EL FIN DEL MITO DEL GOBIERNO DE LOS MEJORES

La solicitud de Ximena Ossandón de reabrir el concurso de Alta Dirección Pública para mantener su cargo, y las dudas del gobierno ante ésto, revelan que “el gobierno de los mejores” y la “nueva forma de gobernar” son un mito.

Platón creía que el mejor gobierno era el de los sabios. Esa idea, aunque ilusa e impracticable, se ha mantenido por siglos en las mentes humanas, bajo diversas denominaciones, donde las personas se vuelven devotos de sus líderes, atribuyéndoles cualidades que no tienen, creyendo que están llenos de virtudes y se encuentran libres de los vicios del poder.

En Chile, en la última campaña presidencial una de las promesas claves fue formar un “gobierno de los mejores” en base a competencias, y no en base a prebendas políticas y nepotismo.  Una nueva forma de gobernar.

Varios cayeron redonditos ante tan linda promesa. Nada de raro, tomando en cuenta que los gobiernos anteriores de la Concertación no habían sido ejemplos de virtud en el último tiempo.

Pero como decía Honoré de Balzac: “Todo poder es una conspiración permanente”.

Así, la solicitud –sin sonrojarse- de Ximena Ossandón de reabrir el concurso de Alta Dirección Pública para mantener su cargo en la Junji, y las dudas del gobierno ante esa petición, tomando en cuenta que el Presidente Piñera tiene hace tres meses a cuatro candidatos seleccionados, revelan que “el gobierno de los mejores” es un mito.

Un cuento que ha sido derribado de forma contundente, no por la oposición, sino por el diputado UDI Gustavo Hasbún, quien en un ataque de sinceridad (¿inconsciente?) ha dicho: "¿Pero por qué se va a ver mal? A la larga estos son cargos políticos…”. Eso sin mencionar que defiende el viejo subterfugio de declarar desierto el concurso, para mantener en su cargo, a la hermana del alcalde de Puente Alto.

Fin del mito. La nueva forma de gobernar es siempre la misma forma de gobernar.

SOCIEDAD ABIERTA Y ATMÓSFERA CONSERVADORA

En Chile se vive una extraña atmósfera conservadora, que no tiene relación con pertenecer a determinados sectores políticos o religiosos, sino más bien con un modo de debatir dogmático.

Una sociedad abierta es aquella donde existe pluralismo en todo sentido, con una constante actitud crítica y abierta a puntos de vista diversos, donde se parte de la premisa que el conocimiento humano es falible y provisional, y que por tanto, no hay una verdad absoluta, lo que implica el respeto mutuo y la tolerancia.

En Chile, la sociedad parece más abierta, pues los individuos exigen mayores espacios para tomar decisiones personales, la mayoría se declara tolerante, y  discuten temas diversos antes considerados tabúes. No obstante, si se analiza el modo en que esos temas se discuten, más bien parece seguir siendo una sociedad cerrada y conservadora.

La atmósfera conservadora se aprecia en la mayoría de los individuos, los cuales argumentan como si fueran a priori poseedores de una verdad absoluta, no en términos lógicos, sino en términos dogmáticos.

En base a eso, no argumentan en términos individuales, sino que siempre apelando a entelequias colectivas, como la patria, el pueblo, la nación, los hijos de dios, los creyentes, las minorías sexuales, etc. Como si los respaldara una racionalidad colectiva infalible.

Siempre creen que sus ideas son “más colectivas”, y por tanto más válidas que otras, por lo que también se presumen moralmente superiores al resto y se tornan intolerantes.  

Así, surgen sectarismos de diversas índole, siempre autoritarios, ya sea de la mano de prejuicios, intereses, o privilegios, que suprimen el diálogo de manera imperceptible.

En lo anterior radica el problema esencial. Esa atmósfera conservadora transversal a nivel de ciudadanos, se puede traducir irremediablemente en una excesiva confianza en la autoridad y el poder. La sociedad abierta entonces tiene el riesgo de comenzar a cerrarse.

Surge una especie de religión política, una mentalidad de feligrés en torno a gobernantes afines, a los cuales se les concede una confianza prácticamente ciega para imponer valores. En este sentido, el culto a la personalidad (o las personalidades) no es exclusivo de las izquierdas, y se encuentra muy latente en las derechas también.

Esa fe ciega puede dar paso rápidamente al autoritarismo camuflado de diversas formas, en orden, vigilancia, protección, igualitarismo. Siempre traducido en poderes discrecionales según los objetivos supuestamente defendidos por el gobernante.

Cualquiera sea el caso, bajo la atmósfera conservadora, a las personas les importa más quién gobierna, y no qué limitaciones deben existir para quien gobierna, sea quien sea.

Lo anterior implica claramente que algunos -que se dicen tolerantes, pluralistas o demócratas- acepten y justifiquen de forma soterrada y peligrosa, la imposición por fuerza o ley, de determinadas valoraciones, en base a algún dogma, moral, religioso o ideológico.

CUANDO ROBAR ES UN TRABAJO

Las cárceles seguirán atestadas y probablemente se seguirán construyendo más en los próximos años, porque nadie se ha preocupado de los códigos del Hampa.

Los altos índices de reincidencia y la alta presencia de menores en actos delictivos, tiene relación con la poca atención a los aspectos informales que operan en la comisión de un delito.

Es claro que el marco institucional -formal e informal- determina las pautas de acción de todo individuo en un campo de actividad específico.

En el caso de la delincuencia como campo de acción, se produce una dualidad -una pugna- entre un marco formal amplio y totalizante, que es la legalidad del Estado de Derecho, y un marco informal, "los códigos del hampa" al que los sujetos que delinquen se someten individual y contextualmente.

ROBAR ES UN TRABAJO

Frecuentemente, las políticas anti-delincuencia se centran mayoritariamente en acciones posteriores a la comisión de un delito, y poco a prevenir éstos.

Se plantea aplicar con fuerza el marco formal del derecho sobre el cuerpo de los sujetos -la prisión, la detención- pero muy poco se hace en torno al marco informal en el que la mayoría de éstos fueron educados, se criaron, desarrollaron y se desempeñan en el medio libre.

Dicho marco informal es el que prevalece por sobre el respeto al marco formal legal, y la aplicación por parte del Estado del mismo mediante la privación de libertad, lo que se ve reflejado en la poca reinserción social y los altos índices de reincidencia delictiva.

Los bajos índices de escolaridad –no sólo por la ineficiencia estatal en ese ámbito- es un reflejo de esa pugna, con las prácticas del entorno social delictivo, internalizadas desde la infancia por los niños en riesgo social, que terminan por ser aceptadas y muchas veces naturalizadas por los sujetos en su vida adulta.Robar es un trabajo.

Es decir, el gobierno físico de los sujetos, su control mediante el marco institucional legal, se vuelve de corto alcance tanto en la reclusión y como en el medio libre, donde el campo delictual –el habitus- es hegemónico, debido a la existencia de un marco informal que gobierna psicológicamente las prácticas, intereses, acciones y contextos.

No es extraño entonces, que delincuentes encarcelados, aprovechando los vacíos e incongruencias del sistema penal, sigan delinquiendo a través de diversos medios que les permiten romper las barreras físicas de la prisión, como celulares, familiares, etc. Tampoco es infrecuente, que una vez cumplidas sus condenas, retomen sus actividades delictivas y se "reinserten a sus medios delictuales libres".

Lo anterior incide, en que el marco informal que se desarrolla en torno a actividades delictivas -que en definitiva lo son por ser contrarias al marco legal imperante- se conviertan en el marco formal que sustenta la instauración de una verdadera moral delictual.

Se produce entonces una especie de dimensión paralela a los espacios simbólicos donde el Derecho impera y donde la mayoría trata de desenvolverse.

CARCÉL, LA MORAL DELICTUAL FORMALIZADA

Bajo el punto de vista anterior, la cárcel se vuelve un espacio material donde las instituciones informales de la delincuencia se vuelven formales, y se convierten en ley interna para los reclusos e incluso de los agentes del Estado insertos en ella, como los gendarmes. En las cárceles impera la ley del hampa, la moral delictual, por sobre el Estado de Derecho.

La prisión se vuelve entonces, una especie de isla, donde la pugna entre la institucionalidad del Estado es vencida por la institucionalidad informal del hampa, que encuentra un espacio para expandirse, naturalizarse, fortalecerse y sobre todo reproducirse.

La cárcel deja de ser el lugar donde se pretenden transformar o eliminar las prácticas que son base del comportamiento delictual.

Con eso se rompen definitivamente los principios básicos de la cárcel, como lugar punitivo y de reinserción.

PD: ¿Cuán viable es un Política Pública que considera la utilización de la masa penal como mano de obra a concesión a empresas, mediante la racionalización del uso de la cárcel tanto para procesados como para condenados?

Es decir, cuan viable sería crear cárceles industria. 

DEFENSA DEL VOTO VOLUNTARIO DESDE EL AXIOMA DE NO AGRESIÓN

Desde la libertad como no agresión, el voto obligatorio hace que el Estado disponga de mi voluntad obligándome a votar bajo amenaza del uso de la fuerza. Eso es antiliberal. Por eso, separar libertad de acción de libertad política es errado. Si una dictadura me lleva encadenado a votar, eso no me hace libre políticamente.

El axioma como no agresión implica estar libre de coacción –salvo legítima defensa-. Entre otras cosas tiene relación con la autoposesión, con disponer de mi voluntad siempre.

En general se ha argumentado que la obligatoriedad se justifica pues sería un resguardo a la libertad política y “la responsabilidad del ciudadano con la comunidad”, expresada en el voto. En base a esto, quienes defienden el voto obligatorio plantean que la defensa de la libertad requiere ciertas restricciones, dando ejemplos algo irrisorios, como el uso del cinturón de seguridad.

Pero el error central en el argumento de los defensores de la obligatoriedad es que separar libertad de acción de libertad política. Craso error cuando dicen “Es bien diferente decir que el voto obligatorio afecta mi libertad de acción que decir que afecta mi libertad política –tendemos a pensar en la libertad política como una libertad fundamental-“.

Craso error porque la libertad política depende de la libertad de acción del individuo, es decir, de disponer de tu voluntad sin riesgo de coacción, de la autoposesión. De lo contrario, una dictadura podría obligar –llevando con esposas- a sus disidentes, y así legitimarse. Eso no los hace libres políticamente.

Por eso, el otro error es creer que la libertad política consiste en “elegir libremente entre las distintas opciones disponibles para ejercer el poder del Estado”.

Lo cierto es que la libertad política implica incluso, expresar rechazo incluso a un sistema electoral o político, no votando. De lo contrario, el mismo ejemplo anterior en cuanto a una dictadura se aplica nuevamente.

El voto voluntario respeta la voluntad del ciudadano y además le permite ejercer su libertad política de forma amplia. Nadie le impide ir a votar si así lo desea, y nadie lo obliga a hacerlo si no quiere.

Lo anterior implica algo más importante, permite al individuo ejercer su derecho y elegir de forma verdaderamente libre ¿Por qué verdaderamente libre? 

Porque ninguna acción bajo amenaza del uso de la fuerza es libre y racional.  

SI LE DAS MÁS PODER AL PODER

Las noticias de las últimas semanas, en diversos temas, tienen un factor común, los ciudadanos parecen mostrarse sorprendidos ante el poder, olvidando que ellos mismos alimentan sus propios Leviatán.

Las revelaciones de Wikileaks, no deberían causarnos mucho impacto. Es sabido que los Estados se espían mutuamente, de diversas formas, y que siempre buscan conocer detalles íntimos de sus adversarios (no existen los amigos en las RRII), sus gobernantes y ciudadanos.

En este sentido, el realismo en las Relaciones Internacionales –la pugna por monopolio del poder- sigue siendo el principio rector.

La lógica del poder no es otra que su preservación, lo que implica su concentración. Por eso, diversas formas de poder (eclesiástico, político, corporativo, militar) a lo largo de la historia, siempre han tendido a concentrarse en busca del mayor monopolio posible, para extenderse e imponerse sobre los individuos en todo sentido. Sea cual sea el carácter y la tendencia ideológica de quienes lo detentan, tiene el riesgo de abrirse paso como un monstruo.

Para cumplir tal propósito, se ha sustentado en entelequias como la palabra de dios, la razón de Estado, el bien común, la voluntad popular, la patria, o lo que sea, adoptando en todos los casos una filosofía pragmática, que como diría Rothbard, es su inclinación natural.

Se revela entonces una fuerza brutal al servicio del poder en sí, que pasa a llevar toda lógica moral, ética e incluso espacial y temporal en desmedro de los individuos.

Pero ¿Quiénes concentran el poder?

La paradoja se hace evidente como una ironía, porque la respuesta no es otra que, nosotros.

Irónicamente, las personas tienden a favorecer la concentración del poder, en vez de propiciar la atomización de éste. Con eso, a largo plazo le conceden todo el poder al poder mismo.

En general las personas pidiendo más policías, o más regulación, o más ejércitos, o más impuestos, o más leyes, y en definitiva más control, fortalecen a ese monstruo, que luego monopólico e indómito, los impacta en algún momento, y dispone de ellos como si fueran simples instrumentos suyos.

Y los golpea más aún, cuando el impacto del poder rompe con esa extraña e ilusa adoración y confianza, que las personas en general tienen en ciertos detentadores del poder, a los que convierten primero en sus príncipes y luego en sus Leviatán.

Aún cuando despojados de todo poder, desnudos ante el poder concentrado, para los individuos “no hay libre ejercicio, ni de juicio ni de sentido moral, sino que se colocan en el mismo plano que la madera, la tierra y las piedras; y quizá se pudieran fabricar hombres de madera que sirviesen tan bien a ese fin”. Henry David Thoreau.

En este sentido, todos somos maquiavélicos.  

EL DIOS VOTO

Los argumentos en torno a la obligatoriedad del voto, parecen más una defensa del voto en sí, que una defensa a favor de la participación de los ciudadanos, la democracia, o la libertad.

Leyendo un interesante escrito intitulado Liberalismo y voto voluntario, me encontré nuevamente con que los argumentos a favor del voto obligatorio, al igual que todos los textos que he leído hasta ahora, se basan básicamente en plantear los supuestos males que traería el voto voluntario (aumento en la desigualdad de oportunidades; déficit de representatividad; baja legitimidad).

Bajo estos argumentos, que por lo demás, en ningún caso parece evitar el voto obligatorio, la validez de la obligatoriedad más bien se considera un preventivo para evitar supuestas hecatombes políticas, que un bien político en sí.

Pero hay algo más profundo e importante en todo esto, que tiene relación con la idea que se tiene de Democracia, Participación política y Libertad.

Decir que de la voluntariedad del voto surgirá más desigualdad, un déficit de representatividad y baja legitimidad, es reducir el espacio político y con ello la participación ciudadana, a una dimensión estatal, electoral y partidista, acotada en términos reales para los ciudadanos, a un espacio temporal específico y reducido, la urna.

Así, queda fuera de lo político cualquier otra forma de participación política no violenta (la violencia suprime la política). Esa exclusión es tanto para los individuos como agentes políticos independientes, como para sus diversas formas de asociación no partidaria -la sociedad civil como espacio democrático- mediante las cuales pueden expresar ideas, demandas e incidir en la toma de decisiones.

Irremediablemente, así también se reduce la noción de Democracia –y todo lo que implica- a ese espacio físico y temporal tremendamente acotado que es el acto del voto en la urna. Y se deja fuera el sustento que -en teoría- una sociedad abierta debería tener, es decir, una discusión constante y fluida entre los ciudadanos, sobre los asuntos públicos en diversos espacios y tiempos. Entre los líderes de opinión en sentido estricto, no sólo de las élites sino de cada ámbito.

Con la contracción de la Democracia y la participación política a la urna, el resto del tiempo, los individuos –anulados para actuar como agentes políticos y por tanto como ciudadanos- pasarían a ser súbditos del poder político estatal y partidario. Estarían obligados a someterse bajo un despotismo blando legal y electoralmente legitimado, que les otorga un único derecho político, un sacramento simbólico cada cuatro años, el voto.

Porque una cosa es defender el voto –y obligatorio- per se, y otra muy distinta defender la Democracia –y la participación- o la libertad como principios esenciales. Las distancias entre ambos elementos, no sólo en términos ordinales sino que nominales son enormes. Como el mismo Rawls decía: una cosa son las libertades políticas iguales y otra el valor equitativo de dichas libertades.

¿Por qué insisto en esto? Porque lo que muchos olvidan es que podemos tener democracias de Partido Hegemónico, como hubo en México, e incluso dictaduras (democracias de un partido único para ser irónicos), donde cada cierto tiempo se llamaba a votar (o se obligaba), y donde aún así, se cumplían fatalmente los tres argumentos esenciales esgrimidos contra la voluntariedad. (Aumento en la desigualdad de oportunidades; déficit de representatividad; baja legitimidad).

Y entonces entramos en un terreno complejo, de lo normativo ¿Es el voto la base central de la Democracia? ¿Qué implica y significa realmente la participación política en un Democracia? ¿Cuáles son sus límites o espacios? ¿Qué función cumplen los ciudadanos en una Democracia?

EL SACRAMENTO CADA CUATRO AÑOS

Creer que la voluntariedad del voto haría colapsar el sistema democrático o la libertad, es sustentar la Democracia y la Libertad en ese acto, sin tomar en cuenta otras dimensiones de lo social y político.

Los defensores del voto obligatorio no obstante, argumentan en base antecedentes técnicos y estadísticos electorales, y simultáneamente apelan a aspectos normativos en cuanto a lo político –como la igualdad de oportunidades, representatividad- que posteriormente obvian, o parecen dar por hechos, o salvaguardados por la obligatoriedad del voto.

Así por ejemplo, el hecho que muchos o pocos voten, no define un sistema democrático como tal, ni determina la real representatividad de los ciudadanos y sus diversos intereses, ni la legitimidad de un gobierno o mandato, menos aún los espacios de libertad de los individuos.

El respeto de la autoridad electa a la institucionalidad democrática y sobre todo a los derechos de los ciudadanos son elementos que no dependen del voto necesariamente sino de una institucionalidad, donde los propios ciudadanos pueden actuar como agentes políticos independientes, que controlan al poder, se contraponen a éste, y donde hacen competir sus ideas e intereses sin depender de sus representantes.

La sobrevaloración del voto en sí, sin considerar la necesidad de ciudadanos participantes e instituciones democráticas más allá de lo estatal, electoral y partidario, sólo es un paso hacia una especie de dictadura de mayorías –con muchos o pocos votantes-; una especie de religión electoral donde el dios es el voto, y los ciudadanos se limitan a cumplir un ritual cada cierto tiempo, para luego esconderse en sus casas, lo que se traduce irremediablemente en un despotismo electoral.

Por eso no es raro que en defensa de la libertad, la mayoría de los defensores del voto obligatorio repitan el dilema de Rousseau, y justifiquen la coacción sobre los individuos para mantener la libertad.  La pregunta es ¿Qué clase de libertad se defiende con coacción?

SUPUESTOS ERRADOS EN DEFENSA DEL VOTO OBLIGATORIO

En dos columnas a favor de la obligatoriedad del voto hay argumentos que apelan al deber ciudadano, la democracia y el bien común. No obstante se basan en supuestos errados.

Tanto Jorge Costadota como Daniel Mansuy escriben en El Mostrador en defensa del voto obligatorio, basando sus argumentos en ciertos tópicos que analizaremos:

1) El deber de los ciudadanos con el bien común y la comunidad.

2) El riesgo de aumentar la desafección política debilitando la democracia.

1) EL DEBER DE LOS CIUDADANOS CON EL BIEN COMÚN Y LA COMUNIDAD

Ambos autores apelan –aunque con énfasis distintos- al deber de los ciudadanos con la comunidad, el bien común, y el destino nacional.

Costadota dice: “conviene revisar un mecanismo jurídico que puede menoscabar la capacidad de alcanzar la unidad con la que hemos podido construirnos…que liberará a los chilenos de uno de los deberes más importantes con el bien común”. 

Por otro lado Mansuy dice: “el voto voluntario podría agravarlos…lo público no puede reducirse a lo privado…hacernos cargo de nuestro destino común importa asumir ciertas responsabilidades sin las cuales no tendremos ni comunidad ni libertad ni (casi) nada”.

Estos argumentos basan erróneamente el bien común en la obligatoriedad legal del voto. Es decir, presumen que sin la obligación de votar no habría política alguna ni valor democrático por parte de un número sustancial de ciudadanos.

Como dice Costadota: “El cambio legal en cuestión sacrifica a un mal liberalismo la educación cívica de los chilenos. Es una señal de exención de responsabilidad a los jóvenes, antes que una invitación a comprometerse con el futuro de la patria”.

El error es mayúsculo. Creen que la Democracia y la Política, y con ello lo cívico, dependen del voto obligatorio. Al hacer eso, reducen la Democracia y la Política al mero instante de votar. Peor aún, reducen a los ciudadanos (individuos racionales y dialogantes) a meros votantes (una masa de electores alterables).

Pero hay algo más interesante en estas apelaciones al deber de los ciudadanos, que tiene relación con el disciplinamiento y un tufillo autoritario. Todos estos mensajes invocando al deber del votante con “la patria o el bien común”, tienen una característica en común: solicitan el compromiso irrestricto de los electores con el voto y simultáneamente suprimen un deber primordial para la sanidad democrática y política; el deber de los candidatos con respecto a ese mismo voto. Es decir, el compromiso que deben asumir los elegidos, los políticos, con respecto a sus electores.

Entonces, esos mensajes irremediablemente se traducen en términos reales, en deber con el sistema político imperante, sea como sea. No defienden ampliar las opciones electorales de los ciudadanos, sino a mantener la disciplina de participar sólo votando y no de cualquier forma.

No es extraña entonces la frase de Costadota: “Esta democracia a la chilena que tenemos, ha sido un factor decisivo de la prosperidad actual de Chile. Los progresos del país se deben en mayor medida a una sociedad trabajadora, disciplinada y ordenada, y al sentido cívico de nuestro pueblo. En nuestra historia, el sentido de unidad y de responsabilidad política ha sido clave”.  

Esto no es lleva directamente al segundo punto.

2) EL RIESGO DE AUMENTAR LA DESAFECCIÓN DEBILITANDO LA DEMOCRACIA

Uno de los argumentos más usados contra el voto voluntario, apela a que con éste, los pobres quedarán subrrepresentados, al no tener incentivos para votar porque muchos dejarán de hacerlo, y el sistema democrático se debilitará más.

Mansuy dice: “no parece que la solución pase por la voluntariedad del voto —que terminará de debilitar a un sistema ya alicaído— sino por reformar más profundamente el sistema político, partiendo quizás por la ley electoral”.

Pero si somos sinceros, la obligatoriedad no ha garantizado la participación política, menos aún una responsabilidad cívica con la democracia. El año pasado en Chile 3,9 millones de chilenos en condiciones de votar no estaban inscritos en los registros electorales y sólo un 8% de los jóvenes menores de 30 años en edad de votar (que conforman el 36% del padrón electoral) lo hicieron.

La pregunta es ¿Por qué? ¿Por flojos, ignorantes, irresponsables, faltos de compromiso, egoístas como dicen algunos? No necesariamente.

La alta desafección electoral –no sólo entre pobres sino también entre profesionales- existe por diversas razones. Una de ella es porque el sistema político (sistema electoral y los partidos políticos) no está generando representación, y peor aún se vuelve cada vez más elitista y partidocrático.

En otras palabras, la apatía no se origina necesariamente por falta de interés sino más bien por un diagnóstico desfavorable, que hacen los ciudadanos en cuanto al sistema político, y al cual las propias élites políticas han contribuido a fortalecer. No es necesario dar ejemplos.

Por otro lado, si las estadísticas están indicando -como replican varios- que ahora “los más pobres votan menos que los más ricos”, el argumento de que los pobres votarán menos si hay voto voluntario, involucra para quienes lo usan, reconocer algo previo y peor.

Implica aceptar que en el régimen actual con voto obligatorio, la intención de voto de los pobres no depende de su raciocinio político personal (como ciudadano) sino del impulso que le da el temor a la sanción al no cumplir la obligación de votar (es decir una cuestión instintiva). Implica reconocer que los estaría convirtiendo en un electorado cautivo por ley, de la oferta política populista de candidatos gustosos del clientelismo electoral.

Es decir, el voto obligatorio estaría creando un falso escenario de compromiso ciudadano con la democracia, de participación y bien común. Y lo que hace es reemplazar la clientela electoral ya envejecida, y de pasada de justificar la totalidad del sistema político imperante.

Un internauta contra argumentó: “Cuando el voto es obligatorio, se elimina la posibilidad de su compra, cuando es voluntario se facilita la corrupción al permitir que se ofrezca ventajas para que alguien vote”.

Pero ¿Cómo impide eso el voto obligatorio en el escenario descrito antes? 

Lo cierto es que el voto voluntario eleva el costo de soborno sobre los más pobres, porque el ciudadano tiene al menos la libertad de negarse a votar, si el ofrecimiento que implica el cohecho es bajo. El voto obligatorio en cambio facilita el clientelismo pues la multa por no votar es más cara que una canasta familiar ganada por votar.

Entonces ¿Qué clase de elector es ese, que crea el voto obligatorio?  ¿Eso se defiende con el voto obligatorio? ¿Un clientelismo garantizado por ley? ¿Un electorado cautivo?

Costadota nos da la respuesta, y nos muestra claramente la verdadera idea del disciplinamiento detrás de la defensa del voto obligatorio: “De aquí que estimemos que el voto voluntario constituye un paso en contrario a estos valores culturales profundos. Permitir la posibilidad de desentenderse políticamente de la suerte del país, que es exactamente el peligro que advertimos, puede desviar y acarrear un perjuicio grave a nuestra tradición cultural”.

Raro concepto del voto. Lo cierto es que el voto no es una mecanismo para mantener tradiciones culturales, ni para generar “unidad nacional”. Es un mecanismo para transferir el poder pacíficamente en una democracia, nada más (y supuestamente para asignar representación, aunque eso me genera cada vez más dudas).    

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA: UNA DEFENSA DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL

“La guerra contra las drogas es una política fracasada que ha herido a más personas de lo que lo ha protegido” John Gray.

El referéndum acerca de la marihuana en el estado de California (donde el consumo de cannabis bajo prescripción médica ya es legal) para dirimir la si se autoriza (Proposición 19) o no su cultivo, posesión, consumo y compra a mayores de 21 años, nuevamente ha incitado el debate entre prohibicionistas y liberalizadores de las drogas.

Un detalle. En las discusiones entre ambos “bandos”, pocas veces se incluyen como argumento y eje  principal de la discusión la defensa de la libertad individual, aquella idea de que “cada hombre debe necesariamente juzgar y determinar por sí mismo qué le es necesario y le produce bienestar y qué lo destruye”. Lysander Spooner en Los vicios no son delitos.

Los prohibicionistas basan sus argumentos en dos ideas esenciales conjuntas:

1. Que la liberalización dará paso a un aumento de la criminalidad.
2. Que el gobierno o el Estado deben prevenir el vicio, y castigarlo como un delito, para evitar otros delitos.

1. En cuanto a que la liberalización dará paso a un aumento de la criminalidad

Es la  idea que prima en la opinión de varios. Así, según los últimos sondeos, la mayoría de la población de California se opondrá al consumo libre de marihuana, ante los temores de que se incremente el riesgo de accidentes, o cree una plataforma legal para los narcotraficantes en California. Pero esa idea es errada en todo sentido.

El fracaso de la prohibición de las drogas para evitar el crimen es un hecho -ya sea el surgimiento de carteles y mafias que controlan o más bien evitan la competencia con violencia; o la comisión de delitos bajo la influencia de sustancias-. Como explica Gary Becker, los costos de su aplicación exceden en mucho los beneficios. 

En este sentido, existen muchos argumentos a favor de la liberalización que demuestran que la prohibición más que un beneficio genera o acrecienta externalidades negativas. El caso de México es un ejemplo muy actual. Y todos sabemos que ha ocurrido con la famosa ley seca en los lugares donde se ha aplicado.

2. En cuanto a la idea de que el Estado debe prevenir el vicio para evitar otros delitos

Es la idea que enarbolan casi todos los gobiernos y prohibicionistas, del color que sean, bajo una autopercepción de superioridad moral.

En contra de este punto, hay un argumento libertario a favor de la legalización, más potente aún que el fracaso mismo de la prohibición*, que como decía Spooner, tiene relación con que “del hecho de que un hombre se vuelva pendenciero y peligroso después de beber alcohol y de que sea un delito darle o venderle licor a ese hombre, no se sigue que sea un delito vender licores a los cientos y miles de otras personas que no se vuelven pendencieros y peligrosos al beberlos”.

Si es como plantean los prohibicionistas, que la legalización de las drogas aumentaría el vicio (el número de drogadictos) y con ello el crimen, entonces también deberían ser ilegales otros “vicios”, y por tanto la venta y consumo de alcohol pues muchos manejan borrachos y matan gente, o golpean a sus esposas y las matan.

Ilógico, dirán algunos que rechazan legalizar la marihuana pero disfrutan de unos buenos tragos de whisky o cerveza cada fin de semana y manejan igual. No es lo mismo dirán. Que son “vicios” distintos. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Quién o cómo se establece esa diferencia entre “vicios”? ¿Por qué en unos casos el Estado debe entrometerse y en otros no?

Quizás dirán que los efectos son distintos. Pero ¿Es distinto acaso matar a alguien drogado que borracho con alcohol? ¿Cuál es la diferencia de tal fatalidad?

Probablemente dirán que uno es más adictivo que el otro, y que uno es más destructivo que el otro. Pero ¿Acaso los grupos de AA son ficciones? ¿El alcohol no es un vicio potencialmente adictivo y destructivo también?

Que el Estado tenga la facultad de prevenir “el vicio” prohibiéndolo (y con ello la pretensión de suprimirlo), para garantizar nuestra seguridad o para evitar el delito, nos trae algunos problemas prácticos, pero sobre todo conlleva un fuerte atentado a nuestra libertad individual.

Porque ¿Aquellos que practican deportes extremos, o cualquier otro acto que implique riesgo, no rayan en la línea de la autodestrucción, exponiendo la vida por un poco de adrenalina o placer, su vicio? ¿Les prohibimos entonces practicar su vicio para protegerles? ¿Puede hacer eso un gobierno? ¿Difícil responder?

Lo cierto es que “un gobierno con el poder de prohibir sustancias dañinas o prácticas inmorales es un gobierno con el poder de prohibir cualquier sustancia o práctica. No habría nada que fuera una sustancia controlada”. Lawrence Vance. He ahí porque la legalización es un punto a favor de la libertad.

* Nota aparte: El fracaso de la prohibición es la base del argumento de algunos a favor de la liberalización. No obstante, al ser meramente utilitario surge la duda ¿Si no hubieran mafias y crimen, apoyarían la legalización?

Links interesantes para profundizar sobre el tema:

http://mises.org/Community/blogs/euribe/archive/2010/10/14/la-ley-seca-y-los-economistas.aspx

http://prodavinci.com/2009/01/04/fernando-savater-le-propone-a-obama-despenalizar

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/sep/13/legalise-drugs-john-gray

ESTADO, CORPORACIONES: NEPOTISMO VERSUS LOS CIUDADANOS

Si un campesino quiere hablar con un ministro de Estado, primero debe mandar una carta o entregarla en recepción a alguna secretaria, después de ser registrado con detector de metales. Si tiene suerte –y no la guardan en un cajón- esperar meses alguna respuesta. Si un alto ejecutivo de una gran empresa quiere hablar con un ministro, basta que levante el teléfono y marque el anexo directo…

La anécdota anterior refleja las claras y reales diferencias que establecen -en cuanto a los ciudadanos- quienes tienen o ejercen el poder político, y sobre todo el nepotismo entre las grandes corporaciones y los altos funcionarios de cualquier gobierno de turno, donde imperan los favores y privilegios “pactados entre el poder político y los grupos empresariales influyentes”.

Ratifica la idea que los nexos entre grandes corporaciones y altos funcionarios políticos, que favorecen a los primeros, en desmedro de ciudadanos comunes y corrientes, no es algo nuevo en la historia. Sobre todo, que estos son transversales a todo tipo de gobiernos, de derechas e izquierdas, o como sea que se llamen.

Todo lo anterior se hace más relevante si tomamos en cuenta lo denunciado por CNN Chile –una corporación también- y otros medios como CIPER CHILE en relación al mal manejo de materiales tóxicos mineros por parte de empresas mineras y el silencio indolente de autoridades, empresarios-ministros y políticos desde hace años.

Aunque ante estas denuncias algunos han tratado de mover la balanza de las frágiles percepciones políticas ciudadanas hacia un solo lado del espectro, culpando sólo al actual gobierno, lo cierto es que el nepotismo político y empresarial se ha manifestado desde mucho antes en la minería, durante los gobiernos de la Concertación, con dueños de mineras que dejaron depósitos clandestinos de arsénico sin ningún tipo de seguridad o impermeabilización, convertidos después en ministros de Minería o en altos directores de una empresa estatal como Codelco.

Lo peor, organismos encargados y ligados a esos ministerios, no han hecho nada para evitar afectar la salud de otros ciudadanos, como pequeños agricultores de las zonas contaminadas –aún cuando estudios internacionales desde hace años dan la alerta-

Y eso es la punta del iceberg en cuanto a nexos entre altos funcionarios políticos y empresas, en desmedro de ciudadanos comunes y corrientes sin contactos ni nexos e influencias, haciendo que –como plantea Merce Rampart- la “responsabilidad corporativa por daños a terceros está limitada automáticamente por decreto, y en segundo lugar, la responsabilidad se desplaza de las personas hacia una entidad ficticia”. 

En todos los casos, nunca nadie es culpable de botar contaminantes en las aguas de riego o en las tierras de pequeños agricultores, ni de construir casas sobre arsénico. Ni el Estado a través de sus funcionarios, ni las empresas involucradas o sus dueños, tan profundamente relacionados.

Como decía Charles Wright Mills en La élite del poder “En la cumbre de la economía, entre los ricos corporativos, es decir, entre los grandes accionistas de las grandes compañías anónimas, están los altos jefes ejecutivos; en la cumbre del orden político, los individuos del directorio político;”.

¿CUÁNTO APORTAN LAS MINERAS A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES?

El nepotismo empresarial-político no sólo implica que desde el poder político se favorece a ciertas empresas, “a antiguos empleadores desde posiciones de poder”, sino que conlleva un trasfondo más complejo aún, relacionado con el intercambio de recursos económicos para campañas electorales de diversos niveles, a cambio de favores políticos posteriores. Es decir, con la democracia.

A partir de esos nexos no transparentados entre políticos y altos ejecutivos empresariales, no es raro que se estructure lo que Diana Duque llama una Sinarquía, entendida como “el grupo de personas dueñas del capital financiero, de las corporaciones, de los monopolios, de los grandes negocios y del Estado, que deciden en beneficio propio los asuntos políticos y económicos de un país a través de ese Estado”.

En base a lo anterior nos debemos preguntar ¿A quiénes representan nuestros políticos y legisladores realmente? ¿A sus electores que sólo votan, o a quienes les financian sus campañas para alcanzar el poder político? ¿En base a qué legislan los parlamentarios si en muchos casos sus propias empresas están en medio de un asunto?

Y entonces surge la pregunta más importante ¿Pesa lo mismo un campesino dueño de media hectárea que un alto ejecutivo de una minera ante un político o un ministro? ¿Le surge alguna duda para responder?

Sí ya respondió, no le parecerá raro entonces que ningún parlamentario haya dicho nada sobre una situación más que grave y que podría estar afectando a varios ciudadanos. ¿Por qué no fiscalizan al Ejecutivo?

Tampoco le parecerá paradójico que el actual gobierno no tuviera impedimento alguno en el poder legislativo para tratar de eliminar del proyecto de ley para regular el cierre de las faenas mineras la obligación de la empresa de difundir el plan de cierre a la comunidad y la clausura como sanción definitiva de faenas e instalaciones.

Tampoco le parecerá raro que el célebre ministro Golborne dijera: "Hay ciertas materias respecto de la garantía que, como estaba originalmente planteada, tenía poco sentido económico poner una carga demasiado grande (a las mineras) en esa materia". ¿Una carga económica?

Un chiste a propósito de las cargas económicas. Las multas que se aplicaron en ese momento –y que probablemente aún se aplican- a “un sector que, en los últimos cinco años, ha percibido utilidades millonarias. Sólo en el primer semestre de 2010, registraron ganancias por USUS$ 2.300 millones”, sea de 25 UTM, poco más de 900 mil pesos al valor de hoy.

Como plantea Paul A. Moore en American Corporatocracy “Los centinelas de las corporaciones, los miembros de los lobbies, deambulan por los vestíbulos del gobierno haciendo respetar la disciplina entre sus manos asalariadas, permitiendo a los más serviles alimentarse abundantemente a costa del público”. Podríamos llamar a esto The Chilean Way…The Chilean Corporatocray.

Por eso tampoco es raro que el ministro de Energía, Ricardo Raineri, de su apoyo abiertamente sin esperar la respuesta a las observaciones al estudio de impacto ambiental, o que algunos parlamentarios viajen financiados por una gran empresa de refrescos.

Por eso la anécdota mencionada al principio es tan importante. Sobre todo porque nuestra democracia más bien sería una oligarquía isonómica, donde existen derechos civiles iguales, pero no derechos políticos iguales. Rawls decía: una cosa son las libertades políticas iguales y otra el valor equitativo de dichas libertades.

Claramente, para el político, el campesino que sólo vota, no vale lo mismo que el alto ejecutivo que financia su campaña. Como decía Charles Wright Mills en La elite del poder (1956): “Si nuestro interés por los muy ricos va más allá de su consumo pródigo o miserable, debemos examinar sus relaciones con las formas modernas de propiedad corporativa y con el Estado”.

Y esto no implica que uno esté en contra de las fábricas o de las industrias per se. 

THE CHILEAN WAY. NO WEY…

Desde el rescate de los mineros, la frase The Chilean way, se ha enarbolado como el nuevo slogan de propaganda política. No obstante, basta mirar un poco alrededor algunos casos, y ver que la frase es vacía y no es más que un producto marketero…

Veamos algunos ejemplos de cómo organismos, instituciones actúan con el verdadero The Chilean way, dependiendo de quiénes son los involucrados…

Desde que fue diagnosticado del Síndrome de Hunter (enfermedad metabólica degenerativa, que provoca la muerte sin medicamentos paliativos) un pequeño –hoy de cinco años-, ha solicitado ayuda al Ministerio de Salud, el Congreso de Chile y de los Presidentes de la República, Michelle Bachellet y Sebastian Piñera. No ha recibido ninguna respuesta, de nadie. Quizás alguno de ellos esperaba que su intuición le dijera algo…

Bueno, para no ser injustos, sí recibió una, una carta de la Presidencia y de la Primera Dama, en las cuales no se comprometen a entregar el tratamiento por razones de carácter económico. What? Problemas económicos. Ah claro, se me olvida que un niño pequeño, en un hospital, tomando un remedio, no concita la atención de la prensa internacional y ni de las diversas polillas caza focos.

No obstante, el Presidente Sebastián Piñera, al ser consultado por el caso del menor en Europa, dijo que "ya está solucionado". ¿Solucionado pidiendo asilo en España y Venezuela? The Chilean way…

Otro ejemplo del verdadero The Chilean way, es el caso de una parlamentaria formalizada por fraude al Fisco, que en una corta audiencia en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, llega a un acuerdo que consiste en restituir 30 millones 283 mil pesos al Estado, lo que implica la suspensión condicional del procedimiento en la investigación en su contra.  Ningún político, ni congresista ha dicho ni pío, ni ha rasgado vestiduras a favor de la transparencia…Ah, se me olvidaba que no les gusta eso.

Quizás con ese dinero para asesorías inexistentes, se podría pagar el tratamiento del pequeño que cuesta 12 millones mensuales. ¿Cuánto tendría que donar de su dinero cada “honorable”?

Y la ironía sigue. Los padres del pequeño de 5 años enfermo, también presentaron un recurso de protección ante el poder Judicial, la Corte de Apelaciones de Santiago y ante la Corte Suprema, pero el poder Judicial dictó un fallo negativo para las pretensiones del niño.

Ah claro, no era un “honorable diputado acusado de fraude por el pago de asignaciones por asesorías nunca realizadas y que se depositaron en la cuenta de su marido Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta, sino que un pequeño de 5 años, sin contacto, influencias ni poder. The Chilean way.

¿Igualdad ante la ley? ¿Justicia? ¿Mano dura contra la corrupción? ¿Protección de la vida? ¿Este es el The Chilean way?

Otro ejemplo de nuestro The Chilean way. Trabajadores de una gran cadena de farmacias (FASA) llevan 22 días de movilizaciones por mejoras salariales para mejorar su sueldo base, de 32 mil pesos.

La prensa no ha dicho mucho…es que están en la superficie. The Chilean Way. 

INTERVENCIÓN DEL DÓLAR: MERCANTILISMO CHILENSIS

Gary Becker y Joseph Stiglitz coinciden en que el Capitalismo de Amigotes consiste en una estructura de favores, privilegios y nexos entre las autoridades estales y el empresariado (privado o burocrático), mediante el cual las corporaciones empresariales (privadas o mixtas) obtienen poder económico no por su competitividad o innovación, sino que gracias a sus conexiones cercanas al gobierno de turno.

Las propuestas del sector agrícola, a través del Consejo Exportador de Alimentos y la Asociación de Exportadores, solicitando la intervención gubernamental (http://www.duna.cl/web/programa/dolar-diferenciado/) y la contratación de un seguro de cambio en el exterior, ahora que el dólar es bajo, denota claramente la mentalidad mercantilista que se oculta tras el disfraz liberal de algunos empresarios. 

Como ocurre en la lógica del Capitalismo de amigotes, la contratación del seguro sería con cargo al presupuesto de la Nación. O sea, pagada con los impuestos de todos, incluso los de los temporeros. Irónicamente, piden la eliminación del IVA en ciertos ámbitos de su sector.

Los mismos que luego proclaman a los cuatro vientos que el Estado no intervenga en el libre flujo del mercado, cuando por ejemplo se trata de mejorar las condiciones laborales de los temporeros agrícolas.

El argumento que usan ahora para solicitar descaradamente la intrusión estatal es aumentar la competitividad. Lo cierto es que esto contraviene el discurso de no intervención que éstos sectores defienden –cuando les conviene-.

Es decir, niegan la intervención del Estado y hablan de “libre mercado” cuando les conviene, y luego pretenden alterar las reglas del mercado a través del Estado, cuando no les conviene. Eso se llama Capitalismo, no libre mercado.

"Sí, lo digo en alto, son los propietarios de bienes raíces, aquellos que se consideran como los propietarios por excelencia, quienes han socavado el principio de la propiedad, puesto que han apelado a la ley para dar a sus tierras y a sus productos un valor ficticio. Son los capitalistas quienes han sugerido la idea del nivelamiento de las fortunas por la ley.

El proteccionismo es el precursor del comunismo; digo aún más, ha sido su primera manifestación. Porque, ¿qué demandan hoy las clases sufrientes? No demandan otra cosa que lo que han demandado y obtenido los capitalistas y los propietarios de bienes raíces. Ellos demandan la intervención de la ley para equilibrar, ponderar, igualar la riqueza. Lo que se hizo por medio de la aduana, quieren se haga por otras instituciones, pero el principio es siempre el mismo, tomar legislativamente de los unos para darle a los otros, y por cierto, puesto que son ustedes, propietarios y capitalistas, quienes han hecho admitir este funesto principio no exclamen luego si los más desdichados que ustedes les reclaman el beneficio". F. Bastiat.

Probablemente Bastiat nunca habló de Crony Capitalismo o Capitalismo de Estado, pero claramente entendía que, lo que algunos defendían (y defienden) como "libre mercado, gobierno mínimo y derecho de propiedad" no es más que una estructura de privilegios sustentada en el Estado.