiendo los ciudadanos comunes y corrientes.

Nuestras instituciones siguen siendo ineficientes en cuanto a proteger a los ciudadanos, aunque el actual gobierno trate de mostrar lo contrario.

¿Podría una institucionalidad así, sustentar un programa de energía nuclear y los riegos que ello implica? Lo dudo. Como siempre ocurre, ante una falla, los ciudadanos terminaríamos pagando las externalidades negativas –debiendo ser evacuados, expropiados o contaminados- mientras otros se llevan las ganancias y toman un avión cuando la radiación se acerque.

Y lo dudo aún más, tomando en cuenta que incluso la desarrollada institucionalidad japonesa, al parecer mucho más eficiente y disciplinada que la nuestra, presenta graves irregularidades en torno al tema del manejo de la energía nuclear.

Porque algo que pocos medios mencionan es que Electric Power Company (TEPCO) la empresa a cargo de la planta dañada Fukushima Daiichi, antes del terremoto tenía antecedentes de graves irregularidades, como falsificación de informes de seguridad y falta de fiscalización. 

En 2002 el gobierno japonés cerró algunas centrales gestionadas por dicha empresa, después que TEPCO reconociera llevar veinte años falsificando informes de seguridad. A pesar de los harakiri, en 2004, una explosión en una planta, nuevamente fue omitida de los informes de seguridad, y la investigación posterior reveló que la zona donde ocurrió el accidente no había sido revisada en 28 años, por nadie. No es raro entonces que el terremoto causara daños graves.

Por eso, no es raro que el sismólogo de la universidad de Kobe, Katsushiko Ishibashi, especialista en seguridad nuclear, diga que la falla en Fukushima Daiichi no sea sólo culpa del terremoto: "Si la central estuviera correctamente revisada y actualizada no debería haber tantos problemas, pero parece que no es así".

Como siempre ocurre en estos casos, las culpas e irresponsabilidades eran compartidas –o encubiertas- entre la empresa y el Estado. En todos los casos, sin sonrojarse, el gobierno japonés reconoció poca rigurosidad en el otorgamiento de permisos, que en el caso TEPCO, se habían aprobado de acuerdo a estudios de los años setenta.

¿Les suena conocido eso de estudios dudosos y otorgamientos pasando a llevar la normativa que luego tienen resultados negativos para personas o ecosistemas?

No obstante, como en todas partes se cuecen habas, esos antecedentes, y como siempre ocurre, en febrero, la empresa había logrado los permisos del gobierno nipón, para prolongar durante 10 años la actividad de la central de Fukushima, hoy dañada.

Y como siempre, el costo de la irresponsabilidad no lo asumen el gobierno y sus amigos de algunas empresas, sino que los ciudadanos comunes.

¿Se imagina lo que ocurriría en Chile con una planta nuclear, si ya cuesta transparentar la información por la compra de un puente; o la fiscalización es deficiente en diversos ámbitos, porque el lobby se impone a cambio de apoyos económicos para campañas?

Todo lo anterior no deja de sonar “muy chileno”, si pensamos en tantos proyectos aprobados por comisiones de expertos lobbistas, gerentes-burócratas y viceversa; o sin estudios previos o de dudosa calidad, donde finalmente los responsables no asumen ningún costo. Todo lo asumen otros ciudadanos, como pescadores, pequeños campesino, vecinos, etc. Claro que mucho peor sería si ese costo es tener más radiación de lo normal en el cuerpo.

Los antecedentes previos con respecto al manejo de algunas centrales nucleares niponas, indican que hablar de plantas nucleares en Chile es irresponsable tomando en cuenta lo deficiente de nuestra institucionalidad a nivel ambiental, en materia de políticas públicas y defensa de derechos.

Es insensato a pesar del lobby del gobierno chileno, y los acuerdos que se quieren imponer despóticamente a los ciudadanos desde el poder, mientras los medios nos estarán enfocando la sonrisa de Obama.

En términos simples, si pasa en Japón, ni pensar lo que pasaría en Chile con una planta nuclear.

DICTADORES Y COHERENCIA ÉTICA

El tambaleo de la dictadura de Gadafi, ha dejado en evidencia la generalizada incoherencia e hipocresía de varios, a la hora de juzgar dictadoras y déspotas.

Cuando se iniciaron las movilizaciones ciudadanas contra los regímenes autócratas en países como Túnez y Egipto, muchos hablaron de un levantamiento de parte de pueblos oprimidos contra “los regimenes autoritarios árabes, los intereses del imperialismo en la región”.

No obstante, irónicamente frente a las revueltas en Libia contra el dictador Gadafi, esas primeras expresiones de confianza en “el pueblo movilizado”, han derivado en que “la movilización está concertada por el imperialismo y por interés sospechosos”.  

De manera claramente incoherente, en torno a la situación de la autocracia de Gadafi, llamada “La República Árabe Libia Popular y Socialista”, algunos han levantado muchos adornos retóricos para justificar la brutalidad del régimen autócrata contra los manifestantes y la tozudez del dictador Gadafi para dejar el poder. Llegando al absurdo de decir que hay dictaduras buenas y malas, según el “enemigo” que ésta tenga.

Según ese punto de vista –incoherente- a diferencia de lo ocurrido en Egipto, en Libia los ciudadanos movilizados no serían personas enfrentadas a una dictadura nefasta, sino que detrás, estaría “una mano negra” favorable a interés cuestionables, en contra de un líder “legítimo y revolucionario como Gadafi”. ¿Incoherente no?

Pero más allá de este juego retórico absurdo de posiciones y explicaciones varias, se aprecia la falta de un criterio ético a la hora de juzgar a cualquier régimen político y el actuar de los gobiernos. Con ello, se aprecia de mejor forma, la incoherencia e hipocresía en cuanto a la Democracia de muchos.

Si uno juzga éticamente el actuar de los Estados y gobiernos, sea cual sea el nombre que tengan dichos regímenes, ninguna dictadura puede ser buena, siempre es infame, porque ningún Estado y menos aún un gobernante, tienen el derecho a monopolizar el poder, despojar de sus derechos civiles a los ciudadanos, silenciarlos y menos masacrarlos.

Por otro lado, si juzgamos éticamente el actuar de las grandes potencias, además de Venezuela y Cuba, en cuanto a la situación Libia, todos han sido sumamente hipócritas en cuanto a la democracia, el derecho a rebelión, y los derechos humanos de miles de libios.

Y aunque algunos, ante las evidentes incoherencias de sus líderes y caudillos, jueguen al empate diciendo que tal o cual potencia también han justificado dictaduras; o traten de camuflar la hipocresía gubernamental en base al justificativo brutal de “las razones de Estado, el interés nacional o la estrategia”; la conclusión desde un punto de vista ético, es que todos los Estados han sido hipócritas, llámense como sea.

Entonces vemos que el problema en torno a las dictaduras y como las juzgamos, sigue siendo un problema ético, que la mayoría de las personas -desde políticos, pasando por analistas hasta gente común y corriente- ensucia con cuestiones semánticas y acomodos discursivos, para justificar lo injustificable.

Y se resuelve de un modo ético, porque lo cierto, es que no hay dictaduras buenas y malas, sino que todas son infames, incluso si surgen de haber derribado a otro déspota.

El error central de todo esto, es que la mayoría juzga una misma cosa, el autoritarismo, el poder dictatorial y la prepotencia, según el color del uniforme del dictador, el largo de su barba o pelo, o el vocablo al que más recurre en sus discursos.

Peor aún, en base a eso entregan a esos gobernantes el derecho y los recursos para usar la fuerza a su antojo contra las personas, en nombre de "la seguridad mundial, la revolución proletaria, la libertad, el socialismo" o lo que sea.

Y en el fondo, lo que hacen, es conceder derechos y facultades a una persona o grupo de sujetos (llámense presidente, comandante, líder, profeta, vanguardia o lo que sea), que ningún ser humano por sí solo tiene, sobre todo en cuanto al uso de la fuerza.

Peor aún es, cuando esa facultad no tiene ninguna clase de contrapeso legal, material o ético, en una dictadura cuyo líder dice que todos lo aman.