El Congreso quiere debilitar la Sociedad Civil en Chile

En el blog Bomba en camino, cuyo autor usa el seudónimo de Juan Emar, leí un artículo (que reproduzco íntegramente) donde se explica que el Congreso chileno quiere promulgar un proyecto de ley (4821) donde se hace responsable de los daños y destrozos que se produzcan a quienes convoquen públicamente al evento. Si no hay convocatoria, el responsable será quien pida el permiso para usar la vía pública.

Esto va claramente en contra varias libertades y derechos políticos y civiles, como la libertad de expresión, de reunión, de movimiento, derecho a protestar pacíficamente, y sobre todo al principio de desobediencia civil.

Por otro lado, esto hace manifiesto que hay mucho autoritario camuflado de liberal, o sea mucho vulgo liberal.

Los Milagros de José María Nº 10: "El que convoca, paga"
Hermanas y hermanos: tiempo llevaba San José María sin sorprendernos con sus milagros. Y si a eso le sumamos la muerte de Michael Jackson, resultaba aún más difícil ver su obra milagrosa.

Pues bien, la gracia de José María a impregnado la voluntad y reflexión de nuestras autoridades (legislativas y ejecutivas) con el proyecto de ley 4821 que seguramente acabará con las marchas y manifestaciones públicas.

La palabra de San José María Escrivá de Balaguer era sabia y piadosa. Y al parecer Ministerio del Interior y Senadores se inspiraron en la Máxima 672 de "Camino":
"Está seguro de que eres hombre de Dios si llevas con alegría y silencio la injusticia."

Así es, de ahora en adelante (si los diputados aprueban la ley que ya aprobó el Senado) si usted considera que hay una injusticia que merece ser reclamada, deberá hacerlo en silencio. No se le ocurra ocupar la vía pública. Le puede salir muy caro.

El artículo clave de la ley (que además eleva penas de cárcel y multas a encapuchados) es aquél que hace responsable de los daños y destrozos que se produzcan a quienes convoquen públicamente al evento. Si no hay convocatoria, el responsable será quien pida el permiso para usar la vía pública.

Claro, porque el Decreto Supremo 1086 del Dictador ceniciento, promulgado en septiembre de 1983, "impide la reunión en lugares públicos sin permiso previo y el derecho a la libertad de expresión garantizados por la Constitución Política en el artículo 19 Nos 12 y 13".

Este Decreto ha sido mantenido por la "democracia protegida" concertacionista, ejerciéndose como método de control de las manifestaciones y funcionando -de facto- como aparato represor de la libre expresión y uso de espacios públicos: los permisos pueden darse incluso el día antes de la marcha (y pueden no darse) poniendo en suspenso la organización de la misma. A esto se suma que los lugares por donde transite estarán acotados y acordonados por Carabineros armados y vestidos para la ocasión. De este modo, si la marcha se desvía o dura más que lo que dice el permiso, se puede justificar el presupuesto para guanacos y lacrimógenas.

Este artículo responde a una demanda entendible: la protección de la sacra propiedad privada (más garantizada que la salud o la educación en nuestro país). Seguramente diversos locatarios y vecinos han elevado sus quejas ya que "nadie responde" por los daños que vándalos hacen aprovechando la ocasión de una protesta o marcha.A esa demanda el Estado dice ahora: el que convoca, paga.

La "reflexión" tras la intencionalidad de la ley puede tener -a mi criterio- tres lecturas:

1) Gobierno y parlamentarios creen de verdad que los vándalos son parte de la protesta:Con esta ley comprenderán que si están dispuestos a llevar una "fuerza de choque", van a tener que juntar harta plata para darse el gustito de destruir los vidrios de una farmacia coludida o rayar una consigna en un muro, por ejemplo.

2) Gobierno y parlamentarios creen de verdad que los organizadores de la protesta pueden controlar a los vándalos:El supuesto es que los destructores serían capaces de obeder las órdenes de no destruir y acatarían pacíficamente.Creo que cualquiera que haya visto como actúa el lumpen lo pensará varias veces antes de interponerse en ese despliegue de violencia y agresividad.

3) Gobierno y parlamentarios no creen en los boicots:Asumen que cualquiera que va a una marcha lo hará porque comulga con lo que se convoca. Y que esta ley no será utilizada por quienes se oponen a los convocantes justamente para dañarlos.

Un breve ejemplo: suponga ud. que trabaja para una minera que desea explotar un yacimiento gigantesco de oro bajo unos glaciares en el Norte de Chile.

Su imagen está por los suelos ya que diversas organizaciones se han opuesto al daño ecológico que generará, al derretimiento de los glaciares y a la contaminación de las aguas de un valle que vive de la agricultura. Además, nada de esa riqueza explotada quedará en el país que la alberga.

Suponga ahora que las organizaciones que tanta bulla meten para oponerse a su actividad extractiva convocan a una marcha/manifestación en el centro y que sus asesores jurídicos le alertan sobre esta ley. ¿Acaso no sería tentador pagarle un millón de pesos a 10 personas para que se encapuchen y destruyan la mayor cantidad de cosas costosas posible?

Suponga que logran generar daños por 100 millones de pesos ¿Eso no sería llevar a la quiebra a sus oponentes?Pero claro, esto es pensar muy mal de entidades tan filantrópicas como las mineras...

Ahora, estas 3 lecturas antes descritas parten de un supuesto común: nuestras autoridades son estúpidas.

Y a pesar de que muchas veces lo demuestran, es ingenuo pensar que no son capaces de ver (o contratar gente que vea) colaterales como el recién descrito.

En ese acaso, habríamos de agregar una cuarta lectura, una "maquiavélica" (y que me perdone Maquiavelo por el abuso):

4) Gobierno y parlamentarios saben como son las cosas y buscan justamente evitar las manifestaciones públicas:Saben que en las marchas hay infiltrados, saben que los organizadores no pueden controlar lo que hace cada una de los cientos o miles de personas que asisten y sabiendo todo eso, tiran esta ley para desincentivar la realización de marchas o protestas.

Estamos entonces frente a una ley que restringe libertades civiles. De manera indirecta e hipócrita, pero restrictiva al fin.

Un paso más cerca de la mediocridad y un paso más lejos del eufemismo del "gobierno ciudadano".

No defiendo ningún tipo de destrozo, pero creo que hay que preocuparse más del origen de esa violencia que es capaz de estallar incluso en situaciones de celebración (como los recientes partidos de la selección).

El problema es que puede que a muchos no les guste que le digan por qué hay gente con rabia en este país (y no sólo este país: véase Argentina, España y Francia, por citar algunos ejemplos).

Mediocridad porque el gobierno le está haciendo el quite a hacer la pega de la seguridad pública y en vez de buscar y castigar a los culpables, tendrá listos los chivos expiatorios incluso antes de que se hagan destrozos. Sin jamás enfrentar el tema de fondo que genera estos hechos.

Pero claro, tendremos un país más silencioso, menos rayado y sin destrozos. Sin embargo en ese silencio forzado, en ese toque de queda permanente, en ese Estado de Sitio encubierto, puede incubarse un malestar mucho más peligroso....y claro, silencioso.

Gracias San José María por favor concedidoPor Favor, reAcciones

P.S.1: Les dejo aquí una carta de algunas federaciones de estudiantes sobre el proyecto de ley.

P.S.2: Agradezco al anónimo que me dejó este link y al mail que amigos me enviaron con esta preocupante noticia.