LA MARCHA DE LOS BASTONES

Las próximas manifestaciones no tendrán a jóvenes estudiantes secundarios y universitarios como protagonistas, sino a quienes luego de años de trabajo diario, al momento de jubilar se sentirán estafados por el sistema de AFP, amparado de manera mercantilista por el Estado chileno. La próxima gran marcha será la de los bastones.

Cuando en los 80´se implementó el sistema de AFP en Chile, se prometió a miles de personas que sus pensiones serían mejor administradas y más altas que en el antiguo sistema, pues la misión principal del sistema según la Superintendencia de Pensiones, era “asegurar un ingreso estable a los trabajadores que han concluido su vida laboral, procurando que dicho ingreso guarde una relación próxima con aquél percibido durante su vida activa”.

La cruda realidad de muchas personas que ahora comienzan a jubilar, y que comenzaron sus vidas laborales cuando se les impuso el sistema de AFP, es otra. Luego de trabajar años de manera estable, recibiendo sueldos relativamente decentes e incluso considerados altos, la mayoría terminará recibiendo pensiones al filo del sueldo mínimo. Según algunas estadísticas, del 1,5 millón de pensionados en Chile, más del 80% tiene jubilaciones de menos de 250 mil pesos. Y eso es sólo la punta del iceberg.

¿Qué tienen en común un médico, una enfermera universitaria, una profesora de castellano y una ex funcionaria de la Tesorería General de la República? Todos hace poco jubilaron y han visto reducidos de manera drástica sus ingresos.

El panorama para muchos como ellos que comienzan a jubilar y debutar como jubilados bajo el sistema de AFP no es alentador ni maravilloso, como en la publicidad donde se muestra a adultos mayores trotando en hermosos parques junto a sus nietos. Ahora no sólo están viejos, sino que más pobres, sin posibilidad de empleo, y en el peor de los casos, además enfermos, pagando Isapres que los castigan por ser adultos mayores.

No por nada, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, planteó que el problema venidero es cómo hacer que la clase media logre jubilaciones con las cuales mantenga su nivel de vida. Sobre todo porque el año 2021, comenzarán a jubilar masivamente los pensionados puros del sistema de AFP (en 1981, se cambiaron de sistema casi un 70% de los trabajadores. Actualmente, un 98 por ciento de los trabajadores están en el sistema de AFP).

Según el economista Alberto Arenas, el 2021 habrá "un choque de expectativas, porque las personas pensaban que iban a jubilar con el 80% de su sueldo y eso dista mucho de la realidad".

El Fondo Monetario Internacional, en su reporte de Evaluación de Estabilidad del Sistema Financiero de Chile, hizo un análisis de los fondos de pensiones de los chilenos, haciendo notar el bajo retorno de las AFP, diciendo que: “Incluso los miembros con contribuciones consistentes a lo largo de sus vidas laborales podrían enfrentar problemas para alcanzar un 70% de tasa de reemplazo con sólo el 10% de contribución sobre los salarios”. Según algunos datos, la remuneración promedio de un cotizante dependiente es de alrededor 500 mil, mientras que el promedio de una pensión no supera los 180 mil.

Por ejemplo, según estimaciones de expertos, las mujeres que cotizan en AFP y que actualmente tienen 50 años, a los 60 años obtendrán una pensión cercana a los 92 mil pesos. Es decir, 14 mil más que la Pensión Básica Solidaria, a la que accede un millón de chilenos, sin haber cotizado un solo peso.

Es decir, contrario a lo que “soñaba” José Piñera, la población activa si tendrá que subsidiar las pensiones de los jubilados, lo que implica la eventual bancarrota a medida que envejece la población. Según el economista del CENDA, Gonzalo Cid; “el 60 por ciento de las pensiones pagadas por las AFP entre 1982 y 2009, supuestamente con fondos privados, han sido con fondos del Estado”.

En otras palabras, con las AFP se cumple lo que José Piñera atribuía al antiguo sistema de pensiones: “el resultado final para el trabajador jubilado es el mismo: ansiedad en su edad avanzada, creada, paradójicamente, por la inseguridad inherente del sistema al que se llama de seguridad social”.

Lo anterior, aunque el sistema de AFP presenta altos porcentajes de rentabilidad para un grupo de 6 empresas (en septiembre de 2011, alcanzaban los 132.661 millones de dólares, tres veces el presupuesto de Chile). La ganancia por cotizante —que suman 4.726 millones— es de casi 200 millones de dólares en utilidades netas. No obstante, las primeras generaciones de jubilados bajo el sistema van a pasar a engrosar las filas de ancianos pobres del país.

Eso, aún cuando en 2012, y en cifras dadas por el propio José Piñera: “el sistema de AFP ha generado un capital de 190.000 millones de dólares, equivalente a un 80% del PIB de Chile”.

Según el economista, Alejandro Maureira, “en base a cifras de la superintendencia de Pensiones, entre 2004 y 2011 la rentabilidad de las AFP superó en casi cinco veces lo obtenido por los ahorros de las personas que cotizan obligatoriamente en el sistema”.

 Alguien se está haciendo muy rico a costa de las personas comunes, y el Estado es cómplice de ese asalto institucionalizado. Esto no es libre mercado.

Pensionados cautivos del mercantilismo

El sistema de AFP no es libre mercado, no sólo por estar concentrado en 6 entidades (Capital con 1.920.586 afiliados; Cuprum con 612.458; Habitat con 2.169.113; Modelo con 350.084; Planvital con 393.289 y Provida con 3.490.68); sino también porque el Estado establece una demanda cautiva para las Asociaciones de Fondos de Pensión. No hay libertad de elegir qué hacer con el dinero para la pensión.

Según José Piñera, el sistema ideado por él y fundado en noviembre de 1980 mediante los decretos leyes 3.500 y 3.501, sustituyó su sistema de pensiones de reparto operado por el Estado, por un sistema de capitalización individual administrado por empresas privadas, en el marco de una economía de libre mercado (sic).

¿Libre mercado? ¿Qué tiene de libre mercado el hecho que el Estado obligue a las personas a aportar mensualmente el 10% de sus sueldos brutos a entidades que sólo el Estado habilita o “certifica” para tales efectos, y que además, una vez jubiladas deben pagar impuestos a la renta sobre la cantidad que retiran como pensión?

Peor aún, los cotizantes cautivos no tienen ninguna clase de herramienta ante las pérdidas –a costa de su patrimonio- que en las sucesivas crisis económicas producen los especuladores financieros, como en 1982-83; en 1998-99; 2008-2009. Las AFP cobran a sus usuarios comisiones aunque sus fondos pierdan.

Incluso, les cobran aún cuando invierten sabiendo el riesgo de pérdidas como ocurrió cuando algunas entidades (Cuprum y Capital) invirtieron al margen de la ley en Bonos de La Polar, siendo la propia Superintendencia de pensiones la que dictaminó que deben indemnizar a sus afiliados del Fondo E por las pérdidas generadas.

O sea, los cotizantes tampoco tienen herramientas para determinar en qué forma se usan sus dineros. Así, por ejemplo, según el economista Gonzalo Cid, el año 2008 el 70% se invirtió en 10 empresas, entre las que destacan: el grupo Matte, Cencosud, Entel, Copec, Endesa, CMPC, Falabella, D&S y Soquimich. Entre las empresas en que se invirtió se encuentra La Polar, una empresa que a todas luces presentaba problemas serios de caja. El caso de AFP Capital es decidor. Compró 60 millones de dólares en acciones de La Polar a $2.600 pesos por acción, dos días después de hacerse pública la posible quiebra de la empresa, haciendo perder a sus afiliados 35 millones de dólares.

Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, explica que esta lógica se debe al carácter obligatorio de la cotización y a que la gran mayoría de los clientes de AFP no conocen la situación de sus fondos como para cambiarse de una mala AFP antes de un descalabro. Entonces, “los fondos pueden desplomarse e incluso evaporarse, producto de la lógica de Casino que impera en este negocio, y, ello no significa mella alguna en las utilidades de las AFP: gana la empresa, pierden los clientes de las AFP, es decir los trabajadores”.

¿Quién asume la responsabilidad por ese mal uso del dinero de miles de cotizantes cautivos, cuyos dineros son usados en empresas enfermas o irresponsables? Nadie.

Una ironía. Jose Piñera decía que el día que se funda el sistema de AFP “fue el día en que los trabajadores ganaron la libertad de controlar sus recursos para el retiro y se liberaron de "las cadenas" del seguro social estatizado”. Pero la verdad es que los trabajadores cayeron en un sistema mercantilista, no un sistema libre de pensiones.

En el sistema de AFP, no existe el necesario vínculo entre derechos y deberes, que José Piñera decía no tener el antiguo sistema, y que supuestamente iba a generar el sistema de AFP. Y eso que planteaba que: “Estas empresas no pueden realizar ningún otro tipo de actividades y están sujetas a una vigilancia estricta por parte de una superintendencia técnica creada para ejercer esta labor”.

Por eso, Gonzalo Durán dice que básicamente las AFP se enriquecen gracias a tres factores: es una inversión sin riesgo, que se lleva a cabo en un mercado altamente concentrado y con escasa información para sus clientes. Por lo mismo, el economista Alejandro Maureira plantea que  la comisión que nos cobran las AFP, “debiera fijarse en función de la rentabilidad de los fondos de pensiones”, porque que aunque las AFP no rentabilicen, “siguen teniendo los márgenes provenientes de las comisiones que pagan sus afiliados”. Pero en un sistema mercantilista, eso es mucho pedir.

Y esa lógica está amparada por el Estado. Mercantilismo puro o capitalismo de amigotes.

Por eso mismo, el informe del FMI indica que “los menores retornos podrían requerir incrementos en las tasas de contribución y en la edad de retiro (…) las altas ganancias de las administradoras de fondos de pensión podrían ser objeto de escrutinio”.

El sistema de AFP es el mejor ejemplo del mercantilismo moderno. Quienes controlan a las 6 entidades, están ligados al poder político de manera transversal –algunos antiguos ejecutivos de AFP ahora son funcionarios en Previsión- y han estructurado una red de la cual hacen usufructo del sistema compañías de seguros, bancos, multitiendas.  Todo a costa de los sueldos de miles de trabajadores.

“Lo que aquí ha ocurrido es que nuestra salud y nuestras pensiones están en manos de financistas y especuladores que no responden a las víctimas de sus maniobras y sí influyen en los políticos”, dice Ricardo Hormazábal, autor del libro El gran engaño: 30 años del sistema de AFP.

La respuesta de la sociedad civil: Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Previsionales, AFP.

Una pregunta frecuentes es: Si el sistema de AFP era tan prometedor ¿Por qué las FF.AA y la policía no pasaron al sistema de AFP? Porque hoy, las pensiones de los uniformados son casi diez veces superiores a la de un afiliado a AFP. Un jubilado del ex INP obtiene una pensión 4 ó 5 veces superior a las de un jubilado de las AFP.

En muchos casos, el argumento para justificar las bajas pensiones se basa en las mayores expectativas de vida; el ingreso más tardío al mercado laboral por estudios; periodos de ausencia de cotizaciones por desempleo; abandono del mercado laboral para el cuidado de los hijos; o bajos niveles de renta e informalidad.

Cualquiera sea el caso, la lógica imperante es culpar al propio cotizante de su baja pensión. En ningún caso, la culpa sería de la empresa encargada de rentabilizar los aportes que por ley –bajo coacción- debe hacer el trabajador a las entidades que el Estado determina.

El Consejo asesor presidencial para la reforma previsional del 2008 (Comisión Marcel) concluyó que la rentabilidad de los Fondos era de 4,5 al 6%, y que para alcanzar una jubilación equivalente al 70% del sueldo, era necesario que los fondos renten un 5% real anual.

Según el Presidente de la Asociación de AFP, “han rentabilizado 9,2% anual más del doble de lo que se pensaba en el año 1981”.

¿Y por qué entonces son bajas las pensiones? ¿Por qué ahora están surgiendo casos de personas que sin tener los antecedentes que se usan para justificar bajas pensiones, comenzarán a recibir pensiones miserables o al filo de esto?

No hay explicación, sobre todo tomando en cuenta que José Piñera prometió en 1981 que serían el 70% de la última remuneración, con una rentabilidad del 4%. O sea lo mismo un porcentaje más bajo que planteó la comisión Marcel.

Piñera decía y aún dice: “El nivel de ahorro obligatorio del 10 por ciento fue calculado asumiendo un rendimiento real durante toda la vida laboral del 4 por ciento anual, de tal manera que el trabajador común acumule dinero suficiente en su cuenta de AFP como para obtener una pensión de alrededor del 70 por ciento de su salario final”.

¿O acaso las cifras de rentabilidad no son ciertas? ¿Han mentido las AFP? ¿Y si no rentabilizan, de quién es la culpa entonces? No es del cotizante claramente, es de las AFP que no hacen buenas inversiones.

Sin embargo, y aunque las pensiones que entrega el sistema de AFP son inferiores al 30% de la última remuneración, se sigue culpando al cotizante, diciéndole que no hizo APV, o que su falta de productividad o informalidad laboral -traducida en cesantía- incidió en su pensión.

 Mentiras, y eso lo demuestran las bajas pensiones que reciben personas que trabajaron toda su vida en un mismo trabajo y con altas remuneraciones. Y no es el caso de personas con remuneraciones bajas, sino el caso de médicos, que incluso cotizando el 100% del tiempo, reciben pensiones igualmente bajas, sólo 425 mil pesos.

Contrario a lo que dice José Piñera: el sistema no ha “incrementado la certeza y el valor de las pensiones de vejez, de viudez, orfandad, e invalidez”.

El sistema mercantilista hace ganar a sus asociados, con crecimiento económico a costa de sus clientes cautivos. No es una “secuencia virtuosa”, ni ha permitido a los trabajadores tener mayor control sobre sus vidas, ni convertirse en propietarios, ni beneficiarse del aumento en la productividad de compañías privatizadas, ni capturar una parte apreciable de la riqueza creada.

LA TRADICIÓN DEMOCRÁTICA Y LA TRADICIÓN AUTORITARIA

En política, se podría decir que fluctuamos entre dos maneras de entender la Política: La tradición político-elitista y la tradición político-ciudadana.

La tradición elitista se relaciona con la idea del Filósofo Rey, ligada -quizás de mala forma- a Platón, que idealiza como el mejor régimen, aquel donde los gobernantes son los más virtuosos o sabios.

Según esta visión, las virtudes y sabiduría del buen gobernante escasean, pues se presume que una gran mayoría carece de areté (la virtud griega), no son capaces de conocer y defender sus intereses, y por tanto requieren de conductores, guías, o de líderes sabios, que establezcan el orden correcto y armónico en la polis. Bajo esa concepción, el poder concentrado en manos de aquel gobernante más sabio y virtuoso, sería mejor que el poder atomizado entre todos los miembros de la polis.

De ese juicio, han surgido diversas concepciones elitistas del poder (aunque algunas se presuman incluso igualitarias o democráticas) como la concepción del gobierno de los sabios; de los elegidos por dios; de los técnicos o científicos –versión moderna del gobierno de los sabios-; la del gobierno de los ideólogos revolucionarios (también sigue la línea del gobierno de los sabios), con el Politburó o el partido, que supuestamente capta el devenir histórico y social mejor que el resto.

Bajo esta concepción de poder concentrado, se hace imposible la idea de contrapesos y separación de poderes, puesto que el filósofo rey -como Salomón- concentra todos los poderes, incluso ejerce la asignación de Justicia (cuestión que John Locke muy bien cuestionó al decir que el rey absolutista no podía ser juez y parte). Pero, como bien dice Fernando Mires: Si la justicia se subordina a un partido, un gobierno o un líder, ya no es justicia.

Esa concepción elitista se ha mantenido a pesar de las diversas revoluciones. Quizás por eso, Rudolf Rocker tenía razón al decir que tenemos autoritarios de “derecha e izquierda”, que mantienen el principio divino de las antiguas monarquías, pues plantean el ejercicio del poder concentrado, autoritario, de sus caudillos o líderes, a través de mecanismos elitistas, absolutistas, o incluso dictatoriales. Y lo justifican en base a supuestas leyes divinas o históricas.

Las élites y castas políticas de manera transversal –da lo mismo como se autodenominen, qué orden o régimen digan defender, o con cuánto apoyo “popular” cuenten- enarbolan estos argumentos para oponerse a la mayor desconcentración del poder o para promover la asunción de otros (sus hijos o hermanos) al poder mismo, como es el caso de las autocracias hereditarias, basadas en el derecho divino o “el derecho revolucionario”. Incluso, para justificar sus propias faltas.

Así, la mala política, las fallas del poder, y los vicios de los gobernantes, según las propias élites dominantes, radican en la falta de virtud de alguno de sus miembros, y no en la concentración del poder que poseen. Lo peor, es que los propios dominados enarbolan el mismo argumento para justificar el poder que les han concedido a gobernantes ineptos o tiránicos. En otras palabras, niegan o ignoran lo que planteaba sabiamente Lord Acton: que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más.

Esta concepción elitista del poder (aunque adopte tintes colectivos como en el caso de los totalitarismos del siglo XX) no concibe el autogobierno, ni el libre albedrío, ni la autonomía individual, ni la asociación voluntaria. Por tanto, tampoco acepta la idea de democracia entendida como espacio polémico de la Política donde se ejerce la libertad de la palabra.

Los déspotas que imponen su opresión a nombre de la democracia, lo que hacen es instrumentalizar la idea de democracia, para imponer el paternalismo religioso o ateo, y por tanto, el control moral por parte de los “virtuosos” (ellos mismos) sobre aquellos a los que consideran carentes de virtud o herejes del credo del déspota o el credo mayoritario. Obviamente, ese control se impone generalmente por medios no políticos, es decir de manera coactiva. Lo que Hannah Arendt muy bien denominaba el poder que nos oprime.

La otra tradición, que podemos llamar político-ciudadana, contradictoriamente la menos promovida, está basada en la constante desconfianza en cuanto a los gobernantes y el poder, que plantea que lo esencial no es esperar al o los gobernantes ideales (porque simplemente no existen), sino que fortalecer el autogobierno, la libre asociación, y lo que entendemos como sociedad civil, aquel espacio ciudadano independiente del poder estatal y los gobiernos de turno.

En base a esta concepción, que implica el reconocimiento del principio de autoposesión, el respeto mutuo entre los sujetos y el ejercicio de una ética de la argumentación, han surgido a lo largo de los siglos: el concepto de persona e individuo; las ideas de secularización; pluralismo; tolerancia; libertades civiles-políticas; y los derechos humanos. También, en base a ello surge la idea de democracia moderna representativa, como respuesta a la antigua forma de poder concentrado, despótico y autocrático, el absolutismo monárquico, con su elitismo aristócrata (que nada tenía de virtuoso) y las estructuras oligárquicas y mercantilistas ligadas a éste.

Con el resurgir de la idea democrática, se plantea la necesidad de establecer mediante mecanismos institucionales y democráticos, contrapesos y controles constantes al ejercicio del poder en cualquiera de sus formas y sin depender del carácter de sus detentadores. Es decir, evitando al máximo su concentración y por ende los abusos que ello implica. Como dice Fernando Mires, el sentido de la democracia es resguardar la existencia de la política al interior de ciertos límites.

Por eso, contrario a lo que muchos podrían presumir y plantean a menudo, la desconcentración del poder a través de la democracia, no implica caer en el asambleísmo, que es una desviación más bien tribal de la democracia, que sin los contrapesos y controles necesarios, conlleva peligrosamente el germen de la dictadura de mayorías, y que los griegos definían muy bien como la oclocracia o gobierno de la muchedumbre. Sócrates decía: “Si un barco estuviera a punto de naufragar, ¿Darías el timón a un capitán experto o te pondrías a deliberar?”.

Si no se establecen criterios básicos como la ética de la argumentación y el respeto a derechos humanos básicos, el asambleísmo siempre tiene el riesgo de caer en la concentración del poder en una mayoría que finalmente se torna elitista y despótica. No por nada, Robert Michels sentenciaba que la ley de hierro de las oligarquías se manifiesta incluso en organizaciones que dicen basarse en la democracia popular, la igualdad o el asambleísmo.

Es claro que en el asambleísmo, que es una forma de poder concentrado, el poder numérico unido en una mayoría -la voluntad general- tarde o temprano puede dar lugar a la despolitización del grupo, y con ello a formas de dominación tribales, pre políticas y anti democráticas como el caudillismo, la dominación carismática, y con ello a la autocracia. 

Como muy bien describía Rudolf Rocker: “Los jacobinos, siguiendo esas huellas, amenazaron con la pena de muerte ante los primeros ensayos de los obreros franceses para agruparse en asociaciones profesionales, y declararon que la representación nacional no podía soportar un Estado dentro del Estado, pues, con esas alianzas, sería perturbada la expresión pura de la voluntad general. Hoy se apropian el bolchevismo en Rusia y el fascismo en Alemania y en Italia de la misma doctrina, y suprimen todas las asociaciones particulares incómodas y hacen, de las que dejan en pie, órganos del Estado”.

La atomización del poder, mediante procesos democráticos, implica por ejemplo, la no perpetuación de los cargos. Por algo los griegos utilizaban el sorteo como forma democrática de acceso a cargos políticos.

Me parece que en el debate general, aún sigue primando la noción político-elitista de la Política, incluso en actores no estatales o políticos- sólo que se dice que a través de ésta se busca promover la Democracia hablando de la voluntad popular. Pero no hay que olvidar lo que Rudolf Rocker planteaba:

“Frente a la soberanía ilimitada de una voluntad general imaginaria, toda independencia del pensamiento se convirtió en crimen, toda razón, como para Lutero, en prostituta del diablo. También para Rousseau se convirtió el Estado en creador y conservador de toda moralidad, frente a la cual no podía existir ninguna otra concepción moral. Era sólo una repetición de la misma antiquísima y sangrienta tragedia: ¡Dios es todo, el hombre nada!”.

MEDICAMENTOS: TENSIÓN PERMANENTE ENTRE SALUD Y DINERO

Por Jorge Cienfuegos Silva, Químico Farmacéutico

Cuando hablamos de medicamentos necesariamente tenemos que hablar de salud, aunque algunos economicistas prefieran hablar de éstos, solo como productos. Esto, pues son una herramienta sanitaria importante cada vez más necesarias, para una población que envejece y que aumenta el número de enfermedades crónicas, como lo corroboran estudios oficiales como la  Encuesta Nacional de Salud.

Ahora, cuando hablamos de farmacias es difícil pensar en salud, ya que en las condiciones actuales solo falta que vendan cigarrillos. Y como es costumbre en Chile, evadimos el tema de fondo buscando a los culpables más fáciles… en este caso, las cadenas de farmacia.

No es que defienda a las cadenas de farmacias, sino que creo que no se les puede pedir peras al olmo. Las cadenas  farmacéuticas son empresas que buscan ganar dinero, y si existe un Estado ausente que no coloca las reglas claras, no sé cómo nos sorprendemos cuando una vez más, la autorregulación no sirve.

Es por esto que creo que el tema de fondo, el acceso a medicamentos de calidad, debería tratarse como una política de Estado y no como se ha tratado hasta hoy: como una tierra de nadie, donde las farmacias no son vistas como un centro  de salud y por ende no se les exige como tal; donde no existe fiscalización suficiente, y la Superintendencia de Salud no considera a las farmacias; y donde existe un departamento, la Agencia Nacional de Medicamentos (DANAMED), que no tiene las facultades ni los recursos para hacer cambios reales.

Entiendo completamente la molestia de los chilenos, me incluyo en dicha molestia, pero el camino para mejorar la situación no radica en culpar a los vendedores de farmacias, quienes reciben sueldos muy bajos y los obligan a vender para tener un sueldo digno; tampoco en culpar a los farmacéuticos, quienes estamos atrapados en un sistema que no nos utiliza para lo que estudiamos;  incluso tampoco en culpar a las farmacias y los laboratorios.

Esto es un problema de abandono por parte del Estado y una mala regulación de los involucrados en el sistema. Todos: los usuarios, los médicos, los farmacéuticos, y por sobre todo la autoridad regulatoria, deben crear un sistema que permita tener un acceso a los medicamentos de calidad, con un uso racional y a precios justos.

El problema no es del empedrado, sino del cojo. Tenemos que hacernos cargo de una realidad que no da para más, donde no tenemos que pensar solo en los PRECIOS, sino en los VALORES.

Para hacernos cargo de los medicamentos debemos hacernos cargo de la salud, la atención primaria y de las personas que realmente necesitan los medicamentos y no dar placebos por falta de voluntad política para hacer bien las cosas.

Conceptos sobre medicamentos que deberíamos manejar

Bioequivalencia: En pocas palabras es un sello… una autorización donde una autoridad “competente” certifica que un medicamento es igualmente efectivo que el original (de marca). Para lograr esta certificación existen estudios que se deben hacer. Es importante hacer la diferencia con un genérico.

Genérico: Luego de que una patente se termina, se libera la posibilidad de que otros medicamentos con el nombre de la molécula “genérica” salgan al mercado. Ósea primero que todo un genérico debe tener el nombre de la molécula y no un nombre de fantasía (PARACETAMOL, no TAPSIN; ATORVASTATINA, no LIPITOR o LIPOX), y segundo un genérico puede ser o no ser bioequivalente, solo depende si fue certificado o no.

Estudios para obtener bioequivalencia: Sólo son realizados en medicamentos sólidos (comprimidos). Estos pueden ser de dos tipos. Biológicos, ósea que necesiten sujetos vivos y una serie de pruebas, por lo que son caros. Los otros son de disolución, que son estudios simplificados que pueden realizarse a algunos medicamentos, por lo tanto son más baratos.

Buenas Prácticas de Manufactura: Ó GMP en ingles. Son reglas que en pocas palabras aseguran que siempre se realiza de la misma manera el mismo medicamento. OJO, no asegura que se haga bien, ósea si lo hacemos mal…siempre lo haremos igual de mal, pero, si agregamos la bioequivalencia implica que todos los medicamentos que hagamos serán igualmente efectivos que el original.