El tema mapuche, ha demostrado que la estructura política e institucional chilena en su totalidad –más allá de los gobiernos de turno- es incapaz de absorber las demandas de dichos sectores, que presentan un claro proceso de indigenización.
Los mapuches, histórica -y discursivamente en cuanto a lo “chileno”- han sido considerados un sector social concebido como minoritario y anacrónico en cuanto a los valores nacionales impuestos desde el Estado, siendo desde la Independencia excluidos y marginados de todos los procesos de cambio posteriores en Chile, ya sean políticos, económicos o sociales.
En la realidad, nunca, desde la Independencia, fueron considerados como parte del escenario de la vida nacional.
La actual situación de los mapuches, de clara indigenización, rompe con esa lógica institucional bicentenaria, que mediante la educación, el derecho, y la política, y bajo el discurso de lo criollo y lo mestizo como constitutivo de lo chileno, fueron reduciendo la presencia de lo indígena dentro del ideario nacional.
Bajo esa institucionalidad se supuso la supresión del sujeto indígena como potencial actor político, económico y social. Al igual que otras etnias, los mapuches parecían haber sido disueltos en el mestizaje y la idea de ciudadanía chilena. Como raza o como grupo social o etnia, parecían confinados a los libros de historia y los museos.
Por eso no es raro que en los últimos años, bajo los parámetros del derecho, se pretendiera establecer una igualdad legal inclusiva, mediante discriminación positiva, que en definitiva buscaba absorber los últimos resabios de la etnia mapuche bajo la ciudadanía chilena.
EL DILEMA DE LA INSTITUCIONALIDAD CHILENA
Paradójicamente, la misma lógica institucional que históricamente los atomizó y pretendía absolverlos en la idea de ciudadanía chilena, hizo que los sectores mapuches se vieran con mayores incentivos para revalorar sus aspectos culturales, desarrollar sus organizaciones y levantar sus demandas frente al Estado.
El mayor acceso a información y bienes, generado por el mayor acceso a la educación de las generaciones más jóvenes de nietos o hijos de mapuches, han permitido este proceso de indigenización, entendido como la asunción de un grupo –amplio o pequeño- con su identidad y raíz cultural, como base de su actuar social.
Esa irrupción del mapuche como sujeto activo en cuanto a sus demandas, descoloca a los actores políticos institucionales, que no saben cómo cooptarlos y por lo tanto, no ven más opción que deslegitimar su incursión como actor social y político, penalizando y judicializando sus demandas, y asumiéndolas como totalmente ilegítimas en cuanto al Estado.
Lo anterior se ve reflejado en que las dos principales coaliciones no tienen ni han tenido una postura clara frente a las demandas indígenas, más allá de una apelación ambigua al estado de derecho en cuanto a actos de violencia llevados a cabo por algunos -ilegítimos por lo demás-, pero sin ir más allá del problema que tiene ribetes "nacionalistas".
En este sentido, el conflicto mapuche es más bien el reflejo de un conflicto a nivel de la institucionalidad estatal chilena. De una incapacidad política.
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